opinión

La última transición presidencial: apuntes de historia inmediata (Segunda parte: Mauricio Macri)

Más "apuntes de la historia inmediata".

La última transición presidencial: apuntes de historia inmediata (Segunda parte: Mauricio Macri)

 Por qué Cristina Fernández no debió rehusarse a satisfacer el pedido protocolar de su sucesor, ya ha sido explicado con creces en la primera parte de este artículo. Resta ahora explicar por qué la reacción de Macri a la negativa de su predecesora fue tan extremista y repudiable. Si la ex presidenta actuó con mezquindad y algo de malicia, Macri, en su afán desmesurado de revancha, actuó con mezquindad y malicia mucho mayores aún. El líder del PRO respondió con un maquiavelismo y una ruindad deplorables.

Bien pudo Macri presentar a la justicia una medida cautelar solicitando que se arbitrasen las providencias necesarias para que el protocolo del día de asunción fuese conforme a la usanza clásica y al Reglamento de Ceremonial. ¿Qué providencias hubiese podido arbitrar la justicia? Básicamente dos: ordenar que los atributos de mando permaneciesen en la Casa Rosada, y comunicar a la Presidencia qué pautas se debería seguir en materia de etiqueta.

Sin embargo, Macri optó por otro camino: un camino oscuro, aciago, reñido con la ética democrática y la institucionalidad republicana…

¿Qué hizo el ganador del balotaje para lograr su cometido? Nada menos que presentar, junto a su compañera de fórmula Gabriela Michetti, una medida cautelar de no innovar pidiendo que el mandato de Cristina Fernández terminase la medianoche del 9 de diciembre, doce horas antes de lo previsto (sic). A todas luces, un exceso, una desmesura. No hay proporción entre el problema y su presunta solución. De hecho, la “solución” fue más perniciosa o lesiva para la institucionalidad republicana que el problema mismo. Un absurdo, un disparate con todas las letras. Como dice el refrán, fue peor el remedio que la enfermedad. La cautelar presentada por Macri representó, por sobre todas las cosas, un acto de venganza. Más que resolver el inconveniente de etiqueta que mantenía en vilo al país, lo que se buscó con ella fue darle un escarmiento a Cristina Fernández, humillarla públicamente con una cuasi-destitución. La intención básica in pectore no fue cortar el nudo gordiano de una áspera negociación protocolar que se encontraba en punto muerto, sino dañar a la presidenta saliente, maltratarla y afrentarla con ánimo manifiesto de revancha.

El fiscal federal Jorge Di Lello, en su dictamen celerísimo del 8 de diciembre, hizo lugar a la cautelar de Macri y Michetti. Y al día siguiente, contrarreloj, la jueza María Servini de Cubría falló a favor de la misma. Insólito proceder del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Nación. Insólito, pero no inesperado. Lo que se ha dado en llamar, certeramente, partido judicial cuenta ya con un frondoso prontuario de dictámenes y veredictos torcidos, cortados a medida del lobby opositor de derecha que comanda (a veces en las sombras y otras a plena luz del día) el poderoso Grupo Clarín.

¿Qué argumentación jurídica esgrimieron José Mª Torello y Fabián Rodríguez Simón, los letrados patrocinantes de Macri y Michetti? Sintéticamente, la siguiente:

1. Que la Constitución Nacional, en su art. 91, estipula que “el Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde”.

2. Que el nuevo Código Civil y Comercial (CCyC), en su artículo sexto referido al “modo de contar los intervalos del derecho”, establece que, a excepción de que “las leyes o las partes” dispongan expresamente “que el cómputo se efectúe de otro modo”, “los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha” y “vencen a la hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo”.

3. Que ni el precitado art. 91 de la carta magna, ni tampoco su precepto 93 alusivo a la toma de posesión del cargo presidencial (juramento), indican la fecha y hora precisas en que expira el mandato presidencial, razón por la cual, en su opinión, se debería aplicar el criterio del susodicho art. 6 del CCyC.

