Opinión
Lo que ocultan las planillas de la discordia
El gobierno provincial y el gremio docente se ven envueltos en una polémica cada vez más áspera por la supuesta falsificación de datos de asistencia de maestros durante los días de huelga. Sin embargo, y más allá de las razones de las partes, esta actitud de algunas directoras de escuelas habla de algunas otras cuantas cosas de esas de las que a cada rato todos nos quejamos.
Mendoza atraviesa por estos días una polémica extraña, o al menos, poco habitual. El gobierno provincial acusa a un puñado de directoras de establecimientos primarios de haber falseado las planillas de asistencia, en especial, las correspondientes a los días de paro del gremio docente.
De esta manera, las cifras del acatamiento del paro no coinciden con el ausentismo que se declaró desde las escuelas. Ante esta evidencia, y como una manera de asestar un duro golpe al combativo sector de los maestros que esta semana realizará otro paro de 72 horas, el gobierno de Celso Jaque parece haber actuado esta vez con rapidez y contundencia.
A pesar de las profundas dificultades de gestión que ha tenido la Dirección General de Escuelas bajo la tutela de Iris María Lima, no se puede negar que la decisión de avanzar para dilucidar esta situación, merece destacarse. Pues aquí no está en juego un tema menor, o de orden técnico en el marco de una pelea política entre el Gobierno y el gremio. Aquí, lo que puede clarificarse son métodos y prácticas que nada tienen que ver con la legítima defensa de los intereses de los trabajadores de la educación.
Desde el gobierno se ha ordenado una auditoría para confirmar o no las irregularidades, y en ese caso, proceder según corresponda. No sólo desde el punto de vista de apercibimientos o sanciones, sino también, descontando el día no trabajado a quien de manera no justificada faltó a su escuela. Y debemos decir que esto es correcto.
Evidentemente, tal decisión ha generado la ira de los responsables del gremio docente que acusan ser víctimas de una operación política para desprestigiar al sindicato y para limar la capacidad de convocatoria del nuevo paro. Sin embargo, y más allá de las declaraciones cruzadas, no dan indicios claros y concretos sobre si lo que denuncia el gobierno es cierto o no. Y la sociedad mendocina merecería explicaciones al respecto.
Ante tal posibilidad, estamos ante una muestra más del grado de alteración que vive la sociedad, y en especial, de un sector como el docente que debería ser estratégico y prioritario. Si algunas de nuestras directoras, que son las funcionarias más experimentadas y respetadas dentro de su comunidad escolar, se animan o se prestan (por iniciativa propia o presionadas por la circunstancias) a falsear una planilla de asistencia, es porque hay muchas otras cosas que están fallando en nuestra sociedad.
Probable y lamentablemente, los valores sociales que nos faltan y que muchas veces achacamos como una falencia a la dirigencia política, también sean escasos en otros ámbitos menos poderosos y más cotidianos de nuestro bendito país. Aquí está fallando la credibilidad del sistema, la supervisión que debería realizar el Estado, la necesaria prudencia gremial y también la responsabilidad individual de cada maestro en tanto referente de cientos de alumnos y de la sociedad toda que aún valora positivamente su tarea.
Más allá del resultado final de esta polémica, de las rectificaciones de planillas que bajo la figura del “error involuntario” se van produciendo, del duelo entre el sindicato y el gobierno, y de la necesaria modificación de las condiciones generales en las que está la educación en Argentina, entre ellas, el salario docente, es preciso sincerar las actitudes y establecer pautas.
Así como no se puede construir una sociedad mejor, más justa y equitativa, con docentes mal pagos, tampoco se puede defender un derecho a costa de estafar la voluntad del Estado, que es en definitiva, la voluntad de todos los ciudadanos. En la medida en que todos y cada uno de los actores sociales comprendan que no sólo tienen derechos, sino también obligaciones, las cosas podrán cambiar. Mientras esto no suceda, las protestas podrán ser infinitas, y los paros y las movilizaciones ininterrumpidas, pero lo cierto es que si las actitudes de fondo, las que hacen factible tanto las condiciones como las posibilidades se mantienen, poco de todo lo que tanto nos molesta, cambiará efectivamente. Y la culpa no será de nadie. Será de todos.
Ante tal posibilidad, estamos ante una muestra más del grado de alteración que vive la sociedad, y en especial, de un sector como el docente que debería ser estratégico y prioritario. Si algunas de nuestras directoras, que son las funcionarias más experimentadas y respetadas dentro de su comunidad escolar, se animan o se prestan (por iniciativa propia o presionadas por la circunstancias) a falsear una planilla de asistencia, es porque hay muchas otras cosas que están fallando en nuestra sociedad.
Probable y lamentablemente, los valores sociales que nos faltan y que muchas veces achacamos como una falencia a la dirigencia política, también sean escasos en otros ámbitos menos poderosos y más cotidianos de nuestro bendito país. Aquí está fallando la credibilidad del sistema, la supervisión que debería realizar el Estado, la necesaria prudencia gremial y también la responsabilidad individual de cada maestro en tanto referente de cientos de alumnos y de la sociedad toda que aún valora positivamente su tarea.
Más allá del resultado final de esta polémica, de las rectificaciones de planillas que bajo la figura del “error involuntario” se van produciendo, del duelo entre el sindicato y el gobierno, y de la necesaria modificación de las condiciones generales en las que está la educación en Argentina, entre ellas, el salario docente, es preciso sincerar las actitudes y establecer pautas.
Así como no se puede construir una sociedad mejor, más justa y equitativa, con docentes mal pagos, tampoco se puede defender un derecho a costa de estafar la voluntad del Estado, que es en definitiva, la voluntad de todos los ciudadanos. En la medida en que todos y cada uno de los actores sociales comprendan que no sólo tienen derechos, sino también obligaciones, las cosas podrán cambiar. Mientras esto no suceda, las protestas podrán ser infinitas, y los paros y las movilizaciones ininterrumpidas, pero lo cierto es que si las actitudes de fondo, las que hacen factible tanto las condiciones como las posibilidades se mantienen, poco de todo lo que tanto nos molesta, cambiará efectivamente. Y la culpa no será de nadie. Será de todos.