Los expolicías que reclamaron en la Casa de Gobierno de manera brutal, quedaron muy mal parados. Quien los condujo a eso se equivocó, evidentemente. Ya sea que se trate de quien pretende liderarlos o quien no supo advertir la virulencia del reclamo con antelación, tienen sobre sus hombros una responsabilidad importante en los destrozos provocados al patrimonio del Estado y, además, por la situación de incertidumbre generada en toda la población.
Aunque sus reclamos por el pago de retroactivos resulten legítimos o el cumplimiento de promesas que algún funcionario les hizo para después de las elecciones represente un reclamo justo, no fue legítima la forma de reclamar ante la sede del Gobierno de todos los mendocinos.
¿Qué pasaría si cada uno de los acreedores de un Estado mal manejado hiciera lo propio? Sin dudas que reinaría el caos. Eso no le interesa a nadie que suceda (o no debería, al menos, interesarle a ningún sector democrático).
Por ello es necesario repudiar la metología empleada con fuerza junto con reclamar la apertura de los canales de previsión, prevención, diálogo, resolución de conflictos: de gestión, en síntesis, que corresponden.
La provincia está en problemas y no es un solo sector el más afectado. Por ello, en forma simultánea a insistir con la necesidad de que se avance en la estabilización financiera del Estado antes de que esta administración termine su mandato, hay que saber de qué manera canalizar las protestas.
Por cierto, también deberá verificar el propio Gobierno de qué manera previene o resiste, para no continuar cometiendo torpezas que desencadenen más violencia en lugar de llamar al diálogo constructivo.