Una peligrosa inconsistencia

Desde su asunción como Gobernador, Celso Jaque se mostró muy preocupado por el estado de la caja provincial. Desde contratar una auditoria externa hasta la confección de un listado que incluiría 4.700 personas contratadas durante la gestión de Cobos, todas aparecen como decisiones de un hombre preocupado por la sanidad y claridad de las cuentas públicas.

No obstante, aparecen iniciativas que parecerían contradecir esa imagen y lo ubican como un peronista estatista ortodoxo de la más rancia estirpe. La idea de adquirir acciones de YPF es una de ellas, al igual que la idea de recomprar un 20% de las acciones de Obras Sanitarias Mendoza.

Pero estas decisiones, de claro cuño ideológico carente de racionalidad chocan contra realidad generada por el mismo gobernador. Es que Jaque mandó a la Legislatura un proyecto de presupuesto de 5.800 millones de pesos, que prevé un déficit de 520 millones. Si espera un presupuesto deficitario, ¿de dónde saldrán los recursos para esos emprendimientos sentimentales que será pésimos negocios, económicamente y socialmente?
 
Por ahora el gobernador no contesta ya que solo le gusta hablar de los temas que él elige, pero valen para hacer un análisis porque en este manejo aparece una inconsistencia peligrosa, no solo desde lo económico y financiero sino también desde lo conceptual.

La idea de comprar acciones de YPF no resiste el menor análisis. La empresa petrolera tiene un valor muy alto y la provincia debería endeudarse sin sentido para tener una porción tan minúscula que no le asegura retornos razonables y mucho menor manejo de los recursos.

Insistimos con la idea de que la provincia debería movilizar sus recursos, como definir el inicio de la explotación de Yancanello, terminar de adjudicar la licitación de áreas que la inoperancia del gobierno de Cobos inició y después de dos años no se animó a concretar, y comenzar la renegociación de las concesiones actualmente vigentes para adecuarlas a los precios internacionales.

Lo de Obras Sanitarias es más enmarañado pero esconde algunas trampas. La empresa sufrió el torniquete en la gestión de Cobos, que soñaba con reestatizarla junto con Edemsa. Para esto se recurrió a un mecanismo similar al usado por al nación, es decir, se congelaron tarifas y se les generaron pérdidas a las empresas, mientras  desde los organismos reguladores se los apretaba por las inversiones comprometidas.

Lógicamente, las casas matrices de estas empresas no estaban dispuestas a mayores inversiones mientras no se los compensara por las pérdidas generadas por el congelamiento tarifario, después de una devaluación del 200%. El objetivo era que los extranjeros vendieran.

En la Nación, incluso, se direccionaron las ventas de las empresas para favorecer a un grupo de empresarios amigos del poder que deberían constituir la nueva burguesía nacional. Así pasó con bancos, generadoras eléctricas, transportistas y hasta con YPF.
En el caso de Mendoza la situación era más compleja. Las privatizaciones de ambas empresas se hicieron pagando precios mucho más elevados que los esperados por el gobierno de entonces y sus cuadros tarifarios no tenían los márgenes que tenían los de las empresas nacionales. Aquí, a la luz de aquellos desaguisados, los cuadros tarifarios fueron muy acotados y, hasta ahora, por ejemplo, Mendoza tiene una de las tarifas eléctricas más bajas del país.

A cobos no le fue bien con Edemsa, pero el sueño de recuperar Obras Sanitarias se mantenía firme. Para esto se fue acumulando un capital valioso: las multas que el organismo regulador le ponía a la empresa y que, aunque fueran discutibles, le aportaba un marco de discusión diferente.

Además, Obras sanitarias no fue vendida sino concesionada y el gobierno sabe que estos cuadros tarifarios la empresa casi no vale nada porque trabaja a pérdida. Frente a esta realidad, nadie se explica las razones por las que el gobierno quiere tener mayoría en una empresa deficitaria a la cual habrá que ponerle plata y, además, cuyas tarifas deberán aumentar.

Además, el gobierno se encontrará con otra sorpresa. Cuando se privatizó la empresa, quedaron juicios de ex empleados por un monto cercano a los 50 millones de pesos, que debieron pleitear ante el gobierno provincial. Si Estado vuelve a tomar poder decisivo, a estos ex empleados les será más fácil ahora pleitear contra su antiguo empleados, yendo directamente contra la empresa.

Como es fácil apreciar, hay una notoria inconsistencia de un gobierno que manda un presupuesto con déficit, que se queja de la falta de recursos, y que, por otro lado, se compromete a inversiones millonarias sin sentido. Algunas versiones indican que algunos banqueros amigos del matrimonio Kirchner estarían ya preparando los paquetes ara prestarle plata a al gobierno, ya que prefieren esto antes que dar préstamos productivos a las empresas.