opinión

El presunto victimario

El derecho de Familia en discusión.

El presunto victimario

 La falta de capacitación en materia de violencia de género está causando graves inconvenientes, entre ellos, desprestigiar el derecho de la mujer a tener una vida sin violencia.

No voy a desconocer que en algunas ocasiones la propia mujer o colegas negligentes o mal intencionados se valen de la Ley 26.485 para lograr algún beneficio en un proceso judicial.

También esto sucede porque todavía tenemos Jueces y Fiscales que desconocen los alcances de la Ley 26.485 y de las Convenciones Internacionales conocidas como CEDAW y Belem do Para.

Para quienes ejercen el Derecho de Familia no les sorprende que los Jueces de ese fuero basen su actuar en la Ley 6672 (de la Provincia de Mendoza) y la Ley Nacional 24417 y Acordadas de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Esto parece natural. Lo que puedo asegurarles es que la mayoría de estos Jueces de Familia, Fiscales y Asesores de este fuero, desconocen que la Ley 26.485 es una ley de orden público y está por encima de las normas antes citadas. La Corte Provincial parece que tampoco se ha actualizado en la materia y respecto a la violencia intrafamiliar sigue ponderando la Ley 6672 y la Ley 24.417 y sus acordadas, olvidándose que la Ley de violencia de género se encuentra por sobre ellas, y no necesita ser invocada para su aplicación.

¿Pueden los magistrados desconocer una ley?

Evidentemente que sí y las pruebas están a diario en las denuncias que se producen, ya sea por parte de víctimas o de “supuestos victimarios”.

En los últimos tiempos en la justicia penal, ante hechos que se mediatizaron, ya sea por denuncias concretas por incumplimiento a los deberes de funcionario público o por mal desempeño de su cargo (Pedido de Juicio Político al Procurador de la Corte) o por la trascendencia pública y mediática, “el temor” se apoderó de Jueces y Fiscales, y ante cualquier denuncia, por ese temor a ser denunciados, proceden a la detención de la persona denunciada. Una vez detenido un hombre por una causa de violencia de género, muy difícil es que consiga la firma de un Juez o de una Cámara para que lo libere.

A esta situación se enfrentan hoy defensores oficiales y privados, los que tampoco encuentran el camino para cumplir con su deber. La preocupación de estos colegas es creciente y se hace necesario un debate amplio sobre la materia, que ayude a todos a comprender esta problemática.

La falta de capacitación de un lado y del otro ha llevado a un callejón que parece no tener salida. Nadie ha entendido que la Ley de Violencia de Género trajo un nuevo paradigma en el derecho, y esta no es una frase hecha sino una realidad para la cual debemos capacitarnos y también entender que es de abordaje interdisciplinario. Hasta que esto no se comprenda la situación no tendrá solución.
Cuando hablo de abordaje interdisciplinario, siempre debe ser especializado, porque si no caeremos en ver informes psicológicos y/o psiquiátricos que solo podemos calificar de “patéticos”.

Titulé esta nota “EL PRESUNTO VICTIMARIO”, esperando poder atraer la atención sobre este nota. Espero poder llegar a todos con un lenguaje llano, y no pecar de jurista.

Vamos a usar el término “Estado de inocencia”, que si bien no se encuentra consagrado expresamente en la Constitución Nacional, el artículo 18 cuando dice: "...ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso...", además de las garantías llamadas "principio de legalidad" y "principio de juicio previo", contiene por implicación una tercera, llamada "principio de estado de inocencia".
La idea está clara, a nadie se le puede aplicar pena sin juicio previo; de esta regla se deduce que hasta el momento de una sentencia firme, no tenemos ningún culpable. Simplemente tenemos una persona inocente cuya culpabilidad o no, se trata de determinar.
Es así como solemos escuchar que el imputado de haber cometido un delito, se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en una sentencia condenatoria. Pero la presunción de inocencia no impide que durante el proceso se adopten medidas cautelares respecto del prevenido, como el encarcelamiento preventivo o el embargo de bienes, cuando la ley así lo autoriza en base a presunciones de culpabilidad. La Ley 26.485 tiene un procedimiento propio, por el cual nos brinda una seria de herramientas que habría que empezar a aplicar.
Como vemos la Constitución impone un tratamiento al imputado, basado en la idea que se está frente a un inocente. Aunque estadísticamente resulta lo contrario, eso es así porque el sistema de garantías se basa en la prohibición de perjudicar en cada caso individual a quien no ha sido declarado culpable. Es un "estado de inocencia" que se impone por fuerza del principio constitucional.
Sobre estas bases se puede afirmar que todo no condenado es todavía inocente; ello no significa que se lo presuma como tal, sino que lo es en tanto y en cuanto la sentencia no declare lo contrario.
La diferencia de usar la palabra “presunción” a “estado de inocencia” es sutil, pero fuente de grandes discusiones doctrinarias y de principios.

