Proyecto de "Código Procesal de Familia y Violencia Familiar"

Abajo, el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura sobre el nuevo Código Procesal de Familia y Violencia Familiar":


 Mendoza, 04 de julio de 2018.

NOTA Nº 259-L

A la

HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

S / R

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el fin de someter a consideración el adjunto proyecto de ley que tiene por objeto la sanción del nuevo "Código Procesal de Familia y Violencia Familiar".

Este proyecto de ley procesal -para la Justicia de Familia y Violencia Familiar de Mendoza- propone la derogación del Art. 46 y los Títulos I y II del Libro II y el Libro III de la Ley Nº 6.354 de Protección Integral del Niño y Adolescente, y de la Ley Nº 6.672 de Violencia Intrafamiliar, las cuales fueron dictadas en los años 1995 y 1999 respectivamente.

La Ley Nº 6.354 hace más de dos décadas creó el Fuero de Familia y Penal de Menores, diseñando un procedimiento especial para las cuestiones de Familia y otro procedimiento para las personas menores de edad en conflicto con la Ley Penal.

Por entonces, esa Ley ubicó a la Provincia en una posición de avanzada respecto del resto de las jurisdicciones del país, en un serio intento de acercar las prácticas socio-jurídicas locales a los principios de la Convención de los Derechos del Niño.

Con el presente proyecto se pretende adecuar la legislación provincial al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en concordancia con el nuevo Código Procesal Civil y Tributario de la Provincia.

Asimismo, se pretende suplir las necesidades impostergables de la justicia de familia local, adecuando los procedimientos a los importantes cambios en el derecho sustancial introducidos por el Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto de 2015.

La reforma realizada en el derecho familiar, vigente desde agosto de 2015, refleja los cambios de la sociedad durante las últimas décadas, incorporando nuevas instituciones y reacomodando las existentes, con una visión pluralista e inclusiva, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los integrantes de la familia. Por ejemplo, las modificaciones en la supresión de las causales de divorcio; la demanda del divorcio sin expresión de causa, que permite poner fin al vínculo matrimonial por decisión unilateral o bilateral, requiere un diseño procedimental muy distinto al del viejo trámite contencioso. La filosofía que subyace en esta reforma es el respeto por la autonomía personal y la pacificación del conflicto, evitando que los niños sean víctimas de la crisis de los adultos. El derecho procesal entonces tiene que organizar un procedimiento acorde con esos objetivos; dar herramientas concretas para ayudar a resolver los efectos de la ruptura, y no dilatar su solución, ni perpetuar el litigio indagando sobre las causas del fracaso matrimonial.

Tampoco pueden ignorarse los retos que imponen los derechos de la niñez/adolescencia y de las personas con vulnerabilidad; la participación del niño y adolescente en el proceso si cuenta con edad y grado de madurez suficiente; el impacto de la ciencia y la tecnología a través de la procreación asistida y las formas de tutela preventiva.

Por otra parte, es necesario realizar los ajustes requeridos para concretar la tutela judicial efectiva de todos los que se acercan a los tribunales de familia buscando una solución a sus problemas jurídicos, en especial, de las personas en situación de vulnerabilidad.

En la mayoría de los casos, los conflictos familiares encierran una compleja problemática ya que involucran cuestiones de la vida íntima que muchas veces reflejan el fracaso de un proyecto personal y familiar; suelen desatar pasiones y enconos entre sus protagonistas (incluso espirales de violencia) de tal dimensión que generalmente trascienden el terreno de lo estrictamente jurídico, enfrentan a los operadores jurídicos con situaciones muchas veces difíciles, en las que ninguna de las soluciones jurídicas posibles es óptima para resolver el problema, debiendo encontrarse alguna que se le aproxime lo más posible; exigiendo más que una tarea de subsunción de los hechos en la norma, una verdadera ponderación y balance de los derechos fundamentales en tensión entre los partícipes del litigio. Con frecuencia, involucran los derechos de personas en condición de vulnerabilidad (niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces); y a diferencia de lo que sucede en otro tipo de contiendas de naturaleza civil, durante el trámite judicial, y aún después de la sentencia, las partes se mantienen vinculadas por lazos que les imponen responsabilidades de uno al otro, o comunes, por ejemplo, cuando hay hijos menores de edad.

Por eso, los conflictos familiares no pueden resolverse como una cuestión civil de naturaleza patrimonial. El proceso de familia, como instrumento de realización de los derechos emergentes de las relaciones familiares, adquiere una tonalidad propia, en tanto el derecho material al que el proceso sirve, y los sujetos afectados, le imponen una forma de litigio específico.1 En otras palabras, la puesta en marcha del mecanismo procesal tiene como objetivo central resolver el conflicto, pero de un modo bastante distinto al típico proceso civil. Aunque los involucrados busquen "ganar su batalla", los operadores jurídicos son conscientes que deben ayudarlos a encontrar una solución que -sin dejar de atender a los derechos en juego - desactive la crisis y pacifique al grupo familiar. Nada más lejos de la tradicional antinomia "vencedor-vencido".

En suma, los cambios necesarios en el funcionamiento de la Justicia de Familia en nuestra provincia requieren nuevas normas, más adecuadas al modelo denominado justicia de protección o acompañamiento.

El camino trazado por la Ley Nº 6.354 no es ignorado; por el contrario, se lo continúa; adviértase que:

a) Se busca un sistema que garantice el acceso a la justicia y la igualdad, sin menoscabar las garantías de bilateralidad y congruencia.

b) Se apuesta a la cooperación interdisciplinaria, porque existe plena conciencia de que en el ámbito del derecho de las familias, el saber basado exclusivamente en la ley es siempre insuficiente. El abordaje interdisciplinario favorece la mejor articulación de normas, realidad social y valores comprometidos.

c) Se incentiva la búsqueda de respuestas no adversariales que permitan soluciones tempranas a los conflictos familiares mediante la autocomposición. En tal sentido, se mantiene el cuerpo de mediadores, tal como ha funcionado hasta el momento, con la esperanza de que optimice los resultados.

d) Se rescata el valor de la "autonomía personal" en tanto "poder de decisión" o posibilidad de las partes de resolver sobre ciertos aspectos de la vida personal. Las transformaciones jurídicas, sociales y culturales han enseñado que el modo de obtener la realización de los intereses familiares suele no estar referido a la indisponibilidad de las partes, sino todo lo contrario, a través de acuerdos negociados.

Las Características de los procesos de familia y de violencia familiar son la especialidad, el interés superior del niño; el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad; los principios de libertad, amplitud, flexibilidad de la prueba y de las cargas probatorias dinámicas; la aplicación de soluciones alternativas a la judicialización, la resolución consensuada de los conflictos; la participación en el proceso de las personas menores de edad y mayores edad con capacidad restringida e incapaces; no aplicándose el instituto de caducidad de instancia, salvo que se tratare de acciones exclusivamente patrimoniales, entre personas mayores de edad.

En los procesos de familia y violencia familiar rigen los principios de oralidad, inmediación, oficiosidad, buena fe y lealtad procesal, gratuidad y acceso limitado al expediente. El proceso de Familia se desarrolla mediante audiencias orales, estando las partes del proceso en contacto personal con el Juez; facilitando la interacción de las mismas, escuchando activamente. El impulso procesal está a cargo del Juez, quien debe oficiosamente ordenar pruebas y/o disponer medidas no patrimoniales urgentes, cautelares y no cautelares. El Juez debe evitar toda dilación o diligencia innecesaria y tomar las medidas pertinentes para impedir su paralización. Cabe destacar que el impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas plenamente capaces.

La caducidad de la instancia no opera en los casos en que el impulso oficioso del trámite corresponda al Juez, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que aplique la Suprema Corte de Justicia al Magistrado por el retardo de justicia.

En los demás supuestos, la instancia caducará conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia.

Asimismo, las partes deben proceder de buena fe y abstenerse de utilizar medios fraudulentos en el proceso, estando facultado el Juez para aplicar astreintes cuando las partes incurran en desobedencia a un mandato judicial. Los procedimientos regulados por esta ley carentes de contenido económico son gratuitos; y en los demás procesos, quien alegue insuficiencia de bienes e ingresos debe realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, conforme la reglamentación que ese Ministerio disponga. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y letrados.

En el presente proyecto se organiza la Justicia de Familia y Violencia Familiar, la cual se integrará por Cámaras de Familia y Violencia Familiar; Juzgados de Familia y Violencia Familiar; Juzgados de Paz, en las materias en las que tengan competencia fijada por esta ley o por otras leyes provinciales; Ministerio Público Fiscal; y por el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. Además la Justicia de Familia y Violencia Familiar contará con los siguientes organismos auxiliares: el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario; el Equipo Especializado en Violencia Familiar; el Registro Provincial de Adopción; y el Cuerpo de Mediadores.

El proyecto organiza un trámite procesal principal, denominado "proceso ordinario por audiencias", que se complementa con un proceso abreviado, sin perjuicio de que a fin de unificar criterios y para evitar las zozobras de la inseguridad jurídica, se hayan establecido algunas reglas especiales para ciertos tipos de proceso.

En el proceso ordinario por audiencias se ha puesto especial énfasis en la regulación de una audiencia denominada "inicial", con la que se pretende lograr, a través de la auto-composición, la solución del conflicto planteado o de cualquier otra cuestión conexa que las partes propongan de común acuerdo en esa audiencia. De no ser posible la resolución del conflicto, la audiencia posibilita la fijación los hechos controvertidos y la delimitación de las pruebas pertinentes para acreditarlos (es decir, acordar sobre los aspectos "disponibles" del trámite procesal).

El proyecto defiende la oralidad y la inmediación, desde que los intereses comprometidos en estos litigios tornan imperiosa la comunicación directa del Juez con las personas que intervienen en el proceso. Se ha pensado en un juez involucrado que, con moderación, pero con oportuno activismo, sea un instrumento para paliar las desigualdades reales. En este sentido, se fijan pautas y sanciones específicas.

En el ámbito probatorio, la flexibilización prevalece en la producción, gestión y evaluación.

Vinculado a las cargas probatorias, se prevé expresamente el principio de colaboración, de manera que la parte que cuente con mayores posibilidades de conocimiento, especialización e información tenga el deber de suministrar los elementos de juicio conducentes, a riesgo de que su conducta, o el comportamiento evasivo o de omisión incida en el margen de discrecionalidad del juez (cargas probatorias dinámicas).

En el convencimiento de que las soluciones justas requieren celeridad, se propone la reducción de los plazos, mayor agilidad en las notificaciones, sanciones y caducidades ante demoras injustificadas. Además, para superar las controversias que suscita la sintética normativa actual referida a los planteos recursivos, se organiza su implementación y se estipulan los distintos efectos de la interposición del recurso de apelación.

eL Proceso Abreviado se aplicará en los casos del Art. 13 punto 2 de la presente ley. Respecto de los Procedimientos Urgentes, se recogen las tutelas urgentes para ciertas situaciones comprometidas, respetando el principio de simplificación de los procesos cautelares y fijando pautas para la adopción de medidas urgentes no cautelares. Las crisis familiares con dosis extremas de malos tratos exigen fórmulas expeditas, que permitan la cesación del riesgo y evitar las secuelas del agravamiento de los perjuicios concretos o potenciales que de otro modo podrían ser irreparables. Se trata, en definitiva, de brindar una respuesta jurisdiccional prudente, atenta, activa y oportuna.

En el Libro Tercero se regulan los procedimientos especiales aportando notable riqueza, porque fija con precisión las reglas aplicables a aquellas pretensiones que requieren una atención especial, regulando en nueve títulos los procesos de: violencia familiar; control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos y de las medidas conexas; para las acciones derivadas de la capacidad de las personas humanas y su restricción; autorización supletoria para salir del país; autorización supletoria para actos de carácter patrimonial entre cónyuges o convivientes; de alimentos; divorcio; filiación y adopción.

Una problemática que reclama soluciones urgentes es la prestación alimentaria, por lo que se ha proyectado un proceso que posibilite la protección diferenciada y efectiva de estos derechos de fuerte dimensión social.

En los procesos de violencia familiar, la actual Ley Nº 6.672 prevé la intervención de un Juez Civil; con el presente proyecto toda la problemática de violencia familiar será tratada en los juzgados especializados de Familia y Violencia Familiar, con el fin de instrumentalizar los mandatos de la Ley Nº 26.485. Se propone un procedimiento equilibrado que garantice la protección urgente de los derechos de la persona en situación de violencia, el derecho de defensa del presunto agresor y una pluralidad de mecanismos de control y seguimiento. Todo ello con el fin de ofrecer una intervención oportuna, que permita un abordaje integral de esta problemática socio-familiar.

En definitiva, en este proyecto se proponen procesos judiciales especiales, los cuales serán herramientas idóneas para garantizar y dotar de eficacia a los derechos fundamentales de la persona menor de edad y sus familias.

Dios guarde a V.H.

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

"CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR"

ÍNDICE

LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES.

TÍTULO I. NORMAS PROCESALES. REGLAS.

Artículo 1º. - Objeto.

Artículo 2º. - Interpretación y aplicación de las normas procesales.

Artículo 3º. - Características de los procesos de familia y de violencia familiar.

Artículo 4º. - Principios.

TÍTULO II ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR.

Artículo 5º. - Organización.

Artículo 6º. - Integración.

Artículo 7º. - Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.

Artículo 8º. - Equipo Especializado en Violencia Familiar.

Artículo 9º. - Registro Provincial de Adopción.

Artículo 10º. - Legajo. Trámite ante el Registro Provincial de Adopción.

Artículo 11º. - Evaluación.

Artículo 12º. - Cuerpo de Mediadores.

TÍTULO III. ÁMBITO DE aplicación Y REGLAS DE COMPETENCIA.

Artículo 13º. - Competencia material.

Artículo 14º. - Competencia territorial. Carácter.

Artículo 15º. - Juzgados de Paz con competencia en asuntos de familia y violencia familiar.

Artículo 16º. - Competencia territorial. Reglas.

Artículo 17º. - Competencia por conexidad.

Artículo 18º. - Juez de Familia y Violencia Familiar. Deberes y atribuciones.

TÍTULO IV. PATROCINIO LETRADO.

Artículo 19º. - Regla general.

Artículo 20º. - Patrocinio letrado.

Artículo 21º. - Trámite sin patrocinio letrado.

Artículo 22º. - Registro local de abogados del niño.

TÍTULO V. MEDIACIÓN PREVIA.

Artículo 23º. - Reglas.

Artículo 24º. - Funciones del Mediador.

Artículo 25º. - Trámite ante el mediador.

TÍTULO VI. PROCESOS. AUDIENCIAS. PRUEBAS.

Artículo 26º. - Audiencias.

Artículo 27º. - Prueba. Principio de colaboración.

Artículo 28º. - Ofrecimiento de prueba.

Artículo 29º. - Atribuciones judiciales.

Artículo 30º. - Prueba documental.

Artículo 31º. - Declaración de las partes.

Artículo 32º. - Prueba de testigos.

Artículo 33º. - Caducidad de las medidas de prueba.

TÍTULO VII.RESOLUCIONES JUDICIALES. COSTAS.

Artículo 34º. - Resoluciones. Plazos.

Artículo 35º. - Costas.

Artículo 36º. - Solución consensuada del conflicto.

TÍTULO VIII. RECURSOS.

Artículo 37º. - Remisión.

Artículo 38º. - Apelación. Plazos.

Artículo 39º. - Apelación libre y abreviada.

Artículo 40º. - Apelación con trámite inmediato y diferido.

Artículo 41º. - Apelación. Efecto.

Artículo 42º. - Objeción sobre la forma de concesión del recurso.

Artículo 43º. - Resolución consensuada de conflictos.

Artículo 44º. - Apelación sin efecto suspensivo.

Artículo 45º. - Remisión del expediente o actuación.

Artículo 46º. - Nulidad.

LIBRO II. PROCESOS DE FAMILIA.

TÍTULO i. PROCEso ORDINARIO POR AUDIENCIAS.

Artículo 47º. - Carácter supletorio.

Artículo 48º. - Presentación de la demanda.

Artículo 49º. - Traslado de la demanda.

Artículo 50º. - Presentación conjunta.

Artículo 51º. - Cuestión de puro derecho.

Artículo 52º. - Reconvención.

Artículo 53º. - Trámite posterior.

Artículo 54º. - Audiencia inicial. Reglas generales.

Artículo 55º. - Audiencia inicial. Trámite.

Artículo 56º. - Resoluciones dictadas en la audiencia inicial.

Artículo 57º. - Audiencia final. Reglas generales.

Artículo 58º. - Audiencia final. Trámite.

Artículo 59º. - Efectos del llamamiento de autos para resolver.

Artículo 60º. - Notificación de la sentencia.

TÍTULO II. PROCEso ABREVIADO.

Artículo 61º. - Procedencia.

Artículo 62º. - Reglas.

Artículo 63º. - Trámite.

TÍTULO III. PROCeso URGENTE.

Artículo 64º. - Procedencia.

Artículo 65º. - Presupuestos.

Artículo 66º. - Trámite.

Artículo 67º. - Oposición.

LIBRO III. PROCESOS ESPECIALES.

TÍTULO I. PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 68º. - Violencia Familiar.

Artículo 69º. - Grupo familiar.

Artículo 70º. - Finalidad.

Artículo 71º. - Principios.

Artículo 72º. - Prohibición.

Artículo 73º. - Competencia.

Artículo 74º. - Características.

Artículo 75º. - Registro Informático.

Artículo 76º. - Capacitación.

CAPÍTULO II. DENUNCIA. TRÁMITE.

Artículo 77º. - Denuncia. Legitimación activa.

Artículo 78º. - Obligados a denunciar.

Artículo 79º. - Requisitos de la obligación de denunciar.

Artículo 80º. - Plazo de la obligación de denunciar.

Artículo 81º. - Denuncia. Forma.

Artículo 82º. - Denuncia de la víctima.

Artículo 83º. - Denuncia efectuada por un tercero.

Artículo 84º. - Receptor de la denuncia.

Artículo 85º. - Contenido de la denuncia.

Artículo 86º. - Actuación coordinada con la justicia penal.

Artículo 87º. - Actuación Coordinada con los organismos administrativos de protección de derechos.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO JUDICIAL.

Artículo 88º. - Intervención judicial.

Artículo 89º. - Mediación.

Artículo 90º. - Informe técnico de riesgo.

Artículo 91º. - Otros informes.

Artículo 92º. - Medidas de protección. Reglas.

Artículo 93º. - Medidas de protección. Recursos.

Artículo 94º. - Medidas de protección. Incumplimiento.

Artículo 95º. - Audiencia.

Artículo 96º. - Prueba.

Artículo 97º. - Sentencia.

Artículo 98º. - Sanciones.

Artículo 99º. - Seguimiento y supervisión de oficio.

Artículo 100º. - Reparación.

Artículo 101º. - Cese de las medidas.

TÍTULO II. PROCESO DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL DE DERECHOS. MEDIDAS CONEXAS.

Artículo 102º. - Plazo para adoptar la Medida de Protección Excepcional de Derechos.

Artículo 103º. - Solicitud de control de legalidad.

Artículo 104º. - Juzgado competente.

