opinión

¿El blanqueo de capitales libera de las sanciones penales cambiarias a los exportadores?

La motivación de la sanción de la ley 26.860 reside fundamentalmente en el propósito de “fortalecer el mercado interno”.

¿El blanqueo de capitales libera de las sanciones penales cambiarias a los exportadores?

Con la reciente sanción de la ley 26.860, de “Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior”,  y su puesta en vigencia  el pasado 1 de julio de 2013, el Gobierno Nacional  reedita  el denominado proceso de blanqueo de capitales, que tuviera lugar durante el año 2009. Si bien de la lectura de los considerandos del mensaje de envío del  proyecto por parte del Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, surge de modo expreso el objetivo perseguido por parte de la ley, resulta válido analizar asimismo el efecto que tendrá la norma respecto a las infracciones cambiarias en que hubiesen incurrido los exportadores,  por falta de ingreso y liquidación  del contravalor de las exportaciones realizadas en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) o bien por haberlo realizado tardíamente, conductas incriminadas expresamente por la Ley 19.359 y sus normas complementarias. Es oportuno recordar que dichas conductas ilícitas son  susceptibles de generar la instrucción de sumarios cambiarios por parte del BCRA y a la postre, la aplicación de severas sanciones pecuniarias y hasta privativas de la libertad por parte de la Justicia a la persona física o jurídica que hubiese cometido el ilícito o bien a los representantes legales, directores, síndicos y miembros del consejo de vigilancia de esta última en forma solidaria.

En efecto, la motivación de la sanción de la ley 26.860 reside fundamentalmente en el propósito de  “fortalecer el mercado interno” y  “emplear recursos líquidos ociosos, para financiar inversiones productivas y sociales que apuntalen el proceso de crecimiento…”. A tales fines la norma crea tres vehículos de canalización de la inversión y modo de acceder al blanqueo a través de su suscripción, el “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”, registrable o al portador, y el “Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”, ambos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el “Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)”, en dólares estadounidenses, nominativo y endosable,  a emitir y reglamentar por el BCRA.

Sabido es que  en una medida de  blanqueo justamente se persigue la atracción de capitales y fondos, bajo un determinado estímulo o incentivo temporal, lo cual normalmente se traduce en una amnistía que desincrimina aún con efecto retroactivo conductas que bajo condiciones ordinarias estarían penadas por el ordenamiento jurídico vigente.   El blanqueo  propiciado por el Gobierno Nacional en el año 2009 a través de la ley 26.476 inicialmente sólo liberaba quienes optaran por ingresar al mismo de las acciones penales, civiles y comerciales. La falta de previsión expresa de las sanciones previstas por el régimen penal cambiario, produjo en aquel momento innumerables opiniones que destacaban tal omisión y advertían que de no existir tal previsión legal expresa, el blanqueo fracasaría sin más, por subsistir para quien se acogía al mismo la posibilidad de ser sumariado y condenado por infracciones a dicho régimen. La mentada omisión fue posteriormente subsanada a través de la Procuración del Tesoro de la Nación quien advirtió la interpretación amplia que debía darse a la amnistía propiciada.

 A diferencia de aquella ley de 2009, la nueva disposición establece como contrapartida a la exteriorización voluntaria de la tenencia en moneda extranjera  y la suscripción de los correspondientes títulos emitidos en las condiciones establecidas por la reglamentación pertinente (Resolución General AFIP  Nro.3509/2012 , Comunicación A 5447 BCRA y   Resolución 256/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas)   la liberación  de las acciones  civiles, comerciales, penal tributaria , incluyendo esta vez en forma  expresa la acción penal cambiaria. En este último supuesto, con excepción de las infracciones consistentes en la conducta de haber realizado intermediación en cambios (vbg: compra y venta de moneda extranjera)  sin estar autorizado por el BCRA según la normativa vigente. Asimismo, ofrece también eximición de impuestos que hubiesen omitido declarar y abonar  según el detalle que la misma norma expresa.

Ahora bien, dado que la ley 26.860 solamente se refiere a la exteriorización de tenencia de moneda extranjera tanto en el país como en el exterior existente al 30/04/2013, sin precisar si la falta de ingreso o ingreso tardío de divisas por parte de los exportadores a la misma fecha resultan conductas susceptibles de ser abarcadas por la norma y gozar de sus beneficios; cabe analizar si se daría esta circunstancia.  De ser así, si la aplicación de la norma funcionaría con automaticidad o de pleno derecho. Muchos son los interrogantes que nos presenta la cuestión, y que ya ha motivado junto a prestigiosos colegas como los Dres. Jorge Riva y Graciela Álvarez Agudo, la intensa reflexión y el debate tendiente a resolverlo.

En principio, cabe advertir que el análisis realizado resulta acotado al momento de publicación de la presente columna, dado que por su naturaleza, la norma cambiaria resulta ser esencialmente proteica y movediza y susceptible de variaciones en el futuro cercano. Asimismo medidas económicas como la analizada, resultan ser perfectibles o complementadas en el transcurso del tiempo, al presentarse en la realidad nuevos presupuestos que requieran ser contemplados. Por otra parte,  la lógica  del razonamiento a efectuar no  puede ni puede  pretende abarcar la multiplicidad de situaciones que en la práctica puedan darse, las que en función de un asesoramiento profesional serio y especializado requieren ser cuidadosamente merituadas.

La redacción de la norma y la aplicación de principios legales vigentes nos persuade a sostener en forma afirmativa la primera de las cuestiones planteadas, es decir, el régimen de blanqueo sancionado podría incluir dichas situaciones de  falta de ingreso o ingreso tardío de contravalor en divisas por los bienes y/o servicios exportados. Ahora bien: tendría esta inclusión carácter plenamente operativo o automático?  La respuesta que sostenemos es -  a hoy- negativa. Resulta de la lectura de la totalidad de la normativa implicada que la aplicación y el acogimiento de los exportadores a los beneficios de este blanqueo en cuanto a la desincriminación de las conductas en las que  hubiesen incurrido requeriría  la instrumentación de un especial encause jurídico diseñado específicamente para cada caso en particular.

En síntesis: el blanqueo es hoy una realidad, una posibilidad legal que podrá traer importantes beneficios a los exportadores que hoy resultan incursos en los ilícitos cambiarios enunciados. Todo depende, como sucede a menudo en la generalidad de las situaciones, de la seriedad de su utilización y la estricta observancia de los mecanismos legales que en cada caso corresponda aplicar.

Marcela Ruiz Diaz, abogada especializada en Régimen Penal Cambiario

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