opinión

El sistema de elección presidencial en la Constitución de 1994

Una artículo de fondo en torno al sistema presidencial y el balotaje o ballotagge, preparado por Víctor Ibañez.

El sistema de elección presidencial en la Constitución de 1994

I. Algunas referencias a modo de antecedentes

 

En las últimas décadas los países latinoamericanos gradualmente han ido abandonando sus tradicionales sistemas de elección presidencial de mayoría simple o colegio electoral para adoptar sistemas de elección directa con umbral fijo y segunda vuelta con nueva elección directa.

 

En términos estrictos la idea de "doble vuelta" se aplica también a sistemas que realizan la segunda elección a través de un procedimiento indirecto. Los ejemplos clásicos de doble vuelta indirecta son los previstos en la Constitución chilena de 1925 y las constituciones bolivianas de 1967 y 1994, que permitieron la elección del presidente por los miembros del Congreso en caso de que ningún candidato inicialmente alcanzara la mayoría.

 

La idea del ballotage -empleado en Francia- se aplicó a sistemas de elección directa con un umbral del 50%, aunque eventualmente el concepto se extendió a sistemas de doble vuelta directa con umbrales inferiores.

 

Midón nos dice que este sistema de ballotage: “En la versión actual apareció plasmado por vez primera hacia 1.852, durante el segundo imperio de Napoleón III en Francia, pero tuvo vigencia sólo a partir de la III República. Rastreando antecedentes -continúa diciendo el autor- lo encontramos en Bélgica y Holanda en 1.899 y 1.917, respectivamente; al igual que en Austria, desde 1.829 y Portugal desde 1.976”. [1]

 

Tal como señalábamos anteriormente, en el año 1979 sólo dos países latinoamericanos -Costa Rica y Ecuador- utilizaban el sistema de doble vuelta directa para la elección presidencial siendo a la fecha doce (12) países más (Argentina, Paraguay, Haití, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay) los que lo han receptado en sus cartas. [2]

 

                                               La elección que llevó a Néstor Kirchner a la presidencia de la República Argentina fue la quinta efectuada dentro de las previsiones del sistema mayoritario de ballotage en la historia nacional.

 

Bueno es recordar que la enmienda de 1.972 introdujo en nuestra Constitución nacional el sistema del ballotage francés que exigía para evitar una segunda vuelta que la fórmula presidencial obtuviera la mayoría absoluta de sufragios válidamente emitidos, es decir, más del 50%.

En el año 1.973 -vigente este sistema- la fórmula                Cámpora - Solano Lima (que obtuvo el 49,59% de los votos) se impuso a la fórmula Balbín - Gamond (que obtuvo el 21,30% de los votos) pues esta última renunció a la segunda vuelta. [3]

 

En setiembre de ese mismo año, luego de la renuncia de  Cámpora y Solano Lima la ciudadanía fue nuevamente convocada a elecciones utilizándose el sistema de doble vuelta. La fórmula Juan Domingo Perón - María Estela Martínez de Perón obtuvo más del 60% de los sufragios, evitando así tener que someterse al ballotage.

 

Dos décadas más tarde este sistema electoral fue uno de los aspectos del acuerdo Menem – Alfonsín -conocido como Pacto de Olivos-, antecedente inmediato de la reforma constitucional llevada a cabo en el año 1.994 [4] que introdujo el sistema de elección directa a doble vuelta ó ballotage en nuestra carta nacional.  

 

Vigente este sistema Carlos Menem obtuvo su reelección en el año 1.995 y Fernando De la Rúa triunfó en 1.999, ambos en primera vuelta pero sin llegar ninguno a reunir el 50% de los sufragios.

 

II. La reforma constitucional de 1.994

 

La ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución nacional en su art. 2º habilitó como uno de los puntos prioritarios la modificación del sistema de elección presidencial prescribiendo en el apartado e) del "Núcleo de Coincidencias Básicas" que: “El Presidente y el Vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta…. A este fin el territorio nacional conformará un distrito único. La elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio. La segunda vuelta electoral se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días.

