opinión

La última transición presidencial (primera parte, Cristina Kirchner)

Apuntes de historia inmediata.

La última transición presidencial (primera parte, Cristina Kirchner)

Nunca se ha visto en la Argentina, con motivo de las formalidades de una transición presidencial, tanta mezquindad y malicia como en diciembre de 2015. Mezquindad y malicia de ambas partes. Y también revanchismo. La politiquería criolla ha vuelto a hacer de las suyas (yerba mala nunca muere). Y nos recuerda, por añadidura, que no hace acepción de partidos…

Cristina Fernández no debió jamás rehusarse a satisfacer el pedido protocolar de Mauricio Macri. Y éste, menos que menos, debió recurrir a una artimaña judicial rayana con el golpismo para salirse con la suya. Una y otro, con idéntica falta de grandeza y de escrúpulos, han generado un papelón que no será sencillo igualar. Con sus dimes y diretes, jugarretas y represalias, han protagonizado un verdadero sainete.

En las líneas que siguen se explicará por qué el conflicto fue un bochorno mayúsculo, cuáles fueron las motivaciones políticas y personales que llevaron a él, y también cuánto de razón y error hubo en cada parte. Por razones cronológicas, primero nos ocuparemos del proceder de la ex presidenta, y luego de la reacción del flamante presidente.

Este artículo de fondo sale a la luz con un mes de retraso. A su autor no le fue posible concluirlo antes de que Macri asumiera la presidencia. Y un mes de retraso, en la actual coyuntura de país, es mucho tiempo… Son tantos los anuncios ominosos del nuevo gobierno nacional, tantas sus designaciones y proyectos controversiales, tantas, en fin, las malas noticias que se han sucedido en cascada durante las últimas semanas, que el presente escrito ha perdido su actualidad casi por completo. Pero la actualidad no lo es todo. Si no nos resulta ocioso analizar o dilucidar episodios del pasado tan lejanos como las Invasiones inglesas, la batalla de Caseros, el derrocamiento de Yrigoyen o la Guerra de las Malvinas, ¿por qué habríamos de desestimar algo sucedido hace apenas unos días? Si no como artículo de coyuntura, sirva este texto, al menos, como un pequeño aporte a lo que se ha dado en llamar historia inmediata.

Advierto de antemano al público lector que el objetivo y contenido de este escrito son bastante minimalistas. No se hallará aquí un balance general de la era kirchnerista, ni un análisis global del macrismo como fenómeno sociopolítico. Tampoco se hallará una crítica integral de la primera o del segundo. No porque piense que no la merecen (como toda persona de izquierda, tengo una larga lista de discrepancias sustanciales con ambos), sino, simplemente, porque ése no ha sido mi propósito en esta ocasión.

Por ende, no me sentiré en la obligación de replicar objeciones basadas en razonamientos ex silentio, máxime si adoptan la forma de chicanas facciosas o conllevan una descalificación personal (“mercenario K”, “secuaz de Macri”, “gorila”, “alcahuete de Cristina”, “operador de Magnetto”, etc.). Responderé sólo por lo que dije explícitamente (mi tesis y argumentos), no por lo que otros supongan gratuitamente que “quise decir” con tal o cual “omisión”. Tampoco considero que deba hacerme cargo de críticas recriminatorias por lo que “debí haber dicho” si hubiese elegido otra temática más importante o amplia, o menos “funcional” a tal o cual sector político.

Lo dije y lo sostengo: Cristina Fernández no debió jamás rehusarse a satisfacer el pedido protocolar de Mauricio Macri. No debió hacerlo porque, por muy adversa o poco favorable que sea la opinión personal que tengamos sobre el nuevo presidente (sus ideas y planes reaccionarios, su funesto desempeño como jefe de gobierno de la CABA, sus antecedentes empresariales non sanctos, su extracción familiar burguesa, sus inquietantes vínculos con el establishment, su derechista fuerza política, la heteróclita coalición electoral que lo catapultó al sillón de Rivadavia, sus primeras medidas de gobierno, etc.), hay que admitir, nobleza obliga, que su pedido no era ilegítimo ni disparatado, en absoluto. Como veremos, ni siquiera se lo podría calificar de antojadizo.

Que Macri nos genere, con justa razón, demasiado escozor ideológico, y que su encumbramiento nos parezca (también con justa razón) una calamidad peor que todas las plagas juntas del Antiguo Testamento, es harina de otro costal. La verdad ante todo, aunque duela o fastidie.

