Petri pide prohibir a condenados por pedofilia a trabajar con niños

Un proyecto de ley del diputado mendocino propone hacer obligatoria la inhabilitación de aquellos condenados judicialmente por delitos contra la integridad sexual, a ocupar cargos relacionados con el trabajo con chicos y adolescentes.

A raíz de las crecientes denuncias por abuso sexual infantil en diferentes ámbitos sociales y deportivos, el diputado nacional por Mendoza Luis Petri (UCR-Cambiemos), presentó un proyecto de ley para que los condenados por ese delito sean inhabilitados permanentemente a ocupar cargos que tengan relación directa con el cuidado de niños y adolescentes.

La iniciativa de Petri, avalada por una veintena de diputados del interbloque oficialista, establece que los jueces deberán "inhabilitar a los condenados por delitos contra la integridad sexual para ocupar todo cargo, empleo, actividad o profesión relacionado con el cuidado, atención, instrucción, enseñanza y demás servicios que impliquen el trato directo con niñas, niños y adolescentes". 

En ese sentido, en los argumentos del proyecto, el diputado mendocino afirmó que esta iniciativa "busca proteger a los casi 15 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en Argentina y prevenir la comisión de nuevos hechos en ámbitos escolares, deportivos o cualquier servicio en los que el posible agresor desempeñe un cargo que implique un trato directo con ellos ". 

Según estadísticas criminales del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante los años 2014, 2015 y 2016 se han registrado 3916, 3746 y 3717 víctimas de violación respectivamente. El resto de los delitos contra la integridad sexual durante esos mismos años han registrado 10555, 13520 y 9266 víctimas respectivamente. En términos relativos estas cantidades significan un índice de 8,5 víctimas de violación por cada 100 mil habitantes en 2016 y 21,3 víctimas de otros delitos contra la integridad sexual por cada 100 mil habitantes durante ese mismo año. 

Con la actual redacción del artículo 20 bis del Código Penal, la aplicación de la inhabilitación especial perpetua depende del criterio del juez, es decir no es obligatoria. La misma recae sólo sobre el empleo, cargo o profesión del que el autor se hubiese valido para cometer el delito. 

"Por ejemplo, una persona que comete un abuso en el ámbito de su vida familiar, al no valerse de ninguna profesión específica para el abuso, no sufre pena de inhabilitación de ningún tipo, y podría desempeñarse en cualquier empleo en contacto con niños, niñas y adolescentes luego de su condena o durante el proceso", advirtió Petri en su proyecto.  

Así, según esgrimió el vicepresidente segundo de la Cámara baja del Congreso nacional, en la iniciativa propuesta, "la pena de inhabilitación especial perpetua para cualquier cargo, profesión u oficio que implique el contacto con niños, niñas y adolescentes deberá ser impuesta a aquellas personas que hayan sido condenadas por abuso sexual, violación, grooming, corrupción de menores, promoción o facilitación de la prostitución de menores, pornografía infantil, exhibiciones obscenas con menores, rapto de menores de 16 años y trata de personas".

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17 de agosto de 2018 | 16:28
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