La dirigencia política en decadencia y el olvido de la división de poderes

Ángel Ossorio, en su libro “El Alma de la Toga”, afirmaba con atino: “El mal es cierto, ni en lo internacional, ni en los problemas sociales, ni en la mecánica interna tiene nuestra política profundidad, amplitud ni grandeza. El parlamento es un pugilato de codicias, un alarde de bizantinismo, una exhibición de incompetencia, un comadreo repulsivo. Nada pesan allí los problemas que encienden a la humanidad, ni las necesidades evidentes, ni las tempestades de la opinión, ni los peligros de la Patria. Como si entre el mundo y el salón de sesiones hubiese una muralla infranqueable, mientras allá el Universo sufre terribles convulsiones, aquí unos cuantos señores ventilan querellas ínfimas, niegan al adversario toda justicia, invierten sesiones enteras en debatir tiquis miquis reglamentarios. El sentido de la verdad está ausente, y en eliminarle se distinguen por derecha e izquierda grupos de la más cerril intransigencia dialéctica. Todo es artificio, convencionalismo, laxitud, indiferencia y rebajamiento”.

Estamos ante una dirigencia política tribunera, mezquina e irresponsable y la presencia de movimientos sectoriales e ideológicos que tienden a confundir más que a construir y luchar por sus ideas, desnaturalizando sus propios principios y convicciones. Tal panorama –lamentable y desolador, por cierto– nos coloca inevitablemente en una penosa y profunda crisis institucional casi sin precedentes o, dicho de otro modo, la calidad institucional en los tiempos que corren es nula.

Y si, las instituciones democráticas están devastadas, la legislatura provincial es un nido de permanentes negociaciones y especulaciones que responden no ya a las necesidades sociales y del pueblo soberano, sino al ambiente eleccionario y a la proyección política que cada uno tiene para sí. Y esto se advierte claramente en la incesante e inadmisible injerencia y avasallamiento del gobierno de turno en el Poder Judicial, pues en forma deliberada pretende condicionar el accionar de la justicia, rosando el campo de lo delictivo.

Al respecto, no puede soslayarse que el mecanismo constitucional para la selección (también remoción) de jueces (y fiscales) se encuentra (en parte) en manos de personajes irresponsables, desprolijos y poco serios de la clase política. He aquí el principal factor de degradación de la justicia como institución. Pues claro, estos mecanismos, como se sabe, no son utilizados de forma correcta y con el fin previsto en la Constitución, sino como instrumento extorsivo para controlar a quienes deben dictar resoluciones conforme a Derecho y no a las exigencias de políticos inescrupulosos y a las demandas punitivas de grupos de presión.

En los últimos tiempos, hemos visto como altos funcionarios de la política (por el cargo que ocupan las opiniones públicas que viertan deben ser, necesariamente, prudentes y medidas para mantener incólume la división de poderes, columna vertebral que asegura la plena vigencia y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho) han realizado manifestaciones y cuestionamientos infundados a sentencias emanadas de jueces con el único fin de condicionar las facultades jurisdiccionales de los mismos, entrometerse indebidamente en el ámbito de la justicia, todo ello con un mensaje claro: nada que pueda afectar de alguna manera sus mezquinos intereses políticos va ser aceptado y, en consecuencia, va a ser públicamente cuestionado (claro, en tanto y en cuanto dicho cuestionamiento le sume votos). Tal escenario se ha visto materializado en innumerables casos, por ejemplo, los reproches falaces al Juez Eduardo Martearena por entender –y así dejarlo plasmado en uno de sus fallos en forma fundada– que la pena de prisión perpetua es inconstitucional. Claro que se podrá compartir o no la postura asumida por el magistrado, se podrá generar un fuerte debate a nivel social, legislativo e incluso judicial en el que queden plasmadas las distintas posturas respecto al tema, pero lo que no puede pasar es que un juez sea intimidado y amenazado por el poder político como consecuencia de su resolución. Es el caso de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo provincial quien públicamente insto y alentó en forma intimidatoria a que se evalúe la posibilidad de que el Juez Martearena sea sometido a un Jury de enjuiciamiento, ejerciendo en forma abusiva su investidura para condicionar la libertad de los demás jueces al momento de dictar sentencias.

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Recientemente, en el marco de la causa donde se investiga la muerte de Julieta González, se ha visto como la Vicegobernadora de la Provincia (en un acto de preocupante gravedad institucional) ha utilizado el mismo “modus operandi”, pero esta vez contra el Conjuez Mauricio Juan (en el ámbito judicial, quienes conocen la trayectoria de dicho magistrado, ni por ventura se animarían a poner en duda la integridad y profesionalidad del mismo). En este sentido, el día 18 de septiembre de 2019, la Vicegobernadora realizó públicamente manifestaciones intimidatorias, infundadas y de forma absolutamente irresponsable (que si bien apuntan al Magistrado mencionado, afectan a todo el ámbito de la justicia), pues ni siquiera se tomó la debida diligencia y prudencia de conocer los fundamentos del fallo antes de emitir opinión al respecto (los mismos aún no se conocían). A su vez, cabe señalar que la Vicegobernadora emitió su opinión sin haber leído el expediente y sin tener la más remota idea de lo que sucedió en sala de debate. Claramente su posición es demagógica, electoralista lo que a todas luces resulta inadmisible.

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Por otro parte, no puede soslayarse la llamada “oposición” (fuerza política que, a diferencia del “oficialismo”, no gobierna pero pretende hacerlo), la que –al igual que la Vicegobernadora– a través de su pretendido “repudio” a un fallo que no conocen vio la oportunidad de aliarse con un colectivo para captar su voto en las próximas elecciones.

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Finalmente, no puedo dejar de referirme a otros actores que colaboran en forma diaria a través de manifestaciones públicas y redes sociales para que ésta debacle institucional sea aún mayor. Y es el caso de los mercaderes del Derecho que intentan hacer del ejercicio de la abogacía un negocio espurio, embanderándose en cuestiones ideológicas que cuando se encuentran con decisiones jurisdiccionales basadas en el irrenunciable respeto a las Constitución Nacional, las Leyes y los Tratados Internacionales que no concilian con sus intereses, comienzan a alentar y desprestigiar públicamente a Magistrados, incluso pidiendo su remoción.

Los medios de comunicación, no son ajenos a esta problemática, y deben replantearse de que manera informan a la sociedad los acontecimientos del día a día.

En suma, se advierte una evidente incapacidad del estamento político para resolver determinados conflictos socioculturales, por lo que acude al Derecho Penal, creando la “ilusión” en la sociedad de que el poder punitivo va a resolverlos. En otras palabras, la clase política no puede seguir usando a los Tribunales de Justicia para evadirse de las responsabilidades que le son propias. La violencia contra la mujer existe y es necesario combatirla enérgicamente. Pero es en la adopción de políticas de Estado adecuadas y apuntadas a la prevención donde se debe combatir este penoso flagelo, porque si el flagelo de la violencia contra la mujer se ha acrecentado, es por un evidente fracaso de las políticas públicas de prevención. Y es aquí, donde el poder político comienza con el perverso juego de desviar la atención de la sociedad en la Justicia con el fin de evadirse de las responsabilidades que le son propias.

DR. PEDRO FERNANDO LUQUEZ.

ABOGADO PENALISTA.

MIEMBRO DE LA COMISION DE DERECHO PENAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MENDOZA.