Históricamente, el traspaso de los atributos de mando (bastón y banda presidenciales, junto a la partitura de la Marcha de Ituzaingó) se ha hecho en el Salón Blanco de la Casa Rosada, luego de la jura (en el Congreso Nacional) ante la Asamblea Legislativa. Siempre fue así. Desde los orígenes de la República Argentina. Desde la transición presidencial Mitre-Sarmiento, allá por 1868.

Fueron Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, en el año 2003, los primeros en apartarse de dicha tradición, al convenir amalgamar las dos ceremonias (jura y traspaso) en un solo acto en la sede del Poder Legislativo Nacional. Cristina Fernández siguió los pasos de su difunto marido cuando lo sucedió en 2007, y también al reasumir el cargo cuatro años más tarde (ocasión en la cual fue su hija quien le hizo entrega de los atributos de mando).

Aclaremos, al pasar, que la ceremonia de traspaso carece de entidad constitucional. Se trata de un protocolo consuetudinario, aunque (como luego comprobaremos) reglamentado por decreto. Su valor es esencialmente simbólico. No así, claro está, la ceremonia de jura, la cual, al margen de su potente significación como tradición de la cultura política republicana, constituye un acto jurídico de primerísima importancia, toda vez que está expresamente previsto en la carta magna (art. 93), y que con él (y sólo por él) se hace efectiva la toma de posesión del cargo. O sea, sin jura no hay (legalmente al menos) nuevo presidente de la Nación.

La variación protocolar de 2003 fue totalmente coyuntural, circunstancial. No aspiraba a ser definitiva ni duradera. Se debió al hecho fortuito y excepcional de que el presidente saliente de aquel momento había accedido a la máxima magistratura de forma interina, sin el respaldo ciudadano de un acto eleccionario, por mera decisión de la Asamblea Legislativa, conforme al art. 88 de la Constitución Nacional y la Ley de Acefalía. Consciente de que su legitimidad de origen, en términos reales, resultaba más bien escasa, puramente legal, Duhalde entendió que lo mejor era que la ceremonia de traspaso se hiciera en la sede del órgano colegiado que lo había designado, en presencia de los diputados y senadores de la Nación, representantes del pueblo argentino.

Fue recién a partir de 2007, con el ascenso de Cristina Fernández a la presidencia de la Nación, en el contexto de una Argentina poscrisis en la que el kirchnerismo había conseguido restablecer la mentada gobernabilidad, y estaba logrando construir hegemonía, cuando el protocolo improvisado por un duhaldismo en retirada comenzó a perfilarse ya como un aggiornamento, como una innovación con pretensiones de permanencia. La reelección de 2011, y la querella sucesoria del mes pasado, lo han confirmado plenamente.

En su escandalosa disputa ceremonial con la ex presidenta, guste o no, Macri tuvo a su favor la tradición republicana del país. Casi un siglo y medio de historia no es poca cosa, máxime si se tiene en cuenta que esa historia contiene por igual a conservadores, radicales y peronistas (Roca, Yrigoyen y Perón, por citar los nombres más representativos de las tres corrientes que han dominado la política nacional desde 1880, se atuvieron al protocolo clásico). Por lo demás, la restauración democrática del 83, hito fundador de la Argentina reciente, no supuso ninguna innovación en materia de etiqueta. Alfonsín, Menem y De la Rúa respetaron la vieja usanza.

La vieja usanza hoy rediviva, cabe acotar, no es caprichosa. Tiene su razón de ser. Así como corresponde que la jura se celebre en el Congreso Nacional, lugar que (en el imaginario republicano) simboliza más que ningún otro la voluntad del pueblo soberano, corresponde también que el traspaso se haga en la Casa de Gobierno, pues el sentido de esta última ceremonia no es el de recordarle al nuevo mandatario el origen y fin estrictamente representativos de su autoridad (ese admonitorio memento cívico se materializa siempre antes en el compromiso solemne con la Asamblea Legislativa), sino el de escenificar la sucesión que se opera en la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional. Y puesto que la sede de este poder público es la Casa Rosada, ¿dónde sino en ella se debería realizar el acto de entrega de los atributos de mando? En la Casa de Gobierno residió quien ha gobernado, y en ella residirá quien ha de gobernar. Nada hay de extraño, pues, en que allí se concrete la ceremonia de traspaso, una vez llevada a cabo la ceremonia de jura en el Congreso de la Nación.