 

Sin embargo, cuando la fórmula que resulte ganadora en la primera vuelta hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como Presidente y Vicepresidente de la Nación. También lo serán si hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor a diez puntos, porcentuales, respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos…”

 

El texto referido pasó directamente a los actuales artículos 94 a 98 de la Constitución nacional que vinieron así a reemplazar el sistema de elección indirecta trazado por los arts. 81 a 85 de la Constitución de 1.853/60. [5]

 

Cierto es que la institución del colegio electoral -forma tradicional de elección indirecta- perdió a lo largo del siglo veinte su significación histórica y ha sido gradualmente eliminada en toda América Latina, subsistiendo sólo en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si bien el presente trabajo pretende acercar algunas reflexiones sobre el nuevo sistema referidas a la doble vuelta ó ballotage no debemos olvidar dos aspectos fundamentales que trajo aparejada la reforma.

 

Por un lado, y tal como señaláramos, la elección dejó de ser indirecta para pasar a ser directa a cuyo fin el territorio nacional conforma un distrito único (art. 94 de la C.N.). Esto ha merecido importantes críticas toda vez que en la práctica la importante concentración poblacional asentada en la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba asegura a estos distritos más del 65% de la decisión nacional, por lo que se ha resentido así nuestro sistema federal. [6]

 

No deja de ser cierto que el procedimiento de elección directa es más democrático pero, al suprimirse la intermediación de los electores, se ha quitado peso a la representación provincial en la designación del Presidente y del Vicepresidente. [7]                        

Por otro lado, el actual art. 95 prescribe que la elección se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio, lo que ha llevado a sostener a Dromi - Menem que: “La versión histórica del art. 81 obligaba a los electores a reunirse en la Capital de la Nación y en las de sus respectivas provincias, cuatro meses antes de que concluyera el mandato del presidente en ejercicio. Significaba ello que la elección ya debía haberse realizado dos o tres meses antes, con lo cual se elegían electores para definir la elección presidencial, entre los seis o siete meses anteriores a la cesación del mandato. La Constitución renovada…da mayor proximidad entre la elección y la asunción del nuevo presidente. El acortamiento de los plazos es -a juicio de los autores- signo…de eficacia y razón de consenso, porque…con una elección anticipada la coexistencia de un presidente trabajando y otro electo esperando, provoca una disminución en la eficacia del   poder”. [8]

 

Creemos que asiste razón a los autores respecto del viejo sistema de elección presidencial en el cual podía producirse esa disminución en la eficacia del poder pues no debemos olvidar la imposibilidad de la reelección inmediata que tenían nuestros presidentes hasta el año 1.994. Sin embargo, con la sustancial modificación introducida por el constituyente que posibilita la reelección por un período consecutivo (art. 90) el diseño constitucional conlleva un acrecentamiento del poder del presidente en ejercicio que cuenta con el aparato estatal para sostener su campaña electoral.

 

III. Doble vuelta: finalidad y mayorías [9]

 

Sabemos que todo sistema electoral destinado a regular la elección de un presidente debe atender dos problemas fundamentales: 1) el carácter directo o indirecto de la elección y 2) el establecimiento de un umbral electoral de legitimidad.

 

El primer asunto consiste en estipular si el electorado, en un solo distrito nacional uninominal, vota directamente por el candidato de su preferencia o si los sufragios se destinan a elegir un cuerpo colegiado que selecciona al líder del ejecutivo y el segundo problema consiste en estipular la proporción de votos que se consideran "suficientes" para formar un gobierno. [10]

 

Sobre el primer punto ya hemos efectuado algunas apreciaciones. Respecto a la proporción de votos que se consideran "suficientes" para formar un gobierno cabe reparar en que este criterio apunta a establecer un umbral electoral de legitimidad que garantice la autoridad del presidente electo.

 

Históricamente, tres principios han regulado la definición de este umbral: la regla de la competencia (el candidato con un mayor número de votos es el legítimo ganador), la regla de la mayoría (el candidato con más del 50% de los votos es el legítimo ganador), y el principio mixto, por el cual el candidato más votado adquiere la presidencia siempre y cuando cumpla con un requerimiento mínimo (por ej. 40%) o mantenga cierta distancia de su competidor (por ej. 10%). El primer principio naturalmente conduce a un modelo de mayoría relativa en el cual el umbral es móvil mientras que los criterios de mayoría y mixto establecen umbrales rígidos. [11]

 

