Pérez tendrá que refundar el “gobierno del agua”

El Departamento General de Irrigación ha devenido en el escenario de disputas de la pequeña política que, al fin de cuentas, dan por tierra con el objetivo superior que la Constitución provincial le encomienda. El nuevo gobernador tiene en sus manos una tarea que pondrá a prueba su capacidad de liderazgo.

Sólo cuando falta el agua nos damos cuenta de su importancia. Hoy, si cruzamos por alguno de nuestros ríos, tomaremos cuenta de la trascendencia del tema: están secos.

Es probable que el contacto con la escasez  hídrica nos resulte más urbano: cuando en pleno verano abrimos la canilla y no sale nada o poco.

Aquí cabe recordar que la carencia de inversiones en la red de agua potable ya ocasionó la estatización de Obras Sanitarias Mendoza, ahora denominada Aysam o Aguas Mendocinas. Cuenta, para llevar adelante su tarea, con una infraestructura obsoleta e insuficiente.

Pero el agua no es sólo lo que consumimos, sino también el combustible que hace funcionar el motor productivo para una provincia como la nuestra.

Es en este marco que asistimos, por estos días, al cruce de informaciones y sospechas en torno al manejo del agua desde el Departamento General de Irrigación.

Su titular, Eduardo Frigerio, será sometido a juicio como funcionario con rango constitucional, acusado de graves casos de corrupción y por el manejo arbitrario de esta importante área para Mendoza.

Siempre se ha dicho que Irrigación es "una gobernación" en sí misma. De hecho, cuando se habla de sus funciones, se las menciona como “el gobierno del agua”. Por ello, la trascendencia en la estructura institucional de Mendoza, una provincia semidesértica, es mayúscula.

¿Qué podemos esperar que cambie en el año que le queda por delante a la gestión de su actual administrador, en medio de estas acusaciones y ante una realidad que deja en evidencia que la provincia no se ha dado la estrategia que los tiempos marcan para la administración de este recurso imprescindible?

Más allá de cómo se resuelva finalmente el Jury,  la administración del agua ha quedado sumida en una crisis política. 

Atravesada por la gravedad de las acusaciones y justo en medio de una emergencia hídrica, es indispensable  que el objetivo por el que Irrigación fue creado sea reivindicado como tarea central de la política.

El nuevo gobierno provincial, encabezado por Francisco Pérez, deberá reconstruir por completo la política hídrica, no entregándola como botín a quienes pretenden hacer política con esa área y refundándola sobre la base que la Constitución supo prever: lejos de las decisiones cortoplacistas de la política.

El Departamento General de Irrigación fue creado hacia 1894, el principal antecedente del actual organismo, y que surgió luego de que el gobierno de Arístides Villanueva elevara a la Legislatura un proyecto de Ley de Aguas que esperó su sanción definitiva hasta el gobierno de Rufino Ortega.

La Constitución de 1916, vigente en la actualidad, como lo habían hecho antes las de 1894 y 1900, mantuvo aquella Ley de Aguas con rango constitucional y, con la Ley Complementaria 322 determinó que el recurso hídrico es de dominio público.

De acuerdo al régimen vigente desde 1905, el DGI se encuentra conformado por tres órganos distintos y con diferentes competencias: la Superintendencia General de Irrigación, el Honorable Tribunal Administrativo y el Honorable Consejo de Apelaciones.

El Tribunal Administrativo ostenta ciertas facultades legislativas y de control sobre las autoridades de cauce. El Consejo, revisa administrativamente los decisorios originales del superintendente, garantizando el principio de la doble instancia.

La superintendencia es la máxima autoridad ejecutiva del organismo, y de ella dependen los subdelegados de Aguas, los que efectúan la administración de cada cuenca.

Hoy el responsable del máximo cargo está bajo cuestionamiento, lo que no representa un dato menor.

Todo indica que con el paso del tiempo se fue permitiendo que la política menor  se apropie de una institución que debería estar a la misma altura institucional que la propia gobernación, y con un nivel de controles y transparencia por lo menos idénticos.

Es importante destacarlo: se ha ejecutado, en los últimos años, un importante plan de obras que, indudablemente, ha quedado oculto públicamente frente a la dimensión de la emergencia hídrica sufrida por la Provincia en 2010.

Y ha sido precisamente la situación generada por la ausencia de agua en una provincia que no puede funcionar sin ella la que despertó conflictos entre regantes y que generó las investigaciones por el otorgamiento de permisos por parte de Irrigación. Las suspicacias están a la orden del día y terminan por reclamar una mayor transparencia en la toma de decisiones y en el avance del plan de obras.

