Los tres oficialistas que "apolillaron" una Ley de Cornejo

Diputados dio media sanción a un proyecto del Ejecutivo que busca reducir rápidamente la plaga de la polilla de la vid en los oasis productivos. Tres miembros de Cambia Mendoza votaron en contra.

Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de Ley del Gobierno de Alfredo Cornejo que busca intervenir rápidamente en reducir la presión de la plaga de la polilla de la vid (nombre científico Lobesia botrana). Si bien hubo apoyo mayoritario, tres oficialistas palanquearon en contra: el radical Ricardo Mansur y los aliados Guillermo Pereyra (FR) y Marcos Niven (PD).  

Esta mañana, la Cámara baja dio sanción inicial a la iniciativa del Ejecutivo por el que se declara de interés provincial el Programa de Control y Erradicación de la Lobesia botrana (polilla de la vid), que persigue como meta intervenir rápidamente con el objetivo de reducir la presión de plaga en todos los oasis productivos de la provincia.

Según se desprende del texto de la media sanción, que próximamente se debatirá en el Senado provincial, el programa anual de intervención recibirá los aportes del presupuesto que el Gobierno Nacional asigne, más el presupuesto que destine el Gobierno provincial, y lo que se recaude bajo el concepto de "contribución obligatoria especial de los productores vitícolas radicados en la Provincia de Mendoza", punto éste último que generó molestia en los oficialistas mencionados. 

De acuerdo con la iniciativa del oficialismo, esa contribución obligatoria especial, será de $1.500 por hectárea en 2018 para propiedades de más de 10 ha; monto que será actualizado anualmente por Ley Impositiva, en función de la evolución de costos asociados al programa anual que prevea el ISCAMEN y de los aportes que hayan sido previstos en los presupuestos de gastos de los Gobiernos nacional y provincial.

Asimismo, la iniciativa remarca que "el pago de la contribución no exime al productor vitícola de realizar los tratamientos sanitarios contra Lobesia botrana que le exija la autoridad sanitaria nacional y/o provincial". También se resalta que el ISCAMEN podrá delegar las facultades de emisión, distribución y cobro de la Boleta de Pago correspondiente a la Contribución Obligatoria Especial al Departamento General de Irrigación. Esa contribución será destinada "a financiar, únicamente, la adquisición de insumos y servicios que demande el programa anual definido".

Texto de la media sanción

El proyecto fue aprobado por 24 votos afirmativos (UCR más Partido Intransigente) contra 21 negativos (toda la oposición, excepto el FIT que se abstuvo). Entre quienes se expresaron en contra llamó la atención que justamente los oficialistas Mansur, exintendente de Rivadavia; y los aliados, el demócrata Niven y el massista Pereyra fueran quienes terminaron "apolillando" la iniciativa, como dijo alguien por ahí. 

Básicamente, los tres coincidieron en que no es justo que se siga recargando a los productores de la vid por una plaga que ellos no generaron y apuntaron que debería cumplimentarse la Ley nacional 27.227 que indica que es la Nación quien debe aportar los recursos para hacer frente a este tipo de problemáticas. 

"No permitiremos un nuevo gravamen a la producción mendocina", justificó su contrapostura Pereyra, y continuó: "Esto es un impuesto y como tal, desde el Frente Renovador no vamos a permitir que se grave con un impuesto más a los trabajadores , viñateros ,a las Pymes que conforman el mundo vitivinícola . Para nosotros nada. Todo para los pulpos, para los grandes", subrayó el massista e hizo un parangón con la vacunación gratuita establecida por la Ley 22.909: "Esto es como si le decimos a la sociedad: los vamos a vacunar porque la ley lo dice, pero le daremos la mitad de la vacuna y la otra mitad la pagará usted". 

En esa línea se mostró muy duro con el ministro de Economía Martín Kerchner, quien manifestó que haría responsables a los legisladores si la Ley en cuestión no sale como él se propuso. "Si aquí hay algún irresponsable es el mismo ministro que no tuvo la voluntad de pedir, de reclamar, de exigir a la Nación que se cumpla la ley 27.227. Allí los artículos 7 y  9 son muy claros al señalar que es el Poder Ejecutivo el que debe disponer la asignación de la partida presupuestaria para la lucha contra esta plaga", argumentó el legislador. 

Afirmó, además, que " así como hay plata para AySA, miles de millones de pesos, así no hay para los productores, así como hay quita de retenciones para los productores agropecuarios y agrícolas del núcleo duro de la Pampa Húmeda, así, no hay para los productores mendocinos". 

En el mismo sentido se manifestó el otro aliado del Frente Cambia Mendoza, el demócrata Niven, al insistir en que "el gobernador Alfredo Cornejo reclame ante la Nación que reasigne las partidas necesarias para implementar este año el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobesia botrana en la provincia de Mendoza".

En relación a su reclamo, el diputado fundamentó que a fines de 2015 se promulgó la ley 27.227, que declaró de interés nacional el control de la esta plaga, y se estableció que la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el Programa Nacional de Prevención y erradicación de dicha plaga creado por el SENASA por Resolución 729/2010.

A partir de esta norma se dispuso que a los productores vitivinícolas se les haría entrega de los emisores feromonas para la implementación de la técnica de confusión sexual o los insumos para luchar contra esa plaga. Y los productores vitivinícolas serían beneficiarios de esta ley durante los primeros 4 años de promulgada y reglamentada la misma. Además, especifica que los productores que detectaran la presencia de la mencionada plaga, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.227, podrían incorporarse como beneficiarios por el tiempo que dure la asistencia fijada (4 años).

Según Niven, el Gobierno de Cornejo quiere aprobar esta Ley porque "no existen partidas afectadas en el presupuesto de la Nación para tal programa". "Por ello el gobierno provincial impulsa un proyecto de ley para imponer una contribución obligatoria al productor por hectárea, como un mecanismo más de financiamiento, además del aporte nacional y provincial".

En igual sintonía se manifestó el exintendente de Rivadavia, Ricardo Mansur quien justificó su voto en contra porque "desde hace muchísimos años vengo sosteniendo que dentro de la política vitivinícola del Gobierno falta una protección fundamentalmente a los productores de nuestra provincia". 

Haciendo una lectura del contexto, Mansur apuntó que "hoy el productor no soporta más cargas porque con toda la presión impositiva y teniendo en cuenta que ha caído el precio del vino en un 50 por ciento, el productor no da más. Si tenemos en cuenta la inflación, o el hecho de que los bodegueros están estirando los pagos y que hemos vuelto otra vez a tener excedente y ahora se suma una contribución de una plaga que no produjeron ellos, el panorama es complejo", lanzó Mansur cuestionando que se los responsabilice a los productores por una plaga que no generaron "sino que ingresó en 2010 con la mecanización de la cosecha con máquinas que traían de Chile cuestión en que falló el control del mismo Senasa propagándose la plaga por toda la provincia". 

Finalmente, sostuvo que es injusto que los productores deban asumir un costo que, por Ley 27.227, debería enfrentar la Nación. 

El proyecto en cuestión, que se debatirá en los próximos días en el Senado, indica que la campaña 2018 será solventada con 100 millones de pesos que pondrá Nación, 50 millones que pondrá la provincia y el resto de los 300 millones de pesos que deberían aportar los productores vitivinícolas que poseen más de 10 hectáreas.


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17 de agosto de 2018 | 02:34
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