Artículo 105º. - Procedimiento. Control de legalidad.

Artículo 106º. - Audiencia Privada. Audiencia de control de legalidad.

Artículo 107º. - Patrocinio Letrado.

Artículo 108º. - Seguimiento de la Medida de Control de Legalidad.

Artículo 109º. - Solicitud de Prórroga.

Artículo 110º. - Modificación o Suspensión de la Medida.

Artículo 111º. - Cese automático de la Medida.

Artículo 112º. - Cese de la Medida de Protección Excepcional de Derechos por resolución judicial.

Artículo 113º. - Declaración judicial de situación de adoptabilidad.

Artículo 114º. - Medidas Conexas.

Artículo 115º. - Tipos de medidas conexas.

Artículo 116º. - Efectivización de las medidas conexas.

Artículo 117º. - Archivo o Remisión.

TÍTULO Iii. PROCESO RELATIVO A LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS.

Artículo 118º. - Trámite.

Artículo 119º. - Notificaciones.

Artículo 120º. - Medidas de protección.

Artículo 121º. - Notificación y traslado de la demanda.

Artículo 122º. - Informe del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.

Artículo 123º. - Entrevista personal. Atribuciones del Juez.

Artículo 124º. - Desestimación de la Demanda.

Artículo 125º. - Proponibilidad de la Demanda.

Artículo 126º. - Otros medios de prueba.

Artículo 127º. - Llamamiento de autos para sentencia.

Artículo 128º. - Efectos del llamamiento de autos para sentencia.

Artículo 129º. - Notificación de la sentencia.

Artículo 130º. - Sentencia que restringe la capacidad.

Artículo 131º. - Sentencia que declara la incapacidad.

Artículo 132º. - Registración de la sentencia.

Artículo 133º. - Apelación.

Artículo 134º. - Revisión de las designaciones.

Artículo 135º. - Revisión de la sentencia.

Artículo 136º. - Costas.

TÍTULO IV. PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA SALIR DEL PAÍS.

Artículo 137º. - Salida del país.

Artículo 138º. - Trámite.

Artículo 139º. - Audiencia y prueba.

Artículo 140º. - Sentencia.

Artículo 141º. - Apelación.

TÍTULO V. PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA ACTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL ENTRE CÓNYUGES O CONVIVIENTES.

Artículo 142º. - Ámbito de Aplicación.

Artículo 143º. - Trámite.

TÍTULO VI. PROCESO DE ALIMENTOS.

Artículo 144º. - Alimentos. Reglas Generales.

Artículo 145º. - Demanda.

Artículo 146º. - Notificaciones.

Artículo 147º. - Prueba de informes o dictámenes periciales.

Artículo 148º. - Sentencia.

Artículo 149º. - Modo de cumplimiento.

Artículo 150º. - Repetición.

Artículo 151º. - Costas.

Artículo 152º. - Alimentos devengados durante el proceso. Cuota suplementaria.

Artículo 153º. - Alimentos atrasados. Pago en cuotas.

Artículo 154º. - Medidas ante el incumplimiento. Apelación.

Artículo 155º. - Retención directa y embargo sobre sueldo y otras remuneraciones.

Artículo 156º. - Solidaridad.

Artículo 157º. - Registro de deudores alimentarios.

Artículo 158º. - Tasa de interés.

Artículo 159º. - Apelación.

Artículo 160º. - Alimentos provisorios. Audiencia.

Artículo 161º. - Trámite de la audiencia.

Artículo 162º. - Audiencia. Reglas.

Artículo 163º. - Alimentos definitivos. Trámite.

Artículo 164º. - Ejecución de alimentos. Título ejecutivo.

Artículo 165º. - Ejecución de alimentos. Excepciones.

Artículo 166º. - Ejecución de alimentos. Recursos.

Artículo 167º. - Aumento, disminución, coparticipación, cuota extra- ordinaria o cesación de la obligación alimentaria. Trámite.

Artículo 168º. - Aumento provisorio de la cuota.

Artículo 169º. - Disminución provisoria de la cuota.

Artículo 170º. - Momento a partir del cual rige la resolución.

TÍTULO VII. PROCESO DE DIVORCIO.

Artículo 171º. - Caracteres.

Artículo 172º. - Requisitos de la petición.

Artículo 173º. - Divorcio bilateral.

Artículo 174º. - Divorcio unilateral.

Artículo 175º. - Omisión de contestación de la petición unilateral.

Artículo 176º. - Recursos.

TÍTULO VIII. PROCESO DE FILIACIÓN.

Artículo 177º. - Regla general.

Artículo 178º. - Filiación por naturaleza. Excepción de cosa juzgada. Principio general.

Artículo 179º. - Filiación por naturaleza. Prueba genética de ADN. Realización.

Artículo 180º. - Carencia de recursos económicos.

TÍTULO IX. PROCESO DE ADOPCIÓN.

CAPÍTULO I. DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD.

Artículo 181º. - Persona menor de edad sin filiación determinada.

Artículo 182º. - Búsqueda con resultado negativo.

Artículo 183º. - Búsqueda con resultado positivo.

Artículo 184º. - Voluntad de los progenitores a favor de la adopción.

Artículo 185º. - Voluntad de los progenitores a favor de la adopción, previo al cumplimiento del plazo de 45 días.

Artículo 186º. - Información.

Artículo 187º. - Progenitores menores de edad.

Artículo 188º. - Medidas excepcionales con resultados negativos.

Artículo 189º. - Proceso de declaración judicial de situación de adoptabilidad.

Artículo 190º. - Sentencia.

Artículo 191º. - Situación de la persona adolescente.

Artículo 192º. - Reducción de los plazos reglados.

Artículo 193º. - Contenido.

CAPÍTULO II. GUARDA CON FINES DE ADOPCION

Artículo 194º. - Selección de los guardadores para adopción.

Artículo 195º. - Audiencia.

Artículo 196º. - Incomparecencia de los postulantes y carencia de postulantes.

Artículo 197º. - Audiencia con los pretensos guardadores. Vinculación.

Artículo 198º. - Otorgamiento de la guarda con fines de adopción.

Artículo 199º. - Revocación de la guarda con fines de adopción.

Artículo 200º. - Notificación de la guarda con fines de adopción.

CAPÍTULO III. JUICIO DE ADOPCIÓN.

Artículo 201º. - Inicio del proceso de adopción.

Artículo 202º. - Control periódico de oficio.

Artículo 203º. - Prueba.

Artículo 204º. - Audiencia.

Artículo 205º. - Consentimiento del adoptado.

Artículo 206º. - Sentencia.

Artículo 207º. - Recursos.

TÍTULO X. PROCESO PARA LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS Y DEMÁS CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LAS RELACIONES DE FAMILIA.

Artículo 208º. - Proceso. Objeto.

Artículo 209º. - Legitimación.

Artículo 210º. - Interés superior.

Artículo 211º. - Autoridad Central. Intervención en el procedimiento.

Artículo 212º. - Etapa Inicial.

Artículo 213º. - Demanda y sentencia.

Artículo 214º. - Recurso.

Artículo 215º. - Defensas.

Artículo 216º. - Trámite. Prueba.

Artículo 217º. - Audiencia.

Artículo 218º. - Realización de la audiencia.

Artículo 219º. - Resolución.

Artículo 220º. - Apelación.

Artículo 221º. - Contenido de la sentencia y restitución segura.

Artículo 222º. - Restitución en los casos de petición posterior al año de la sustracción o retención ilícitas.

Artículo 223º. - Atribuciones judiciales.

Artículo 224º. - Notificaciones.

Artículo 225º. - Recursos.

Artículo 226º. - Derecho de comunicación.

Artículo 227º. - Cooperación judicial internacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (Arts. 228º al 235º).

"CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR"

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

NORMAS PROCESALES. REGLAS.

Artículo 1º. - Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la normativa procesal para hacer efectivos los derechos y deberes establecidos en las leyes de fondo, regulando los procesos de familia y de violencia familiar.

Artículo 2º. - Interpretación y aplicación de las normas procesales. Las disposiciones de esta ley deben ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, los Tratados Internacionales ratificados por la Nación Argentina, las Leyes de la Nación y la Constitución de la Provincia de Mendoza.

Artículo 3º. - Características de los procesos de familia y de violencia familiar:

a) especialidad en familia y violencia familiar;

b) interés superior del niño;

c) acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad;

d) libertad, amplitud, flexibilidad de la prueba y cargas probatorias dinámicas;

e) aplicación de soluciones alternativas a la judicialización;

f) resolución consensuada de los conflictos;

g) participación en el proceso de las personas menores de edad y mayores edad con capacidad restringida e incapaces;

h) no se aplica el instituto de caducidad de instancia, salvo que se trate de acciones exclusivamente patrimoniales, entre personas mayores de edad.

i) aplicación supletoria del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza.

Artículo 4º. - Principios. En los procesos de familia y violencia familiar rigen los principios de oralidad, inmediación, oficiosidad, buena fe y lealtad procesal, gratuidad y acceso limitado al expediente:

a) Oralidad e inmediación. El proceso de Familia se desarrolla mediante audiencias orales, estando las partes del proceso en contacto personal con el Juez; facilitando la interacción de las mismas, escuchando activamente;

b) Oficiosidad. El impulso procesal está a cargo del Juez, quien debe oficiosamente ordenar pruebas y/o disponer medidas urgentes, cautelares y no cautelares.

El Juez debe evitar toda dilación o diligencia innecesaria y tomar las medidas pertinentes para impedir la paralización de las actuaciones.

El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas plenamente capaces.

La caducidad de la instancia no opera en los casos en que el impulso oficioso del trámite corresponda al Juez, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que aplique la Suprema Corte de Justicia al Magistrado por el retardo de justicia.

En los demás supuestos, la instancia caducará conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia.

c) Buena fe y lealtad procesal. Las partes deben proceder de buena fe y abstenerse de utilizar medios fraudulentos en el proceso. El Juez puede aplicar astreintes cuando las partes incurran en desobedencia a un mandato judicial.

d) Gratuidad. Los procedimientos regulados por esta ley carentes de contenido económico son gratuitos.

En los demás procesos, quien alegue insuficiencia de bienes e ingresos debe realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, conforme la reglamentación que ese Ministerio disponga.

e) Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y letrados.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 5º. - Organización. La Justicia de Familia y Violencia Familiar estará integrada por:

  1. Cámaras de Familia y Violencia Familiar;

  2. Juzgados de Familia y Violencia Familiar;

  3. Juzgados de Paz, en las materias en las que tengan competencia fijada por esta ley o por otras leyes provinciales;

  4. Ministerio Público Fiscal;

  5. Ministerio Público de la Defensa y Pupilar;

Organismos auxiliares:

f) Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario;

g) Equipo Especializado en Violencia Familiar;

h) Registro Provincial de Adopción;

i) Cuerpo de Mediadores.

Artículo 6º. - Integración. Cada Cámara de Familia y Violencia Familiar, estará integrada por tres (3) miembros, que deberán cumplimentar los requisitos establecidos por el Art. 153 de la Constitución Provincial y tener reconocida versación en Derecho de Familia y Violencia Familiar.

Cada Juzgado de Familia y Violencia Familiar estará a cargo de un (1) Juez que deberá cumplimentar los requisitos del Art. 154 de la Constitución Provincial y tener reconocida versación en Derecho de Familia y Violencia Familiar.

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán cumplimentar las condiciones requeridas por el Art. 155 de la Constitución Provincial y tener versación en Derecho de Familia y Violencia Familiar.

Los integrantes del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar -Asesores de Menores e Incapaces y Co-defensores de Familia-, deberán tener versación en Derecho de familia y Violencia Familiar.

Los Asesores de Menores e Incapaces del Ministerio Público Pupilar deberán cumplimentar las condiciones requeridas por el Art. 155 de la Constitución Provincial.

Artículo 7º. - Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. Cumplirá sus funciones bajo la dependencia jerárquica y funcional de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se integrará por un plantel de profesionales especializados en las distintas áreas de la problemática de niñez , adolescencia y familia; contando además con un equipo especializado en Violencia Familiar con perspectiva de género. El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) asistirá a la justicia, a requerimiento del Magistrado interviniente, tanto en asuntos donde intervengan personas menores de edad, como en problemáticas de familia y violencia familiar con perspectiva de género.

Artículo 8º. - Equipo Especializado en Violencia Familiar. El Equipo Especializado en Violencia Familiar es parte integrante del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y se encuentra conformado por profesionales del área médica, de la psicología y del trabajo social, formados con perspectiva de género, que atenderán todos los casos de violencia familiar que tramiten ante los Juzgados de Familia y Violencia Familiar, a requerimiento del Juez.

Artículo 9º. - Registro Provincial de Adopción. El Registro Provincial de Adopción dependerá funcionalmente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con competencia en toda la Provincia y asiento físico en la Primera Circunscripción Judicial.

Se habilitarán delegaciones en cada una de las circunscripciones judiciales, las cuales coordinarán sus actividades con los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, dependientes del organismo administrativo de protección de derechos, conforme los lineamientos que se fijen desde la Coordinación del Registro Provincial de Adopción.

El Registro Provincial de Adopción estará a cargo de un Coordinador Provincial y conformado por un Equipo Interdisciplinario de Adopción, especializado en familia y adopción; los que cumplirán las siguientes funciones, además de las que establezca la reglamentación:

a) registrar y evaluar a los postulantes a adoptar;

b) realizar el seguimiento pos adoptivo, según criterios técnicos científicos;

c) contener e informar a los progenitores a fin de que puedan decidir libremente respecto de la adopción, antes y después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento del niño o niña.

d) orientar y acompañar a las personas que han sido adoptadas en oportunidad de ejercer el derecho a conocer su identidad de origen.

Artículo 10º. - Legajo. Trámite ante el Registro Provincial de Adopción. El Registro formará un legajo de cada solicitud y procederá a la inscripción de los postulantes, debiendo constar los datos personales de estos y de su grupo familiar conviviente, además de los que establezca la reglamentación, otorgándose un número de orden, según fecha y hora de inscripción.

Las inscripciones mantendrán su vigencia por el plazo de un (1) año. Los postulantes deberán ratificar su voluntad de continuar inscriptos dentro del mes anterior a su vencimiento. La no ratificación de la inscripción implicará su caducidad y su exclusión del Listado del Registro. No obstante, los interesados excluidos podrán solicitar su reinscripción iniciando un trámite nuevo, perdiendo el orden que ostentaban en la inscripción anterior.

Los trámites que se realicen ante el Registro Provincial de Adopción no requerirán patrocinio letrado y estarán exentos del pago de tasa de justicia y/o aportes en juicio.

Artículo 11º. - Evaluación. El Registro Provincial de Adopción a través del Equipo Interdisciplinario de Adopción deberá realizar las evaluaciones psicológicas y sociales en un plazo máximo de treinta (30) días, a partir de la inscripción. El Registro deberá expedirse sobre la aptitud de los postulantes para concretar su proyecto de adopción, en el término de diez (10) días desde la realización de las evaluaciones.

Si la evaluación resultare positiva, el Registro Provincial de Adopción emitirá la correspondiente declaración de aptitud y notificará a los postulantes su inclusión en el Listado del Registro.

Si la evaluación resultare negativa, el Coordinador del Registro dispondrá la no inclusión en el Listado del Registro y citará a los postulantes a fin de notificarles en forma personal el rechazo de la solicitud; indicándoles los tratamientos y/o modificaciones socio-ambientales necesarias para ser incorporados al Listado del Registro.

En el supuesto del párrafo anterior, los postulantes podrán impugnar la evaluación negativa del Registro, ante el Juez de Familia y Violencia Familiar en turno, en el plazo de cinco (5) días desde la notificación, dándose el trámite de proceso abreviado.

La resolución judicial que acepte o deniegue la inclusión en el Listado del Registro será apelable.

Artículo 12º. - Cuerpo de Mediadores. El Cuerpo de Mediadores cumplirá sus funciones bajo la dependencia jerárquica y funcional de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Estará integrado por un Coordinador Provincial y mediadores quienes cumplirán funciones en todo el territorio de la provincia.

TÍTULO III

ÁMBITO DE aplicación Y REGLAS DE COMPETENCIA

Artículo 13º. - Competencia material. Los Juzgados de Familia y Violencia Familiar entenderán en las siguientes causas, las que tramitarán por los procedimientos Ordinario, Abreviado, Urgente o Especial, según se indica:

1. Proceso Ordinario.

a) acciones derivadas del matrimonio;

b) acciones resarcitorias derivadas de las relaciones intrafamiliares;

c) trámite de exequátur para la ejecución de sentencias o resoluciones en las materias enumeradas en este artículo emanadas de tribunales extranjeros;

d) los que no tengan fijado otro trámite.

2. Proceso Abreviado.

  1. acciones derivadas de las uniones convivenciales;

  2. acciones derivadas del parentesco;

  3. acciones derivadas de la filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida;

  4. acciones derivadas de la guarda y de la tutela;

  5. acciones derivadas del régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de la liquidación si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno o ambos cónyuges o que se produzca la muerte de alguno de los cónyuges;

  6. litisexpensas;

  7. acciones contra las evaluaciones negativas del Registro Provincial de Adopción.

  8. cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores.

3. Proceso Urgente.

a) acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, nombre de las personas, estado civil y sus registraciones;

b) acciones derivadas de la identidad de género;

c) cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas;

d) cuestiones que se susciten con posterioridad al deceso de las personas sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos;

e) medidas urgentes (precautorias y no precautorias), preparatorias, y provisionales en las relaciones de familia;

f) acciones colectivas que afecten exclusivamente los derechos de las personas menores de edad.

4. Procesos Especiales.

a) acciones derivadas de la violencia familiar con el alcance previsto en esta ley;

b) control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos requeridas por los Equipo Técnico Interdisciplinario, y el dictado de las medidas conexas solicitadas por los mismos;

c)acciones derivadas de la capacidad de las personas humanas y su restricción;

d) autorización supletoria para salir del país;

e) autorización supletoria para actos de carácter patrimonial entre cónyuges o convivientes;

f) alimentos;

g) divorcio;

h) filiación;

i) adopción;

j) acciones por restitución internacional de niños y demás cuestiones de derechos internacional privado en las relaciones de familia.

Artículo 14º. - Competencia territorial. Carácter. La competencia territorial atribuida a los jueces es improrrogable.

Las Cámaras de Familia y Violencia Familiar y los Juzgados de Familia y Violencia familiar ejercerán la función jurisdiccional en el territorio que indiquen las Leyes de su creación, la presente ley, la Ley Orgánica de Tribunales, el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, en lo que resulte compatible, y las Acordadas que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Artículo 15º. - Juzgados de Paz con competencia en asuntos de familia y violencia familiar. Los Juzgados de Paz, en aquellos lugares en que no hubiere asiento de Juzgados de Familia y Violencia Familiar, tendrán competencia en los siguientes asuntos:

  1. juicio de dispensa de edad y autorización para contraer matrimonio;

  2. acción de divorcio, si se declarase que no existen bienes;

  3. control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos requeridas por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, dependientes del Organismo administrativo de protección de derechos, y dictado de medidas conexas solicitadas por los mismos;

  4. si declarara la situación de adoptabilidad, y correspondiere, remitirá las actuaciones al Juez de Familia y Violencia Familiar con competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el art 16 inc. j;

  5. causas originadas en situaciones de violencia familiar;

  6. acciones derivadas del ejercicio de la responsabilidad parental y guarda de personas menores de edad;

  7. cuestiones derivadas de las uniones convivenciales, si se declara que no existen bienes;

Artículo 16º. - Competencia territorial. Reglas. La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.

