opinión

Vale y el fin de la promesa minera

El conflicto por el proyecto de Potasio suma antecedentes negativos para la minería en Mendoza. La batalla por los dólares y la energía.

Mendoza ha vivido el cielo y el infierno minero. Todos los conflictos, las tensiones y las polémicas. En tiempo record y sin mover una sola piedra del suelo. Lo ocurrido con el proyecto Potasio Río Colorado se convirtió en un caso paradigmático: fue anunciado como la inversión más grande de Argentina (y lo era) y pasó todos los controles y todas las etapas previas, técnicas y ambientales. Pero generó conflictos aún peores que los proyectos mineros metalíferos a los que muchos se oponen.

El abanderado del caos es la empresa brasileña Vale, que ayudó a que cayera el velo. A pesar de que los principales cuestionamientos a esos emprendimientos están relacionados con los temas ambientales, las preocupaciones principales parecen pasar por otro lado.

A la hora de conseguir la aprobación, Río Tinto primero y Vale después no pusieron reparos a cambiar el proyecto original para adecuarlo a las exigencias ambientales. Tampoco a contratar un equipo de paleontólogos para rescatar restos fósiles. Incluso a ser parte de las inversiones de YPF para poder extraer el gas que necesitaba. Pero cuando las ecuaciones financieras globales de la empresa se movieron en sentido negativo, todo cambió.

No es el cuidado del ambiente; no es el amor a la exploración; no es el ansia de descubrir cosas nuevas. El motor que impulsa a Vale, como a cualquier empresa, es el dinero; ni más ni menos. Y ese es el valor más difícil de negociar que tienen.

La empresa dejó colgados sin previo aviso público, a más de 5 mil personas, 41 empresas grandes y cientos de proveedores pequeños. El Gobierno tampoco tuvo los mecanismos de control efectivos.

Los escenarios sobre el conflicto real son diversos. Los dos más fuertes tienen que ver con la ecuación financiera de Vale (no de Potasio Río Colorado sino global) y el otro respecto a la presión que busca ejercer la empresa para obtener más beneficios. Como sea, la excusa oficial de la empresa suena ilógica: según las proyecciones Vale pensaba explotar la mina por 50 años, por lo que parece al menos llamativo que un vaivén coyuntural pueda afectar el proyecto. Incluso la construcción de la mina ya estaría cerca del 50% con una inversión ejecutada cercana a los 3 mil millones de dólares.

La partida

Ante un problema, la reacción de la empresa fue armar las valijas e irse. Las primeras señales de la vulnerabilidad del proyecto llegaron el año pasado. El reclamo de un centenar de trabajadores desocupados paralizó la mina y comenzaron a marcarse los agujeros en los mecanismos de control. Ahora el conflicto se transformó en la prioridad número uno para el gobernador Francisco Pérez. Lo llamativo es que no aparecieran antes: Vale tiene como política no “salir” a explicar nada en Mendoza. Pero los controles ambientales, económicos y sociales están en manos de la Dirección de Minería y la Secretaría de Ambiente de la provincia. Ninguna de las dos reparticiones alertó sobre lo que podría pasar.

La estrategia del Gobierno, diseñada por Casa Rosada, es apuntar a la empresa madre. Aseguran que Vale tiene una estrategia global en la que usan al proyecto de Argentina como chivo expiatorio y que quisieron financiar sus deudas con el Estado Argentino. Por eso enumeran los retrocesos de Vale en el mundo. En la lista mencionan la renuncia a la participación en la sociedad noruega Norsk Hydro; la venta de sus 19 buques de gran capacidad de carga, pertenecientes a Vale Max; la paralización del proyecto de níquel de Nova Caledonia en Brasil; el freno de la producción en plantas de pellets de hierro en Brasil y el retroceso en el proyecto de potasio en Canadá, con una inversión prometida y luego anulada de 3 mil millones de dólares (la mitad de Potasio Río Colorado).

El viernes pasado el ministro de Infraestructura Rolando Baldasso admitió que se trabaja en varios escenarios. Uno de ellos es sin la empresa Vale, aunque es el menos deseado porque la reapertura del emprendimiento demoraría mucho más. La empresa YPF colabora como asesora y también podría sumarse como parte del negocio. Lo que está descontado es que Emesa, la empresa provincial de energía, se sumará como socio.

Pero el problema a resolver es quien pone el dinero. Ni la provincia, no la Nación, ni YPF están en condiciones de ser financistas directos. Es más, el parate de Vale les genera a todos esos actores un problema financiero propio. En el caso de YPF, por ejemplo, Vale era quien financiaría la extracción de gas no convencional del yacimiento Vaca Muerta. Justamente esa es una de las disputas de fondo: la batalla por la energía que necesita Potasio Río Colorado y cómo se financia. El proyecto necesita una cantidad descomunal de gas para funcionar. Y para extraerlo la apuesta era la ejecución del primer proyecto de explotación no convencional, exprimiendo la piedra del subsuelo. Hay quienes piensan que en el fondo entre Vale y el Gobierno hay una guerra por la energía.

El fin de la promesa minera

Si algo le faltaba a Mendoza para poner un reparo más a la minería era que el único proyecto en ejecución tuviera un problema. Y ocurrió. La minería es impulsada y tenida en cuenta al más alto nivel de mando como una salida a largo plazo para la economía de Mendoza. Oficialistas y opositores coinciden, fuera de micrófono, en impulsar la actividad. Pero el contexto les marca otra cosa.

A Potasio Río Colorado le precedieron otros conflictos. El más tangible es el de Sierra Pintada, donde también porque la ecuación financiera no cerraba el Estado lo abandonó, dejando pasivos ambientales en San Rafael y Malargüe que aún no son saneados.

Luego, con el boom de la minería en el resto del país, muchas empresas pusieron el ojo en Mendoza. La presión social generó la sanción de la ley 7722, que puso freno a la mayoría de esos proyectos. Y la minería pasó a ser un trabajo de abogados. El proyecto San Jorge sorteó casi todas las etapas previstas por la ley, incluida la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ejecutivo, aunque con una infinidad de reparos. La Legislatura lo desaprobó, también con una fuerte presión social.

Ahora Potasio Río Colorado fue “colgado” a medio camino, dejando incertidumbre y tensión. Así, parece cada vez más difícil legitimar una actividad que es promocionada como usa salida para diversificar la economía de Mendoza, pero que en el camino suma antecedentes negativos.

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