En su reyerta de etiqueta, Macri tuvo a su favor, además, el sentido común. Se supone que las preferencias protocolares del nuevo presidente electo debieran merecer, por cortesía, mayor consideración que las de quien está abandonando el cargo. Toda transición de gobierno tiene necesariamente dos actores, no uno solo. Pero la deferencia del rol protagónico le corresponde a quien llega, no a quien se va, al menos en una república democrática donde quien llega, viene de cosechar un triunfo en los comicios.

De cualquier modo, Macri podría haber apelado a un tercer argumento mucho más simple e inapelable: dado que la ceremonia de traspaso es ulterior a la toma de posesión del cargo, lo lógico es que sea el jefe de Estado entrante, y no quien lo ha precedido en el cargo, quien tenga la última palabra en materia de etiqueta. No físicamente, pero sí legalmente, los atributos de mando ya están en manos del nuevo presidente no bien éste jura, es decir, instantes antes de que se concrete la ceremonia de traspaso.

Pero a Macri lo asiste un cuarto argumento de peso: el Reglamento de Ceremonial de la Presidencia de la Nación, que Frondizi aprobara mediante un decreto (el nº 15.803/60) hace media centuria. En efecto, dicha normativa establece claramente, conforme a la práctica consolidada en el tiempo, que el traspaso debe efectuarse en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Cito textualmente los tres artículos pertinentes:

“141. En el pórtico de la Casa de Gobierno (explanada de la calle Rivadavia), el señor Presidente será recibido por el jefe de la Casa Militar, el director de Ceremonial y un edecán del Presidente saliente, quienes lo acompañarán hasta el Salón Blanco (estrado que se hallará delante del Busto de la República).

142. El señor Presidente saliente entregará al señor presidente electo, frente a la mesa colocada sobre el estrado, las insignias presidenciales, que estarán sobre la misma.

143. El señor presidente saliente se despedirá del señor Presidente electo y se retirará del Salón Blanco conjuntamente con sus ex Ministros, siendo acompañado hasta el pórtico de la Casa de Gobierno por el jefe de la Casa Militar (entrante) el director de Ceremonial y un edecán del señor presidente de la Nación”.

Una digresión: no vaya a creerse ingenuamente, por favor, que la posición de Macri respondía a un desinteresado apego por las formas republicanas. Durante sus ocho años de gestión en la CABA, el flamante presidente de la Nación dio innumerables muestras de personalismo discrecional y pragmatismo autoritario, como la utilización abusiva del poder de veto y la promulgación rutinaria de decretos a espaldas de la Legislatura porteña, procedimientos en los cuales alcanzó cifras récord que poco y nada tienen que envidiarles a las del Menemato. Sin ir más lejos, intentó recientemente (como es de público conocimiento) designar a dedo dos jueces de la Suprema Corte, y en el marco de su cruzada oligopólica contra la Ley de Medios, intervino la AFSCA y la AFTIC para borrarlas del mapa… Evidentemente, la puja de etiqueta que Macri mantuvo con la ex presidenta se trató más de un acting que de otra cosa. Fue sobre todo su conveniencia política coyuntural, y no un purismo republicano auténtico, lo que determinó su cruzada en pro de la sacrosanta institucionalidad. Su móvil fue esencialmente demagógico: hacer leña del árbol caído con la imagen pública de Cristina Fernández, su archirrival, y así seguir capitalizando en su provecho la quimera ideológica y mediática de un Cambiemos llamado providencialmente a restaurar la “normalidad” de la República (respeto de la Constitución y las leyes, libertad de prensa, independencia de la justicia, diálogo y consenso parlamentarios, seguridad jurídica, etc. etc., todo, por supuesto, entre comillas).

Pero retomemos el hilo conductor del artículo. Interrogado por la prensa, el miércoles 9 de diciembre, acerca del Reglamento de Ceremonial, Aníbal Fernández, el infatigable adalid y portavoz del kirchnerismo, replicó: “¿Qué es el reglamento de protocolo? ¿Un papel que alguien escribió alguna vez? ¿Qué tiene eso que hacer al lado de la Constitución?”. Penosa declaración. Resulta que el “papel” en cuestión no es un mero manual de uso interno. Fue aprobado por decreto presidencial, y como se sabe, en nuestro país los decretos presidenciales son normas jurídicas con fuerza de ley. El decreto 15.803/60 de Frondizi nunca ha sido derogado, y en gran medida sigue estando en uso al día de hoy. Cristina Fernández bien pudo, en algún momento de sus ocho años de gestión, haberlo revocado mediante otro decreto (tenía atribución para hacerlo), pero lo cierto es que no lo hizo. Por ende, el Reglamento de Ceremonial de la Presidencia de la Nación seguía siendo vinculante cuando, terminado el balotaje y puesta en marcha la transición, sobrevino el bochornoso diferendo de etiqueta entre la mandataria saliente y su inminente sucesor.