Es Juez competente:

  1. en las acciones relativas a la capacidad, el del domicilio de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso, o el del lugar de internación mientras ésta subsista, según el caso.

  2. en las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del demandado, a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges en el divorcio bilateral.

  3. en los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio conyugal o convivencial efectivo o el del demandado, a elección del actor.

  4. en los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el que intervino en la causal de extinción, excepto en caso de concurso o quiebra, en el que conoce el del proceso colectivo.

  5. en las acciones derivadas de las uniones convivenciales, el del último domicilio común efectivo o el del demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial si la presentación es bilateral.

  6. en las acciones de guarda y en todas aquellas cuestiones referidas al ejercicio de la responsabilidad parental, o en el que se decidan de modo principal derechos de niños, niñas y adolescentes, el del domicilio que corresponda a su centro de vida. Si el centro de vida ha sido modificado ilícitamente por una persona plenamente capaz, el expediente se remite al Juez competente por la materia de la jurisdicción territorial anterior a la modificación ilícita del centro de vida.

  7. en las acciones por alimentos de niñas, niños, adolescente, o personas con capacidad restringida, a elección del demandante, el Juez de su domicilio, de su centro de vida, del domicilio del demandado, o donde éste tenga bienes susceptibles de ejecución.

  8. en las acciones por alimentos promovidas entre cónyuges o convivientes, el del último domicilio conyugal o convivencial, o el del domicilio del demandado, beneficiario o el que haya entendido en la disolución del vínculo; o donde deba ser cumplida la obligación alimentaria.

  9. en las acciones de filiación por naturaleza y técnicas de reproducción humana asistida:

I. de emplazamiento, a elección del actor, el del centro de vida, el del domicilio de quien lo reclama, o el del domicilio del pretendido progenitor , excepto que el actor sea menor de edad donde será el del domicilio del demandado;

II. de desplazamiento, a elección del actor, el del centro de vida o el del domicilio del hijo, excepto que el actor sea menor de edad donde será el del domicilio del demandado;

j) en las acciones derivadas de la filiación adoptiva:

I. en la declaración de situación de adoptabilidad y otorgamiento de guarda con fines de adopción, el del centro de vida. Para el caso que se desconozca dicho domicilio, el que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales, o en su defecto, el del lugar en que se encuentre el niño, niña o adolescente;

II. en el juicio de adopción, es competente el Juez que declaró la situación de adoptabilidad y otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección de los pretensos adoptantes, el del centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión;

k) en el control de legalidad de las medidas adoptadas por los organismos administrativos de protección de derechos, el del domicilio que corresponda al centro de vida de la niña, niño o adolescente. Si el Centro de vida fue modificado ilícitamente por una persona plenamente capaz, el expediente se remitirá al Juez competente de la jurisdicción territorial anterior a la modificación ilícita del centro de vida.

l) en las acciones derivadas del parentesco, el juez del domicilio del demandado.

m) en las acciones resarcitorias derivadas de las relaciones intrafamiliares, a opción del actor, el del domicilio del demandado, o el del centro de vida.

n) en las acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, nombre de las personas, estado civil y sus registraciones, el del domicilio del peticionante o del centro de vida.

o) en las acciones de identidad de género, el del domicilio del peticionante o del centro de vida.

p) en las cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas, el del domicilio o el del lugar de internación de la persona.

q) en las cuestiones que se susciten con posterioridad al deceso de las personas sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos, el del último domicilio de la persona.

r) en las acciones por restitución internacional de niños y demás cuestiones de derechos internacional privado en las relaciones de familia, el Juez que resulte competente según las reglas del Derecho Internacional Privado.

Artículo 17º. - Competencia por conexidad. El Juez de Familia y Violencia Familiar que hubiere entendido en medidas urgentes, precautorias o no precautorias, preliminares, preparatorias y provisionales intervendrá en el proceso principal.

Debe seguir interviniendo en los demás procesos conexos o que deriven del mismo conflicto familiar, excepto que haya tomado esas medidas sin ser competente, o exista disposición expresa en contrario.

Todas las acciones referidas al grupo familiar implicado en el conflicto por el cual se abrió la jurisdicción tramitan ante el Juez de Familia y Violencia familiar que intervino primero en el tiempo.

Artículo 18º. - Juez de Familia y Violencia Familiar. Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Juez de Familia y Violencia Familiar, sin perjuicio de los que se le atribuyan en el C.P.C. y T. y en las Leyes de organización judicial, los siguientes:

  1. ejercer la dirección del proceso y resolver las causas dentro de los plazos fijados;

  2. incentivar la resolución consensuada del conflicto;

  3. dictar medidas de protección para evitar todo perjuicio a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad;

  4. asumir una actitud dinámica y responsable, respetuosa de la intimidad familiar y la autonomía personal, utilizando razonablemente los instrumentos jurídicos procesales que se regulan;

  5. sancionar el fraude procesal;

  6. recurrir al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario cuando lo considere conveniente;

  7. disponer oficiosamente medidas de saneamiento para evitar la indefensión de las partes o subsanar nulidades;

  8. informar a los intervinientes en el proceso la finalidad de los actos procesales y los derechos y deberes que les asisten;

  9. dirigirse a las partes, sus abogados y demás intervinientes con respeto y mediante la utilización de un lenguaje claro y sencillo;

  10. escuchar de manera directa a los niños, niñas y adolescentes involucrados y valorar su opinión según su edad y grado de madurez;

  11. escuchar de manera directa a las personas en relación con su capacidad y valorar su opinión conforme su posibilidad de comprensión del tema a decidir;

  12. mantener relación directa con las personas respecto a su capacidad;

  13. utilizar los recursos y medios tecnológicos que considere pertinentes;

  14. ordenar la realización de estudios y dictámenes, y solicitar la colaboración de organismos e instituciones especializadas para procurar una solución integral y efectiva de los conflictos de familia;

  15. cumplir con el principio de inmediación, bajo apercibimiento de sanciones que serán impuestas por la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia.

TÍTULO IV

PATROCINIO LETRADO

Artículo 19º. - Regla general. El patrocinio letrado será obligatorio, salvo en los siguientes procesos:

a) acciones derivadas de la filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva;

b) acciones derivadas de la responsabilidad parental;

c) acciones derivadas de la guarda y de la tutela;

d) acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, nombre de las personas, estado civil y sus registraciones;

e) acciones derivadas de la identidad de género;

f) solicitud para salir del país;

g) medidas urgentes (precautorias y no precautorias), preparatorias y provisionales en las relaciones de familia, cuando no se refieran a intereses económicos;

h) control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos requeridas por los E.T.I. y el dictado de medidas conexas solicitadas por los mismos;

i) todas las acciones derivadas de la violencia familiar con el alcance previsto en esta ley;

j) desarchivo y actuaciones de mero trámite;

Artículo 20º. - Patrocinio letrado. La representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada ante el Secretario del Tribunal interviniente con la comparecencia del poderdante.

El patrocinante podrá actuar por su patrocinado, excepto para aquellos actos procesales que impliquen renuncia, disposición de derechos o recepción de pagos.

Las personas menores de edad que cuenten con edad y grado de madurez suficiente podrán solicitar al Juez la designación de un abogado conforme lo previsto en el Título II Capítulo I del C.P.C. y T., quien lo designará del Registro de Abogados del Niño.

Artículo 21º. - Trámite sin patrocinio letrado. El interesado podrá concurrir en todo momento al Tribunal a los fines de compulsar las actuaciones en las que sea parte, sin necesidad de patrocinio letrado.

Las peticiones, en las actuaciones donde no se encuentre interviniendo un patrocinante, se recibirán en un formulario especial en el que se consignará además de la petición, el nombre completo, número de expediente y Juzgado interviniente si lo conociere. La Mesa Especial de Informes o MEF será la encargada de recibir las peticiones y derivarlas al Juzgado que corresponda, en forma inmediata. De estas actuaciones se dará copia al interesado con los datos correspondientes.

En las actuaciones que ya se encuentran tramitando con patrocinio letrado, el personal de mesa de entrada recibirá la petición y la misma será proveída y notificada al patrocinante en forma electrónica.

Artículo 22º. - Registro local de abogados del niño. La Suprema Corte de Justicia conformará un Registro de Abogados del Niño pudiendo firmar los convenios necesarios para su implementación.

TÍTULO V

MEDIACIÓN PREVIA

Artículo 23º. - Reglas. La Mediación se regirá por las siguientes reglas:

  1. en forma previa a la interposición de las acciones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental deberá comparecerse, en forma personal, por ante el Mediador de Familia;

  2. las actuaciones serán gratuitas, estarán exentas de toda carga fiscal o pago de aportes;

  3. no se requerirá patrocinio letrado.

Artículo 24º. - Funciones del Mediador. El Mediador deberá orientar a las partes y procurar el acuerdo, teniendo en cuenta el Interés Superior del Niño y de las personas con capacidad restringida e incapaces.

En el ejercicio de sus funciones podrá:

a) convocar a las partes y a toda otra persona vinculada con el conflicto que se trate;

b) fijar audiencias;

c) solicitar informes;

d) requerir la colaboración del Cuerpo Auxiliar Interdis- ciplinario y, en su caso, la intervención de instituciones o personas especializadas.

En caso de incumplimiento de las medidas por él requeridas, podrá solicitar al Juez de Familia y Violencia Familiar que las disponga.

Artículo 25º. - Trámite ante el mediador. El trámite deberá cumplir con los siguientes caracteres:

  1. será oral y actuado;

  2. recibida la petición, el mediador evaluará si se dan las condiciones para iniciar el trámite. Si el caso fuese mediable convocará a una audiencia que deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes; caso contrario otorgará un certificado de causa "no mediable";

  3. las partes deberán comparecer personalmente a la audiencia y de la misma se labrará un acta;

  4. realizada la audiencia si se lograse el acuerdo, sus términos se consignarán en el acta y se remitirá al Juez de Familia y Violencia Familiar para su homologación;

  5. si no se lograse un acuerdo, las partes no concurrieren o peticionaren que se dé por concluida esta etapa, en el acta se dejará constancia de los motivos que determinen la imposibilidad de alcanzarlo; el testimonio del acta es imprescindible para iniciar las actuaciones por ante el Juzgado de Familia y Violencia Familiar;

  6. el trámite no podrá exceder de quince (15) días desde su iniciación, salvo que medie petición de los interesados o por decisión del mediador. En este caso, la prórroga dispuesta será por una sola vez y no podrá exceder de quince (15) días, a partir de la decisión;

  7. las actuaciones serán reservadas, salvo para los interesados y sus patrocinantes, y no estarán sujetas a formalidad alguna. Aquellas que constaren por escrito no podrán ofrecerse ni utilizarse como prueba en procesos ulteriores.

TÍTULO VI

PROCESOS. AUDIENCIAS. PRUEBAS.

Artículo 26º. - Audiencias. Excepto disposición en contrario, las audiencias se regirán por las siguientes reglas:

  1. se realizarán a puertas cerradas, pudiendo asistir solamente las partes, sus defensores y las personas que el Tribunal estime conveniente;

  2. deberán ser notificadas con anticipación de tres (3) días, sin perjuicio de los casos en que este Código disponga un plazo inferior;

  3. la notificación se efectuará siempre por medios electrónicos o informáticos, a través de documentos firmados digitalmente o electrónicamente;

  4. toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, en el mismo acto deberá fijarse la fecha de su reanudación, el que no podrá exceder el plazo de cuarenta (4) horas, notificándose a los presentes en el acto, y al resto de los citados conforme el inciso c);

  5. toda audiencia debidamente notificada se realizará con los comparecientes;

  6. el Juez deberá concentrar en una misma audiencia todas las actuaciones que sea necesario realizar;

  7. todas las audiencias se registrarán mediante audio o sistema audiovisual, utilizando cualquier medio electrónico, debiendo digitalizarse el archivo en el sistema informático;

  8. Si se arribase a un acuerdo, el Juez lo homologará en la audiencia, resolviendo sobre costas, honorarios en el mismo acto.

Artículo 27º. - Prueba. Principio de colaboración. Las partes deberán prestar colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba; rigiendo el principio de carga probatoria dinámica.

Artículo 28º. - Ofrecimiento de prueba. Con la demanda, reconvención, oposición de excepciones y sus respectivas contestaciones, las partes tendrán la carga de ofrecer la totalidad de las pruebas de la que intentaren valerse. Podrán valerse de los medios de prueba previstos en el C.P.C. y T..

Artículo 29º. - Atribuciones judiciales. El Juez podrá disponer de oficio, en cualquier etapa del proceso, diligencias tendientes a conocer la verdad de los hechos, respetando el derecho de defensa de las partes.

Por decisión fundada, de oficio o a pedido de parte, el Juez podrá desestimar la prueba inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente.

Artículo 30º. - Prueba documental. Si se tratase de prueba documental oportunamente ofrecida, una vez interpuesta la demanda, los abogados patrocinantes podrán requerir directamente a entidades privadas, sin necesidad de previa petición judicial y mediante oficio con transcripción de este artículo, el envío de la pertinente documentación o de su copia auténtica, que deberá ser remitida directamente a la Secretaría del Juzgado, con transcripción o copia del oficio.

Artículo 31º. - Declaración de las partes. Podrá ofrecerse como prueba la declaración de las partes, mediante la indagación libre sobre los hechos controvertidos.

Artículo 32º. - Prueba de testigos. En oportunidad de su ofrecimiento deberá indicarse nombre, datos personales que se conozcan, domicilio, dirección de mail, teléfono fijo y celular de los testigos.

Es facultativo acompañar pliego interrogatorio.

El número de testigos ofrecidos por los litigantes podrá ser limitado prudencialmente por el Juez, atendiendo a los hechos concretos que se pretendan probar por tal medio y que se manifestaron al ofrecer dicha prueba.

Artículo 33º. - Caducidad de las medidas de prueba. Si la parte que ofreció la prueba no efectuase los actos útiles para la producción de la misma, el Juez de oficio o a petición de la contraria la emplazará, en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tener por desistida la prueba, sin más trámite y sin necesidad de declaración alguna. Vencido el plazo sin que se hubiere realizado la medida de prueba, ésta caducará automáticamente.

TÍTULO VII

RESOLUCIONES JUDICIALES. COSTAS.

Artículo 34º. - Resoluciones. Plazos. Excepto norma específica que prevea un plazo menor, el Juez o el Tribunal deberá dictar las resoluciones dentro de los siguientes términos:

  1. los decretos, dentro de dos (2) días, a contar desde la fecha del cargo; e inmediatamente, si debiesen dictarse en audiencia o no admitiesen aplazamiento alguno.

  2. los autos en las audiencias orales, deberán dictarse en la audiencia y leerse tan solo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de cinco (5) días de finalizada la audiencia. En los demás casos, los autos deberán dictarse dentro de los cinco (5) días de encontrarse el expediente en estado de resolver;

  3. las sentencias homologatorias en las audiencias orales, deberán dictarse en la audiencia y leerse tan solo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de tres (3) días de finalizada la audiencia. En los demás casos, los autos deberán dictarse dentro de los tres (3) días de encontrarse el expediente en estado de resolver;

  4. las sentencias definitivas en proceso ordinario por audiencias, deberán dictarse en la audiencia y leerse tan solo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de veinte (20) días de finalizada la audiencia.

  5. las sentencias definitivas en los procesos abreviados o especiales, deberán dictarse en las audiencias orales y leerse tan solo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de diez (10) días de finalizada la audiencia. En los demás casos, la resolución deberá dictarse dentro de los diez (10) días de encontrarse el expediente en estado de resolver.

Artículo 35º. - Costas. La parte vencida en el juicio deberá abonar las costas, aun cuando la contraria no lo hubiese solicitado.

No obstante, a través de una decisión razonablemente motivada, el Juez podrá eximir total o parcialmente de esta obligación al litigante vencido.

Artículo 36º. - Solución consensuada del conflicto. Si el juicio terminase por solución consensuada del conflicto, excepto acuerdo en contrario de las partes, las costas serán impuestas en el orden causado. En este caso, los honorarios de los abogados que patrocinen a las partes serán regulados como si el juicio hubiere tramitado todas las etapas hasta la sentencia.

TÍTULO VIII

RECURSOS

Artículo 37º. - Remisión. Los recursos ordinarios y extraordinarios se regirán por las disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, y serán interpuestos en el tiempo, forma y casos prescriptos en ese ordenamiento, excepto disposición en contrario de la presente ley.

Artículo 38º. - Apelación. Plazos. El Recurso de Apelación sólo procederá en contra de:

  1. Sentencias; y

  2. Autos expresamente declarados apelables por esta ley o de contenido definitivo.

El recurso se interpondrá, sin fundarse, ante el Juez que dictó la resolución, en el plazo de cinco (5) días, salvo disposición expresa en casos especiales, y a contar desde la notificación.

Artículo 39º. - Apelación libre y abreviada. El recurso contra la sentencia definitiva dictada en el proceso ordinario por audiencias procederá de modo libre.

En la apelación libre se podrán incorporar nuevos hechos y nuevas pruebas.

En los demás casos, la apelación será abreviada. El Tribunal de alzada deberá resolver sobre la base del material reunido en primera instancia, sin perjuicio de la facultad de disponer medidas para mejor proveer.

Artículo 40º. - Apelación con trámite inmediato y diferido. La apelación procederá por trámite inmediato, excepto en los siguientes casos en que se concederá con trámite diferido:

  1. la que decida el incidente de nulidad;

  2. las apelables dictadas en audiencia, excepto si hace lugar a excepciones que ponen fin al proceso;

  3. las apelables dictadas sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba;

  4. las que impongan costas y regulen honorarios, excepto cuando el expediente deba ser remitido a la Cámara de Apelaciones como consecuencia del recurso de apelación con efecto inmediato deducido por alguna de las partes;

  5. las apelables, en el trámite de ejecución, previas al dictado de la sentencia que ordene seguir la ejecución adelante.

El recurso con trámite diferido deberá interponerse ante el Juez de Primera Instancia, y fundarse ante la Cámara de Apelaciones conjuntamente con el recurso principal.

La Cámara de Apelaciones, antes de llamar autos para dictar la sentencia definitiva, deberá resolver los recursos deducidos con trámite diferido.

Artículo 41º. - Apelación. Efecto. La apelación procederá sin efecto suspensivo, excepto disposición en contrario.

Artículo 42º. - Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Si cualquiera de las partes pretendiese que el recurso debió otorgarse de forma diferente, podrá solicitar dentro del plazo de dos (2) días que el Juez lo modifique.

Estas disposiciones regirán sin perjuicio de la facultad de la Cámara de Apelaciones de revisar y modificar oficiosamente el modo, efecto y trámite de la concesión del recurso, disponiendo las medidas de saneamiento y reconducción necesarias que deberán ser cumplidas en la alzada.