Los abogados de Macri, sacando hábilmente partido, en primer lugar, de la ambigüedad semántica de la frase “de fecha a fecha” (que puede denotar alternativamente, por caso, hasta el 10 de diciembre inclusive o hasta el 10 de diciembre exclusive, un defecto de redacción no presente en el viejo Código Civil); equiparando astuta y furtivamente, en segundo lugar, el significado de la expresión “hora veinticuatro” con el de “hora cero”; y pasando por alto, en tercer lugar, lo que los juristas llaman Constitución material, plantearon que el mandato presidencial de Cristina Fernández debía concluir el 9 de diciembre a última hora del día. Di Lello y Servini de Cubría les dieron la razón (absurda razón).

Desmontemos con paciencia, pieza por pieza, la argumentación sofística de Torello y Rodríguez Simón. Dejemos al descubierto su confusionismo leguleyo.

La frase “de fecha a fecha”, dada su anfibología, puede y debe ser esclarecida a la luz del viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, vigente hasta no hace mucho. Citemos el artículo pertinente a nuestros efectos:

“Art. 25.— Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año.

Art. 27. Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día; y así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medianoche, en que termina el último día del plazo”.

Parece claro que, de haberse aplicado a pies juntillas ese criterio cronométrico, el mandato de Cristina Fernández debió haber expirado no ya al principiar el 10 de diciembre (como pretendía el macrismo), ni tampoco, siquiera, a la hora convenida para la asunción del nuevo presidente, sino ¡al final de toda la jornada! Un disparate por donde se lo mire… Porque sabido es que, de acuerdo a la costumbre, al uso corriente establecido, cuando se habla de medianoche de tal o cual día de la semana o fecha del año calendario, se presume siempre que se está haciendo referencia no a la medianoche con que se inicia la jornada, sino a la medianoche en la que aquélla llega a su término. Es precisamente por esta razón que el nuevo CCyC utiliza enfáticamente el término “hora veinticuatro”, y no el de “hora cero”, un tanto equívoco. La RAE, por lo demás, en su Ortografía básica de la lengua española (2010), al fijar las pautas del llamado “modelo de veinticuatro horas” (alternativo al “modelo de doce horas”), señala sin ambages:

“La medianoche puede indicarse en este sistema tanto con el número 0 (indicando el comienzo del día) como con el número 24 (indicando el final). Así, las 24:00 h del día 31 de diciembre es exactamente la misma hora que las 00:00 h del día 1 de enero”.

Da vergüenza ajena ver cómo lo abogados de Macri, el fiscal Di Lello y la jueza Servini de Cubría, haciéndole pito catalán al sentido común y las recomendaciones de la RAE en materia horaria, forzaron la interpretación del sintagma “hora veinticuatro del día del vencimiento respectivo”, atribuyéndole el significado antojadizo de “hora cero del 10 de diciembre”.

De cualquier modo, hay una cuestión previa mucho más importante: ¿de veras procedía aplicar el art. 6 del nuevo CCyC al asunto aquí tratado? Porque recordemos que dicha disposición legal prevé como momento de vencimiento la medianoche solamente en aquellos casos donde las leyes y los contratos no estipulen una hora diferente. Recurriendo al argot informático, se podría decir que el plazo terminal de la hora 24 rige por defecto, o sea, entra en juego si y sólo si no se ha especificado otra cosa.

La pregunta, entonces, es: ¿la Constitución Nacional no prevé un momento preciso para la finalización del mandato presidencial? Nuestra Constitución formal no, claro está. Pero nuestra Constitución material sí lo prevé. Como bien lo ha explicado el jurista argentino Germán Bidart Campos en su monumental Manual de la Constitución reformada (1994), la Constitución formal, la Constitución escrita y codificada, por muy extensa y minuciosa que sea, por muy completo y sistemático que resulte su ordenamiento, siempre tendrá lagunas o zonas grises. La ratio jurídica, por mucho que se esfuerce en normativizarlo todo, en prever todas y cada una de las contingencias fácticas de la vida social, nunca lo consigue. El universo de la praxis es tan pero tan vasto, variado y complejo, y a veces tan irregular e imprevisible, que siempre habrá pequeños vacíos o imprecisiones legales.