Con el establecimiento de un umbral rígido surge un tercer problema: ¿qué hacer cuando ningún candidato alcanza el mínimo previsto? La respuesta histórica ha sido la organización de una segunda vuelta electoral restringiendo el número de participantes. La realización de una segunda vuelta reabre la cuestión de establecer si ésta debe ser directa o indirecta y -si hay más de dos candidatos ó fórmulas- del nuevo umbral legitimador. Cualquiera sea la solución adoptada, con la segunda vuelta se abre la posibilidad de la reversión del resultado generando un ganador diferente al que hubiese triunfado de aplicarse la regla de mayoría simple en la primera vuelta. [12]

 

El sistema de doble vuelta ó ballotage tiene por finalidad asegurar un grado aceptable de consenso y legitimidad respecto de quien ejerce la primera magistratura según sea el máximo de votos exigibles para evitar la segunda ronda electoral, fortaleciendo así la gobernabilidad democrática.

                                               Por otro lado, el sistema se propone también extender el perímetro de libertad del elector, pues como señala Midón: “La práctica del instituto enseña que el votante, generalmente conocedor de la imposibilidad de que en la primera vuelta un partido reúna suficiente mayoría, sufraga libremente por cualquier expresión política, sin temor a ver perdido su arbitrio. Al fin y al cabo, dispondrá de una segunda vuelta que definirá la cuestión”. [13]

Es por ello que Bidart Campos tomando la expresión acuñada en Francia nos dice que: “…en el primer comicio el elector opta libremente por la fórmula o los candidatos que realmente prefiere -vota con el corazón-, y que en cambio en la eventual segunda vuelta reflexiona racionalmente para escoger una de entre dos fórmulas  -vota con la razón-…”. [14]

                                               Ambas finalidades fueron tenidas en vista por la Convención Constituyente de 1.994. En este sentido el convencional Alfonsín refiriéndose al punto señaló: “El ballotage sirve a dos propósitos: en primer lugar es útil para desempatar preferencias políticas muy parejas, cuando ninguna de ellas alcanza la mayoría absoluta de los votos emitidos. En segundo lugar, permite que la ciudadanía exprese sus preferencias negativas respecto de algún candidato y que se formen amplias coaliciones asegurando a un grupo importante de electores, la elección del segundo mejor…La segunda vuelta opera como un incentivo cooperativo entre las distintas fuerzas políticas, sobre todo para las mayoritarias, quienes deberán asumir compromisos con las minorías políticas afines, con el objeto de lograr consensos más amplios. En otras palabras, la llegada al poder presidencial implicará negociar el programa de gobierno con grupos políticos más reducidos, en ocasiones incorporándolos al gabinete o formando con ellos una coalición mayoritaria capaz de sostener al jefe de gabinete que elija el presidente”. [15]

 

Respecto de la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta y que a la postre trasluce el umbral legitimador, la Convención constituyente de 1.994 se apartó de los antecedentes internacionales (que exigen la mayoría absoluta) y de la propia experiencia nacional y al modificar el sistema de elección presidencial introdujo la doble vuelta bajando sensiblemente el porcentual mínimo para obtener el cargo ya que exige, para ser proclamados como Presidente y Vicepresidente de la Nación, que la  fórmula que resultare más votada en la primera vuelta obtenga más del 45% de los votos o el 40% por lo menos de los votos y que exista una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos obtenidos por la  fórmula que le sigue.

 

                                               ¿Qué motivó la adopción de un criterio sui generis en nuestro sistema de doble vuelta en punto a las mayorías exigidas?

 

                                               Lo primero que debemos recordar es que tal como señala García Lema: “…el contenido de la reforma respondió a ciertas motivaciones de coyuntura política y a otras de índole más estructural que intentaban concretar un diseño institucional para el mediano y largo plazo. Las primeras, giraron en torno de la posibilidad de reelección que se le abría al presidente Menem y las concesiones que éste hacía, a cambio de ello, a Alfonsín, como líder de la oposición. Las segundas, originaron modificaciones en las instituciones constitucionales no directamente vinculadas con el proceso de reelección presidencial…A las motivaciones de coyuntura política respondieron los contenidos que fueron negociados y pactados directamente por aquellos dos dirigentes, aún antes de la celebración del denominado Acuerdo de Olivos, a saber: a) la habilitación de la reelección del presidente Menem por un período; b) la elección directa por doble vuelta del presidente y vicepresidente de la Nación…”  [16]

 

                                               El mismo autor nos trae los argumentos que abonaron la adopción de las mayorías consagradas en nuestro actual texto al señalar que: “El Consejo para la Consolidación de la Democracia y la comisión del radicalismo se pronunciaron…por la elección directa, si bien ambos plantearon su combinación con el sistema de ballotage ó doble vuelta.