Artículo 43º. - Resolución consensuada de conflictos. La Cámara podrá, a pedido de parte o de oficio, fijar una audiencia oral a los fines de que las partes intenten la conciliación o disponer otro medio de resolución consensuada del conflicto.

Artículo 44º. - Apelación sin efecto suspensivo. Si el recurso es sin efecto suspensivo, deberán observarse las siguientes reglas:

  1. si se recurriese la sentencia definitiva, el expediente se remitirá a la Cámara de Apelaciones y en el Juzgado quedará copia de lo pertinente. El decreto que conceda el recurso deberá indicar las piezas que han de copiarse. Será carga del apelante presentar la copia;

  2. si la decisión que se recurriese no fuere la sentencia definitiva, el decreto que concede el recurso deberá indicar las piezas que han de copiarse para ser remitidas a la Cámara de Apelaciones. Las copias serán remitidas a la Cámara, quedando el expediente en el Juzgado. Será carga del apelante presentar las copias;

  3. si el apelante no presentase las copias que se indican en este artículo y que están a su cargo, dentro de los cinco (5) días de concedido el recurso, el Juez lo tendrá por desistido.

Artículo 45º. - Remisión del expediente o actuación. Las actuaciones o el expediente se remitirán a la Cámara de Apelaciones dentro de los dos (2) días en que el apelante entregó las copias requeridas, salvo lo previsto en el inc. c) del artículo precedente.

La remisión del expediente deberá hacerse previo cumplimiento de todas las notificaciones, deberá acompañarse la documentación original si la hubiere y todos los expedientes conexos ofrecidos y admitidos como prueba. El funcionario responsable que incumpla con esta disposición será pasible de la sanción de multa, que será impuesta por la Cámara que entienda en la causa.

Artículo 46º. - Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si procediese la anulación de la sentencia por esta causa, el Tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio.

LIBRO II

PROCESOS DE FAMILIA

TÍTULO i

PROCEso ORDINARIO POR AUDIENCIAS

Artículo 47º. - Carácter supletorio. Los procesos que no tuviesen asignado otro trámite se regirán por el proceso ordinario por audiencias, que se regula en este Título.

Artículo 48º. - Presentación de la demanda. En las cuestiones de Familia y de Violencia Familiar, la demanda se presentará ante la Mesa de Entradas de Familia (MEF), que la derivará al Juzgado de Familia y Violencia Familiar que por turno corresponda.

Artículo 49º. - Traslado de la demanda. Presentada la demanda o subsanadas las deficiencias conforme las previsiones de los artículos 156 y 157 del C.P.C. y T., se correrá traslado de la misma al demandado, con citación y emplazamiento de diez (10) días para que comparezca y responda.

Artículo 50º. - Presentación conjunta. El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán realizar una presentación en conjunto ante el Juez, precisando la cuestión a resolver y ofreciendo la prueba en el mismo escrito.

Artículo 51º. - Cuestión de puro derecho. En los casos que no hubiese prueba por producir, el Juez, sin otro trámite dispondrá el llamamiento de autos para resolver.

Artículo 52º. - Reconvención. En el escrito de contestación de la demanda el demandado deberá deducir la reconvención. Si no lo hiciere, no podrá hacerlo después, excepto su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio.

La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivan de la misma relación jurídica o son conexas con las invocadas en la demanda.

De la reconvención se dará traslado a la actora en el plazo de cinco (5) días de notificado fictamente el decreto que tenga por admitida la reconvención.

Artículo 53º. - Trámite posterior. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, el Juez en el plazo de dos (2)días:

  1. declarará, aún de oficio, la improponibilidad objetiva de la demanda o la ausencia de legitimación manifiesta, sea activa o pasiva;

  2. si existiesen hechos controvertidos, convocará a la audiencia inicial que deberá realizarse en el plazo de diez (10) días.

Artículo 54º. - Audiencia inicial. Reglas generales. La audiencia inicial se regirá por las siguientes reglas:

  1. será dirigida en forma indelegable y bajo pena de nulidad por el Juez de la causa;

  2. las partes deberán comparecer en forma personal; las personas jurídicas y las personas incapaces comparecerán por medio de sus representantes;

  3. las personas con capacidad restringida y menores de edad que cuenten con edad y grado de madurez suficiente podrán comparecer asistidas por su abogado si lo tuvieren;

  4. el Juez podrá citar al integrante del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y/o perito que estime conveniente;

  5. la audiencia podrá diferirse, por una sola vez, si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no pudiese comparecer. La decisión sobre el diferimiento se tendrá por notificada en el mismo acto;

  6. la inasistencia no justificada de la parte actora importará el desistimiento de su pretensión, incluso si la parte demandada tampoco compareciere;

  7. la inasistencia no justificada del demandado debidamente notificado, permitirá tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no exista prueba en contrario, excepto que estuviere comprometido el orden público o se tratare de derechos indisponibles. Su inasistencia no impedirá que el Juez disponga oficiosamente medidas para sanear el proceso, fije el objeto de la prueba y decida sobre los medios probatorios a producir.

Artículo 55º. - Audiencia inicial. Trámite. La audiencia inicial será registrada mediante audio o videograbación, y el Juez realizará en su desarrollo las siguientes actividades:

  1. dará por iniciada la audiencia en el día y hora fijados.

  2. acto seguido invitará a las partes a una conciliación total o parcial del conflicto. Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, lo homologará en la audiencia. El acuerdo homologado tendrá efecto de cosa juzgada. Los intervinientes no podrán ser interrogados en ninguna etapa posterior del proceso acerca de lo acontecido en la audiencia inicial.

  3. fijará el objeto del proceso y de la prueba y se pronunciará sobre los medios probatorios solicitados por las partes, rechazará los que sean inadmisibles, innecesarios o inconducentes; también podrá disponer prueba de oficio.

  4. subsanará eventuales defectos u omisiones que hubiere advertido en el trámite del proceso, con el objeto de evitar o sanear nulidades;

  5. decidirá sobre los hechos nuevos planteados y la prueba ofrecida para acreditarlos;

  6. ordenará la producción y diligenciamiento de la prueba admitida y fijará la fecha para la audiencia final en un plazo que no excederá de veinte (20) días. Excepcionalmente, por resolución fundada, el Juez podrá fijar un plazo mayor, que no superará los treinta (30) días;

  7. dictará el auto por el que resuelva las excepciones previas;

  8. si correspondiese, declarará que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho; en tal caso, la causa quedará en estado de dictar sentencia.

Las manifestaciones del Juez en la audiencia inicial, en cuanto estuviesen ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, no importarán prejuzgamiento en ningún caso.

Artículo 56º. - Resoluciones dictadas en la audiencia inicial. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia serán notificadas a las partes en la misma audiencia; admiten recurso de reposición, que debe interponerse en la misma audiencia en forma verbal y decidirse en forma inmediata por el Tribunal; todas las excepciones se resolverán en forma conjunta, excepto si se declarará la incompetencia, en cuyo caso no corresponde pronunciarse sobre las otras cuestiones. La decisión que hace lugar a las excepciones previas de incompetencia, litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, desistimiento, transacción, conciliación u otro medio de resolución consensuada del conflicto que, además, pone fin al proceso, es apelable con trámite inmediato, debiendo indicarse el efecto, suspensivo o no, al conceder el recurso.

Artículo 57º. - Audiencia final. Reglas generales. La audiencia final será registrada mediante audio o videograbación, y el Juez realizará en su desarrollo las siguientes actividades:

En la audiencia final el Juez:

  1. intentará la conciliación;

  2. recibirá la declaración de las partes; también la de las personas a quienes deba resolver sobre su capacidad y la de los niños, niñas y adolescentes;

  3. tomará declaración a los testigos y peritos;

  4. requerirá explicaciones a los peritos respecto de los dictámenes presentados.

Artículo 58º. - Audiencia final. Trámite. Abierto el acto:

  1. el desarrollo de la audiencia se registrará por medios electrónicos o audiovisuales, quedando incorporado el archivo audiovisual al sistema informático;

  2. se dará lectura resumida a las conclusiones de la prueba y diligencias realizadas desde la audiencia inicial, excepto que las partes prescindan de ella por considerarse suficientemente instruidas;

  3. se recibirá la prueba oral;

  4. la audiencia final concluirá cuando la totalidad de las cuestiones propuestas hayan sido tratadas. Sin embargo, excepcionalmente, el Juez podrá suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad de incorporar elementos de juicio considerados indispensables, en cuyo caso deberá fijar la fecha de reanudación con un plazo no mayor a cinco (5) días;

  5. terminada la audiencia, las partes podrán alegar en el orden que el Juez determine. El Juez podrá requerir aclaraciones y precisiones tanto durante el curso del alegato, como a su finalización;

  6. finalizados los alegados, el Juez o Tribunal declarará cerrado el debate y llamará autos para sentencia, la que será pronunciada en el término veinte (20) días a contar desde el llamamiento de autos.

Artículo 59º. - Efectos del llamamiento de autos para resolver. Desde el llamamiento de autos para resolver, toda discusión quedará cerrada y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo acuerdo de partes.

Artículo 60º. - Notificación de la sentencia. La sentencia será notificada de oficio, por medios electrónicos o informáticos dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de su dictado; debiendo transcribirse la parte dispositiva.

A pedido del litigante, se le entregará una copia simple de la sentencia, firmada por el Secretario.

TÍTULO II

PROCEso ABREVIADO

Artículo 61º. - Procedencia. El proceso abreviado se aplicará en los casos del Art. 13 punto 2 de la presente ley.

Artículo 62º. - Reglas. El proceso abreviado se regirá por las reglas del proceso ordinario por audiencias, regulado en el Título I del Libro II, en cuanto sea pertinente, con las modificaciones del artículo siguiente.

Artículo 63º. - Trámite. Presentada la demanda, se correrá traslado de ella al demandado con citación y emplazamiento de cinco (5) días, para que comparezca y responda.

El trámite se concentrará en una sola audiencia. La inasistencia de las partes, se regirá por lo dispuesto en el artículo 54 de la presente ley.

Contestada la demanda, el Juez en el plazo de dos (2) días se pronunciará sobre la prueba, y fijará fecha de la audiencia en un plazo no mayor a quince (15) días, y dispondrá que se produzca la prueba que no pueda ser recibida en esa audiencia, de modo tal que, a la fecha de aquélla, ésta se encuentre diligenciada.

El Juez podrá limitar la prueba ofrecida y desestimar la inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza abreviada del trámite.

El Juez se pronunciará en una única decisión sobre todas las excepciones y defensas. Si acogiere la excepción de incompetencia podrá omitir pronunciarse sobre las otras.

TÍTULO III

PROCeso URGENTE

Artículo 64º. - Procedencia. En casos de extrema urgencia, si fuere necesario para salvaguardar derechos fundamentales de las personas, el Juez deberá resolver la pretensión del presentante, disponiendo las medidas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva.

Excepcionalmente, cuando exista prueba fehaciente y evidencia del derecho invocado, podrá resolverse sin sustanciación.

Artículo 65º. - Presupuestos. Para la procedencia del proceso urgente deberá existir una petición concreta dirigida a obtener una solución urgente, que no involucre la declaración judicial de derechos conexos, con el objeto de hacer cesar de inmediato conductas contrarias a derecho. El Juez podrá exigir al peticionante que preste garantía suficiente, teniendo en cuenta las particularidades del caso.

Artículo 66º. - Trámite. El proceso urgente tramita conforme las siguientes reglas:

a) La contraparte deberá ser oída por el Juez en la audiencia que éste fije dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentada la demanda.

b) Si el derecho fuese evidente o la urgencia extrema, el Juez podrá disponer las medidas requeridas de modo inmediato, y posponer la sustanciación de la causa una vez cumplida la resolución judicial;

c) En el supuesto del inciso b), con la notificación de la resolución se citará a la contraria a audiencia que fijará el Juez conforme los plazos previstos en el inciso a); con el objeto de que ejerza su derecho de defensa. Se le hará saber que deberá cumplir la medida ordenada, no obstante su derecho de formular oposición a la resolución judicial, en la audiencia fijada al efecto.

En todos los casos, la resolución deberá ser notificada personalmente, pudiendo valerse de todos los medios tecnológicos existentes.

Artículo 67º. - Oposición. El legitimado que se opusiera a la resolución judicial urgente, podrá impugnarla en la audiencia mediante recurso de apelación sin efecto suspensivo, y en forma libre, o mediante juicio de oposición, que tramita ante el Juez que ha dispuesto la medida.

LIBRO III

PROCESOS ESPECIALES.

TÍTULO I

PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 68º. - Violencia Familiar. Se entiende por violencia familiar a toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. Se produce en el seno familiar, no hay un patrón único de conducta y puede manifestarse de muchas maneras como maltrato físico, psíquico, económico, social, sexual, entre otros. Las conductas generadoras de violencia familiar deben producirse necesariamente entre los integrantes del grupo familiar

Artículo 69º. - Grupo familiar. Entiéndase por grupo familiar a los cónyuges; ex-cónyuges; convivientes; ex-convivientes; ascendientes; descendientes; parientes colaterales por consanguinidad y por afinidad; toda persona vinculada por una relación afectiva o de convivencia, quienes tengan o hayan tenido una relación de noviazgo o pareja, quienes hayan procreado hijos en común, independiente que convivan o no; y a las personas allegadas a ese núcleo cuando por cualquier circunstancia cohabitasen regularmente con características de permanencia.

La convivencia actual no será requisito para la aplicación del proceso reglado en este Título.

Artículo 70º. - Finalidad. El proceso en los casos de violencia familiar tiene por finalidad prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el grupo familiar, y prestar asistencia a las personas en situación de violencia.

Artículo 71º. - Principios. En los procesos de violencia familiar rigen los principios generales del artículo 4º de la presente; debiendo tenerse especialmente en cuenta:

  1. los principios que surgen de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

  2. la relación desigual de poder entre hombres y mujeres;

  3. la relación desigual de poder que tiene origen en la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género;

  4. la especial situación de vulnerabilidad de las personas menores de edad;

  5. la especial situación de vulnerabilidad de las personas con capacidad restringida o incapaces;

  6. la especial situación de vulnerabilidad de las personas de la tercera edad.

Artículo 72º. - Prohibición. Queda terminantemente prohibido exigir como condición para la recepción y trámite de la denuncia ante el Juez de Familia y Violencia Familiar, que la persona víctima de violencia familiar realice, antes o después, la denuncia penal.

Artículo 73º. - Competencia. En los casos de violencia familiar será competente el Juez de Familia y Violencia Familiar.

Artículo 74º. - Características. El proceso de violencia familiar es específico y de carácter tuitivo. Los derechos vulnerados en el proceso de violencia familiar, son de naturaleza indisponible, por lo que el Juez de Familia y Violencia Familiar deberá verificar la lesión o amenaza del derecho lesionado, así como la atribución de la responsabilidad por parte del agresor generador del daño.

Artículo 75º. - Registro Informático. Bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia funcionará un registro informático denominado "Registro Único Provincial de Violencia Familiar y de Género", en el cual se consignarán los datos personales de las víctimas y victimarios de violencia familiar y de género, los estudios de salud, físicos, psicológicos y sociales realizados a ambos, como así también todas las medidas judiciales que se dispongan en relación a la protección de la víctima.

A este Registro Único, tendrán acceso los Juzgados de Familia y Violencia Familiar, las Unidades Fiscales Especializadas en la materia, los Jueces Penales, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (C.A.I.), el Equipo de Profesionales Interdisciplinario (E.P.I.), el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (EdeAAS) y el Cuerpo Médico Forense (C.M.F.).

Artículo 76º. - Capacitación. Todos los organismos involucrados en la recepción de denuncias y tratamiento de la problemática de violencia familiar, como así también los integrantes de la justicia en el Fuero penal y en el Fuero de familia y violencia familiar que interactúan en esta temática, deberán capacitarse en el tema de la prevención de violencia contra la mujer e intrafamiliar, en forma obligatoria y permanente, con el fin de atender adecuadamente a las víctimas, evitando su re-victimización.

La capacitación estará a cargo de las instituciones gubernamentales especializadas en el tema o universidades públicas y/o privadas con las cuales se celebren Convenios.

CAPÍTULO II

DENUNCIA. TRÁMITE.

Artículo 77º. - Denuncia. Legitimación activa. Están legitimados a denunciar e iniciar el proceso previsto en éste título:

a) las personas plenamente capaces;

b) las personas menores de edad;

c) las personas con capacidad restringida, personalmente o a través de sus apoyos o responsables de su cuidado;

d) las personas declaradas incapaces, a través de su curador.

En los supuestos de los incisos c) y d) el Juez podrá designar un curador ad litem si advierte intereses contrapuestos entre la persona en situación de violencia y su curador.

Artículo 78º. - Obligados a denunciar. Cuando las víctimas de violencia familiar fueren personas menores de edad, adultos mayores de la tercera edad o con capacidades restringidas o incapaces, están obligados a denunciar la situación de violencia:

  1. los representantes legales o personas responsables de su cuidado;

  2. los profesionales de la salud, de la educación o cualquier funcionario público que tome conocimiento de la situación.

No rige la obligación de guardar el secreto profesional por parte de los profesionales de la salud y educación de establecimientos públicos y privados que tomen conocimiento de una situación de violencia familiar en estos supuestos.

Artículo 79º. - Requisitos de la obligación de denunciar. Al formalizar la denuncia, se resguardará a la víctima, y en los casos en que el denunciante estuviere comprendido en los supuestos del artículo precedente, se resguardará la reserva de su identidad en caso de considerarlo conveniente.

Artículo 80º. - Plazo de la obligación de denunciar. La denuncia deberá realizarse inmediatamente después de haber tomado conocimiento sobre la situación de violencia familiar, excepto que la situación de violencia se esté abordando por un organismo especializado, en cuyo caso el obligado a denunciar deberá poner en conocimiento la situación de violencia detectada al organismo que se encuentra interviniendo.

Artículo 81º. - Denuncia. Forma. La denuncia podrá realizarse en forma verbal o escrita o por cualquier medio tecnológico (correo electrónico, whatsApp, entre otros) o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de personas con discapacidad, ante:

a) los Juzgados de Familia y Violencia Familiar;

b) las seccionales policiales más cercanas al domicilio o lugar donde se encuentre la persona en situación de violencia,

c) otros organismos habilitados por la Justicia para su recepción

En los supuestos previstos en los incisos b) y c) la denuncia deberá ser puesta en conocimiento del Juez de Familia y Violencia Familiar en turno, dentro del plazo máximo de dos (2) horas; debiendo remitirse la misma por cualquier medio tecnológico en forma inmediata.

Junto con la denuncia se podrán solicitar medidas cautelares conexas.

No se requerirá patrocinio letrado.

El denunciante podrá requerir al Juez que su identidad sea reservada.

Si se poseen informes de evaluación de riesgo, interacción familiar o cualquier otro referido a la situación de violencia, deberán ser acompañados en la denuncia o en su defecto, en la primera audiencia prevista en el procedimiento.