No estaba equivocado Aníbal Fernández, desde luego, al recordar que la Constitución tiene jerarquía superior (muy superior) a cualquier norma o disposición de índole reglamentaria. Pero su recordación fue improcedente, toda vez que nuestra carta magna, en sus artículos atinentes a la transición presidencial, nada dice sobre la entrega de los atributos de mando. Únicamente hace referencia a la jura. Así como no instituye ninguna ceremonia adicional de traspaso, tampoco la prohíbe. Y como reza la vieja máxima jurídica, permittiur quod non prohibetur, “lo que no está prohibido, está permitido”. No existe ningún conflicto entre lo que la Constitución y el Reglamento de Ceremonial preceptúan, ni en la letra ni en el espíritu. ¿Qué sentido tiene entonces invocar la primacía de la ley fundamental de la Nación? Ninguno, obviamente. Ningunear con desdén el Reglamento de Ceremonial apelando sin ton ni son a la Constitución Nacional, con un celo republicano sobreactuado y fatuo, ¿qué otra cosa es, sino una falacia ad lapidem para la tribuna?

En el mismo error del otrora jefe de Gabinete había incurrido ya la propia Cristina Fernández tres días antes. En su carta abierta De “dichos” y gritos, de amenazas y la Corte, la CN, las instituciones. La realidad y la impunidad mediática, difundida el 6 de diciembre, tras la discusión telefónica con Macri, la ex presidenta había manifestado:

“Intenté explicarle [a Macri] lo dispuesto por la Constitución Nacional en sus arts. 91 y 93. Pero que más allá de lo dispuesto por la CN, el acto de trasmisión de mando, por simple comprensión de texto, exige la presencia de 2 personas: la que entrega el mando y la que lo recibe.

Que no se trata de una ceremonia de nadie en particular, sino de un acto institucional, de un estado democrático y republicano en general. Que debe hacerse en el Congreso (art. 93 CN) porque hasta que no preste juramento ante la Asamblea Legislativa no es presidente y que ni bien eso ocurra se le deben entregar en forma inmediata los atributos del Poder Ejecutivo. Y quien lo tiene que hacer es la que ha dejado de ser Presidenta en ese mismo instante, o sea la que suscribe…”.

¿Qué señalan los mentados preceptos de la Constitución alegados primero por Cristina Fernández, y luego por quien encabezara su Gabinete de ministros? Veamos:

“Art. 91.— El Presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su período de cuatro años; sin que evento alguno que lo haya interrumpido, pueda ser motivo de que se le complete más tarde.

Art. 93.— Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.

Como resulta evidente, ninguno de los dos artículos dice nada acerca de la tradicional ceremonia del traspaso implementada por primera vez en 1868. Sólo hacen alusión a la duración del mandato y la toma de posesión del cargo. No prescriben ninguna ceremonia suplementaria a la jura, pero tampoco la inhabilitan. La historia lo demuestra: durante 135 años (1868-2003), la entrega de los atributos de mando se hizo una y otra vez en la Casa Rosada, con posterioridad a la toma de posesión en el Congreso, sin que nadie se opusiera a dicha práctica aduciendo que era inconstitucional, ni en lo formal, ni en lo material.

El argumento adicional que esboza la ex presidenta, su apelación al principio de razonabilidad, tampoco es convincente. Concluye que la entrega solmene de los atributos de mando no puede hacerse sino “en forma inmediata”, ipso facto con la jura, en presencia de la Asamblea Legislativa. Pero las premisas de dicha conclusión brillan por su ausencia, de modo que su razonamiento está viciado de nulidad. ¿Qué razón jurídica o fáctica existe para que el traspaso deba efectuarse imperiosamente con la jura, en el Congreso y no, minutos luego, en la Casa Rosada? Ninguna. Y si la hay, la ex presidenta no la mencionó.

