Los jueces resisten la reforma penal del Gobierno

En una audiencia celebrada el martes en Tribunales, el juez sorteado se declaró incompetente al entender que se violaba el principio del juez natural. Es la primera señal de resistencia de los magistrados ante la nueva ley de tribunales penales colegiados.

La reforma del Código Procesal Penal implementada por el Gobierno comenzó a encontrar resistencia entre los magistrados y ocurrió con una causa sensible: el femicidio de Julieta González, ocurrido en septiembre de 2016. 

En una audiencia celebrada el martes en Tribunales, en la que se definía la elevación a juicio de la causa, se aplicó la nueva ley 9.040 para decidir qué juez del tribunal colegiado sería el encargado de resolver la elevación a juicio. El juez sorteado fue Gonzalo Guiñazú, pero se declaró incompetente por encontrarse, según él, violando el principio del juez natural luego de una presentación realizada por la fiscal Claudia Ríos. Es que originalmente, antes de la aplicación de la ley, ese juicio le correspondía a la Octava Cámara del Crimen.

El principio aludido por el magistrado y la fiscal establece que el juez interviniente en toda la primera etapa investigativa debe ser siempre el mismo y sólo puede cambiar en una instancia de apelación. Fuentes judiciales indicaron que Guiñazú se recusó porque en la causa que tiene a Andrés Di Césare como único imputado por el crimen, ya había actuado la Octava Cámara del Crimen, por lo cual a su entender le correspondía a este tribunal confirmar la elevación a juicio del caso y resolver las nulidades presentadas por la defensa del acusado.

Sin embargo, muchos interpretan la actitud adoptada por Guiñazú como la primera señal de resistencia de los magistrados ante la reforma impulsada por el Gobierno por la que se crearon los juzgados y tribunales penales colegiados. "La ley dice que tanto las causas viejas como las nuevas se sortean. El juez está violando la nueva ley al pedir que la causa en la que salió sorteado vuelva al juez natural", interpretaron extraoficialmente.

Ahora la Octava Cámara del Crimen deberá decidir si eleva la causa a juicio o si entiende que Guiñazú violó la nueva ley al declararse incompetente. Si esto sucede podría tener que intervenir la Suprema Corte para resolver la "confusión" y sentar jurisprudencia. "Cada causa es un mundo y se analiza de manera particular", señalaron las fuentes consultadas, pero reconocieron que "puede ser una maniobra de resistencia porque la nueva ley establece que se sortea".

Lo paradójico es que el objetivo de la reforma era agilizar los tiempos de la Justicia pero la primera señal de resistencia de los jueces terminó teniendo el efecto contrario, dilatando la elevación a juicio de un femicidio emblemático para la provincia.

El caso cuyo juicio se sigue dilatando

Andrés Di Césare (23) es hijo de un reconocido empresario del transporte de Maipú y se encuentra con prisión preventiva por el asesinato de su novia Julieta González. La joven desapareció el 21 de septiembre de 2016 y su cuerpo fue hallado días después golpeado y maniatado en Cacheuta, cerca del penal de Almafuerte. El hallazgo se produjo en una semana particularmente trágica para la provincia, que se vio azotada por tres femicidios con muy pocas horas de separación.

La investigación reveló que la víctima fatal le había dicho al acusado que estaba embarazada de él, aunque mintió. Di Césare había buscado en su teléfono celular cómo deshacerse de un cadáver y si un feto perduraba para realizar un cotejo de ADN.

El imputado declaró en la causa y en todo momento sostuvo su presunta inocencia, aunque admitió haber protagonizado una discusión con González y "haberla golpeado pero no matado".

Opiniones (4)
20 de mayo de 2018 | 17:24
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20 de mayo de 2018 | 17:24
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  1. tal cual parece que es señal de resistencia. Siempre pasa quienes resisten los cambios que se supone son para mejorar y agilizar el trámite de las causas en beneficio del justiciable. Es lo mismo que ocurrió cuando se cambió el codigo de procedimientos y hubo jueces que entendian que un fiscal no podia odenar una detención y que eso era facultad exclusiva de un juez.
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  2. El problema es la Constitucion que es garantista y desubicada para los tiempos que corren . Desde el preambulo en adelante. Eso era para 1853 . El mundo ha cambiado.
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  3. Y, si hacen leyes contrarias a la Constitución ¿qué creen que pasará? Nabos los consultores, nabos los legisladores y nabos los que implementan leyes contrarias a la Constitución. Y la gilada que compra pescado podrido vendido por el Gobierno.
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  4. Con este hecho queda demostrado cual es el sector que atrasa 1000 años la provincia, impide que la comunidad prospere; que no tengamos un futuro mejor. Este sector denominado justicia; es el cancer de nuestra sociedad; una manga de satrapas; leguyeros; chamuyeros; con poca atriccion al trabajo, son los que impiden sistematicamente la prosperidad de nuestro pueblo. Suigan colmando la paciencia del ciudadano; que el proximo "que se vayan todos" va ser en la puerta de tribunales.
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