Artículo 82º. - Denuncia de la víctima. La información proporcionada por la víctima en su denuncia es importante para que el Juez interviniente pueda valorar el riesgo objetivo de nuevas agresiones existentes en cada caso y adoptar las medidas urgentes correspondientes; pudiendo requerir informes a los equipos especializados con que cuenta la Justicia.

Artículo 83º. - Denuncia efectuada por un tercero. No se recibirán denuncias anónimas. En los casos de necesidad de resguardo de la identidad del denunciante, el Juez podrá ordenar la reserva de su identidad. Se deberán registrar todos los datos del presentante (nombre, apellido, domicilio, teléfono), garantizando de esta forma la confidencialidad de los datos aportados.

Artículo 84º. - Receptor de la denuncia. Los Juzgados de Familia y Violencia Familiar y sus Secretarías habilitadas al efecto serán los organismos principales de recepción y toma de denuncias. Los Juzgados de Familia y Violencia Familiar deberán contar con guardias las veinticuatro (24) horas del día, durante los 365 días del año para recibir las denuncias por violencia familiar.

En los casos que las víctimas comparezcan a dependencias policiales, el personal policial especializado que cumpla funciones en las mismas, deberá recibir la denuncia y prestar auxilio a la persona en situación de violencia, con la finalidad de protegerla y evitar el agravamiento de su situación, dando inmediata intervención al Juzgado de Familia y Violencia Familiar en turno.

Artículo 85º. - Contenido de la denuncia. Si la denuncia se realiza en forma verbal, se registrará la misma en audio y video, y en los casos de no contar con estos medios tecnológicos, el funcionario que la reciba deberá labrar un acta que contenga:

  1. los datos personales de la víctima de violencia, del denunciado, de los demás integrantes del grupo familiar conviviente, y de quienes resulten referentes afectivos;

  2. los hechos de violencia denunciados: tipo de violencia, frecuencia, utilización de elementos materiales y/o armas para infringir daño y lugar en que suceden;

  3. los recursos personales y económicos con que cuenta la persona en situación de violencia para enfrentar y sostener las medidas de seguridad que se adopten;

  4. sus medios de subsistencia y si posee cobertura de salud;

  5. demás datos que resulten relevantes.

El contenido del acta deberá evitar la re-victimización.

Artículo 86º. - Actuación coordinada con la justicia penal. En los casos de hechos de violencia familiar que constituyan delitos, y se realice la denuncia en sede penal, el Fiscal de Instrucción interviniente remitirá un preventivo de su actuación al Juez de Familia y Violencia Familiar, con la petición de las medidas de protección que considere convenientes, utilizando al efecto el correo electrónico oficial o cualquier medio tecnológico equivalente. Cuando el Juez de Familia y Violencia Familiar advierta que los hechos denunciados constituyen un delito penal, lo comunicará al Fiscal en turno, para que intervenga conforme las disposiciones legales vigentes.

El Fiscal de Instrucción deberá asentar en el Registro Único de Violencia Familiar todas las evaluaciones interdisciplinarias realizadas en sede penal y demás actuaciones de interés. El Fuero de familia y violencia familiar y el Fuero penal deberán actuar coordinadamente para alcanzar la máxima protección y restitución de derechos a las personas en situación de violencia familiar, evitando la re-victimización.

A tal fin, deberán impedir la reiteración de actuaciones ya realizadas en el otro Fuero; debiendo utilizar el Registro Único de Violencia Familiar para compulsar toda la información.

Artículo 87º. - Actuación Coordinada con los organismos administrativos de protección de derechos. Cuando la persona víctima de violencia familiar sea un niño, niña o adolescente, el Juez interviniente dará intervención a los órganos administrativos de protección de derechos con el objeto de que tomen conocimiento de la situación de las personas menores de edad y adopten las medidas que estimen pertinentes a los fines de salvaguardar la integridad psicofísica y social de los mismos, sin perjuicio de las disposiciones emanadas del Juez interviniente.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Artículo 88º. - Intervención judicial. Recibida la denuncia en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar el Juez interviniente podrá:

a) requerir un diagnóstico de interacción familiar que será efectuado por peritos de diversas disciplinas, para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por las víctimas, la peligrosidad del autor y el medio social y ambiental de la familia;

b) adoptar una o varias de las siguientes medidas cautelares:

1. ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar;

2. prohibir el acceso del autor a los lugares de permanencia habitual de las víctimas;

3. ordenar el reintegro de las víctimas al domicilio cuando hubieren salido del mismo por razones de seguridad personal¸ excluyendo al autor en caso de ser necesario;

4. disponer que el autor de los hechos de violencia realice tratamientos terapéuticos a través de los programas de prevención de violencia familiar, a fin de afirmar la responsabilidad del agresor, deslegitimar comportamientos vividos como normales y prevenir futuras conductas violentas;

5. ordenar el acompañamiento de la víctima a su domicilio a los efectos de retirar los documentos y elementos indispensables hasta tanto se resuelva definitivamente la situación;

6. decretar provisoriamente alimentos, convivencia y derecho de comunicación con los hijos;

7. Cualquier otra medida que estime conveniente para la protección y seguridad de los involucrados.

Artículo 89º. - Mediación. El Juez interviniente, en cualquier estado del proceso podrá requerir la presencia del agresor y de la víctima en forma separada, a fin de evaluar la posibilidad de fijar una audiencia para proponer una mediación conciliatoria.

Artículo 90º. - Informe técnico de riesgo. El C.A.I. a través del Equipo Especializado en Violencia Familiar deberá realizar una evaluación de riesgo psicofísico y social a efectos de determinar los daños sufridos por la persona en situación de violencia, lo que permitirá al Magistrado conocer la situación de violencia planteada y adoptar las medidas de protección adecuadas.

En los casos de riesgo para las personas del grupo familiar, el Juez podrá disponer medidas de protección sin el informe técnico de riesgo.

El Juez deberá ingresar en el Registro Único de Violencia Familiar el resultado del informe técnico de riesgo y las medidas dispuestas.

Artículo 91º. - Otros informes. El Juez está facultado para:

  1. requerir informes al organismo u empresa para la cual el denunciado trabaja o cumple alguna actividad. A tal fin podrán ser remitidos mediante el correo electrónico institucional conforme los convenios suscriptos con los diferentes organismos;

  2. solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales si los hubiere;

  3. diligenciar cualquier otro trámite que estime corresponder.

Artículo 92º. - Medidas de protección. Reglas. Las medidas que disponga el Juez en protección de las personas en situación de violencia familiar, se regirán por las siguientes reglas:

  1. podrán ser tomadas por el Juez de oficio o a pedido de parte;

  2. deberán fundarse en informes y demás elementos probatorios. Si la situación no admitiese aplazamiento alguno, podrán ser ordenadas prescindiendo de esa prueba, pero dentro de las veinticuatro (24) horas de cumplida la medida, el juez deberá ordenar la producción de la prueba que estime relevante;

  3. se dispondrán por un plazo determinado, pudiendo ser prorrogadas de manera fundada. En ningún caso la prórroga podrá ser por tiempo indeterminado;

  4. podrán dictarse más de una a la vez.

  5. la medida ordenada se notificará al denunciado, dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, por medio fehaciente, con habilitación de días y horas inhábiles;

  6. cuando lo estime pertinente, el Juez ordenará hacer uso de la fuerza pública para la ejecución de la medida de protección;

  7. se registrarán obligatoriamente en el Registro Informático de medidas de protección de derechos y en el Registro Único de Violencia Familiar.

Artículo 93º. - Medidas de protección. Recursos. La resolución del Juez que admita o deniegue medidas de protección podrá impugnarse por recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los tres (3) días de notificada la resolución. El recurso tramitará sin efecto suspensivo. El auto que resuelva el recurso de reposición será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 94º. - Medidas de protección. Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las medidas de protección dispuestas, el Juez deberá:

  1. evaluar la conveniencia de modificar o ampliar las medidas de protección;

  2. cuando configure un delito penal debe remitir inmediatamente compulsa de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal;

  3. requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar el acatamiento de las medidas de protección;

  4. en el caso que lo estime necesario, imponer al autor de violencia una o varias de las siguientes sanciones:

  1. hacerse cargo de los gastos generados por sus actos de violencia;

  2. cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable debe determinar el Juez de conformidad con las constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada;

  3. asistir de manera obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la erradicación- eliminación de conductas violentas;

  4. pagar multas pecuniarias, cuyo monto establecerá el Juez según la gravedad del caso y la situación patrimonial del autor y de la persona en situación de violencia.

Artículo 95º. - Audiencia. Cumplidas las medidas de protección, el Juez fijará una audiencia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, a la cual deberán comparecer las partes en forma personal o con patrocinio letrado.

La audiencia se sustanciará con la comparecencia de las partes separadamente, salvo que el Juez decida lo contrario, atento las circunstancias del caso.

El denunciado deberá comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el Juzgado con el auxilio de la fuerza pública.

En la audiencia, las partes podrán:

  1. acordar una cuota alimentaria a favor de la persona en situación de violencia;

  2. acordar una indemnización por el daño causado a favor de la persona en situación de violencia;

  3. establecer pautas relativas al cuidado personal de los hijos y el derecho de comunicación con el denunciado teniendo siempre en miras el interés superior del niño;

  4. arribar a cualquier acuerdo que beneficie a la persona en situación de violencia y a su grupo familiar, tendiente a mitigar el perjuicio sufrido por los hechos de violencia;

  5. Disponer la entrega de efectos personales o de trabajo al interesado.

Artículo 96º. - Prueba. Dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de las medidas de protección dispuestas, las partes ofrecerán prueba para acreditar los hechos alegados o negados.

Regirá el principio de amplitud y libertad probatoria. Las pruebas ofrecidas se evaluarán de acuerdo a los principios de pertinencia y sana crítica.

Artículo 97º. - Sentencia. Producidas las pruebas, el Juez dictará sentencia dentro de los tres (3) días, determinando la existencia o inexistencia de violencia y la responsabilidad del denunciado.

Si determinase que existe violencia familiar, el recurso de apelación se concederá sin efecto suspensivo y en forma libre.

Artículo 98º. - Sanciones. La sentencia que declare la existencia de situación de violencia familiar podrá imponer al autor de violencia una o varias de las siguientes sanciones:

  1. hacerse cargo de los gastos generados por sus actos de violencia.

  2. cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable debe determinar el Juez de conformidad con las constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada;

  3. asistir de manera obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la erradicación y eliminación de conductas violentas;

  4. pagar multas pecuniarias, cuyo monto establecerá el Juez según la gravedad del caso y la situación patrimonial del autor y de la persona en situación de violencia.

Artículo 99º. - Seguimiento y supervisión de oficio. El Juez deberá controlar el cumplimiento y la eficacia de las medidas de protección y de la sentencia dictada, sea a través de la comparecencia de las partes al Tribunal, con la frecuencia que se ordene o mediante controles periódicos a través del C.A.I..

Artículo 100º. - Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños sufridos ante el Juez interviniente. Regirá lo previsto para el proceso ordinario por audiencias.

Artículo 101º. - Cese de las medidas. En caso de que hubiesen cesado los motivos que dieron origen a la Resolución que ordenó las medidas de protección, y no hubiesen vencido los plazos fijados en la misma, el interesado podrá solicitar al Juez competente el dictado de cese de las medidas.

La solicitud tramitará por las reglas del proceso abreviado.

TÍTULO II

PROCESO DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL DE DERECHOS. MEDIDAS CONEXAS.

Artículo 102º. - Plazo para adoptar la Medida de Protección Excepcional de Derechos. Recibida la solicitud por escrito o medio electrónico equivalente, debidamente fundado y rubricado por parte del efector corresponsable interviniente, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del organismo administrativo de protección de derechos deberá expedirse sobre la adopción o no de la medida requerida en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de adoptar la Medida de Protección Excepcional de Derechos su implementación será en forma inmediata, salvo que requiera de una medida conexa para su efectivización. Una vez ejecutada la medida de protección excepcional, el ETI deberá notificar a los progenitores de la medida dispuesta en forma fehaciente y que deberá ser asistido por un Co-defensor de Familia, abogado ad-hoc provisto gratuitamente por el Estado o cualquier otro abogado de la matrícula debiendo dejarse constancia en el legajo de la persona menor de edad.

En los casos que no se haga lugar a la Medida de Protección Excepcional de Derechos solicitada deberá informarse en forma fundada al efector corresponsable los motivos de su rechazo, sugiriendo la realización de Medidas de Protección Integral de Derechos.

Artículo 103º. - Solicitud de control de legalidad. Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) remitirán en forma inmediata a la adopción de la medida de protección excepcional de derechos, mediante mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o desde una casilla de correo oficial o mediante el uso de telefonía celular; la solicitud de control de legalidad al Juez de Familia en turno, acompañando copia digital de la documentación que respalde la adopción de la medida. Podrán valerse de la utilización de mensajería telefónica digital instantánea (whatsApp) o medio equivalente para el cumplimiento de la medida.

La solicitud de control de legalidad deberá ser escrita, jurídicamente fundada y establecer un plazo de duración de la medida, debiendo encontrarse suscripta por el o los profesionales actuantes, con conocimiento del responsable del ETI.

Deberán siempre contar con el informe técnico interdisciplinario de la situación que fundamente la adopción de la medida.

En todos los casos deberá consignarse el domicilio legal del presentante y acompañarse todo el respaldo documental pertinente. También deberán consignarse en el escrito los nombres de las personas autorizadas para compulsar el expediente judicial.

Artículo 104º. - Juzgado competente. Será competente el Juzgado de Familia y Violencia Familiar en turno, correspondiente al lugar en que la persona menor de edad tenga su centro de vida.

El Juzgado de Familia y Violencia Familiar que intervenga en el control de legalidad será el competente para entender en cualquier otra medida conexa o de excepción que se solicite dentro del año de realizado el control de legalidad respecto de la misma persona menor de edad.

Artículo 105º. - Procedimiento. Control de legalidad. El Juez de Familia y violencia Familiar en turno, en el término de veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud de control de legalidad, se pronunciará sobre su competencia, dará cumplimiento a la audiencia privada prevista en el artículo 106 y fijará la audiencia de control a realizarse dentro las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la solicitud, notificándose la misma al ETI, a los progenitores y/o a quienes se encontraban al cuidado de la persona menor de edad, al abogado de los mismos y al representante del Ministerio Público Pupilar, mediante mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o desde una casilla de correo oficial o telefonía celular.

En caso de plantearse un conflicto de competencia deberá resolverse antes de la realización de las audiencias previstas en el artículo 106º.

Artículo 106º. - Audiencia Privada. Audiencia de control de legalidad. El Juez previo a la audiencia de control de legalidad y antes de resolver, deberá oír a la persona menor de edad en audiencia privada, la que se llevará a cabo en el lugar de alojamiento del menor, debiendo evitar toda circunstancia que implique su posible re-victimización.

El Juez, el día y hora fijados, con la presencia del representante del Ministerio Público Pupilar dará por iniciada la audiencia de control de legalidad, sin perjuicio de la incomparecencia de los progenitores cuando estos estén debidamente notificados.

En caso de no estar notificados debidamente los progenitores o adultos responsables de la persona menor de edad y/o su patrocinante letrado, el Juez fijará nueva audiencia a celebrarse en el término de veinticuatro (24) horas debiendo disponer todas las medidas necesarias para asegurar la notificación de los antes mencionados.

Abierta la audiencia, la cual será secreta y grabada por cualquier medio digital o electrónico, el Juez explicará a los presentes la medida adoptada por el ETI, las razones por las cuales el expediente se encuentra en sede judicial y escuchará a las partes. Los abogados de las partes deberán estar presentes en la audiencia. Finalizada la audiencia, el Juez resolverá en el acto, en forma oral, pudiendo expresar sus fundamentos en igual forma, quedando registrado en soporte digital, sin necesidad de labrar acta escrita en soporte papel. En los casos complejos, el Juez podrá emitir los fundamentos en forma escrita en el plazo de tres (3) días, los cuales serán agregados al expediente en el mencionado plazo.

En los casos de control de legalidad positivo, el Juez deberá fijar la periodicidad de los informes que deberá realizar el ETI.

En los casos de control de legalidad negativo, el Juez en forma inmediata notificará la decisión al ETI solicitando se revalúe el caso en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas como máximo.

Artículo 107º. - Patrocinio Letrado. Los progenitores o adultos responsables de la persona menor de edad, al momento de la toma de la Medida de Protección Excepcional de Derechos deberán acudir con patrocinio letrado, conforme lo previsto en el presente Título.

En caso de no contar con los medios necesarios para proveérselos, podrán requerir en sede judicial el patrocinio de un profesional del cuerpo de Co-Defensores de Familia o abogado ad-hoc.

Artículo 108º. - Seguimiento de la Medida de Control de Legalidad. La declaración favorable de legalidad por parte del Juez en la audiencia, implica la continuidad en sede judicial de su control y seguimiento, debiendo el Juez evaluar los informes periódicos del ETI, a los fines de determinar su cese o el otorgamiento de prórroga en caso de ser requerida por el ETI.

Artículo 109º. - Solicitud de Prórroga. Con anterioridad al vencimiento del plazo de la medida excepcional, el ETI podrá solicitar la prórroga de la medida debiendo fundarse tal petición.

El Juez resolverá en audiencia a fijarse en el término de cuarenta y ocho (48) horas de presentada la petición en la Mesa de Entradas del Juzgado. Previo a la realización de la audiencia en la que se resolverá la prorroga, el Juez deberá oír a la persona menor de edad en audiencia privada que se celebrará en el lugar de alojamiento del menor, y deberá evitar toda circunstancia que implique su posible re-victimización.

La audiencia de prórroga se celebrará con la presencia de los profesionales intervinientes del ETI, el representante del Ministerio Público Pupilar y los progenitores o adultos responsables de la persona menor de edad y sus patrocinantes letrados. Abierta la audiencia por el Juez, la cual será secreta y grabada por cualquier medio digital o electrónico, el profesional del ETI explicará a los presentes los motivos de la petición, los cuales estarán debidamente fundados y acompañarán en caso de considerarlo necesario la documentación respaldatoria.

Finalizada la audiencia, el Juez resolverá. En los casos de prórroga de la medida, el Juez establecerá la periodicidad de los informes que debe realizar el ETI.

Artículo 110º. - Modificación o Suspensión de la Medida. El ETI deberá informar en forma fundada, al Juez interviniente, toda modificación en la implementación de la medida excepcional de derechos o suspensión de la misma, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida.

Artículo 111º. - Cese automático de la Medida. La Medida de Protección Excepcional de Derechos, cesará:

a) automáticamente, de pleno derecho, cuando el adolescente cumpla la mayoría de edad;

b) cuando el ETI reintegre a la persona menor de edad a su grupo familiar primario, previo informar fundadamente tal medida al Juez interviniente.

Artículo 112º. - Cese de la Medida de Protección Excepcional de Derechos por resolución judicial. La Medida de Protección Excepcional de Derechos, cesará por resolución judicial firme cuando:

a) Se declare la situación de adoptabilidad de la persona menor de edad;

b) Se otorgue la guarda judicial de la persona menor de edad a un pariente, conforme el artículo 657 del Código Civil y Comercial de la Nación;

c) Se declare la ilegalidad de la medida excepcional de derechos adoptada por el ETI.

