opinión

Italia: los referendos en defensa de lo público como punto de inflexión

El gran iuscivilista italiano Ugo Mattei reflexiona políticamente sobre los referendos en defensa de lo público. Un artículo de Sinpermiso.info.

Tras el triunfo en las elecciones recientes y la previsible vía libre del Tribunal de Casación al referéndum sobre las nucleares, de lo que se trata ahora es de dar pleno significado político al primer éxito de la izquierda en la historia de la segunda república. Si bien son de todo punto necesarias para comenzar a revertir el rumbo político tras veinte años de pensamiento único, las victorias de candidatos auténticamente alternativos en Nápoles, Milán y Cagliari, no son de por sí suficientes. Para dar sentido político nacional a este verdadero renacimiento de la consciencia civil y política italiana, es fundamental vencer en los referendos del próximo 12 y 13 de junio [1]. La afluencia a las urnas, más bien baja incluso en las segundas vueltas recientes, permite hacerse una idea de lo difícil que será alcanzar este objetivo. Precisamente por ello, sin embargo, los referendos deberían verse como una ocasión clave para demostrar la vocación mayoritaria de este nuevo proyecto, radicalmente alternativo respecto de las visiones hasta ahora dominantes no sólo en el gobierno sino también el Parlamento.

Si se analizan en conjunto, los referendos (al igual que los candidatos vencedores en Milán, Nápoles y Cagliari) suponen una ruptura en toda regla con estas dos décadas de pensamiento único. El referido a la cuestión del agua bien puede colocar una lápida a la ideología de las liberalizaciones que tan fuertemente impregna el Partido democrático, incluido su secretario nacional. Llevamos años recogiendo datos comparados sobre los resultados efectivos de las privatizaciones/liberalizaciones (por fortuna, nadie pierde el tiempo ya tratando de distinguir ambos conceptos). Desde los inicios mismos de la crisis de 2008 podríamos enumerar, con suficiente base empírica, las férreas leyes que las gobiernan: aumento de tarifas; reducción de las inversiones (incluso en materia de seguridad: véase, si no, el retorno de la hepatitis A en Inglaterra); crecimiento de los ingresos de los comités de administración; aumento de presupuesto en publicidad (necesario para controlar la información). Hace años que sabemos que la gestión privada es incompatible con los bienes comunes. Y es que estos bienes -y ello vale también para servicios públicos distintos del agua, como el transporte y la gestión de los residuos- no resisten la lógica productivista y empresarial. Se rigen, más bien, por la lógica ecológica de la reproducción –lo que implica que deben sostenerse mediante subsidios porque su valor es ecológico- y de la satisfacción de los derechos fundamentales.

Hace años que sabemos que la contraposición entre público y privado, planteada como una (falsa) alternativa de suma cero entre Estado y mercado (más Estado=menos mercado; más mercado=menos Estado) aprisiona como una tenaza la idea de bienes comunes. Y es que Estado y mercado, lejos de ser antitéticos, son el producto histórico de una misma lógica individualista, jerárquica y competitiva que, si no es embridada a través de procesos políticos auténticamente democráticos y participativos, solo produce violencia y despojo. El Estado y el mercado conspiran contra los bienes comunes, y la locura nuclear constituye la quintaescencia de la traición de los intereses públicos (esto es, colectivos) en beneficio de los privados (sean de las empresas beneficiarias de las contratos de concesión o de los partidos concesionarios).

Por Ugo Mattei.

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19 de julio de 2018 | 03:26
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