¿Qué se hace en esos casos? ¿Cómo se administra justicia cuando la Constitución formal guarda silencio o resulta un tanto confusa? La respuesta es: echando mano a la Constitución material, a los usos sociales, a los precedentes históricos. Y también, por supuesto, al principio de razonabilidad. La Argentina, como legítima heredera de la Ilustración y la Revolución Francesa que es, y al igual que las otras repúblicas de Iberoamérica, posee una cultura jurídica de corte racionalista y normativista, muy diferente, en tal sentido, a la de Inglaterra y otros países anglosajones, donde prevalece el derecho consuetudinario. Sin embargo, en aquellas circunstancias excepcionales donde la Constitución formal argentina (por falta de previsión o de claridad), resulta insuficiente, es posible y necesario complementarla o iluminarla con la Constitución material. En nuestro país, la función supletoria o subsidiaria del derecho consuetudinario y del principio de razonabilidad está expresamente consagrada en los tres primeros artículos del CCyC:

“Art. 1.— Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

Art. 2.— Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.

Art. 3.— Deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”.

Y lo que la Constitución material de Argentina contempla, sustentándose en la experiencia histórica y el sentido común, es que los mandatos presidenciales expiran a plena luz del día y a la vista de toda la sociedad civil, una vez completada la ceremonia de jura del nuevo mandatario, no entre gallos y medianoche, y mucho menos con algo tan absurdo, complicado e innecesario como un fugaz interinato de madrugada a cargo del presidente del Senado.

Quien lea los arts. 91 y 93 de la Constitución Nacional con un poquito de sensatez, buena fe y ecuanimidad de juicio, y quien tenga el tino de ponderar los antecedentes históricos de los últimos 163 años (desde los tiempos de la Organización Nacional en adelante), no podrá colegir otra cosa más que esto: cada período presidencial termina en el instante mismo en que empieza el nuevo, sin que medie ningún interinato trasnochado de media jornada. Sólo quienes padecen de idiotismo o abrigan malas intenciones pueden ir a contramano de esta verdad de Perogrullo.

Cuando Domingo Faustino Sarmiento sucedió a Bartolomé Mitre, Julio Roca a Nicolás Avellaneda, Hipólito Yrigoyen a Victorino de la Plaza, Roberto Ortiz a Agustín P. Justo, Carlos Menem a Raúl Alfonsín y Cristina Fernández a Néstor Kirchner (por citar sólo algunos ejemplos de épocas muy diferentes) no hubo ningún interregno técnico de pocas horas. No lo hubo en 1868, ni en 1880, ni en 1916, ni en 1938, ni tampoco en 1989 y 2007. Ningún presidente provisional terció en dichas transiciones de gobierno. No hubo en aquellos años de recambio ningún Federico Pinedo oficiando de presidente-relleno. ¿Para qué? ¿Con qué fin? El interinato presidencial no se inventó para nimiedades como zafar de verse cara a cara con el mandatario anterior, humillarlo públicamente con una salida anticipada o cantar victoria en una pelea pueril de etiqueta (egos), sino como un recurso excepcional para afrontar problemas más serios de acefalía: muerte, enfermedad, renuncia, etc.

Aclaremos al pasar un punto: nuestra Constitución Nacional, jamás en toda su historia, señaló con puntualidad suiza la hora (ni tampoco el día, siquiera) en que debe concluir el mandato presidencial. La redacción primigenia de 1853/60 era muy similar a la actual en lo tocante al ítem denominado “duración del Poder Ejecutivo”. Los viejos artículos arts. 77, 78 y 80 son casi idénticos a los arts. 90, 91 y 93 (respectivamente) que rigen hoy. Sólo ha variado el lapso de la presidencia y vicepresidencia (cuatrienio en vez de sexenio), y la fórmula del juramento (la nueva es ecuménica en materia de creencias religiosas, mientras que la antigua era netamente cristiana). Lo demás es igual.

El interinato de Pinedo representa, sin lugar a dudas, una de las peores farsas de la historia argentina contemporánea. Presidencias provisionales nuestra inestable república las tuvo a montones, es cierto. Pero ninguna fue tan grotescamente arbitraria y superflua como el hiato de doce horas que separó los mandatos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, sin que mediara ninguna emergencia justificable de acefalía.