Lejos de los pronósticos agoreros en torno a que la administración de la escasez del agua generaría  “guerras” e “invasiones”, aquí lo que ha sucedido es una implosión: nadie más que la propia administración del agua, quienes eligen y controlan a sus funcionarios y los que aceptan sus reglas (las públicas y las no tan públicas) son responsables de la crísis.

El agro se lleva el 85 por ciento del agua disponible en Mendoza. Y lo que hace falta para que ni el agro ni ninguna otra actividad humana se vea resentida al extremo por la carencia del recurso vital es trabajar en una verdadera política de estado, con una planificación en varios pasos y que involucre no sólo a los interesados, sino que comprometa a toda Mendoza, sus instituciones públicas y privadas y a los líderes de los partidos políticos.

En este marco,  Eduardo Frigerio –además de responder y defenderse de las acusaciones-  podría  acompañar el proceso con un gesto de grandeza.  Ello no implica, por lo menos de nuestra parte, abrir un juicio definitivo sobre la veracidad de las acusaciones. Pero sí el reconocimiento de que la actual gestión está debilitada  desde el punto de vista político. Difícilmente en estas condiciones pueda acompañar al nuevo gobierno en los cambios estratégicos que la política del agua requiere.

No se trata tampoco de dejarle al nuevo gobierno “las manos libres”. Lo que Mendoza merece es poner toda su fuerza en la construcción de un nuevo “gobierno del agua” moderno, transparente y con un claro sentido estratratégico.

Y para que ello ocurra, debemos colocar  todos nuestra lupa sobre la modernización de la Ley de Aguas, la composición clara y legítima del organismo,  su funcionamiento, decisiones y planes estratégicos.

Hubo una vaga respuesta e idéntico nivel de compromiso del ahora gobernador electo para con Irrigación. Al responder el cuestionario sobre política ambiental que le acercó la Fundación Cullunche durante la campaña, esto le preguntaron y esto respondió:

- ¿Qué política ha pensado respecto a Departamento General de Irrigación? Esto por las diferentes autorizaciones que se han venido otorgando para el uso del agua lo cual ha traído un mal uso del recurso. ¿Qué ha pensado respecto a la gestión del recurso agua?

- Dada las particularidades de autonomía de gestión que la propia Constitución de nuestra provincia le otorga al Departamento General de Irrigación,  el Poder Ejecutivo puede en este punto, promover el abordaje  de manera coordinada  de una política integral respecto a la utilización de los recursos hídricos.

La única propuesta que consignó en su sitio web fue: "Fomentar la incorporación de sistemas tecnificados de riego e irrigación a  través de préstamos con tasas subsidiadas, con aportes no reintegrables y consorcios de riego".

Está, entonces, la oportunidad de convocar a todos: a los muchos que saben, a los que tienen vocación transformadora, a quienes no sólo reclaman el cumplimiento de sus derechos sino que están dispuestos a someterse a las obligaciones que una crisis impone.

La que se inicia es una oportunidad histórica para que el Departamento General de Irrigación deje de ser un bastión político tanto para oficialismo y oposición, como para regantes que se prestan y sacan provecho de sus juegos.

El “gobierno del agua” debe ser dirigido por los mejores. Para ello, hace falta un renunciamiento de toda la clase política a  intenciones menores.

Y eso está en manos del nuevo gobernador.

Opiniones (6)
25 de abril de 2018 | 02:54
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25 de abril de 2018 | 02:54
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  1. PARA REFUNDIR QUE PARA REFUNDAR!!!
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  2. espero que tengas lo que hay que tener para enfrentar al caballo .
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  3. PORQUE NO AVERIGUAN, CUANTO COBRABAN POR LA HABILITACION DE CADA PERFORACION QUE ESTABA FUERA DE LAS NORMAS. HAY MUCHOS NEGOCIOS OSCUROS. SE HAN PERDIDO O BORRADO PRUEBAS.-
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  4. No fue que se mezcló la mala política con Irrigación, nuestro Celso sabía perfectamente lo que hacía. Jaque, a consciencia, entregó el DGI a un grupo de ladrones corruptos, como botín de guerra.
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  5. quieren agua y quieren mineria .......... ponganse de a cuerdo .... aunque todos sabemos que es inviable (no tiene posibilidades de llevarse a cabo) ponen en CONTRAPUESTO queremos agua y queremos mineria y no se puede .............. EL AGUA ES VIDA CUIDEMOSLA!!!!!!!!! NO A LA MINERIA
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  6. Y si prueban poniendo gente decente?
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