 

                                               El justicialismo tenía una posición adversa a la doble vuelta, basada en una serie de razones. La primera de ellas era que el problema del ballotage debería ser apreciado dentro de las condiciones en que se desenvolvía el sistema de partidos…de la experiencia…podía extraerse…que nuestro país había consolidado un régimen político primordialmente bipartidista…En estas condiciones la implementación del ballotage supondría que fuerzas políticas poco significativas…pudiesen tener una capacidad de presión y negociación a la hora de brindar sus apoyo antes de la segunda vuelta…que podría superar ampliamente el peso electoral que reúnen…

 

                                               En el problema del “ballotage” se halla en juego la libertad que pueda poseer el partido mayoritario…para implementar sus programas mediante el ejercicio del Poder Ejecutivo…Por estas razones la comisión justicialista propuso…la elección directa…a simple pluralidad de sufragios…El radicalismo partía de una hipótesis de máxima del cincuenta más uno por ciento de los votos…En una posición de mínima, aceptaba fijarlo en el cuarenta y cinco por ciento de los votos. El justicialismo sólo aceptaba la doble vuelta si no se alcanzaba el cuarenta por ciento de los votos…que atendía a un importante antecedente: una propuesta de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos suprimiendo el Colegio Electoral…planteada en 1.969…y reiterada en 1.977…que había previsto el ballotage entre los dos candidatos más votados de no alcanzarse el cuarenta por ciento de los votos. El interés de la iniciativa para nuestro medio reside en que provenía de un sistema que funcionaba en términos de un bipartidismo similar al argentino…En la tercera etapa de las negociaciones…se incluyó este aspecto de la reforma en el Núcleo de coincidencias básicas y se obtuvo una transacción entre las respectivas posiciones.” [17]

 

                                                Coincide Midón con lo expresado sosteniendo que la rareza del sistema adoptado reconoce su génesis en el Pacto de Olivos, pues el promotor de la reforma -Carlos Menem- no era partidario el ballotage a diferencia de la oposición. Es por ello que el autor habla de un “ballotage acotado, disminuido” que conlleva el riesgo de desnaturalizar el sistema. [18]                     

               

IV. Los pro y los contra del sistema de doble vuelta

 

Puestos a valorar la reforma consagrada en 1.994 al sistema de elección presidencial podemos decir que en general los defensores del sistema de doble vuelta destacan dos ventajas fundamentales de este procedimiento. En primer lugar, que fortalece la legitimidad del presidente electo, no solamente porque garantiza la superación del umbral electoral sino también porque permite que el electorado mismo dirima la contienda en forma directa. En segundo lugar, el sistema tiende a fortalecer la gobernabilidad democrática, al garantizar un presidente con amplio respaldo popular y a promover la formación de coaliciones electorales entre la primera y la segunda vuelta que fácilmente podrían transformarse luego en coaliciones de gobierno. [19]

 

Por el contrario, sus críticos sostienen que existe la posibilidad de que el sistema de doble vuelta promueva, en forma indirecta, problemas de gobernabilidad en lugar de resolverlos pues aunque las elecciones legislativas y presidenciales sean técnicamente simultáneas, la elección legislativa se define en la primera ronda, lo que prácticamente garantiza que el presidente electo en segunda vuelta (esto es, que no ha alcanzado una mayoría electoral inicialmente) carecerá de respaldo legislativo mayoritario. Este problema podría resolverse si la doble vuelta efectivamente incentivara la formación de coaliciones políticas sostenibles. [20]

 

                                               Lo cierto es que la realización de una segunda vuelta no altera el resultado inicial en aquellos casos en los que el ganador de la primera vuelta es considerado por una mayoría de los votantes como "el mal menor"; pero se presenta como imprescindible cuando una mayoría del electorado comparte un "consenso negativo" en contra de este candidato. Solamente una segunda vuelta permite al electorado articular una nueva mayoría y evitar el ascenso de un candidato impopular. En estas situaciones se produce la reversión del resultado inicial. [21]