Por lo demás, ¿qué otra nación, aparte de Argentina, ha tenido un interregno presidencial de doce horas sin que mediara alguna crisis política o contratiempo de acefalía? Ninguna que yo sepa. Planteemos la pregunta de un modo más contundente: ¿En qué otro país del mundo, al margen del nuestro, la justicia, haciendo tabula rasa de los usos y precedentes de la Constitución material, aplicó mecánicamente los criterios cronométricos del derecho civil ordinario para definir la hora exacta en que debía expirar una presidencia, sacando de la galera un interinato fantasmagórico de medio día? Cuesta imaginar otro. Dudoso mérito el de la República Argentina…

Dado que nuestra Constitución Nacional está inspirada en la de Estados Unidos, no estaría de más saber qué establece esta última en relación al término del mandato presidencial. Durante casi 150 años, desde su sanción en 1787 hasta la Vigésima Enmienda de 1933, la carta magna de la primera república del continente americano no determinó ninguna fecha ni hora al respecto. Todo lo que decía era que el “presidente de los Estados Unidos […] se desempeñará en su cargo durante un término de cuatro años”, y que “antes de entrar a desempeñar su cargo prestará el siguiente juramento o protesta: ‘Juro (o protesto) solemnemente que desempeñaré legalmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que sostendré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades’”. Recién con la Amendment XX se estableció un vencimiento más preciso: “los períodos del presidente y el vicepresidente terminarán al mediodía del 20 de enero”.

¿Qué se hizo en el país del norte antes de 1933 para remediar el problema de la “inexactitud” de la Constitución formal? Algo muy sencillo: remitirse a la Constitución material (o sea, guiarse por los usos sociales y los precedentes históricos) y utilizar el sentido común. Cuando Washington le cedió la primera magistratura a John Adams, Jefferson a Madison, Monroe a John Quincy Adams, Jackson a Van Buren, Buchanan a Lincoln, Grant a Hayes, Theodore Roosvelt a Taft, Wilson a Harding y Coolidge a Hoover, por mencionar sólo algunos botones de muestra, no intervino ningún presidente-bisagra… A la luz de la experiencia histórica y la simple sensatez, se presumía (aunque la letra de la Constitución formal no lo explicitase aún en ninguna parte) que cada mandato presidencial debía terminar cuando empezaba el nuevo, es decir, cuando el jefe de Estado entrante juraba el cargo, sin ningún interinato estrafalario y engorroso de doce horas.

Así fue también siempre en nuestro país, desde 1853. Hasta que Servini de Cubría, miembro conspicuo del partido judicial, fallara a favor de la cautelar de Macri hace apenas un mes. Un veredicto escandaloso que, a fuerza de razonamientos sofísticos, tiró por la borda todos los principios jurídicos sabiamente consagrados al comienzo del Código Civil y Comercial: el valor preeminente del espíritu de las leyes, el rol supletorio del derecho consuetudinario en situaciones de vacuum iuris, la razonabilidad en la administración de justicia, etc. etc.

Cristina Fernández, al desairar las preferencias protocolares de Macri (muy razonables y legítimas), actuó con mezquindad y malicia, y sus coartadas fueron lamentables, especialmente en boca de sus corifeos. Pero Macri, al decantarse por un golpismo leguleyo de guante blanco, logró lo que parecía imposible: que la falta de grandeza y rectitud de su predecesora quedase rápidamente reducida a un hecho anecdótico más de la politiquería criolla, ante la tamaña gravedad institucional del fallo de Servini de Cubría. Un fallo ominoso, transido de revanchismo gorila, que lesionó el orden republicano de nuestro país con absoluta impunidad, gracias al silencio cómplice de la prensa hegemónica. Un favor que el nuevo gobierno retribuyó con creces al declararle una guerra sin cuartel a la Ley de Medios.

La Argentina poskirchnerista de Cambiemos cambió, en efecto. Pero no para progresar, sino para retroceder. El anegamiento es generalizado, y de él ni siquiera se salva el mentado ítem de la institucionalidad republicana, buque insignia de la retórica regeneracionista del macrismo y sus aliados. ¿Acaso es concebible una afrenta mayor a la civilidad democrática de una res publica que el intento culposo, pero no por eso menos descarado, de nombrar a dedo dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El país cambia, pero atrasa.