El núcleo de tal derecho está expresado en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa.
Este juego o interacción de derechos y garantías constitucionales, es decir, los derechos de la persona que alega sufrir violencia y las garantías para la defensa de quien es acusado de ejercerla- implican un enorme desafío para los operadores judiciales del fuero penal, quienes deben impregnarse de la complejidad que significan esos casos, y entender la necesidad de dar una respuesta interdisciplinaria, que incluya a la justicia
penal en los casos de su competencia.

La sanción de la Ley 26.485 significó un cambio de paradigma en el abordaje de la violencia de género en Argentina: una ley integral, ambiciosa y abarcadora de distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres, que colocó a nuestro país entre aquellos que dieron el paso hacia legislaciones de segunda generación, luego de una primera década concentrada a la violencia familiar o doméstica, de la que las mujeres eran de todas maneras las principales víctimas. En nuestros Tribunales de Familia todavía prima la Ley 6672.

Si bien se ha avanzado en la creación de herramientas e implementación de políticas muy relevantes, es necesario indagar sobre su coordinación, cobertura y alcance. Hay una cantidad importante de acciones previstas en la Ley 26.485 que aún no han sido abordadas de un modo suficiente.

Así es que para no errar al momento de hacer justicia, debemos tener presente:
RESPECTO A LA VICTIMA:
Los derechos de la víctima están plasmados en dos leyes nacionales, la de Protección contra la Violencia Familiar (24.417/95) y la de Protección Integral a las Mujeres (26.485/09), que enfatizan especialmente el derecho de la víctima a obtener medidas de protección urgentes para neutralizar el peligro al que está expuesta o disminuir el riesgo de vida en el que se encuentra, a lo que debemos agregarles las Convenciones CEDAW y Belem do Para.
RESPECTO AL VICTIMARIO:
Los derechos de la persona que ejerce violencia masculina intrafamiliar, o victimario, también está reconocido por la legislación.
Especialmente se destaca que las políticas estatales deben implementar, según la ley 26.485, servicios integrales también para las personas que ejercen violencia y programas de reeducación destinados a los hombres que la ejercen.

El tipo de respuesta, integral, efectiva y duradera que se espera, lleva a la formulación del tercer eje de análisis y abordaje de la violencia doméstica.
Se trata de brindar recursos a la persona víctima para que pueda romper el vínculo de sometimiento, como ser, medidas de protección urgentes de exclusión del hogar u orden de alejamiento para el agresor, refugio para la mujer y sus hijos, atención médica y psicológica, etc. No obstante, se necesita en paralelo poner atención en la persona que ejerce conductas de maltrato y abuso de poder en la organización familiar, (el victimario), que es protagonista esencial del vínculo violento.
No hay protección que alcance para la víctima si no se trabaja con el victimario, a fin de que cese en la violencia y el acoso y se haga responsable de sus actos. Este objetivo se puede lograr sólo con la articulación de todos los operadores institucionales y de la justicia.

Opiniones (3)
19 de agosto de 2018 | 09:04
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19 de agosto de 2018 | 09:04
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  1. ¿Que los jueces no conocen las leyes? Pasa por la 3 camara del trabajo!!! "Aca se aplica el criterio de la Juez, que en este momento no esta (en algun shoping quizas?) " Eso que dice la ley aca no lo aplicamos. Ud. trabajador que viene a buscar el cheque vuelva despues de las 1100 y veremos, etc. etc. etc. " Como se nota que cobran el sueldo todos los meses, laburen o no
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  2. El artículo es muy bueno como todo lo que escribe Jacky, ahora, en TODOS los casos que registren antecedentes similares violentos explícitos, casos de REINCIDENTES, el principio de Inocencia, cae por tierra desde lo ético y moral. Aunque algunas de las causas anteriores aún no tengan condena, la sola acumulación de las mismas, hacen presumir (no desde el derecho) la culpabilidad y no la inocencia.- Los REINCIDENTES VIOLENTOS no deberían tener, ni gozar de presunción de inocencia ninguna, sino, de todo lo contrario.- Y en estos caso (reincidente violentos) mas vale tener un inocente encerrado por error, que cinco culpables producto de otro error, con consecuencias nefastas para la mayoría de la sociedad.- No es tan difícil de entender.-
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  3. Cuando se parte de una mentira nunca se llega a la verdad. El principio de inocencia es incoherente, puesto que el ser humano no nace puro sino geneticamente violento. Ademas existe el principio de acción y reacción. Se le suma el disparo de un gen violento que se manifiesta ante determinada situación que lo impulsa a la violencia aun cuando sabe que esta mal y no puede dominarlo. Muchas veces el victimario es victima de un gen.
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