 

La reversión indica claramente que el candidato que hubiese sido electo bajo un sistema de mayoría simple cuenta con la oposición de un sector mayoritario de la población. Por otra parte, los problemas de gobernabilidad para el nuevo presidente surgen claros pues, en primer lugar, el resultado electoral es producto del "consenso negativo". La mayoría artificial, creada en un contexto de polarización previo a la segunda vuelta, genera un falso sentido de respaldo público para el nuevo presidente, quien rápidamente puede verse abandonado por la opinión pública. Al mismo tiempo la oposición -que ha triunfado en la primera vuelta- tiende a controlar una bancada legislativa más fuerte que la del partido gobernante. [22] La potencial crisis de gobernabilidad sólo puede evitarse cuando los líderes partidarios son capaces de forjar verdaderas coaliciones de gobierno.

 

                                               V. El ballotage y el régimen constitucional argentino

 

               Nos toca ahora lo más difícil pero lo más importante: analizar si el sistema adoptado para la elección de nuestro poder Ejecutivo puede adecuadamente cumplir con las finalidades que en general le son asignadas, y en su caso, revisar la forma en la que fue introducido a nuestra Carta nacional y la experiencia histórica que nos sirve de gabinete. En pocas palabras recordar a Solón cuando preguntado acerca de cuál es la mejor Constitución hubo de responder: “decidme primero para qué pueblo y para qué época”.

 

               Vanossi advirtió brillantemente que la filosofía subyacente a la reforma de 1.994 podía resumirse en dos doctrinas: la de la intemperie y la del fusible y nos dice: “La doctrina de la intemperie sostiene…que en el régimen constitucional argentino es menester amortiguar los conflictos entre gobierno y oposición, de manera que la dinámica de la lucha política no conduzca a la desestabilización del régimen en virtud de la disconformidad o de la insatisfacción con que queden los sectores vencidos. Nadie tiene que quedar a la intemperie, debe haber un paraguas protector bajo el cual puedan coexistir y compartir el poder todos aquellos que han participado de la lucha por el poder…la doctrina del fusible. Se basa en la creencia de que el ejercicio del poder desgasta al titular del poder y por lo tanto hay que crear una estructura intermedia…”. [23]

 

                                               En reiteradas oportunidades en el desarrollo de los debates de la constituyente de 1.994 se señala con claridad que el objetivo central de la pretendida reforma -o al menos el más importante de ellos- fue atenuar el sistema presidencialista y formular un nuevo equilibrio de poderes donde se limiten facultades al Poder Ejecutivo y se fortalezcan el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

 

                                               Así el convencional García Lema manifestó: "...La...gran idea fuerza es generar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado...y a ella responden, a su vez, la atenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso, la mayor independencia del Poder Judicial...". [24]

 

A su turno el convencional Alfonsín dijo: "...es nuestra intención principal atenuar el presidencialismo y desconcentrar las facultades del presidente...fortalecer al Poder Legislativo para establecer un nuevo equilibrio de poderes...". [25]

 

               En este sentido no debemos olvidar que la fortaleza de nuestro órgano ejecutivo forma parte de nuestra tradición constitucional y que a lo largo del último siglo se ha ido desnaturalizando por diversas causas, a tal punto que puede sostenerse que el proceso de hipertrofia transformó nuestro régimen presidencialista en un régimen hiperpresidencialista. [26]

 

                                               La misma reforma constitucional de 1.994 que introdujo el sistema de doble vuelta llevó al texto constitucional importantes instituciones que consolidaron la preeminencia del órgano ejecutivo argentino, a saber: los decretos de necesidad y urgencia (art. 99 inc. 3), la legislación delegada (art. 76), la promulgación parcial de leyes (art. 80) y la posibilidad de la reelección del presidente (art. 90).

