El Gobierno reglamentó otra vez las asambleas gremiales

El Ejecutivo cambió los párrafos que habían sido anulados por la Suprema Corte y, amparándose en un fallo anterior del máximo tribunal, fijó para las reuniones sindicales una duración límite de una hora más quince minutos de tolerancia.

Luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia que anuló la mayoría de los puntos sobre la nueva reglamentación para las asambleas gremiales, el Ejecutivo provincial reelaboró y corrigió las partes señaladas adaptándolas a las exigencias del máximo tribunal, con varios cuestionamientos a la sentencia.

Entre las innovaciones impuestas por el Gobierno aparece la exigencia de que las asambleas sindicales no duren más de una hora, que los trabajadores que incumplan el horario permitido sean considerados en "situación de abstención" a la hora de aplicarle descuentos salariales y que, si bien los gremios podrán decidir dónde realizarán las reuniones, el Ejecutivo podrá quejarse en caso que "interrumpan" las actividades normales para que se modifique el lugar de encuentro.

A principios de abril, la Sala II de la Suprema Corte declaró "inconstitucional" varios párrafos del anexo de la Resolución 129/16 firmada por el ministro de Gobierno Dalmiro Garay que regula las asambleas gremiales en la administración pública. Así, el máximo tribunal provincial anuló los párrafos 2 y 4 del Artículo 1º y los párrafos 1 y 4 del Artículo 3º, al considerarlos como "violatorios" de los derechos sindicales.

En una nueva resolución, el ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia corrigió los puntos cuestionados pero además justificó la redacción original que fue anulada por la Suprema Corte bajo los argumentos del juez Mario Adaro y avalados en su totalidad por Omar Palermo, ambos enfrentados a la administración de Alfredo Cornejo.

También el Ejecutivo aprovechó la ocasión para usar otro fallo de la Suprema Corte como base para arreglar algunos de los párrafos marcados por la Sala II.

En los considerandos, el Gobierno explicó que "la necesidad de que la asamblea sea convocada por los organismos de cada entidad sindical, conforme lo determina la Ley Nº 23.551, así como que el empleado que participe en la misma, comunique ello, nunca tuvo la intención de lesionar derecho alguno, sino mas bien el de cumplir con la propia norma que regula las asociaciones sindicales y dar pautas de orden del servicio". Por ello, añadió decidió eliminar la exigencia de tener una resolución para aprobar la asamblea gremial a realizar.

Así, en la nueva resolución quedó establecido lo siguiente: "Establézcase que en forma previa a la realización de las asambleas de personal previstas en la Ley 23.551 y concordantes, o por los estatutos particulares de los sindicatos o asociaciones gremiales o sindicales que las fijen y que se realicen en los lugares de trabajo, el Delegado de Personal de cada establecimiento, repartición o dependencia deberá comunicar al responsable de recursos humanos o superior jerárquico, en forma escrita y con veinticuatro (24) horas de anticipación como mínimo, la fecha de realización de la misma, la hora de inicio, su duración aproximada y el lugar elegido para su realización".

En cuanto a la elección del lugar para realizar la asamblea, el Gobierno justificó que "siempre se entendió que el lugar físico de realización debía estar acorde con el ejercicio del derecho, resulta lógico, a la par de esta sospecha, que no podrá la entidad sindical elegir un quirófano de un hospital, un aula de una escuela interrumpiendo las clases, la sala de espera de una entidad pública, en donde están los ciudadanos esperando para ser atendidos o un lugar afectado a salidas de emergencia o evacuación, pues llegar a tal hipótesis, implica llevar al rango de absoluto el derecho en trato, lo que claramente es contrario a la concepción constitucional, que la propia Corte sostiene".

Respecto a ese punto, la nueva reglamentación señala: "En caso de que el lugar elegido por la entidad sindical para el desarrollo de la Asamblea implique la obstaculización de servicios esenciales, violente regulaciones de Seguridad e Higiene o afecte seriamente la prestación del servicio público, la autoridad competente de manera fundada, comunicará ello a la entidad sindical o su delegado, indicando la imposibilidad de usar dicho espacio, a fin de que elija un nuevo emplazamiento acorde con los derechos que resguardan las regulaciones citadas".

Finalmente, el Gobierno hizo referencia a los descuentos salariales para los empleados que excedan su ausencia por reunirse en asambleas, y si bien reconoció que dicho párrafo, parafraseando a la Suprema Corte, en su "confusa redacción" exige un "importante esfuerzo interpretativo" e "impone su revisión integral", se escudó en un anterior precedente dictado por la propia Corte el año pasado para el Tribunal de Cuentas, con el fin de establecer un plazo máximo de una hora de duración de las asambleas más una tolerancia de quince minutos.