En los supuestos b) y c) el Juez dispondrá el archivo del expediente.

Artículo 113º. - Declaración judicial de situación de adoptabilidad. En los supuestos en que el ETI solicite al Juez interviniente la declaración de adoptabilidad de las personas menores de edad, deberá informar en forma detallada y fundada la situación de los mismos.

Una vez resuelta la situación de adoptabilidad el Juez continuará realizando el control de la medida de institucionalización hasta que la persona menor de edad efectivamente se encuentre conviviendo con los pretensos adoptantes. El expediente del Control de Legalidad no podrá archivarse hasta tanto no esté declarada la situación de adoptabilidad.

Artículo 114º. - Medidas Conexas. Las medidas conexas son aquellas solicitadas por los ETI al Juez de Familia en turno con competencia territorial, mediante mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o desde una casilla de correo oficial o mediante el uso de telefonía celular, cuando sea necesaria la asistencia judicial para garantizar la aplicación o el cumplimiento de una medida administrativa de protección de derechos, o de una medida de protección excepcional de derechos.

La medida conexa deberá cumplir con los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Con la solicitud debe acompañarse toda la documentación respaldatoria, salvo en los casos de urgencia y peligro inminente, en los cuales el ETI deberá acompañar la misma en un plazo no mayor de 24 horas de requerida la medida conexa.

Presentada la solicitud, el Juez resolverá mediante auto fundado en el término de veinticuatro (24) horas haciendo lugar o rechazando la misma; y en los casos de urgencia o grave peligro donde se requiere inmediatez, por el riesgo inminente, para la persona menor de edad, el Juez deberá expedirse sobre lo requerido en forma inmediata y utilizando mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o desde una casilla de correo oficial o mediante el uso de telefonía celular.

Artículo 115º. - Tipos de medidas conexas. La Medidas conexas podrán consistir, entre otras, en:

  1. allanamiento de domicilio con habilitación de día, hora y lugar;

  2. traslado de personas a dependencias públicas o privadas;

  3. prohibición de acercamiento y/o exclusión del hogar;

  4. solicitud de pericias psicofísicas;

  5. autorización para salir del país.

Artículo 116º. - Efectivización de las medidas conexas. La autoridad judicial que dicte la medida conexa tendrá a su cargo la efectivización de la misma en los casos de: allanamientos de domicilio, prohibiciones de acercamiento, exclusión del hogar y toda aquella medida que requiera la coordinación directa entre la autoridad judicial y la autoridad policial; debiendo comunicar la realización de la medida al ETI para su acompañamiento.

La efectivización de las demás medidas estará a cargo del ETI, quien en el plazo de veinticuatro (24) horas deberá comunicar al Juez los resultados de la misma.

En caso de haber fracasado la medida, el ETI podrá requerirla nuevamente si lo considerase pertinente.

Artículo 117º. - Archivo o Remisión. Cumplida la medida conexa el Juez ordenará el archivo del expediente judicial o su acumulación al expediente iniciado por control de legalidad de la medida excepcional, según corresponda.

TÍTULO Iii

PROCESO RELATIVO A LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Artículo 118º. - Trámite. La demanda de cualquiera de los legitimados, conforme el artículo 33 del Código Civil y Comercial de la Nación deberá:

  1. exponer los hechos, debiendo especificar: motivación para iniciar el proceso; diagnóstico y pronóstico; época en la que se presentó la situación; recursos personales, familiares y sociales existentes; régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible;

  2. acompañar dos certificados de profesionales de la salud que den cuenta del estado de salud mental;

  3. proponer un sistema de apoyos o curatela;

Cuando el trámite no hubiere sido iniciado por el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, presentada la demanda, el Juez deberá correrle vista; la que será evacuada en el plazo de dos (2) días.

Artículo 119º. - Notificaciones. Las notificaciones serán realizadas mediante medios electrónicos o informáticos a través de documentos firmados digitalmente.

La persona en cuyo interés se realiza el proceso deberá ser notificada, en forma personal y por medio adecuado, de las siguientes resoluciones:

  1. la que da curso a la petición inicial y fijación de audiencia;

  2. la que dispone la producción de la prueba;

  3. la sentencia que decide sobre la restricción de capacidad o declaración de incapacidad;

  4. la sentencia que decide el pedido de cese de la incapacidad o de la capacidad restringida;

  5. la resolución que desestima la petición de restricción de la capacidad o declaración de incapacidad;

  6. toda otra que el Juez disponga expresamente.

Artículo 120º. - Medidas de protección. En cualquier etapa del proceso, el Juez deberá ordenar medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso.

Artículo 121º. - Notificación y traslado de la demanda. En los casos donde el Ministerio Publico Pupilar inicie el trámite del artículo 118 de la presente, o una vez contestada la vista prevista en el último párrafo del mencionado artículo, el Juez notificará, por medio fehaciente y adecuado, la demanda a la persona en cuyo interés se tramita el proceso, haciéndole saber que puede presentarse con asistencia letrada para el ejercicio de sus derechos y que en caso de no contar con patrocinio letrado o de carecer de medios, se le designará en el acto un Defensor Oficial para que lo represente y le preste asistencia letrada en el juicio. Se le correrá traslado de la demanda para que comparezca y conteste en el plazo de diez (10) días.

Artículo 122º. - Informe del Cuerpo Auxiliar Interdis-ciplinario. Contestada la demanda o vencido el plazo, el Juez de oficio, ordenará al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario la realización de un dictamen psico-social, que deberá presentarlo en el plazo máximo de cinco (5) días, debiendo contener:

  1. diagnóstico;

  2. fecha aproximada en que la situación que da fundamento al proceso se manifestó;

  3. pronóstico;

  4. abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible;

  5. recursos personales, familiares y sociales existentes;

  6. todo tipo de información relevante para la causa.

Artículo 123º. - Entrevista personal. Atribuciones del Juez. Incorporado al expediente el informe interdisciplinario, el Juez fijará fecha de audiencia para mantener una entrevista con la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso. La audiencia deberá realizarse en un plazo no mayor de diez (10) días a partir de la incorporación del informe.

En la audiencia, el Juez deberá entrevistar personalmente a la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso antes de dictar resolución alguna.

En esta audiencia deberán estar presentes bajo pena de nulidad, el Juez, el Ministerio Público Pupilar, el interesado en cuyo interés se inicia el proceso y el demandante. La audiencia será registrada mediante audio o videograbación.

Finalizada la audiencia, el Juez en el plazo de dos (2) días resolverá mediante decreto fundado respecto de la proponibilidad de la demanda o su desestimación.

Artículo 124º. - Desestimación de la Demanda. El Juez puede desestimar la demanda sin más trámite; o en el caso de advertir que existen derechos económicos, sociales y culturales vulnerados, notificará a los organismos estatales que correspondan a los fines que dispongan las medidas pertinentes.

Artículo 125º. - Proponibilidad de la Demanda. El Juez al declarar la proponibilidad de la demanda resolverá sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida incluida la que acredite la idoneidad del apoyo propuesto, y toda otra que las partes quieran aportar o el Juez disponga de oficio, ordenando su producción.

Artículo 126º. - Otros medios de prueba. Cuando se ofreciere un medio de prueba idóneo y pertinente, no previsto en esta ley, regirá el artículo 198 del C.P.C.y T.

Artículo 127º. - Llamamiento de autos para sentencia. Producida la totalidad de la prueba, el Juez llamará autos para sentencia, la que será pronunciada en el término de cinco (5) días a contar desde el llamamiento de autos.

Artículo 128º. - Efectos del llamamiento de autos para sentencia. Desde el llamamiento de autos para resolver, toda discusión quedará cerrada y no podrá presentarse más escritos ni producirse más pruebas.

Artículo 129º. - Notificación de la sentencia. La sentencia deberá ser notificada de oficio, por medios electrónicos o informáticos dentro de las veinticuatro (24) hs. hábiles de su dictado; debiendo transcribirse la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, se le entregará una copia simple de la sentencia, firmada por el Secretario.

Artículo 130º. - Sentencia que restringe la capacidad. La sentencia de restricción a la capacidad deberá precisar la extensión y alcance de la limitación, cuales son los actos que la persona no puede realizar por sí misma y designar el o los apoyos que fueren necesarios para que dichos actos puedan ser otorgados. Los apoyos pueden ser propuestos por la parte en cuyo beneficio se tramita el proceso.

Deberá indicar el abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible; a ese efecto, se deberá tener en cuenta el mejor interés de la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, disponiéndose las medidas que no resulten discriminatorias a la dignidad de su persona.

Se pueden designar redes de apoyo institucionales y personas que actúen con funciones específicas durante un determinado tiempo.

El sistema de apoyos designado está sujeto al debido contralor judicial, con intervención del Ministerio Público Pupilar.

Artículo 131º. - Sentencia que declara la incapacidad. Cuando el Juez declare la incapacidad de la persona para ejercer por sí sus derechos, designará uno o más curadores como representantes, estableciéndose el alcance y extensión de sus funciones.

Podrá designar uno o varios apoyos y establecer las funciones representativas que mejor contemplen los intereses de la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso.

Los actos realizados en representación de la persona cuya incapacidad hubiere sido declarada estarán sujetos a control judicial, con la intervención del Ministerio Público Pupilar.

La sentencia deberá ser notificada por el Secretario.

Artículo 132º. - Registración de la sentencia. La sentencia que restrinja la capacidad o declare la incapacidad o la inhabilitación de una persona deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y anotarse al margen del acta de nacimiento. A tal efecto, se librará oficio con copia certificada de la sentencia, pudiendo utilizar medios electrónicos o informáticos de notificación.

Artículo 133º. - Apelación. La sentencia será apelable por el solicitante de la declaración, la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, el curador, y el Ministerio Público Pupilar

La apelación se concederá de modo abreviado.

Artículo 134º. - Revisión de las designaciones. Las designaciones de los apoyos, curadores, redes de sostenes y otras personas con funciones específicas podrán ser revisadas en cualquier momento.

Artículo 135º. - Revisión de la sentencia. La sentencia declarativa podrá ser revisada en todo momento por el interesado, y al menos cada tres (3) años por el Juez de conformidad a lo establecido por el artículo 40 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 136º. - Costas. Las costas cuando sean a cargo de la persona en cuyo favor se restringe la capacidad o se declara la incapacidad o inhabilitación, no podrán exceder, en conjunto, el diez por ciento (10%) del monto de sus bienes.

Los gastos causídicos serán a cargo del solicitante de la declaración si el Juez considerase que la petición fue formulada con malicia o con error inexcusable.

TÍTULO IV

PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA SALIR DEL PAÍS

Artículo 137º. - Salida del país. Los representantes legales y quienes tengan a una persona menor de edad bajo su cuidado podrán solicitar autorización judicial para que los niños, niñas y adolescentes salgan del país temporalmente ante la negativa o ausencia de uno o ambos representantes legales.

También podrá ser solicitada por el propio niño, niña o adolescente si tuviere edad y grado de madurez suficiente, mediante trámite oral y actuado ante el Juzgado de Familia y Violencia Familiar.

Artículo 138º. - Trámite. Recibida la petición, el Juez convocará a una audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días. A la audiencia deberán comparecer el menor interesado, sus representantes legales, y deberán acompañar la prueba que consideren pertinente. Si el Juez lo considera conveniente, podrá derivar la petición a mediación.

Artículo 139º. - Audiencia y prueba. Al concluir la audiencia, el Juez podrá ordenar la realización de pruebas que deberán incorporarse al proceso en un plazo no superior a cinco (5) días.

Artículo 140º. - Sentencia. Inmediatamente de finalizada la audiencia o luego de producida la prueba, el Juez previa vista al Ministerio Público Pupilar, dictará sentencia en el plazo de cinco (5) días. La sentencia deberá establecer el período de tiempo por el que se autoriza la salida del país y determinar el o los lugares de destino.

Artículo 141º. - Apelación. Las partes podrán recurrir la sentencia mediante trámite de apelación con carácter suspensivo. Interpuesto el recurso de apelación, la Cámara convocará a una audiencia a las partes y al Ministerio Público Pupilar en un plazo máximo de tres (3) días de recibido el expediente. En la audiencia escuchará a los asistentes e inmediatamente dictará sentencia dando por finalizada la audiencia.

TÍTULO V

PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA ACTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL ENTRE CÓNYUGES O CONVIVIENTES

Artículo 142º. - Ámbito de Aplicación. En todos los casos en los que el Código Civil y Comercial de la Nación requiere el asentimiento de un cónyuge o conviviente para un acto de carácter patrimonial y éste se niegue a prestarlo, el otro cónyuge o conviviente podrá solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria.

Artículo 143º. Trámite. Rigen las reglas del proceso abreviado, con estas modificaciones:

a) contestada la demanda, el Juez convocará a una audiencia que deberá realizarse dentro de los cinco (5) días; la que podrá prorrogarse por otro tanto para el caso de ofrecimiento de prueba pericial, por única vez.

b) en esa audiencia se rendirá la prueba que no se hubiere incorporado con la demanda y la contestación;

c) inmediatamente de finalizada la audiencia, el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco (5) días;

d) la resolución será apelable dentro del tercer día. La Cámara deberá dictar sentencia en el plazo de cinco (5) días de quedar el expediente en estado de resolver.

TÍTULO VI

PROCESO DE ALIMENTOS

Artículo 144º. - Alimentos. Reglas Generales. Los procesos de alimentos se regirán por las siguientes reglas:

  1. incremento de las necesidades alimentarias: a mayor edad de los niños y adolescentes, aumentan las necesidades materiales, ampliándose la obligación alimentaria;

  2. irrepetibilidad: los alimentos son irrepetibles; el alimentado no puede ser obligado a compensación alguna, ni a prestar fianza o caución para restituir los alimentos percibidos, aun cuando la sentencia que los fijó sea revocada;

  3. actividad probatoria oficiosa: la facultad judicial de ordenar prueba se acentúa si el alimentado es una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz;

  4. rige el principio de las cargas probatorias dinámicas;

  5. modificabilidad de la sentencia firme: las resoluciones dictadas en los procesos de alimentos pueden ser modificadas cuando se producen cambios significativos en los presupuestos que las motivaron.

Artículo 145º. - Demanda. La demanda de alimentos deberá:

  1. contener datos suficientes para acreditar el vínculo y/o las circunstancias en las que se funda;

  2. estimar el monto que se reclama;

  3. acompañar toda la documentación que el actor tuviese en su poder y que haga a su derecho;

  4. ofrecer la prueba testimonial, hasta un máximo de tres (3) testigos, debiendo acompañar el pliego interrogatorio;

  5. denunciar los ingresos que el alimentante percibe, si se tiene conocimiento;

  6. denunciar los ingresos que percibe quien reclama, excepto si se trata de alimentos que involucran a personas menores de edad, incapaces o con capacidad restringida.

Artículo 146º. - Notificaciones. Todas las notificaciones se realizarán con habilitación de días y horas inhábiles; y podrán realizarse con el auxilio de la fuerza pública.

A pedido de parte, el Juez podrá disponer que las notificaciones se practiquen en el domicilio laboral o comercial del demandado.

Artículo 147º. - Prueba de informes o dictámenes periciales. La falsedad u omisión de datos en la contestación de los pedidos de informes o dictámenes hará solidariamente responsable al informante o perito por el daño causado. Los oficios o cédulas de notificación deberán transcribir esta disposición.

Artículo 148º. - Sentencia. La sentencia que fije la cuota alimentaria deberá contener los mecanismos idóneos y eficaces para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la cuota.

Deberá mencionar expresamente que el incumplimiento de la sentencia dará lugar:

  1. al proceso ejecutivo;

  2. a la inscripción en el registro de deudores alimentarios;

  3. a la adopción de medidas razonables para asegurar su cumplimiento;

  4. a la imposición de la tasa de interés más alta que cobra el Banco Nación a sus clientes.

Artículo 149º. - Modo de cumplimiento. La cuota alimentaria en dinero se depositará en el banco de depósitos judiciales y se entregará al beneficiario o su representante legal o apoyo a su sola presentación, excepto acuerdo de partes. El apoderado podrá percibirla sólo si existe resolución fundada que lo autorice.

La percepción de la cuota alimentaria en especie se determinará por la naturaleza de las prestaciones que fueren acordadas o fijadas judicialmente, debiendo indicar el modo en que se procederá en caso de incumplimiento.

Artículo 150º. - Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los haya prestado podrá repetir de los otros obligados en la proporción que corresponda a cada uno. Esta solicitud podrá ser peticionada en el mismo proceso en el que ha sido demandado, o de manera autónoma según las reglas previstas para el proceso abreviado.

Artículo 151º. - Costas. Las costas serán a cargo del alimentante aun cuando se hubiese allanado, o la suma propuesta por él coincida con la fijada en la sentencia, o se hubiese arribado a un acuerdo.

Excepcionalmente, las costas podrán imponerse al peticionante cuando el Juez verifique que el derecho ha sido ejercido de manera manifiestamente abusiva.

Esta excepción no se aplicará si el alimentado es una persona menor de edad o con capacidad restringida o incapaz, en cuyo caso las costas podrán imponerse a su representante o apoyo, según el caso.

Artículo 152º. - Alimentos devengados durante el proceso. Cuota suplementaria. La sentencia que admita la demanda deberá ordenar que se abonen las cuotas atrasadas devengadas desde la fecha de la notificación de la demanda.

El Juez determinará el monto de la cuota suplementaria, teniendo en cuenta la cuantía de la deuda y la capacidad económica del alimentante.

Las cuotas mensuales suplementarias devengarán intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas, a la tasa más alta que cobra el Banco Nación a sus clientes.

Artículo 153º. - Alimentos atrasados. Pago en cuotas. El condenado a pagar alimentos atrasados podrá solicitar su pago en cuotas. Si las razones invocadas tuvieren fundamentación suficiente, el Juez está facultado para hacer lugar a la petición en forma total, parcial, o establecer otra propuesta de pago.

Artículo 154º. - Medidas ante el incumplimiento. Apelación. El Juez podrá aplicar cualquier tipo de medidas que resulten eficaces, adecuadas y razonables a los fines de obtener el cumplimiento en tiempo y forma del pago de la obligación alimentaria y asegurar la eficacia de la sentencia.

Las medidas dispuestas serán apelables sin efecto suspensivo.

Artículo 155º. - Retención directa y embargo sobre sueldo y otras remuneraciones. Si el alimentante posee un empleo en relación de dependencia, el Juez podrá ordenar la retención directa de sus haberes para garantizar el cumplimiento oportuno de la cuota.

Artículo 156º. - Solidaridad. El obligado a descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor el monto correspondiente a la cuota alimentaria, conforme lo previsto en el artículo 155, será deudor solidario de la obligación alimentaria en caso de su incumplimiento.

Constatado el incumplimiento, el Juez dictará resolución que declare la solidaridad, la cual deberá ser notificada al incumplidor.

Contra dicha resolución procederá recurso de apelación sin efecto suspensivo.

Artículo 157º. - Registro de deudores alimentarios. El Juez deberá ordenar la anotación de las personas deudoras de cuotas alimentarias en el Registro de Deudores Alimentarios local cuando las cuotas fueron fijadas por resolución judicial o acuerdo homologado judicialmente, y el obligado hubiere incumplido con el pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas de manera total o parcial y hubiese sido intimado judicialmente al pago.

