Iribarne garantizó mejoras en una cárcel mendocina

El ministro de Justicia de la Nación anunció que se alcanzó un acuerdo "amistoso" con los peticionarios mendocinos que denunciaron el mal estado de la cárcel provincial de Boulogne Sur Mer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, anunció una serie de medidas politicas impulsadas desde su cartera para aplicar en nuestra provincia.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en San Juan, los representantes del Gobierno y de los peticionarios solucionaron de manera "amistosa" el diferendo sobre la cárcel local

Iribarne y los peticionarios, Pablo Gabriel Salinas, Carlos Varela Álvarez y Eduardo Alfredo Guevara Escayola, analizaron los puntos salientes del compromiso, que tiene como objetivo "asegurar la integridad física y mejorar la calidad de vida de los internos y los integrantes del servicio penitenciario".

"El objetivo del Ministerio de Justicia fue llevar a la práctica la directiva del presidente Néstor Kirchner de protección y defensa de los Derechos Humanos de todos, en este caso, de las personas privadas de su libertad", destacó el titular de Justicia.

Según se difundió a través de un comunicado, el ministro agregó: "El de Mendoza es un proceso de trabajo conjunto de mucho tiempo que da cuenta del compromiso del gobierno nacional en la materia".

"Enviar a la Legislatura provincial un proyecto de creación de un organismo local de prevención contra la tortura; crear la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los Derechos Humanos; y elevar un proyecto de creación de una Procuración para las personas privadas de su libertad", fueron algunos de los puntos del acuerdo.

Además, el Ministerio se comprometió a "crear una defensoría pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, continuar las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos, y mejorar la estructura de salud, educación y trabajo en al ámbito penitenciario".

Los peticionarios destacaron que este acuerdo es "inédito", ya que incluye "decisiones políticas y la puesta en práctica de herramientas puntuales". 

Además, plantearon que aunque queda "pendiente aún la incorporación de una serie de normas, este acuerdo es histórico y paradigmático en América Latina".
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22 de julio de 2018 | 05:03
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