"Nuestra Corte en el fallo "Tribunal de Cuentas" [...] sostuvo sobre similar regulación emitida por el H. Tribunal de Cuentas, que '... el Artículo 2° comienza exigiendo que las asambleas no interrumpan la prestación de los servicios por un tiempo mayor de una (1) hora. La consecuencia que dispone el Artículo 4° para la violación de esta prohibición es la de considerar al trabajador a los fines remuneratorios, como en situación de "abstención" por realización de medida de acción directa. En lo que aquí respecta, conviene memorar que el propio CLS ha sostenido y reiterado que "...la deducción salarial de los días de huelga no plantea objeciones desde el punto de vista de los principios de la libertad sindical...' [...] Por tanto, en la interpretación armónica de ambos artículos (2° y 4°), se beneficia a los asambleístas con el pago íntegro del salario, aun cuando se ausenten de su puesto de trabajo, siempre que en tal cometido no se exceda de una (1) hora. Las consecuencias por el incumplimiento de lo ahí preceptuado, son las remuneratorias propias del ejercicio del derecho de huelga".

Por ello, el ministerio de Gobierno incluyó un nuevo párrafo en el Artículo 1º: "La duración de la asamblea deberá ser razonable y no exceder de una (1) hora, debiendo ser fijada preferiblemente al inicio o final de la jornada laboral. El plazo fijado tendrá una tolerancia adicional de 15 minutos a fin de que el agente retome en dicho término sus funciones normales".

Además, redujo y resignificó en su totalidad el Artículo 3º: "El personal que so pretexto de concurrir a asambleas o reuniones omita la prestación del servicio fuera del marco reglado en la presente será considerado a los efectos remuneratorios como en situación de abstención del servicio por medida de acción directa".

Así quedó la nueva reglamentación

EL MINISTRO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA RESUELVE:

Artículo 1º - Modifíquese el Anexo aprobado por Resolución Nº 129/16 del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, el que queda redactado de la siguiente forma:

"ANEXO I

Artículo 1°- Establézcase que en forma previa a la realización de las asambleas de personal previstas en la Ley 23.551 y concordantes, o por los estatutos particulares de los sindicatos o asociaciones gremiales o sindicales que las fijen y que se realicen en los lugares de trabajo, el Delegado de Personal de cada establecimiento, repartición o dependencia deberá comunicar al responsable de recursos humanos o superior jerárquico, en forma escrita y con veinticuatro (24) horas de anticipación como mínimo, la fecha de realización de la misma, la hora de inicio, su duración aproximada y el lugar elegido para su realización.

La duración de la asamblea deberá ser razonable y no exceder de una (1) hora, debiendo ser fijada preferiblemente al inicio o final de la jornada laboral. El plazo fijado tendrá una tolerancia adicional de 15 minutos a fin de que el agente retome en dicho término sus funciones normales.

En caso de que el lugar elegido por la entidad sindical para el desarrollo de la Asamblea implique la obstaculización de servicios esenciales, violente regulaciones de Seguridad e Higiene o afecte seriamente la prestación del servicio público, la autoridad competente de manera fundada, comunicará ello a la entidad sindical o su delegado, indicando la imposibilidad de usar dicho espacio, a fin de que elija un nuevo emplazamiento acorde con los derechos que resguardan las regulaciones citadas.

Artículo 2º- Dispóngase que el funcionario o agente responsable de recursos humanos o superior jerárquico de la oficina u ente donde se realice la reunión, una vez notificada la misma, deberá arbitrar los medios necesarios a fin de que los servicios públicos que se prestan sufran la menor afectación posible, en el marco del respeto del derecho a reunión.

Artículo 3°- El personal que so pretexto de concurrir a asambleas o reuniones omita la prestación del servicio fuera del marco reglado en la presente será considerado a los efectos remuneratorios como en situación de abstención del servicio por medida de acción directa.

Artículo 4º- Ordénese que a los efectos dispuestos en el Artículo precedente, el funcionario o agente responsable de recursos humanos o superior jerárquico del lugar deberá tomar razón del movimiento de personal para determinar el tiempo de retención de los servicios correspondientes a cada agente, verificando el horario de finalización de la asamblea con constancia de la novedad, si correspondiere. En el supuesto de que el funcionario o agente responsable de recursos humanos o superior jerárquico de la repartición no pudieran cumplir con dicha tarea, la misma quedará a cargo del Director de Administración a cargo del área.

Artículo 5º- Dispóngase que en aquellos servicios públicos esenciales, la participación en las reuniones y asambleas deberá respetar los servicios mínimos establecidos para los casos de acción directa a fin de evitar su interrupción o grave alteración."

Artículo 2°- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.

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