Artículo 158º. - Tasa de interés. Las sumas adeudadas por el incumplimiento de la obligación alimentaria devengarán una tasa de interés equivalente a la más alta que cobra el Banco Nación a sus clientes.

Según las circunstancias del caso, el Juez podrá adicionar intereses punitorios.

Artículo 159º. - Apelación. Las resoluciones que establecen obligaciones alimentarias, cualquiera sea su naturaleza y procedimiento, serán apelables sin efecto suspensivo. Deducida la apelación, se expedirá copia certificada de la sentencia para su ejecución y las actuaciones se remitirán a la Cámara, inmediatamente.

La apelación interpuesta contra la resolución que hace lugar la reducción de cuota se concederá con efecto suspensivo.

Artículo 160º. - Alimentos provisorios. Audiencia. Dentro de los dos (2) días de interpuesta la demanda, el Juez citará a las partes a una audiencia a realizarse dentro de los tres (3) días.

La citación a la audiencia deberá mencionar:

  1. la obligación de comparecer, haciendo saber que en caso de incomparecencia el Juez fijará los alimentos conforme la pretensión deducida;

  2. la obligación de presentar la prueba documental que haga a su derecho;

  3. la obligación de hacer comparecer a la audiencia a los testigos que ofrezca.

Artículo 161º. - Trámite de la audiencia. La audiencia se realizará con la presencia de las partes, conforme las siguientes reglas:

  1. el Juez deberá intentar la solución consensuada del conflicto. En el caso de arribarse a un acuerdo, en la misma audiencia, homologará el mismo y entregará una copia certificada a las partes;

  2. en el caso de no existir acuerdo, el Juez recibirá las declaraciones testimoniales, si las hubiere;

  3. si el demandado no acompañare documentación fehaciente que acredite sus ingresos, el Juez tendrá por cierta la suma que el demandante haya denunciado;

  4. no serán admisibles excepciones previas.

Artículo 162º. - Audiencia. Reglas. La audiencia se rige por las siguientes reglas:

  1. si la parte demandada no compareciere ni hubiere acreditado previamente justa causa de su inasistencia, el Juez resolverá en ese mismo acto con los elementos de convicción aportados al proceso;

  2. si la parte actora no compareciere ni hubiere acreditado previamente justa causa de su inasistencia, se la tendrá por desistida del proceso. Esta regla no regirá si la actora fuese una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz, en cuyo caso deberá darse vista al Ministerio Público Pupilar;

  3. las partes no podrán alegar;

  4. rendida la prueba, inmediatamente el Juez dictará sentencia.

Artículo 163º. - Alimentos definitivos. Trámite. Rigen las reglas del proceso abreviado, con las siguientes modificaciones:

a) la pretensión por alimentos no es acumulable a otra pretensión;

b) la parte demandada podrá oponer y probar:

1. La falta de título o de derecho de quien peticiona los alimentos.

2. la situación patrimonial propia o la de quien solicita alimentos, en caso de corresponder. En este caso tendrá la carga de acompañar prueba documental sobre su situación patrimonial y de la parte actora, si correspondiera; solicitar informes cuyo diligenciamiento estarán a su cargo, debiendo ser incorporados al expediente antes de la audiencia.

3. concluida la audiencia, el Juez dictará sentencia y leerá tan solo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de cinco (5) días de finalizada la audiencia.

Artículo 164º. - Ejecución de alimentos. Título Ejecutivo. Dictada la resolución judicial que homologa el acuerdo o que fija los alimentos provisorios o definitivos, si el obligado no cumpliere con la cuota alimentaria fijada, la vía ejecutiva quedará habilitada por proceso monitorio.

Se considera suma líquida la fijada en un porcentaje del sueldo u otro sistema del que se infiera el monto de la ejecución, aún cuando no estuviese expresado numéricamente.

Artículo 165º. - Ejecución de alimentos. Excepciones. El obligado sólo podrá oponer las excepciones de pago documentado y la prescripción.

En caso que se ejecuten cuotas suplementarias devengadas con anterioridad a la sentencia que fija los alimentos, los pagos realizados se computarán a valores constantes.

Artículo 166º. - Ejecución de alimentos. Recursos. La sentencia será apelable para el actor en todos los casos y para el demandado si opuso defensas. El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los tres (3) días, y tramitará sin efecto suspensivo.

Artículo 167º. - Aumento, disminución, coparticipación, cuota extraordinaria o cesación de la obligación alimentaria. Trámite. Las reglas fijadas para los alimentos definitivos se aplicarán a toda petición de aumento, disminución, coparticipación, cuota extraordinaria o cesación de la obligación alimentaria, en cuanto resulten compatibles.

Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas o acordadas.

Artículo 168º. - Aumento provisorio de la cuota. Durante el proceso en que tramite la pretensión de aumento podrá fijarse un incremento provisorio de la cuota.

Artículo 169º. - Disminución provisoria de la cuota. Cuando se demande la disminución de la cuota que hubiere sido fijada a favor de una persona mayor de edad y capaz, y siempre que el derecho del actor sea verosímil, el Juez podrá disponer el pago de una cuota provisoria inferior a la vigente, que regirá durante la sustanciación del proceso.

Si la sentencia rechazase la pretensión del actor que solicitó la disminución de la cuota, éste deberá satisfacer los montos que le hubiera correspondido pagar y sus accesorios.

Artículo 170º. - Momento a partir del cual rige la resolución. El aumento de la cuota alimentaria regirá desde la fecha de la interposición de la demanda.

La disminución, coparticipación y cese de los alimentos, desde que la sentencia quede firme.

La sentencia que admite la disminución, coparticipación y cese de los alimentos tendrá efecto retroactivo respecto de las cuotas devengadas y no percibidas, excepto que la falta de percepción tenga causa en maniobras abusivas o dilatorias del obligado.

TÍTULO VII

PROCESO DE DIVORCIO

Artículo 171º. - Caracteres. La acción para peticionar el divorcio tiene los siguientes caracteres:

  1. personal e imprescriptible;

  2. bilateral o unilateral;

  3. sólo puede intentarse en vida de ambos cónyuges.

Artículo 172º. - Requisitos de la petición. Toda petición de divorcio, bilateral o unilateral, deberá ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; se deberá especificar, si existió, la fecha de separación de hecho. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.

Artículo 173º. - Divorcio bilateral. Los cónyuges peticionarán el divorcio en un mismo escrito, al que deberán adjuntar el convenio regulador sobre los efectos del divorcio o, en su defecto, la propuesta unilateral de cada uno. En ambos casos, el escrito deberá ser patrocinado por un abogado. Recibida la petición, el Juez dictará sentencia de divorcio en el plazo de diez (10) días y homologará los efectos acordados.

En caso de no existir acuerdo total sobre los efectos del divorcio, el Juez dictará sentencia de divorcio y fijará una audiencia en el plazo de diez (10) días, a la que deberán comparecer las partes personalmente, con sus respectivos abogados. En la audiencia, el Juez deberá intentar la solución consensuada de aquellos aspectos relativos a los efectos del divorcio que no hayan sido previamente acordados.

Si el acuerdo se lograse, el Juez lo homologará en la misma audiencia. Si es parcial, lo homologará en esa extensión. El Juez podrá rechazar los acuerdos que afecten gravemente los intereses de los integrantes del grupo familiar.

Si no hay acuerdo quedará abierta la vía jurisdiccional para peticionar sobre las cuestiones pendientes, que tramitarán conforme las reglas procesales aplicables a cada materia conforme esta ley.

Artículo 174º. - Divorcio unilateral. Cualquiera de los cónyuges podrá peticionar el divorcio acompañando una propuesta sobre sus efectos. De la petición de divorcio, que exige patrocinio letrado, se correrá traslado por cinco (5) días al otro cónyuge para que presente su propia propuesta. Vencido el plazo, el Juez dictará sentencia de divorcio en el plazo de diez (10) días. Si hay propuestas coincidentes homologará las mismas. Caso contrario, el Juez fijará una audiencia dentro de los diez (10) días a los fines de intentar acuerdos sobre los efectos del divorcio.

Si el acuerdo se lograse, el Juez lo homologará en la misma audiencia. Si el acuerdo fuere parcial, lo homologará en esa extensión.

Si no hay acuerdo, total o parcial, quedará abierta la vía jurisdiccional para peticionar sobre las cuestiones pendientes conforme esta ley.

Artículo 175º. - Omisión de contestación de la petición unilateral. Vencido el plazo para contestar el traslado, si el cónyuge no se presentase, el Juez dictará sentencia de divorcio sin más trámite. Si se hubiere invocado la separación de hecho previa al divorcio, se tendrá por cierta la fecha indicada por el peticionante, a los efectos de la extinción de la comunidad de bienes.

La vía jurisdiccional quedará abierta para peticionar sobre las otras cuestiones relativas a los efectos del divorcio y tramitarán según las reglas de esta ley.

Artículo 176º. - Recursos. La sentencia de divorcio no es apelable, excepto en la parte que dispone sobre:

  1. los acuerdos alcanzados en relación a los efectos del divorcio;

  2. regulación de honorarios profesionales;

  3. imposición de costas.

TÍTULO VIII

PROCESO DE FILIACIÓN

Artículo 177º. - Regla general. El proceso de filiación tramita por la vía del proceso abreviado, con las características especiales que se regulan en el presente Título.

Artículo 178º. - Filiación por naturaleza. Excepción de cosa juzgada. Principio general. La excepción de cosa juzgada no procede en los procesos de reclamación de filiación por naturaleza cuando el rechazo de la demanda se ha fundado en la insuficiencia de prueba.

Artículo 179º. - Filiación por naturaleza. Prueba genética de ADN. Realización. Contestada la demanda, vencido el plazo para hacerlo o, en su caso, resueltas las excepciones previas, el Juez ordenará la realización de la prueba científica de ADN. Incorporados los resultados de esa prueba al expediente, se dictará sentencia sin más trámite.

Si alguna de las partes no compareciere a la extracción de las muestras o se negare a someterse a la prueba, el Juez la emplazará por cinco (5) días para que pruebe las razones que fundan su conducta procesal.

Cumplido el término, si la parte demandada por reconocimiento de vínculo filial por naturaleza no hubiere justificado su negativa o incomparecencia, se dictará sentencia de emplazamiento filial, valorándose dicha incomparecencia como indicio grave.

La paternidad así declarada podrá ser impugnada por acción ordinaria posterior en la que se invoque y acredite inexistencia de vínculo biológico. Esta acción se regirá, en lo que fuere compatible, por la acción de impugnación del reconocimiento prevista en el Art. 593 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 180º. - Carencia de recursos económicos. La carencia de recursos económicos suficientes para afrontar el costo de la prueba genética se acreditará mediante información sumaria, con intervención del Ministerio Público Pupilar.

La información sumaria será necesaria sólo si no existiese otro sistema de cobertura de los costos de la prueba genética.

TÍTULO IX

PROCESO DE ADOPCIÓN

CAPÍTULO I

DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD

Artículo 181º. - Persona menor de edad sin filiación determinada. El organismo administrativo de protección de derechos de la Persona Menor de Edad, a través del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), al tomar conocimiento de que una persona menor de edad no tiene filiación determinada, inmediatamente deberá:

a) tomar la medida excepcional de derechos que corresponda y presentar al Juez de familia, en el plazo de veinticuatro (24) horas, el pedido de control de legalidad de la misma.

b) realizar averiguaciones sobre las circunstancias de hecho, a los fines de la búsqueda de sus progenitores o familiares de origen, en el plazo máximo de treinta(30) días, a contar desde la toma de conocimiento.

Artículo 182º. - Búsqueda con resultado negativo. Si la búsqueda no arrojase datos verosímiles para establecer la filiación y/o el paradero de los progenitores, se procederá conforme al Art. 607 inc. a). del Código Civil y Comercial. Vencido el plazo previsto por éste, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes el ETI deberá presentar al Juez:

  1. un informe con los antecedentes y documentación del caso; y

  2. un dictamen en el que peticione la declaración de la situación de adoptabilidad.

El Juez deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de diez (10) días.

Artículo 183º. - Búsqueda con resultado positivo. Si las medidas para establecer la filiación o buscar el paradero arrojasen resultado positivo y los informes recogidos resultasen favorables, el órgano administrativo podrá disponer la revinculación de la persona menor de edad con su familia de origen, tomando las medidas de protección integral de derechos que correspondan en el interés superior del niño.

Si las medidas para establecer la filiación o buscar el paradero resultaren positivas, pero por diferentes razones resultase inconveniente que la persona menor de edad permanezca con su familia de origen o ampliada, el Equipo Técnico Interdisciplinario tomará la medida de protección excepcional de derechos conforme lo previsto en el Título II de este libro III.

Artículo 184º. - Voluntad de los progenitores a favor de la adopción. La decisión de los progenitores de entregar a su hijo en adopción deberá manifestarse ante el Juez correspondiente a su domicilio. Esta manifestación es válida si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de acaecido el nacimiento, con la presencia personal del Juez.

Artículo 185º. - Voluntad de los progenitores a favor de la adopción previo al cumplimiento del plazo de 45 días. En los supuestos en los que los progenitores, ya sea durante el embarazo o después del parto pero antes de haberse cumplido el plazo de cuarenta y cinco (45) días previsto en el Art. 607 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, manifestaren el deseo de que su hijo sea dado en adopción, deberá intervenir además del Juez, el Equipo Interdisciplinario de Adopción.

Artículo 186º. - Información. El Equipo Interdisciplinario de Adopción deberá entrevistar personalmente a la persona que dará a luz en el hospital. En esa entrevista se le informará, obligatoriamente, las previsiones del artículo 607 inc. b) del Código Civil y Comercial de la Nación, dejando constancia en acta.

Con posterioridad al plazo previsto en el párrafo precedente, la progenitora será citada al Tribunal para ratificar su voluntad, en el caso de encontrarse notificada personalmente y no compareciere a esa audiencia, el Juez presumirá que ratifica la voluntad de que su hijo sea adoptado.

En los casos en que el domicilio denunciado por la progenitora no permitiere la notificación de la misma, siendo imposible su notificación ya sea porque no existe el domicilio o en el mismo reside otra persona, el Juez presumirá que ratifica la voluntad de que su hijo sea dado en adopción.

Artículo 187º. - Progenitores menores de edad. Si ambos progenitores o uno de ellos fueren menores de edad, se deberá citar, además, a los padres o representantes legales del progenitor que no haya alcanzado la mayoría de edad.

Artículo 188º. - Medidas excepcionales con resultados negativos. Si después de haberse tomado las medidas previstas en el art. 607 inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación para el fortalecimiento familiar durante un plazo máximo de ciento ochenta (180) días corridos y la persona menor de edad no puede permanecer con su familia de origen o ampliada, dentro de las veinticuatro (24) horas de vencido dicho plazo, el ETI deberá presentar al Juez:

a) un informe con los antecedentes y documentación del caso; y

b) un dictamen en el que peticione la declaración de la situación de adoptabilidad.

Artículo 189º. - Proceso de declaración judicial de situación de adoptabilidad. A los efectos de dar inicio a la declaración judicial de situación de adoptabilidad, el Juez fijará una audiencia dentro de los diez (10) días corridos de presentado el dictamen previsto en el artículo 188º.

Esta audiencia deberá ser notificada:

  1. a la persona menor de edad que tenga edad y grado de madurez suficiente. En la notificación se le hará saber que puede comparecer con asistencia letrada.

  2. a los padres y a sus patrocinantes letrados.

  3. al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que intervino en la etapa extrajudicial.

  4. al Ministerio Público Pupilar.

El Juez podrá escuchar a otros parientes y/o referentes afectivos que considere pertinentes para conocer la conflictiva familiar involucrada.

En la audiencia los progenitores podrán ofrecer toda la prueba que no hubiere sido ofrecida en el expediente durante el transcurso de la medida excepcional. La prueba deberá ser producida dentro de los veinte (20) días corridos de la audiencia.

Artículo 190º. - Sentencia. Realizada la audiencia, o producida la prueba en caso de corresponder, el Juez se pronunciará sobre la situación de adoptabilidad de la persona menor de edad en el plazo máximo de diez (10) días.

Contra la Sentencia procederá recurso de apelación por trámite abreviado e inmediato, el cual se interpondrá en forma fundada ante el Juez que dictó la Resolución en el plazo de tres (3) días, a contar desde la notificación. Concedido el recurso se remitirá a la Cámara. El Tribunal de Alzada fijará audiencia dentro del plazo de tres (3) días y resolverá sin más trámite en el plazo de tres (3) días de concluida la audiencia.

Artículo 191º. - Situación de la persona adolescente. Si la persona en situación de adoptabilidad es adolescente, el Juez deberá evaluar cuál es la figura jurídica más adecuada a su especial situación, con la intervención del ETI.

Por decisión fundada, el Juez podrá elaborar acciones y estrategias tendientes a que el adolescente alcance su autonomía y desarrolle la capacidad de auto-sostenerse.

Artículo 192º. - Reducción de los plazos reglados. Por resolución fundada del Juez, los plazos previstos en este Título podrán ser reducidos cuando: las medidas de protección hubieren fracasado por motivos imputables a los progenitores, tutores o familiares a cargo y se advirtiese que el cumplimiento de los plazos previstos en la ley agravaría la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad.

Artículo 193º. - Contenido. La sentencia que declare la situación de adoptabilidad de la persona menor de edad deberá contener la orden al Registro Provincial de Adopción para que en un plazo no mayor a diez (10) días corridos, remita al Juez de Familia competente el o los legajos seleccionados de la Lista del Registro.

CAPÍTULO II

GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN

Artículo 194º. - Selección de los guardadores para adopción. El Juez de Familia seleccionará, en un plazo máximo de cinco (5) días corridos, a los postulantes de la nómina remitida por el Registro Provincial de Adopción.

El apartamiento del Juez del orden de la lista deberá ser fundado, bajo pena de nulidad, siendo admisible sólo en los siguientes supuestos: grupo de hermanos; personas menores de edad con graves trastornos de salud, discapacidad física o mental o personas menores de edad vinculadas con anterioridad a integrantes de su familia nuclear o extensa.

La selección judicial de los postulantes deberá realizarse por auto con indicación de los nombres de los adoptantes y deberá notificarse dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al Registro Provincial de Adopción y al organismo de protección de derechos en el que se encuentre alojada la persona menor de edad.

Artículo 195º. - Audiencia. Seleccionado el o los postulantes, inmediatamente, el Juez fijará una audiencia a realizarse dentro del plazo máximo de cinco (5) días corridos.

Si el Registro Provincial de Adopción no contare con postulantes que respondan a las particularidades del caso, deberá informar esta situación al Juzgado y en el plazo máximo de diez (10) días corridos, realizar la búsqueda en el siguiente orden:

  1. en los legajos de personas que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Adopción en etapa de evaluación;

2. en el Registro Federal.

Artículo 196º. - Incomparecencia de los postulantes y carencia de postulantes. Si los postulantes no concurriesen a la audiencia fijada sin causa justificada, o declinaren su voluntad de constituirse en guardadores con fines de adopción, se seleccionarán nuevos postulantes en un plazo máximo de cinco (5) días.

