Hay 2 millones de vehículos secuestrados en todo el país

Si se compactaran, podrían generar una ganancia de 1.500 millones de pesos.

Más de dos millones de vehículos judicializados en todo el país están en condiciones de ser compactados y cuya chatarra puede generar una ganancia de unos 1.500 millones de pesos para ser destinada al bien público, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Además, la Justicia puede disponer que algunos de esos vehículos decomisados sean destinados a la lucha contra el crimen o como material didáctico para la enseñanza técnica a jóvenes.

Para lograr estos fines, la cartera nacional lanzó el sistema del Registro Nacional de Vehículos Secuestrados (Renavese), dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Nación.

El registro funciona dentro de la estructura del Programa Nacional de Compactación (Pronacom) que regula los procesos de descontaminación y compactación de vehículos secuestrados. 

Entre provincias y municipios, ya son 48 estructuras las que se benefician con el programa, ya que en forma gratuita se le compactan las unidades secuestradas y se le descontaminan los playones utilizados para ese fin.

El sistema está desarrollado para concentrar la información que aporten las dependencias de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los vehículos incautados en causas judiciales. 

"La cantidad para comprimir es dinámica porque el circuito no para: se secuestra todo tipo de vehículo y, si no se compactan en los tiempos que uno espera, el stock crece. El sistema no lo soporta. Si se saca una foto hoy, a nivel país se puede estar hablando de dos millones", dijo a Télam Rodrigo Bonini, subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo.

No obstante, el funcionario judicial aclaró que el dato formal no puede conocerse a ciencia cierta debido a la situación que presentan los predios de acopio.

Para Bonini, no se va a tener un número claro sobre cuántos vehículos están en condiciones de ser compactados hasta tanto no se logre "trabajar en conjunto con las provincias para darle certeza y previsibilidad a todo el sistema del que nos habla la ley".

La reglamentación indica que al cumplirse los seis meses, desde que el vehículo está en custodia, la fuerza que interviene le debe comunicar al juzgado a cargo del expediente que ingresará a este programa nacional, sea cual fuere su estado. 

Uno de los impedimentos puede ser que la Justicia determine que ese auto se pueda utilizar para movilidad de estructuras del Estado o los destine para prácticas en colegios técnicos, alternativa ésta prevista en el Pronacom.

"No importa si ese bien está apto para rodamiento o inutilizable. Si el juez determina que debe ser destruido, se destruye. Se le puede explicar que puede ser reutilizado contra el crimen, pero si decide la destrucción, debe acatarse", dijo Damián Raboso, creador del Renavese, al que calificó como "el cerebro dentro del músculo que es Pronacom".

Un auto que fue usado para cometer delitos "termina siendo utilizado para combatir el crimen organizado a través de las fuerzas federales. Éste es uno de los dos mensajes; el otro es que se transforma una herramienta usada por el crimen en un elemento para que los chicos aprendan un oficio. Es un mensaje social contundente", definió el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. 

En caso de compactarse, esa chatarra se traduce en el reciclado del material, por lo que hay un circuito virtuoso en la cuestión ambiental que la ley protege, y el dinero que surge de la chatarra se destina a entidades de bien público, a Acción Social.

Una tonelada es el equivalente a 1,3 vehículo comprimido, y su valor fluctúa entre los 850 y 1.000 pesos.

"Es un dinero importante, dice Raboso. En el producto de la compactación que surgió de los primeros operativos en la provincia de Buenos Aires, que era de 1.700.000 pesos, se destinó al Hospital de Niños".

Este operativo, que implicaría una gran erogación para las provincias, el Pronacom lo realiza de forma gratuita, les recupera los predios, las empresas que trabajan en la compresión llevan las maquinarias ecológicas y se cobran la labor con la chatarra, derivando el resto a las entidades de bien público.

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19 de agosto de 2018 | 01:19
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