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El fallo de los $1.000 millones que tiene nerviosos a todos

La Corte debía decidir hoy si el ítem aula es constitucional o no, pero la postergaron. El impacto económico y político de esa sentencia.

Se vencieron los plazos y todos los ministros de la Suprema Corte tienen su voto decidido y argumentado sobre la constitucionalidad o no del ítem aula. Pero, claro, a esa decisión deben ponerle la firma para que se transforme en sentencia definitiva. Eso ocurrirá en el cuarto piso de tribunales, pero también generará repercusiones también en el cuarto piso, pero de Casa de Gobierno. La sentencia debería haber sido comunicada hoy. Pero volvió a dilatarse. 

La sentencia de la Corte tendrá una fuerte transcendencia en dos planos. En lo económico hay cerca de 1000 millones de pesos en juego. Es la cantidad de dinero que, según calculan en la Dirección General de Escuelas, se "ahorraron" en el pago de días no trabajados por la aplicación del ítem aula. Si la Corte determina que ese ítem es inconstitucional el Estado tendría que devolver esos 1000 millones descontados. Para tener una idea: por varios años de mala aplicación del ítem zona el Estado debió pagar 700 millones de pesos. 

Pero la repercusión mayor es política. Es que el ítem zona es la base de la estrategia encarada por Cornejo para intentar bajar el ausentismo docente y también como control político antihuelgas. El sistema funciona con el control de faltas injustificadas de los maestros y profesores. Si superan el umbral de las 3 inasistencias, se pierde el 10% de aumento que se otorgó en la primera paritaria. La medida no fue profundizada justamente por la judicialización del tema. Desde que fue creado ese sistema, hubo correcciones vía administrativa que amenguaron el impacto y que en la Corte podrían jugar a favor de un dictamen a favor de la legalidad del ítem.

Una telaraña

Antes de la sentencia hubo una señal política curiosa. El Gobierno reglamentó  por segunda vez las asambleas de los estatales. Pero la importancia de esa resolución no es lo que reglamenta, sino lo que argumenta: el Ejecutivo debió hacerlo tras la sentencia en contra de la Corte que declaró inconstitucional gran parte de la reglamentación original.

Incluso los argumentos de Dalmiro Garay son aún más específicos y menciona directamente a Mario Adaro, el ministro preopinante en esa sentencia que volteó la reglamentación de las asambleas y que era también el ministro que originalmente había argumentado el primer intento de sentencia del ítem aula. La telaraña es difícil de entender. Para hacerlo hay que recordar que la Sala 2 de la Corte estaba a punto de dictar sentencia en la causa del ítem aula, con el voto de Adaro, Palermo y Valerio. Y a último momento el Gobierno pidió que se hiciera un fallo plenario para que sean los 7 ministros quienes votaran. Y es lo que ocurrirá. 

Los plazos se vencieron y los jueces se habían comprometido a firmar la sentencia hoy; pero no ocurrió. La dilación que el Máximo Tribunal le dio al tema terminó convirtiéndose en un problema por la presión que los 7 jueces tienen. El año pasado fueron las elecciones, este año las paritarias. Todo valió como excusa para postergar una decisión que ahora les quema en las manos. 

Opiniones (3)
17 de agosto de 2018 | 06:40
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17 de agosto de 2018 | 06:40
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  1. Cualquier medida que recorte el derecho a huelga no puede ser constitucional, la construcción garantiza este derecho. Este ítem es un mamarracho de Cornejo. Si quieren que los docentes no falten que los controlen y los sancionen pero no era más fácil y demagógico hacer este papelón.
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  2. Esta vez le va a gustar al jefe... Sale o sale
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  3. Yyyyyyyyyyyyyyyyy no es oficialista mi opinion por eso no la colocan.
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