 

Producto de los desbordes de ese poder ejecutivo fortísimo y de la falta de controles políticos, administrativos y jurisdiccionales nuestro régimen político ha demostrado ser propenso a la ingobernabilidad

 

Así las cosas coincidimos con nuestro querido amigo Pablo Riberi cuando nos dice que: “…la ingobernabilidad en países como el nuestro se identifica con…partidos en el gobierno y en la oposición con vocación hegemónica…constantes disputas entre las mismas fuerzas políticas opositoras…carencia de mecanismos constitucionales que sirvan para descomprimir situaciones de gravedad que a menudo están acompañadas de persistente descontento popular. La relación de oficialismo y oposición, entonces naturalmente se reduce al juego de “suma cero”…”. [27]

 

Ese juego de suma cero desalienta acuerdos y responsabilidades compartidas y una democracia estable se sustenta en la ejecución de políticas públicas concertadas entre todas las fuerzas políticas representadas y por medio de ellas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. [28]. El hiperpresidencialismo argentino no permite este tipo de relación equilibrada.

 

Ya hemos sostenido antes que la figura del Jefe de Gabinete tal como se incluyó en 1.994 no logró el objetivo perseguido por el constituyente de atenuar el sistema presiencialista [29]. Prueba acabada de ello fue la crisis que terminó con el gobierno del presidente Fernando De la Rúa.

 

Este esquema de nuestro régimen político trae como resultado necesario la ausencia de incentivos para promover acuerdos programáticos entre el gobierno y la oposición y la búsqueda de gobiernos hegemónicos donde la elección presidencial constituye el máximo objetivo para legitimar un presidente con mucho poder y escindido del parlamento.

 

Por ello disentimos con García Lema cuando nos dice que: “La elección directa del presidente por ballotage…todavía no ha sido efectivamente probada…”. [30]

 

                                               Nuestros antecedentes históricos nos demuestran que sí ha sido probada, lo que sucede es que en nuestro régimen político los objetivos que se persiguen cuando se adopta un sistema de doble vuelta -a)  desempatar preferencias políticas muy parejas, cuando ninguna de ellas alcanza la mayoría absoluta de los votos emitidos y b) la formación de amplias coaliciones con el objeto de lograr consensos más amplios- resultan impensables si atendemos a la dinámica real del poder estatal y a la imposibilidad de que el partido mayoritario ponga en juego la libertad para implementar sus programas mediante el ejercicio de un Poder Ejecutivo plagado de atribuciones legitimantes.

 

Pensemos que a nuestro actual titular del Poder Ejecutivo le bastó el 22% de los votos de la primera vuelta -el porcentaje más bajo obtenido por un Presidente en la historia argentina- para afirmar su poder presidencial mediante la utilización de los institutos que la misma reforma incluyó y que fortalecieron al Poder Ejecutivo.

 

                                               La dinámica constitucional argentina ha probado que el objetivo buscado por la constituyente de 1.994 -expresado en aquello de que con el ballotage la llegada al poder presidencial implicaba negociar el programa de gobierno con grupos políticos más reducidos, incorporándolos al gabinete o formando con ellos una coalición mayoritaria capaz de sostener al jefe de gabinete que elija el presidente- no se ha cumplido.

 

                                               Ekmekdjían con su claridad de siempre ya decía que: “El sistema de la doble vuelta ó ballotage no garantiza el acuerdo programático de varios partidos para encarar el gobierno, sino, a lo sumo, la coincidencia puramente electoralista respecto de un candidato. Esta es siempre coyuntural…”.  [31]

 

                                               En definitiva, el sistema de doble vuelta quizás funcione en un verdadero sistema semipresidencialista que reniegue del juego de suma cero, pero difícilmente cumpla sus objetivos en un fuerte régimen presidencialista que resiste las coaliciones de gobierno y en el cual la intemperie sigue siendo una realidad que desestabiliza el funcionamiento de nuestras instituciones.

 

                                              



[1] MIDÓN, Mario A. R., “Manual de Derecho Constitucional Argentino”, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1.997, págs. 484/485.

[2] http://www.observatorioelectoral.org/informes/index

[3] Cfr. GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina” Comentada y Concordada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2.001, págs. 600 a 604.

[4] La Convención Nacional Constituyente fue convocada a los efectos de considerar las reformas propuestas por el H. Congreso de la Nación en la Ley Declarativa de la Reforma Constitucional nº 24.309 (sancionada el 29/12/1.993, promulgada por Decreto del P.E. nº 2.700 de fecha 29/12/1.993 y publicada en el B.O. del día 31/12/1.993). La Convención Constituyente reunida en las Ciudades de Santa Fe y Paraná en el año 1.994 llevó adelante la reforma constitucional y el texto reformado de la Constitución nacional fue oficialmente publicado el día 23 de agosto de 1.994, disponiéndose una segunda publicación del texto oficial por Ley nº 24.430 (sancionada el 15/12/94, promulgada el 3/01/95 y publicada en el B.O. del 10/01/95).

