opinión

Protección internacional para los medios de comunicación

Si hay un continente en el que la libertad de prensa está amenaza, es nuestra querida Latinoamérica. Las violaciones a la misma se dan en sus más variadas formas, desde el asesinato de periodistas, hasta el abuso en la asignación de publicidad oficial, pasando por la prohibición absoluta de contratar publicidad electoral.

Al combo anterior se añadía, en nuestro continente, una anticuado diseño de los mecanismos encargados de la protección de los derechos fundamentales. El Sistema interamericano de protección de derechos humanos, conformado por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, contaba con dos reglas muy rígidas, aplicadas con un formalismo excesivo.

La primera de ellas es la regla del previo agotamiento de los recursos internos. Esa regla establece que la víctima de una violación a un derecho humano, para acudir a solicitar la protección de un órgano internacional, debe previamente intentar todas las vías procesales que prevé el ordenamiento jurídico interno de su país antes de suscitar la jurisdicción internacional. De esta manera se garantiza que el Estado pueda “lavar los trapos sucios en casa”, si pone remedio efectivo a la violación, y de esa manera no obliga a sus ciudadanos a tener que recurrir a estrados tan lejanos.

La segunda regla, inexistente en sistemas más modernos –como el europeo- es aquella que prohíbe el acceso a los tribunales internacionales a las personas jurídicas, por entender que las mismas no son titulares de derechos humanos.

La conjunción formalista de ambas normas dejó, durante décadas, sin tutela efectiva a una gran cantidad de derechos, y en especial a la libertad de expresión. Pues si se daba el caso de un gobierno de signo totalitario que, para acallar voces opositoras, disponía el cierre de un canal de televisión, o simplemente no renovaba la licencia radial de una emisora disidente, la empresa titular no podía plantear su caso ante la Comisión Interamericana (CIDH) pues era una persona jurídica. Y si quienes lo intentaban eran sus dueños o los periodistas que trabajaban en el medio, invocando su derecho a expresarse a través de dicho canal, se les negaba también el acceso a la instancia internacional, por aplicación de la otra regla, la del agotamiento de los recursos internos. Eso ocurría porque ellos no habían sido quienes habían intentado los recursos ante los tribunales del país. Como quien había sufrido el perjuicio era la persona jurídica, la persona jurídica era quien se había defendido (o lo había intentado) en las cortes locales. Con lo cual se les imponía a los periodistas, editores, jefes de programación y/o accionistas de los medios, una carga de cumplimiento imposible. Y por aplicación de una regla o la otra, la libertad de expresión quedaba sin protección.

Afortunadamente la jurisprudencia evoluciona. En el último período de audiencias públicas de la CIDH, se declaró admisible un caso con una persona jurídica. Se trata del caso “William Gómez Vargas” contra Costa Rica. En el caso, se había impuesto una multa abusiva y arbitraria al Diario Extra, por una publicación que molestó a ciertos personajes públicos. La multa que afectó la libertad de expresión fue impuesta a una persona jurídica –la Sociedad Periodística Extra, Limitada-, y no al Jefe Editorial que da nombre al caso. Sin embargo, la resolución, que promete ser un leading case, sólo exige que se demuestre que “detrás” de la empresa de comunicación existen personas físicas ejerciendo sus derechos, en cuyo caso no impone el obstáculo de que las mismas prueben que han agotado los recursos internos.

Con este precedente, la CIDH abre la posibilidad de que un sinfín de violaciones encuentren su reparación y que muchos gobiernos cesen en su hostigamiento a las empresas de comunicación. Siendo que actualmente muchas prestaciones de comunicación social son imposibles de brindar sin la estructura y complejidad que brinda un medio colectivo de comunicación, no proteger a las personas jurídicas sería negar la libertad de expresión.
Buenas noticias para la libertad de prensa en las Américas, y fin de la impunidad estatal.

(*) El autor es abogado dedicado al litigio internacional en derechos humanos, socio de Southern Lights Group, www.slg.la

Opiniones (1)
27 de mayo de 2018 | 23:27
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27 de mayo de 2018 | 23:27
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  1. Entonces ahora veremos si realmente tienen razón los "medios" cuando consideran vulnerado su derecho de expresión. Ya no les quedan más artilugios para dejar flotando la idea que su derecho a la libre expresión ha sido vulnerado y que no se les permite defenderlo. Ahora pueden. Espero que lo hagan y "sepamos la verdad". Si no lo hacen será entonces porque no tienen razón y no porque no los dejan. Excelente noticia. A esperar los miles de reclamos entonces y a ver qué fallos vendrán, por el bien de la justicia, de la libertad y, por sobre todo, "de la verdad" ¿no es cierto?
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