Opinión
El escrache no es una buena lección
Llama la atención la escasa responsabilidad de la dirigencia gremial, que además de avalar y proponer este tipo de metodología autoritaria, pretende imponer su punto de vista a través del miedo. Ya sea al empañar un acto público, o por la vía del insulto y la descalificación, que encarnan situaciones extremas de violencia moral.
La tensa relación generada entre los gremios de los empleados públicos y el gobierno provincial parece haber alcanzado límites preocupantes. Afortunadamente, el estado de derecho consagra la posibilidad de expresar públicamente las diferencias, realizar huelgas y medidas de protesta, entre otras alternativas. Sin embargo, no se puede hacer cualquier cosa con tal de llegar a un objetivo.
El secretario general del SUTE ha lanzado una severa e inadmisible advertencia a las autoridades provinciales, al anunciar que se hará presente junto a sus afiliados en todas y cada una de las actividades del gobernador. Pretende así mostrar su disconformidad por la falta de acuerdo en la negociación salarial que tanto los maestros como otros gremios llevan adelante con el gobierno de Jaque.
En realidad, lo que Eduardo Franchino está planteando es una sucesión de escraches, medida antipática si las hay, que originalmente fue pensada y utilizada para dar a conocer la vinculación de personas con la última dictadura. Con esa misma vara, el SUTE desea considerar –como si se tratara de cómplices de un genocidio- a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, más allá de cualquier valoración que cada mendocino puede hacer sobre la gestión del gobierno.
Desde MDZ hemos planteado en diversas oportunidades que la metodología del escrache es profundamente autoritaria. Niega un derecho a quien por determinación popular tiene la atribución de tomar decisiones. Pretende, además, que esas decisiones siempre sean de acuerdo con los intereses particulares o sectoriales y no con lo que el funcionario ha evaluado y considerado como conveniente para el bien común.
En este aspecto, llama la atención la escasa responsabilidad de la dirigencia gremial, que además de avalar y proponer este tipo de metodología autoritaria, pretende imponer su punto de vista a través del miedo. Ya sea al empañar un acto público, o por la vía del insulto y la descalificación, que encarnan situaciones extremas de violencia moral.
Toda sociedad democrática se funda en la posibilidad de tener una clase dirigente acorde, capaz de articular demandas, aceptar el disenso y saber que esa misma dinámica implica ganar y perder. Y esto también le cabe a la dirigencia sindical. Especialmente para aceptar que hasta la derrota tiene reglas, que son justamente en este caso las que establece la misma Constitución Nacional: peticionar a las autoridades y derecho a huelga, entre las más importantes.
Si cualquier individuo, grupo o corporación intenta establecer metodologías intimidatorios para dirimir conflictos, o para obtener beneficios particulares por más justos que parezcan, estaremos ingresando en un peligroso camino que puede derivar en la anomia o el caos social.
Convalidar supuestas estrategias, o planes de lucha que incluyan este tipo de metodologías, es minar las bases mismas del sistema democrático, y en especial, la necesaria convivencia que toda sociedad –pese a sus diferencias- se merece. Mendoza, no es la excepción.
Toda sociedad democrática se funda en la posibilidad de tener una clase dirigente acorde, capaz de articular demandas, aceptar el disenso y saber que esa misma dinámica implica ganar y perder. Y esto también le cabe a la dirigencia sindical. Especialmente para aceptar que hasta la derrota tiene reglas, que son justamente en este caso las que establece la misma Constitución Nacional: peticionar a las autoridades y derecho a huelga, entre las más importantes.
Si cualquier individuo, grupo o corporación intenta establecer metodologías intimidatorios para dirimir conflictos, o para obtener beneficios particulares por más justos que parezcan, estaremos ingresando en un peligroso camino que puede derivar en la anomia o el caos social.
Convalidar supuestas estrategias, o planes de lucha que incluyan este tipo de metodologías, es minar las bases mismas del sistema democrático, y en especial, la necesaria convivencia que toda sociedad –pese a sus diferencias- se merece. Mendoza, no es la excepción.