[5] No debemos olvidar que con la reforma de 1.994 al sistema de elección presidencial se puso fin a 141 años de elección indirecta, abandonando un mecanismo “de selección” para adoptar uno “de elección”. Para comprender las motivaciones que fundaron el modelo de elección indirecta diseñado en nuestra Constitución histórica pueden verse entre otros: MIDÓN, Mario A. R., Op. Cit., págs. 483/484 y GELLI, María Angélica, Op. Cit., págs. 598/600.

[6] En este sentido puede verse: BENVENUTTI, José Manuel, “El diseño del poder”, en Comentarios a la reforma constitucional, publicación de la A.A.D.C., pág. 349.

[7] Cfr. GELLI, María Angélica, Op. Cit., pág. 601.

[8] DROMI, Roberto - MENEM, Eduardo, “La Constitución reformada” Comentada, interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1.994, pág. 315.

[9] Cabe recordar que en nuestro derecho público provincial sólo tres constituciones receptan el sistema del ballotage: las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 96), Chaco (art. 133) y Corrientes (arts. 108 y 109).

[10] Cfr. PÉREZ LIÑAN, Aníbal, “La reversión del resultado en la doble vuelta electoral. Una evaluación constitucional del balotaje”, Department of Political Science, University of Pittsburg 4L01.

[11] http://www.observatorioelectoral.org/informes/index

[12] Ibídem

[13] MIDÓN, Mario A. R., Op. Cit., pág. 485.

[14] BIDART CAMPOS, Germán J., “Manual de la Constitución reformada”, Ed. EDIAR, Buenos Aires, 1.997, T III, págs. 227/228.

[15] Diario de Sesiones de la H. Convención Nacional Constituyente de 1.994 , inserción n° 2, p. 2.733.

[16] Cfr. GARCÍA LEMA, Alberto M., “La reforma de 1994. Una valoración crítica diez años después”, La Ley  13/09/2004.

 

[17] GARCÍA LEMA, Alberto M., “La Reforma por dentro. La difícil construcción del consenso nacional”, Ed. Planeta, Buenos Aires, 1.994, págs. 183/186.

[18] Cfr. MIDÓN, Mario A. R., Op. Cit., pág. 486.

 

[19] Cfr. PÉREZ LIÑAN, Aníbal, “La reversión del resultado en la doble vuelta electoral. Una evaluación constitucional del balotaje”, Department of Political Science, University of Pittsburg 4L01.

[20] Ibídem

[21] Ibídem

[22] Ibídem

[23] VANOSSI, Jorge, R., “La Constitución evanescente (una reforma espasmódica)”, La Ley, Año LVIII, n° 231, 1/12/1.994, págs. ½.

[24] Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente de 1.994…T III, p. 2.211.

[25] Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente de 1.994...T III, p. 2.682.

[26] Este tema ha sido desarrollado extensamente en: IBAÑEZ ROSAZ, Victor Enrique “La emergencia y la dinámica del poder estatal”, revista El Derecho, Suplemento de Derecho Constitucional, año XLIII, 27/07/2.005, pág. 9 y“El Jefe de Gabinete y la función constitucional de los Ministros” en “A una Década de la Reforma Constitucional”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2004, págs. 299/318. Obra dirigida por Germán J. Bidart Campos y Andrés Gil Domínguez.

 

[27] RIBERI, Pablo, “El presidencialismo exánime. Por más cooperación y mejores controles en nuestro sistema político” en “Constitución de la Nación Argentina. Con motivo del sesquicentenario de su sanción”, publicación de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, T III, pág. 299.

[28] Cfr. RIBERI, Pablo, Op. Cit., pág. 301.

[29] IBAÑEZ ROSAZ, Victor Enrique, “El Jefe de Gabinete y la función…”, Cit..

[30] GARCÍA LEMA, Alberto M., “La reforma de 1994…”, LA LEY, Cit..

[31] EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, “Manual de la Constitución Argentina”, Ed. Depalma, 4° edición actualizada, Buenos Aires, 1.999, pág. 480.

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