Federico Mare

ateMOg4vjN1yDL;~�x 
Opiniones (1)
18 de agosto de 2018 | 23:07
2
ERROR
18 de agosto de 2018 | 23:07
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. Federico. Sólo con el afán de agregar más que de criticar, creo olvidaste tratar algunas cosas. 1) Para el análisis de la Constitución material debiste tener presente que la Disposición Transitoria Décima de la Constitución formal dice textualmente: "Décima. El mandato del Presidente de la Nación que asuma su cargo el 8 de julio de 1995 se extinguirá el 10 de diciembre de 1999.". Encontramos entonces en la Constitución formal de manera expresa cuándo es el final que se considera para el mandato presidencial, es decir, clara y contundentemente los constitucionalistas determinaron que termina el "10 de diciembre". Esto porque, a más de ser una disposición transitoria, habla del final de un mandato no común, el del presidente que debe asumir durante el proceso de implementación de la nueva Constitución que reduce el mandato de 6 a 4 años (art. 90 CN), y lo marca de manera precisa en el mismo momento que determina que inicia el mandato de los próximos Presidentes, o sea el 10 de diciembre. Sabían los constitucionalistas que el primer mandato siguiente al dictado de esa Constitución tenía que comenzar el 8 de julio de 1995, pero como querían que los nuevos presidentes asumieran los días 10 de diciembre respectivos, dado que es el día en que se conmemoran los "Derechos Humanos", entonces de forma muy contundente expresaron que "se extinguiera" en esa fecha y esta razón Servini de Cubría ni siquiera esbozó conocerla, contradiciendo expresamente a los constitucionalistas y determinando que los mandatos no terminan el 10 de diciembre como querían quienes redactaron la Carta Magna, sino el 9 de diciembre porque se lo pidieron los abogados de Macri. 2) El fallo de Servini de Cubría demuestra una torpeza indefendible y amerita juicio por prevaricato en su contra. En su resolutivo I dice que el mandato de CFK "culmina a la medianoche del 9 de diciembre" y que el mandato de Macri "inicia a las 0.00 horas del 10 de diciembre". Pero en el resolutivo III se desdice ya que indica que el mandato presidencial en realidad se inicia en "... la medianoche del 10 de diciembre" y entonces propone que Pinedo sea quien esté a cargo de la Presidencia de la Nación hasta que Macri preste juramento. O sea que no tuvimos presidente legalmente juramentado entre las 0.00 horas del 10 de diciembre y el momento en que Macri juró, ya que Pinedo fue designado por Servini de Cubría como a cargo de la presidencia sólo desde la medianoche del 10 de diciembre y, además, tuvimos a un presidente en ejercicio legal de su presidencia el 10 de diciembre a partir del juramento de Macri y por obra y gracia de Servini de Cubría, también tuvimos al Sr. Pinedo a cargo de la presidencia esa misma medianoche del propio 10 de diciembre. Pinedo, conforme Servini de Cubría, fue copresidente con Macri en la medianoche del 10 de diciembre y nadie fue presidente entre las 0.00 horas del 10 de diciembre y el momento en que Macri juró. Servini de Cubría lo hizo posible y nadie le ha iniciado un juicio político a esta Señora que tiene en sus manos el patrimonio, honor y vida de los argentinos. 3) Faltó considerar en cómo se aplicaría el fallo de Servini de Cubría cuando un Presidente sea reelecto y ello con el fin de cagarse de risa de esa jueza impresentable. Supongamos que Macri sea reelegido. Entonces, según Servini de Cubría, su mandato culminará el 9 de diciembre de 2019, pero como para su nuevo mandato recién prestará juramento ante el Congreso al mediodía del 10 de diciembre de 2019, entre las 0.00 horas de ese 10 de diciembre y el momento en que jure para un nuevo mandato, la presidencia estará a cargo de quien sea el Presidente del Senado, que no podrá ser Michetti porque su mandato también terminará el 9 de diciembre de 2019, entonces tendremos que Macri no se sucederá a sí mismo aún cuando haya sido reelegido y durante un lapso considerable de tiempo la presidencia estará en manos de quien sea Presidente provisional del Senado, que bien puede ser un loco de atar y vaya a saber qué cosas podrían suceder en ese interregno. Servini de Cubría lo hizo y nadie le hace juicio político.
    1