Notas
Jaque, los negocios petroleros y su negativa a la Legislatura
El 25 de este mes finalizará la etapa de recepción de pedidos de renegociación por parte de las empresas concecionarias. Se acerca un frente de polémica en el parlamento local. El Ejecutivo se escuda en la ley de hidrocarburos y aduce que no está obligado a consultar a nadie. Desde la oposición critican la discrecionalidad que tiene el Gobierno en este proceso.
A medida que se aproximan el cumplimiento de los plazos del proceso, aumenta la expectativa por conocer cuál será desenlace de la renegociación de las concesiones petroleras que el gobierno de Celso Jaque ha convocado desde hace un mes.
El 25 de agosto se cumplirá el plazo para que se presenten las solicitudes de renegociación que deben contener la documentación dispuesta por el decreto 1547 que Jaque firmó el 14 de julio y que anunció al día siguiente en Malargüe cuando oficialmente inauguró la nueva etapa explotación Llancanelo. de la renegociación de las áreas petroleras que se explotan desde hace dos décadas.
Una vez cumplida esa etapa se evaluarán los pedidos y si las empresas cumplen con las exigencias previstas entonces pasarán a la etapa de negociación propiamente dicha.
El Gobierno no tiene en sus planes hacer participar a la Legislatura en la definición de esta renegociación y se atará a pie juntillas de la letra legal que marca la Ley 7526 de Hidrocarburos provincial en el artículo 12.
El apartado legal que el Ejecutivo invoca dice textualmente: “Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de veinticinco (25) años a contar desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 8º. El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas por hasta diez (10) años, en las condiciones que se establezcan, al otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor de un (1) año al vencimiento de la concesión”.
Qué quiere la oposición
Por su parte la oposición ha redoblado los esfuerzos por instalar el asunto en ese ámbito. De hecho, el Senado citó a los subsecretarios de Hidrocarburos, y del área Legal y Técnica Fernando Simón respectivamente para que explicaran el desarrollo del plan.
El mismo Simón recordó que la norma fue aprobada en 2006 mientras gobernaba Julio Cobos. La remembranza es a propósito de los reclamos que ya han hecho los parlamentarios que componen el Frente Cívico. Lo hizo el senador César Biffi que ha marcado la impronta opositora a través de sus reclamos en los medios. Aduce el presidente de la UCR que se trata de una actividad estratégica y se pone en juego la continuidad de uno de los principales ingresos de la provincia.
También los legisladores del ARI advirtieron que accionarán judicialmente contra el decreto y todas las acciones posteriores sino las renegociación no pasa por la Legislatura.
En tanto desde el Partido Demócrata, se sabe, que el senador Carlos Aguinaga presentará un proyecto que "no va en contra del decreto". Aguinaga detalló, según publicó el diario Los Andes ayer que la idea es "agregar la disposición que precisamente carece el decreto que firmó el gobernador y elaborar un sistema más transparente en la negociación para evitar que todo quede al arbitrio y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo".
En el Ejecutivo la intervención de Aguinaga no preocupa, es más casi que se celebra. Desde la Casa de Gobierno deslizan que Aguinaga se mueve como aliado velado del ministro de Infraestructura Francisco Pérez por la amistad que los une. De hecho, asrguran que Aguinaga se muestra como el catalizador de los temas polémicos permitiendo al oficialismo destrabar los conflictos.
Estado de situación y cuál es el argumento oficial
Son 37 áreas en manos de 10 empresas. YPF es la que concentra más áreas. Del total se han comprado pliegos de 29 lotes de explotación. En un mes se iniciará un proceso de negociación durante el cual deberán acordar con el gobierno un aumento de regalías, el pago de un canon en efectivo y comprometerse a tomar mano de obra local.
El decreto no otorga la prórroga directamente. En realidad convoca a las empresas concesionarias de explotación de áreas a expresar su interés de solicitar la prórroga de esas concesiones. No pueden entrar en esto nuevas compañías. Es para las que ya están trabajando. Son concesiones que fueron otorgadas por la Nación hace 18 años para que fueran explotadas por 25 años, con la posibilidad de prorrogar por 10 años. Ahora la facultad de adjudicación es de las provincias. Las concesiones vencerían en el 2017, pero seguirían hasta el 2027.
Una vez concluido el periodo de admisión de las solicitudes comenzará el periodo de negociación en el que el gobierno y las empresas petroleras, según consta en el decreto.
¿Qué acordarán? Un aumento de regalías, el pago de un "canon extraordinario de producción" que será dinero en efectivo a cambio de la prórroga, y se firmará un acta que también incluye el compromiso a tomar mano de obra local y cumplir con el compre mendocino.
Justamente el canon extraordinario es uno de los principales puntos criticados por la oposición. Las observaciones apuntan a que el Gobierno sólo busca hacer "caja" en el último año de gestión y al margen de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para decidir sobre las ofertas de inversión.
En contrapartida, el argumento oficial se centra en la caída de la producción petrolera acentuada en los últimos años. Esto ha derivado en la consecuente baja de las regalías que recibe la Provincia. Para colmo, remarcan en el Gobierno, la situación ha empeorado porque las firmas frenaron inversiones porque quedaban 7 años de concesión y ese tiempo es muy poco para amortizar el gasto, que es mucho en este tipo de megaproyectos. Por lo que se concluye según el diagnóstico oficial que si se renegocia ahora entonces se asegurará la suba en la producción petrolera para los próximos quince años (sumando los años que quedan de la actual concesión más los 10 años de prórroga).
