J. Albornoz

Los tiempos "chicle" de la Justicia y otras dudas que deja el Ítem Aula

La Corte se tomó más de dos años para resolverla y hasta las licencias de los magistrados jugaron a favor de las demoras.

La Justicia es ese poder mágico y misterioso que puede, por ejemplo, convertir un plazo de 30 días para dictar sentencia en exactamente el doble de tiempo.

Eso pasó con el Ítem Aula. El 9 de marzo pasado empezó a correr el tiempo límite y autoimpuesto de 30 días para que la Corte brindara la sentencia plenaria sobre la constitucionalidad o no del suplemento salarial. No obstante, pasaron 60 días desde entonces.

La cuenta de cualquier mortal no da para que la demora quede justificada, aún si se descuentan fines de semana y feriados. Cuando este diario lo consultó, desde la Corte respondieron que a los días "no laborables" faltaba sumarles un elemento igual a "x": las licencias y misiones especiales de los ministros.

O sea: cada vez que alguno de ellos viajaba o se ausentaba, esa jornada no contaba para el límite de 30 días, que terminó siendo un "chicle". Se prometió desde la Corte un detalle acerca de las ausencias que dilataron el fallo del Ítem Aula , ya que la cuestión del cumplimiento de los plazos es judicialmente muy importante, para todas las causas y en particular para ésta.

Muchos ciudadanos tienen fundadas sospechas acerca de la arbitrariedad de los jueces a la hora de regalarse viajes y tiempo libre. Incluso, la semana pasada, cuando todos decían que el fallo era inminente y podía suponerse mucho trajín en la Corte, corrió la versión de que uno de los ministros no estaba en tribunales.

El fallo sobre la constitucionalidad del Ítem Aula demoró en total más de dos años en surgir y la manipulación de los tiempos no fue solamente una preocupación ciudadana o periodística: la cuestión apareció planteada en la propia sentencia.

El ministro Mario Adaro detalló lo ocurrido en diciembre del año pasado, cuando un planteo del gobernador Alfredo Cornejo detuvo y dilató la resolución del proceso. En un momento clave y cuando la causa ya llevaba un año y nueve meses en la Corte.

La causa se trataba en la Sala Segunda de la Corte (Adaro, José Valerio y Omar Palermo) y, según relata Adaro, ya estaba entonces en el límite de los tiempos: el 15 de diciembre vencía "el plazo originario para el dictado de la sentencia definitiva".

Un día antes del 15 de diciembre "ya habían sido depositados los votos coincidentes del doctor Omar Alejandro Palermo y el suscripto", dice el ministro en la sentencia, y agrega: "Así, cuando sólo faltaba la emisión del sufragio del doctor José Valerio, el Sr. Gobernador de la Provincia solicitó se convocara a dictado de fallo `Plenario`".

El propio presidente de la Corte, Jorge Nanclares, en su momento discutió este plazo, al asegurar (vía comunicado oficial) que en realidad había tiempo para la sentencia hasta el 20 de diciembre. Esto torna curiosa la mención de Adaro en la sentencia definitiva: el ministro ratifica el plazo del 15 de diciembre para la sentencia de la Sala Segunda. Esa fecha había originado las quejas del SUTE, ya que, en el mismo día en que supuestamente la sala debía emitir el fallo, ingresó el pedido de Cornejo sobre el plenario.

Pero fuera de este punto, las palabras de Adaro en la sentencia son muy críticas respecto del estiramiento de plazos y condiciones que produjo el famoso pedido de plenario de Cornejo. 

Dice el supremo que las resoluciones favorables a este pedido del Gobierno "han creado un nuevo y delicado antecedente procesal: que la decisión definitiva de cualquier proceso pueda ser prorrogada, mediante el recurso a la Ley 4.969, según los intereses -más o menos poderosos- que subyazgan en las presentaciones".

"Tal resolución olvida la garantía de la defensa en juicio y el derecho a una decisión judicial en plazo razonable", dice Adaro después. Y añade algunos conceptos más en el mismo sentido, tales como que "decisiones como la aquí criticada, comprometen la responsabilidad internacional de nuestro país", y que "este Tribunal se ha otorgado un total de 90 días hábiles judiciales, lo que es contrario a cualquier tipo de decisión en plazo razonable".

Adaro fue también el único ministro de la Corte que, en el fallo definitivo, rechazó la constitucionalidad de un inciso del decreto del Ítem Aula. Se trata del punto 4 del artículo 8, en el cual se establece que el docente puede cobrar el ítem sólo en el caso que acumule "hasta 3 inasistencias por mes y hasta diez (10) en el año no acumulables", todas ellas, justificadas.

Ni siquiera Adaro cuestionó "en general" la constitucionalidad del Ítem Aula. El fallo demostró que algunos ministros de la Corte sólo tenían dudas parciales sobre la medida del Gobierno. Cómo resolvieron esa diferencia y el enorme tiempo que se tomaron para hacerlo todavía dejan margen para la polémica.

Opiniones (1)
14 de agosto de 2018 | 22:37
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14 de agosto de 2018 | 22:37
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  1. Peronista, inútil y corrupto.
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