El Gobierno peruano garantiza un juicio justo a Fujimori

Se lo espera en Lima en las próximas horas. El, en tanto, confesó que la extradición formaba parte de su plan para retornar al país. El gobierno de Perú asegura que se han tomado  "las medidas necesarias para resguardar su integridad física y todas las garantías de un debido proceso". Aquí, un listado de los delitos por los que será juzgado.

En una rueda de prensa, Zavala también solicitó a los peruanos confianza en el Poder Judicial.

La ministra no quiso dar detalles sobre dónde será recluido y cómo será trasladado el hombre que gobernó Perú de 1990 a 2000, aunque ha trascendido que la entrega se hará en algún punto de la frontera peruano-chilena.

Por su lado, el primer ministro de Perú, Jorge del Castillo, pidió a sus compatriotas "suma serenidad" para lograr que la llegada del ex presidente permita al Poder Judicial actuar "con equidad y justicia".

"No puede haber maltrato ni actitudes condescendientes", acotó el primer ministro al resaltar que se trata de un ex gobernante.

En su primer mensaje a los peruanos tras conocer el fallo, con la serenidad oriental que le caracteriza, Fujimori explicó a Radio Programas del Perú (RPP) que la extradición formaba parte de sus planes de retornar y reencontrarse con su pueblo.

Convencido de que saldrá "airoso" del proceso, agregó que su plan también incluía "reducir sustancialmente el número de acusaciones".

En cierta manera ha conseguido su propósito, ya que será procesado por siete delitos frente a los doce que figuraban en la solicitud, aunque tendrá que responder por los más graves: las matanzas del distrito limeño de Barrios Altos (1991) y de la Universidad de La Cantuta (1992).

En aquellas masacres, perpetradas por el grupo paramilitar Colina creado bajo su mandato, perdieron la vida 25 personas.

Fujimori también hizo un repaso a su actuación como jefe de Estado y aseguró que resolvió "los problemas de la peor época de Perú, que parecían insolubles", en alusión a la crisis económica y la guerra interna que azotaban al país en aquellos años.

"Dentro de esa compleja situación por supuesto que también hubo fallas garrafales en mi gobierno, pero actué de la forma más ajustada a los intereses del país", afirmó.

Fujimori defendió al que fuera su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, encarcelado desde 2001.

"El servicio de inteligencia fue criticado, pero en la lucha contra-terrorista su práctica tuvo un rol preponderante", acotó sobre su antiguo brazo derecho.

Según el procurador anticorrupción de Perú, Carlos Briceño, Fujimori puede llegar a ser condenado hasta a 25 años de prisión, que es la solicitud de pena más alta por los delitos que se le imputan.

Detalló que el proceso puede alargarse hasta cuatro meses y explicó que el extraditado "debe estar en un lugar apropiado, que tenga comunicación y visita de familiares".

El juicio estará a cargo de una sala especial, tal y como corresponde a altos dignatarios, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara.

"Está garantizada la imparcialidad, el principio de independencia y la presunción de inocencia", remarcó Távara, mientras la fiscal de la Nación, Adelaida Bolívar, explicó que será sometido a juicio oral de "forma inmediata".

Bolívar también dejó claro que será procesado sólo "por los casos por los que lo ha extraditado la justicia chilena", aunque matizó que en los otros procesos pendientes tendrá la "condición de testigo".

Mientras tanto, el júbilo se esparció entre los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y las organizaciones pro derechos humanos que reclamaban el enjuiciamiento de Fujimori desde que en 2000 huyó a Japón, desde donde envió un fax para presentar su dimisión.

En declaraciones a Efe, el director de la sección peruana de Amnistía Internacional, Ismael Vega, dijo que la decisión "refleja claramente que la justicia chilena se ha puesto en primera línea en la lucha contra la impunidad".


Delitos por los que Fujimori será procesado en Perú

Lima, 21 sep (EFE).- Los delitos que afrontará en Perú el ex presidente Alberto Fujimori, tras el fallo de la Corte Suprema de Chile a favor de la extradición, son por dos por crímenes de lesa humanidad, referidos a las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y cinco por corrupción.

- Por violación a los derechos humanos:

1.- Homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzosa en las masacres de Barrios Altos (1991), donde murieron 15 personas que participaban en una fiesta, y de la Universidad La Cantuta (1992), cuyas víctimas fueron un profesor y nueve alumnos. Estos crímenes los cometió supuestamente el grupo paramilitar Colina, organizado por el entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Pena mínima de quince años y máxima de 25.

2.- Homicidio calificado, desaparición forzosa y torturas practicadas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) a agentes de este cuerpo denunciados desde 1997. Pena mínima de quince años y máxima de 25.

- Por corrupción:

3.- Malversación de fondos públicos, atentado contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir por indemnizar con 15 millones de dólares a Montesinos por sus diez años de servicio al Gobierno de Fujimori. Tras recibir el pago, el ex asesor se fugó a Panamá. Pena de hasta ocho años.

4.- Asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios por pagos a congresistas tránsfugas para que apoyaran la reelección de Fujimori en el año 2000, tal y como se comprobó en una serie de vídeos grabados por el propio Montesinos. Pena mínima de cinco años.

5.- Encubrimiento real, usurpación de funciones y abuso de autoridad por ordenar el allanamiento ilegal de la residencia de Montesinos para incautación de vídeos y documentos incriminatorios. Pena mínima de ocho años.

6.- Violación del secreto de las comunicaciones, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir por espionaje telefónico a decenas de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios ordenado por Montesinos. Pena de hasta cinco años.

7.- Delito contra la administración pública, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos por la compra la línea editorial de diversos medios de comunicación. Pena de hasta diez años. Los jueces desestimaron la acusación por la compra irregular de tractores chinos, incluida en el cuadernillo de extradición que contemplaba ambos casos
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20 de agosto de 2018 | 01:58
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