YPF es la principal concecionaria en Mendoza por eso no fue casualidad que Jaque anunciara hace un mes la firma del decreto durante el acto oficial de la inaugiración de la explotación de Llancanelo. El ejecutivo de la empresa Sebastián Eskenazi admitió que lo sorprendió ese anuncio pero que entendía la oportunidad porque Mendoza era una de las últimas provincias petroleras en impulsar la renegociación de las áreas. Eskenazi reveló que YPF tenía proyectos frenados porque como mínimo la previsibilidad de inversión debe ser de 15 años.
En ese mismo ámbito también trascendió que YPF podría intervenir en la operación de algunas áreas petroleras secundarias proceso que está frenado desde hace más de un año.
Qué quiere la oposición
Por su parte la oposición ha redoblado los esfuerzos por instalar el asunto en ese ámbito. De hecho, el Senado citó a los subsecretarios de Hidrocarburos, y del área Legal y Técnica Fernando Simón respectivamente para que explicaran el desarrollo del plan.
El mismo Simón recordó que la norma fue aprobada en 2006 mientras gobernaba Julio Cobos. La remembranza es a propósito de los reclamos que ya han hecho los parlamentarios que componen el Frente Cívico. Lo hizo el senador César Biffi que ha marcado la impronta opositora a través de sus reclamos en los medios. Aduce el presidente de la UCR que se trata de una actividad estratégica y se pone en juego la continuidad de uno de los principales ingresos de la provincia.
También los legisladores del ARI advirtieron que accionarán judicialmente contra el decreto y todas las acciones posteriores sino las renegociación no pasa por la Legislatura.
En tanto desde el Partido Demócrata, se sabe, que el senador Carlos Aguinaga presentará un proyecto que "no va en contra del decreto". Aguinaga detalló, según publicó el diario Los Andes ayer que la idea es "agregar la disposición que precisamente carece el decreto que firmó el gobernador y elaborar un sistema más transparente en la negociación para evitar que todo quede al arbitrio y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo".
En el Ejecutivo la intervención de Aguinaga no preocupa, es más casi que se celebra. Desde la Casa de Gobierno deslizan que Aguinaga se mueve como aliado velado del ministro de Infraestructura Francisco Pérez por la amistad que los une. De hecho, asrguran que Aguinaga se muestra como el catalizador de los temas polémicos permitiendo al oficialismo destrabar los conflictos.
Estado de situación y cuál es el argumento oficial
Son 37 áreas en manos de 10 empresas. YPF es la que concentra más áreas. Del total se han comprado pliegos de 29 lotes de explotación. En un mes se iniciará un proceso de negociación durante el cual deberán acordar con el gobierno un aumento de regalías, el pago de un canon en efectivo y comprometerse a tomar mano de obra local.
El decreto no otorga la prórroga directamente. En realidad convoca a las empresas concesionarias de explotación de áreas a expresar su interés de solicitar la prórroga de esas concesiones. No pueden entrar en esto nuevas compañías. Es para las que ya están trabajando. Son concesiones que fueron otorgadas por la Nación hace 18 años para que fueran explotadas por 25 años, con la posibilidad de prorrogar por 10 años. Ahora la facultad de adjudicación es de las provincias. Las concesiones vencerían en el 2017, pero seguirían hasta el 2027.
Una vez concluido el periodo de admisión de las solicitudes comenzará el periodo de negociación en el que el gobierno y las empresas petroleras, según consta en el decreto.
¿Qué acordarán? Un aumento de regalías, el pago de un "canon extraordinario de producción" que será dinero en efectivo a cambio de la prórroga, y se firmará un acta que también incluye el compromiso a tomar mano de obra local y cumplir con el compre mendocino.
Justamente el canon extraordinario es uno de los principales puntos criticados por la oposición. Las observaciones apuntan a que el Gobierno sólo busca hacer "caja" en el último año de gestión y al margen de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para decidir sobre las ofertas de inversión.
En contrapartida, el argumento oficial se centra en la caída de la producción petrolera acentuada en los últimos años. Esto ha derivado en la consecuente baja de las regalías que recibe la Provincia. Para colmo, remarcan en el Gobierno, la situación ha empeorado porque las firmas frenaron inversiones porque quedaban 7 años de concesión y ese tiempo es muy poco para amortizar el gasto, que es mucho en este tipo de megaproyectos. Por lo que se concluye según el diagnóstico oficial que si se renegocia ahora entonces se asegurará la suba en la producción petrolera para los próximos quince años (sumando los años que quedan de la actual concesión más los 10 años de prórroga).
YPF es la principal concecionaria en Mendoza por eso no fue casualidad que Jaque anunciara hace un mes la firma del decreto durante el acto oficial de la inaugiración de la explotación de Llancanelo. El ejecutivo de la empresa Sebastián Eskenazi admitió que lo sorprendió ese anuncio pero que entendía la oportunidad porque Mendoza era una de las últimas provincias petroleras en impulsar la renegociación de las áreas. Eskenazi reveló que YPF tenía proyectos frenados porque como mínimo la previsibilidad de inversión debe ser de 15 años.
En ese mismo ámbito también trascendió que YPF podría intervenir en la operación de algunas áreas petroleras secundarias proceso que está frenado desde hace más de un año.