Notas
Si o no al desendeudamiento; decide la Nación
Otra vez Mendoza se ve relegada de justos derechos. En este caso se trata de la quita de deudas que mantiene Mendoza con la Nación, según se los hizo saber el Ministro de Economía a los emisarios mendocinos que proponían adherir al decreto presidencial que planteaba esta alternativa.
Otra vez Mendoza se ve relegada de justos derechos. En este caso se trata de la restructuración y quita de deudas que mantiene el Gobierno Provincial con el Nacional, según se los hizo saber el Ministro de Economía a los emisarios mendocinos que proponían adherir al decreto presidencial que planteaba esta alternativa.
Esto no nos debe llevar a la inacción, porque el programa Federal de Desendeudamiento planteado por el Gobierno Nacional, que recoge algunas inactivas planteadas por el Congreso con anterioridad al decreto, tiene aristas positivas. Por supuesto, y tal como nos tienen acostumbrados desde el kirchnerismo, también tiene una muy negativa y es la absoluta subordinación del programa de desendeudamiento de las provincias a los caprichos del oficialismo nacional, opacando la iniciativa.
Pero para saber con exactitud de qué estamos hablando, debemos decir que el programa refinancia las deudas de las provincias con la Nación por 20 años, a una tasa fija del 6 por ciento, con un período de gracia hasta diciembre del 2011. Con este mecanismo se refinancia el 89 % del total de las obligaciones que los estados del interior mantienen con el nacional (65.522 millones de pesos), de los que 41.525 millones de pesos están asociados en su origen a los canjes provinciales de deuda, y 23.997 millones a los PAF (Programas de Asistencia Financiera) y al rescate de cuasi-monedas.
Las principales beneficiarias son las provincias de Buenos Aires, Chaco y Tucumán que firmaron en una primera instancia y San Juan, La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Córdoba y Salta que lo hicieron la semana pasada.
La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, no ingresarán al programa por no tener deudas con el Estado nacional y Mendoza, Catamarca, Corrientes, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Formosa, Chubut y Neuquén no han suscripto el pacto; Mendoza fue rechazada, porque se le exige que abandone sus reclamos judiciales por los perjuicios ocasionados por la promoción industrial entregada a las provincias vecinas recientemente.
Como la refinanciación explicitada en el programa contempla eliminar el CER y establecer una tasa fija del 6% anual sobre saldo, la tasa se reduciría en 9 puntos, además de estirarse los plazos de pago desde el 2015 al 2031 con un año y medio de gracia. El no entrar en el programa afecta a Mendoza en 735 millones de pesos durante los años 2010 y 2011, en 2.000 millones durante el período 2011-2015 y en 200 millones de pesos en el período 2015-2019, aproximadamente.
Como nada de esto es justo ni aceptable, como representantes de Mendoza tenemos la obligación de buscar una alternativa a este nuevo intento del Ejecutivo Nacional de coartar los derechos de los estados federales de nuestro país.
En este camino es que hemos coordinado, quienes presidimos las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Coparticipación del Senado de la Nación, la presentación de una propuesta que, tomando un dictamen ya emitido sobre redistribución de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y dos proyectos más, intenta subsanar los errores de la norma impulsada por el kirchnerismo. En la propuesta de proyecto de ley, pretendemos lograr que el programa se aplique a todas las provincias, más allá de que algunas sigamos adelante con nuestros justos reclamos por deudas pendientes. Además, pedimos que se de participación también a aquellas provincias que no están endeudadas con la Nación, ya que su buen comportamiento fiscal merece ser recompensado de algún modo. El proyecto también pretende dictaminar la quita de deuda vía distribución de ATN no distribuidos, entre otros, y disminución de deuda por mejores tasas y plazos de refinanciación.
En definitiva, se solicita a nuestro Gobierno central que escuche y atienda a las necesidades de las provincias que componen a la Nación toda, más allá de su simpatía, indiferencia o encono con los gobernantes actuales de las mismas. No nos llevan en este sentido diferencias partidarias, sino el firme convencimiento de que, si pretendemos tener un país verdaderamente federal, es nuestra obligación poner a las provincias de pie, no para avasallar al Gobierno Nacional, sino para reclamar con justicia por nuestros derechos.
Como la refinanciación explicitada en el programa contempla eliminar el CER y establecer una tasa fija del 6% anual sobre saldo, la tasa se reduciría en 9 puntos, además de estirarse los plazos de pago desde el 2015 al 2031 con un año y medio de gracia. El no entrar en el programa afecta a Mendoza en 735 millones de pesos durante los años 2010 y 2011, en 2.000 millones durante el período 2011-2015 y en 200 millones de pesos en el período 2015-2019, aproximadamente.
Como nada de esto es justo ni aceptable, como representantes de Mendoza tenemos la obligación de buscar una alternativa a este nuevo intento del Ejecutivo Nacional de coartar los derechos de los estados federales de nuestro país.
En este camino es que hemos coordinado, quienes presidimos las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Coparticipación del Senado de la Nación, la presentación de una propuesta que, tomando un dictamen ya emitido sobre redistribución de fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y dos proyectos más, intenta subsanar los errores de la norma impulsada por el kirchnerismo. En la propuesta de proyecto de ley, pretendemos lograr que el programa se aplique a todas las provincias, más allá de que algunas sigamos adelante con nuestros justos reclamos por deudas pendientes. Además, pedimos que se de participación también a aquellas provincias que no están endeudadas con la Nación, ya que su buen comportamiento fiscal merece ser recompensado de algún modo. El proyecto también pretende dictaminar la quita de deuda vía distribución de ATN no distribuidos, entre otros, y disminución de deuda por mejores tasas y plazos de refinanciación.
En definitiva, se solicita a nuestro Gobierno central que escuche y atienda a las necesidades de las provincias que componen a la Nación toda, más allá de su simpatía, indiferencia o encono con los gobernantes actuales de las mismas. No nos llevan en este sentido diferencias partidarias, sino el firme convencimiento de que, si pretendemos tener un país verdaderamente federal, es nuestra obligación poner a las provincias de pie, no para avasallar al Gobierno Nacional, sino para reclamar con justicia por nuestros derechos.