Si no existiesen postulantes para el caso particular, el Juez, luego de oír a la persona menor de edad, deberá evaluar, junto con el ETI y el Equipo Interdisciplinario de Adopción dependiente del Registro Provincial de Adopción cuáles son las medidas de protección y/o la figura jurídica adecuada para resolver la situación de vulnerabilidad planteada, evitando la institucionalización.

Artículo 197º. - Audiencia con los pretensos guardadores. Vinculación. Los pretensos guardadores que concurriesen a la audiencia y no declinaren su voluntad deberán ratificarla expresamente.

El Juez junto con el Equipo Interdisciplinario de Adopción deberá elaborar una estrategia para favorecer la vinculación de los pretensos guardadores con la persona menor de edad, la cual podrá involucrar, según las circunstancias del caso, encuentros graduales, audiencias interdisciplinarias e interinstitu-cionales, acompañamiento y apoyo psicológico, entre otras.

El Equipo Interdisciplinario de Adopción deberá intervenir en esta etapa de vinculación, teniendo a su cargo el seguimiento de las estrategias y medidas adoptadas y el deber de elaborar un informe en un plazo máximo de veinte (20) días desde la celebración de la audiencia, que tendrá los efectos de primer control de guarda pre-adoptiva.

Artículo 198º. - Otorgamiento de la guarda con fines de adopción. Presentado el informe del Equipo Interdisciplinario de Adopción, dentro de los cinco (5) días el Juez, por resolución fundada, otorgará la guarda con fines de adopción, por un plazo que no exceda de seis (6) meses.

La resolución de guarda para adopción deberá contener las siguientes obligaciones para los guardadores:

a) someterse a entrevistas y/o informes periódicos que realice el Equipo Interdisciplinario de Adopción en el domicilio que residan los guardadores con el niño, niña o adolescente, a fin de evaluar el desenvolvimiento de la guarda;

b) concurrir a las audiencias que se fijen en el Juzgado en compañía de la persona menor de edad y descendientes de los guardadores si los hubiese, a fin de que el Juez tome conocimiento personal de la situación.

Artículo 199º. - Revocación de la guarda con fines de adopción. Si durante el período de guarda con fines de adopción, injustificadamente, los guardadores fueren remisos en brindar información al Equipo Interdisciplinario de Adopción, no comparecieren a las audiencias dispuestas por el Juez, o los informes del Equipo Interdisciplinario de Adopción arrojaren resultados negativos sobre la vinculación afectiva o aptitud de los guardadores para adoptar, de oficio, a pedido de parte o por petición del Equipo Interdisciplinario de Adopción, el Juez podrá revocar la guarda para adopción otorgada, disponer las medidas de protección pertinentes, y proceder en el plazo máximo de cinco (5) días a seleccionar a otro postulante.

Artículo 200º. - Notificación de la guarda con fines de adopción. La resolución que otorga la guarda con fines de adopción debe ser notificada al Registro Provincial de Adopción y por su intermedio a la Red de Registro Nacional, y a la Dirección General de Protección de Derechos; por el modo de notificación más ágil.

CAPÍTULO III

JUICIO DE ADOPCIÓN

Artículo 201º. - Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período de guarda pre-adoptiva, el Juez interviniente de oficio, a pedido de parte o del ETI, deberá dar inicio al proceso de adopción.

Artículo 202º. - Control periódico de oficio. El Secretario del Juzgado bajo su responsabilidad directa deberá controlar los expedientes en los que se hayan otorgado guardas pre-adoptivas, como mínimo una vez al mes, para verificar si el plazo de guarda está vencido; en tal supuesto, deberá comunicar inmediatamente al Juez para que dé inicio al proceso de adopción.

Artículo 203º. - Prueba. En la petición de adopción, los pretensos adoptantes deberán acompañar toda la prueba documental y ofrecer las demás pruebas de la que intenten valerse.

Esta presentación se notificará al Ministerio Público Pupilar, que es parte necesario en el proceso.

Artículo 204º. - Audiencia. Presentada la petición de adopción, el Juez fijará una audiencia a celebrarse en el plazo de diez (10) días corridos para que comparezcan los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado, el Ministerio Público Pupilar; en la cual se deberá producir toda la prueba ofrecida.

En esa audiencia, los pretensos adoptantes deberán manifestar expresamente su compromiso de hacer conocer al adoptado sus orígenes, si es que no lo manifestaron con anterioridad.

Artículo 205º. - Consentimiento del adoptado. El pretenso adoptado mayor de diez (10) años deberá prestar consentimiento expreso a la adopción en la audiencia mencionada en el artículo precedente.

En caso de negativa, el Juez tomará todas las medidas que considere necesarias para conocer los motivos. Estas medidas deberán realizarse en un plazo máximo de veinte (20) días. El Juez podrá pedir colaboración al Equipo Interdisciplinario Especializado del Registro Provincial de Adopción.

Vencido el plazo, si el pretenso adoptado mantiene la negativa, dentro de las veinticuatro (24) horas, el Juez deberá ordenar la remisión de legajos del registro de adoptantes para proceder a seleccionar nuevos postulantes o, según las circunstancias del caso, evaluar conjuntamente con el Equipo Interdisciplinario de Adopción y el ETI, cuáles son las medidas de protección o figura jurídica adecuada para la situación concreta, procurando evitar la institucionalización de la persona menor de edad.

Artículo 206º. - Sentencia. Finalizada la audiencia del artículo 204º, producida la prueba, prestado el consentimiento del pretenso adoptado mayor de diez (10) años y recibidos los informes correspondientes del Equipo Interdisciplinario de Adopción, previa vista al Ministerio Público Pupilar, el Juez dictará sentencia, en el plazo de diez (10) días, otorgando la adopción bajo la modalidad que corresponda, de conformidad con el interés superior del niño.

La sentencia deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Artículo 207º. - Recursos. Sólo son apelables:

  1. La decisión que resuelva la situación de adoptabilidad, sin efecto suspensivo.

  2. La revocación de la guarda para adopción.

  3. La sentencia de adopción.

TÍTULO X

PROCESO PARA LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS Y DEMÁS CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LAS RELACIONES DE FAMILIA

Artículo 208º. - Proceso. Objeto. Este proceso monitorio y urgente tiene por objeto:

a) garantizar la restitución inmediata de las personas menores de dieciséis (16) años de edad, trasladadas y/o retenidas de manera ilícita y velar por que se respeten sus derechos de custodia y de comunicación, conforme al Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, a lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y lo dispuesto en el art. 2642 del C.C.y C.; y sus modificaciones;

b) verificar si el traslado y/o retención han sido ilícitos;

c) acceder a la restitución, si procediese, de modo seguro para el niño o adolescente;

d) asegurar la resolución rápida del conflicto planteado.

Artículo 209º. - Legitimación. La legitimación activa corresponde a la persona, institución u organismo que sea titular del derecho de custodia, conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual de la persona menor de edad antes de su traslado o retención. Tal derecho puede resultar de la aplicación de pleno derecho de una norma legal, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, por padres, madres, tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho.

Legitimado pasivo es la persona que ha sustraído y/o retenido en forma ilícita al niño, niña o adolescente cuyo desplazamiento-retención constituye la causa de la solicitud.

Se excluye expresamente de este proceso la decisión sobre el fondo del asunto de la custodia, la que es materia privativa de la jurisdicción del Estado del centro de vida del niño, anterior al desplazamiento.

La tramitación de la solicitud de restitución suspende, mientras dure, aquellos procesos tendientes a resolver sobre el fondo de la custodia, los cuales pueden encontrarse en trámite.

Artículo 210º. - Interés superior. El interés superior del niño, como criterio de interpretación e integración, comprende el derecho a :

  1. no ser trasladado o retenido ilícitamente;

  2. que el cuidado personal sea decidido por el Juez del Estado donde se ubicaba su centro de vida con anterioridad al traslado o retención ilegítima;

  3. mantener comunicación fluida con ambos progenitores y otros referentes afectivos;

  4. obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de comunicación.

Artículo 211º. - Autoridad Central. Intervención en el procedimiento. La Autoridad Central designada por el Poder Ejecutivo conforme el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores debe ser informada del trámite de las actuaciones, teniendo libre acceso a las mismas en cualquier etapa del trámite.

Artículo 212º. - Etapa Inicial. La petición de localización debe cumplir los requisitos establecidos por esta ley y los que resultan del Art. 8 de la Convención de La Haya de 1980 y del Art. 9 de la Convención Interamericana y sus modificatorias. La petición puede ser presentada de modo directo ante el Juzgado, por medio de exhorto, o por comunicación judicial directa ante la Autoridad Central.

Inmediatamente después de presentada la petición en el Juzgado, se dispondrán las medidas necesarias para la localización y las medidas cautelares de protección del niño o adolescente, como así también, si correspondiera, la del adulto que lo acompaña. Verificada la localización, el Juez deberá comunicarlo de inmediato al Estado requirente vía Autoridad Central.

Dentro del plazo de treinta (30) días de conocida la localización, deberá presentarse la demanda de restitución, acompañada de la documentación que acredite la legitimación activa y demás recaudos.

En caso de no ser presentada en término, se producirá la caducidad de las medidas preliminares dispuestas. La documentación agregada a la demanda deberá estar traducida al idioma español, si correspondiere, pero no requerirá legalización.

Artículo 213º. - Demanda y sentencia. Presentada la demanda de restitución, el Juez deberá analizar las condiciones de admisibilidad de la acción, la verosimilitud del derecho del peticionante y si se encontrare en ejercicio del derecho de custodia.

Si el pedido se considera procedente, el Juez dictará resolución que ordene la restitución dentro de las veinticuatro (24) horas. En la misma resolución, el Juez dispondrá:

  1. las medidas necesarias para la protección de la persona menor de edad, y en su caso para el adulto que lo acompaña, manteniendo o modificando las medidas cautelares y provisionales adoptadas inicialmente durante la etapa preliminar.

  2. la citación del legitimado pasivo para que en el plazo de cinco (5) días oponga alguna de las defensas previstas en el artículo 215.

Si no mediare oposición, la orden de restitución quedará firme y se librará mandamiento para hacerla efectiva, con comunicación a la Autoridad Central.

La resolución que rechace la demanda sin sustanciación requiere motivación suficiente, de acuerdo a lo establecido en las Convenciones vigentes.

Artículo 214º. - Recurso. La resolución que rechace la demanda será apelable dentro del plazo de tres (3) días y deberá fundarse en el mismo escrito de interposición.

El expediente deberá elevarse a la Cámara de Apelaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de concedido el recurso.

La Cámara deberá resolver en el plazo máximo de cinco (5) días sin ningún tipo de tramitación.

Artículo 215º. - Defensas. La defensa del demandado deberá realizarse por escrito y en forma fundada, acompañado de toda la prueba que haga a su derecho. Será válida la oposición cuando se funde y se demuestre que:

  1. la persona, institución u organismo que tenía a su cargo a la persona menor de edad en el momento en que él fue trasladado o retenido no ejercía su cuidado de modo efectivo, o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención;

  2. existe grave riesgo de que la restitución del niño lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera lo someta a una situación intolerable;

  3. la restitución es manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.

El Juzgado deberá rechazar sin sustanciación toda defensa que no sea de las enumeradas en el presente artículo.

Artículo 216º. - Trámite. Prueba. Opuestas las defensas y excepciones, se sustanciarán con un traslado al requirente por el término de cinco (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo el Juez determinará los medios probatorios admisibles y desestimará la prueba inconducente, dilatoria o carente de utilidad.

Sólo son admisibles hasta tres (3) testigos por cada parte.

La realización de un informe pericial psicológico sólo podrá ofrecerse en caso de invocarse como defensa que existe grave riesgo para la persona menor de edad. En este supuesto, el Juez deberá pedir un informe al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (C.A.I.)a los fines de establecer la existencia o no del grave riesgo.

La resolución que desestime alguna prueba no impedirá que, ulteriormente, pueda disponerse como medida para mejor proveer.

La decisión que resuelva sobre la prueba fijará una audiencia a realizarse en el plazo máximo de cinco (5) días.

Artículo 217º. - Audiencia. La audiencia será presidida por el Juez bajo pena de nulidad, y se celebrará aún en ausencia de los citados.

El accionado deberá comparecer en forma personal junto con la persona menor de edad, bajo apercibimiento de ser llevado con la fuerza pública.

El accionante podrá concurrir por medio de apoderado, pero deberá hacerlo personalmente si se encontrare en el país.

A la audiencia deberá concurrir el representante del Ministerio Público Pupilar.

Artículo 218º. - Realización de la audiencia. En la audiencia, la cual deberá ser registrada mediante audio y video, el Juez deberá procurar la solución consensuada del conflicto. Si se arribase a un acuerdo, el Juez lo homologará en el mismo acto.

En caso de no existir acuerdo, el Juez fijar los puntos de debate, recibirá la prueba testimonial y dispondrá la presentación de los informes periciales, si correspondieren, los cuales deberán ser presentados en un plazo máximo de dos (2) días de celebrada la audiencia. Una vez presentados los informes periciales, se correrá traslado por el plazo de dos (2) días a las partes, al solo efecto de que formulen observaciones sobre el valor probatorio

El Juez debe escuchar a las partes, al niño con edad y grado de madurez suficiente y al Ministerio Público Pupilar. Se labrará acta del comparendo.

Artículo 219º. - Resolución. Dentro del plazo de cinco (5) días de celebrada la audiencia o de vencido el plazo para formular observaciones a los informes periciales, el Juez deberá dictar resolución sobre las oposiciones planteadas.

Artículo 220º. - Apelación. La resolución será apelable dentro de los tres (3) días de notificada, debiendo presentarse los fundamentos de la apelación en ese escrito.

Si el recurso es concedido, el expediente se elevará a la Cámara dentro del plazo de veinticuatro (24) horas. Admitido el recurso se dará traslado por tres (3) días a la contraria, Ministerio Pupilar y en su caso a la persona menor de edad que interviniere con su abogado.

La Cámara deberá escuchar a la persona menor de edad en forma inmediata y dictar resolución, confirmando o revocando la resolución apelada dentro del plazo de cinco (5) días de la audiencia.

Artículo 221º. - Contenido de la sentencia y restitución segura. La sentencia deberá ordenar la restitución en todos los casos en los que un niño, niña o adolescente menor de dieciséis (16) años de edad ha sido trasladado o retenido ilícitamente en violación de un derecho de custodia y no se hubiere acreditado ninguna de las defensas previstas en este título.

La sentencia deberá disponer las medidas complementarias tendientes a garantizar el regreso seguro del niño, niña o adolescente en caso que resultare necesario, priorizando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión.

La negativa a la restitución de un niño de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del Art. 13 del Convenio de la Haya de 1980 y b) del Art. 11 de la Convención Interamericana de 1989 (grave riesgo de peligro físico o psíquico) no será procedente cuando se pruebe que se han tomado las medidas adecuadas para garantizar su protección tras la restitución.

Artículo 222º. - Restitución en los casos de petición posterior al año de la sustracción o retención ilícitas. Según las circunstancias del caso, la restitución podrá ser ordenada, pese al transcurso de un lapso mayor a un (1) año entre la fecha de la solicitud o de demanda de restitución y la sustracción o retención ilícitos. En este supuesto, la restitución no procederá si se prueba que el niño, niña o adolescente se encuentra integrado en su nuevo ambiente y la permanencia resulta favorable a su interés superior.

Artículo 223º. - Atribuciones judiciales. El Juez podrá:

  1. recurrir a la Autoridad Central para solicitar, por su intermedio, información relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el Estado requirente;

  2. contactar al Juez de la Red Internacional de Jueces de La Haya, o al juez competente del Estado al que el niño será restituido, con el objeto de determinar y establecer las medidas de retorno seguro que fueren pertinentes, así como para requerir la cooperación que fuere necesaria. El Juez podrá establecer comunicaciones judiciales directas para este propósito.

Artículo 224º. - Notificaciones. Las notificaciones judiciales se realizarán en forma automática, excepto disposición en contrario.

Las notificaciones por cédula se deberán practicar de oficio, con habilitación de días y horas inhábiles.

Se prevé la habilitación de la feria judicial para todos los casos previstos en el presente Título.

Artículo 225º. - Recursos. Sin perjuicio de lo dispuesto de los artículos anteriores, son apelables:

  1. La sentencia que rechaza sin sustanciación el pedido de restitución y la sentencia definitiva. En Cámara puede convocarse una audiencia o dictarse resolución anticipada.

  2. Las resoluciones relativas a medidas urgentes, cautelares o no cautelares. La concesión de la apelación no suspenderá su cumplimiento.

Artículo 226º. - Derecho de comunicación. Durante el trámite de restitución podrá solicitarse y ordenarse, aun de oficio, un régimen de comunicación con los niños, niñas y adolescentes.

La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de comunicación previsto en las Convenciones sequirán el procedimiento establecido en este Título. Este derecho comprende el de llevar al niño, niña o adolescentes, por un período de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquél donde tiene su residencia al momento de la tramitación del proceso.

En ambos supuestos puede establecerse la comunicación periódica mediante cualquier medio tecnológico.

Artículo 227º. - Cooperación judicial internacional. El Juez podrá recurrir a la Autoridad Central y a la Red Internacional de Jueces de La Haya o al Juez competente del Estado de residencia habitual del niño, niña o adolescente con el objeto de requerir la cooperación que fuere necesaria. Tales requerimientos podrán establecerse por medio de comunicaciones judiciales directas debiéndose dejar constancia en el expediente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 228º. - Deróganse de la Ley Nº 6.354, el Art. 46º, el Títulos I, II y V del Libro II y el Libro III.

Artículo 229°.- Deróganse las Leyes Nº 6.672 y Nº 8.524; y toda otra disposición que contraríe la presente Ley.

Artículo 230º. - Modifícase la denominación actual del Registro Único de Adopción, por el de "Registro Provincial de Adopción", dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, conservando su estructura y organización vigente.

Artículo 231º. - Modifícase la denominación actual de las Cámaras de Familia y Juzgados de Familia por "Cámara de Familia y Violencia Familiar" y "Juzgado de Familia y violencia Familiar", dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.

Artículo 232º. - Adhiérase a la Ley Nº 24.417, en tanto y en cuanto no se oponga a lo previsto en la presente.

Artículo 233º. - Adhiérase a la Ley Nacional 25.854 y a su Decreto Reglamentario Nº 1328; y facúltase a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a suscribir los convenios pertinentes con el Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación a efectos de coordinar con los organismos nacionales y aquellos conducentes al funcionamiento del Registro Provincial de Adopción.

Artículo 234º. - Vigencia. La presente ley regirá a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 235º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1CECCHINI, Francisco, Principios procesales en proceso de familia en PEYRANO (Dir) Principios Procesales, Santa Fe , Rubinzal Culzoni, 2011 T II, p. 381.FERREYRA DE DE LA RÚA, BERTOLDI DE FOURCADE y DE LOS SANTOS, Comentario art. 705 en KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA, LLOVERAS (Dir.) Tratado de derecho de Familia, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2014, t IV, p. 426.

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16 de agosto de 2018 | 11:22
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