Si Cristina Fernández se negó a ceder los atributos de mando en el Salón Blanco presidencial, desairando las legítimas y razonables pretensiones protocolares de su sucesor, no fue, pues, por prurito legalista o republicano, sino por inquina y orgullo. Como la ceremonia de traspaso, fuera donde fuese, le parecía un desenlace intolerable, embarazoso y humillante por demás, encontró en la disparidad de criterios en materia de etiqueta un pretexto “ideal” para zafar de la situación. Astuta, perspicaz, se dio cuenta que Macri, enceguecido por el afán de demostrar poder, jamás daría el brazo a torcer en una eventual pulseada. Intuía que si ella defendía a ultranza, pour la gallerie, un traspaso en el Congreso (alternativa que a ella, en el fondo, tampoco le cuadraba), no había ningún riesgo de que eso fuera realmente a suceder, dado que, por motivaciones análogas a las suyas (inquina y orgullo), su sucesor se mantendría intransigente hasta el final. Como es notorio, los acontecimientos probaron que no estaba equivocada en su cálculo político.

Federico Mare 

Opiniones (1)
26 de mayo de 2018 | 09:35
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26 de mayo de 2018 | 09:35
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  1. Federico. Aunque coincido en lo general de tu análisis, me permito hacerte reflexionar sobre un punto que, dada la actualidad, se pondrá en vigencia y que hace al punto que analizás. Vamos al grano. Ponés como punto esencial de tu análisis el Decreto n° 15.803/60, aprobado por Fondizi y lo considerás (a mi entender erróneamente y te fundamentaré por qué), aún vigente. Si sólo te tomás el trabajo de buscar en el sitio oficial de Legislación Argentina (www.infoleg.gob.ar), como en el Digesto Jurídico Argentino (sancionado por Ley 26.939, promulgada el 29/5/2014, con sus 3 Anexos) (http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/231154/norma.htm), notarás que no lo encontrás, por lo tanto no está vigente y te explico por qué. El art. 76 de la Constitución Nacional de 1994 dice: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.". He ahí una primera aproximación. Ya se prohíbe el dictado de Decretos (aún cuando el art. 99 inciso 3 los autorice sólo lo hace bajo condiciones de necesidad y urgencia y por "circunstancias excepcionales" y no para cualquier cosa -algo que parece Macri y sus asesores no han leído y por lo cual están ejecutando actos nulos de nulidad absoluta, al menos por creer equivocadamente que el normal receso anual del Congreso representa una circunstancia excepcional - pero eso será para otra ocasión). Sigamos analizando esta prohibición delegativa del Congreso al Poder Ejecutivo que la Constitución de 1994 sancionó y verás que encontrás, con asombro cabe agregar, que no sólo se hizo desde la sanción misma de la Constitución en adelante, sino que fueron más indicativos los constitucionalistas sobre qué pensaban respecto del dictado de Decretos por parte del Poder Ejecutivo (recordarás que ésta fue una batalla épica de Raúl Alfonsín en contra de Menem por la desfachatada forma que éste tuvo de gobernar mediante decretos y que eso derivó en el Núcleo de Coincidencias Básicas con el que se pudo iniciar el proceso de reforma constitucional). Tanto fueron precisos en relación a los Decretos que no sólo los prohibieron para adelante (salvo lo establecido en el art. 99 inciso 3, insisto), sino que los anularon a todos los dictados para atrás. ¿Dónde? ¿Cuándo?, te preguntarás. En el sector menos analizado de nuestra Constitución vigente, el de las "Disposiciones Transitorias". Te invito a que leas el texto de la Disposición Transitoria Octava, ya que en ella se dice: "Octava. La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.". Guau, Federico. Jaque Mate. Ese Decreto N° 15.803/60 quedó expresamente derogado "... a los cinco años de la vigencia ..." de la Constitución Nacional de 1994, o al menos así lo advierto ya que no encontré una Ley del Congreso que lo ratificara con posterioridad. ¿Que ésto no se plantea como yo lo hago? Bueno, quizás, pero quizás sí y ahí tenés un lindo trabajo de investigación, tanto vos como los muchos constitucionalistas que tenemos en el país. De todas formas, a mi humilde entender, tu argumento queda inválido en lo que respecta a dicha fundamentación, por lo que entiendo que se cae en gran parte todo tu análisis, concluyendo a que no se corresponde con la verdad, claro está que bajo las condiciones por mí aquí expuestas.
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