opinión

¿Puede Obama elevar el techo de deuda por sí mismo?

Mientras el fiasco del techo de deuda continúa sin resolverse y se torna cada vez más peligroso, sin acuerdo a la vista entre la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, una oscura y olvidada cláusula constitucional ha concitado la atención de todos. La XIV enmienda a la Constitución, adoptada tras la Guerra civil, estipula que "la validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por ley [...] no deberá ser cuestionada" ¿Significa esta cláusula que en las actuales circunstancias es inconstitucional que el Congreso se niege a elevar el techo de deuda -esto es, la cantidad que la nación puede pedir prestada legalmente- y que el Presidente queda, en consecuencia, autorizado por la Constitución para contraer préstamos bajo su exclusiva responsabilidad? La autorización del Congreso todavía en vigor expira el próximo 2 de agosto. No está nada claro lo que podría ocurrir con nuestra economía si dicha autorización no se renueva antes de esa fecha. Parece bastante probable, en cualquier caso, que si el Presidente no actúa por sí mismo el país debería declarar el default sobre los bonos del tesoro y otras obligaciones legales, incluyendo los pagos debidos a millones de ciudadanos en concepto de Seguridad Social.

La cláusula conforme a la cual "la deuda no deberá ser cuestionada" fue añadida a la XIV enmienda con un propósito específico e inmediato: impedir que los nuevos representantes sureños al Congreso pudieran, en caso de obtener la mayoría, cancelar la deuda en la que la Unión había incurrido durante la guerra. La interpretación constitucional, sin embargo, no es un catálogo de anécdotas históricas. Es una cuestión de principio, de ahí que estemos obligados a identificar el principio al que los autores de dicha cláusula pretendían apelar. Como bien señaló el juez Charles Hughes en 1935, hablando en nombre de una Corte Suprema con una posición unánime en el asunto, "si bien este precepto obedecía indudablemente a la voluntad de colocar fuera de cuestión las obligaciones contraídas por el gobierno durante la Guerra Civil, su lenguaje tiene una connotación más amplia. Puede entenderse, de hecho, como la confirmación de un principio fundamental...".

Los contornos generales de dicho principio parecen suficientemente claros. El Congreso carece de autoridad, aunque exista una mayoría relevante, para deshonrar a la nación y repudiar deudas incontestables que le ha autorizado a contraer. La integridad fiscal de los Estados Unidos es sagrada  y exige protección constitucional. La cuestión es: ¿Se aplica este principio a la crisis del techo de deuda?

Por supuesto, este principio no impide que el Congreso se niegue a autorizar nuevas obligaciones. Es obvio, asimismo, que el legislativo puede modificar e incluso derogar prestaciones de la Seguridad Social o de Madicare de cara al futuro. Pero lo que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes pretende va más allá: es impedir que el país pueda cumplir con deudas debidamente autorizadas en el pasado, que siguen legalmente autorizadas hoy, a menos que los demócratas y el Presidente acepten una reducción radical de servicios públicos esenciales a la que de otro modo no accederían. Esto es un chantaje en toda regla al honor nacional. Y amenaza con desencadenar una cesión de pagos forzosa proscrita por el propio principio que subyace a la cláusula de la deuda. Yo creo que la mejor interpretación de dicha cláusula en términos de principio exige reconocer al presidente autoridad para ignorar ese chantaje y pedir prestado lo necesario para cumplir con las obligaciones legales de la nación.

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21 de abril de 2018 | 13:40
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