Aval de la Corte al cobro de un seguro a andinistas

La Corte desestimó una medida cautelar que pedía la suspensión de la medida. La provincia los exige para cubrir gastos de un posible rescate.

A fines del año pasado, el gobierno provincial dispuso que quienes realicen actividades de ascenso o "trekking largo" en el Parque Provincial Aconcagua deberán contar con una poliza de seguro que cubra los gastos de un eventual rescate. La medida fue repudiada por varias organizaciones de montaña, pero este miércoles se supo que la Suprema Corte desestimó la medida cautelar que habían presentado para que se frenara el cobro del mismo.

Según consta en el fallo firmado por los jueces Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Pedro Llorente, es improcedente la medida cautelar que fue interpuesta por agrupaciones de andinistas para evitar que se aplique lo dispuesto en el decreto 2246 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo en noviembre del 2017.

En concreto, la Sala Primera de la Corte decidió desestimar la medida cautelar solicitada a por la Cámara de Prestadores de Servicios del Parque Provincial Aconcagua, por la Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Uspallata y Alta Montaña, por la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña y por la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

Todas estas organizaciones entendían que el cobro de un seguro para cubrir la evacuación "desconoce dos hechos trascendentales: no existe en Argentina un seguro con las características exigidas y la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua se opuso al mencionado seguro e informó a la administración sobre la inexistencia del seguro de referencia".

Además, argüían que con "el cobro del permiso de acceso y ascenso al Cerro Aconcagua y durante las últimas décadas, se entendió pacíficamente que el canon del permiso incluía el costo de rescate y evacuación, asumiendo el propio montañista los riesgos implícitos y objetivos propios de la actividad".

En este sentido adherían que "el total evacuado en helicóptero durante la temporada 2016/2017 ascendió a 131 personas, sobre un total de 6017 andinistas, agregando que suspender el art. 9 del Decreto no afectará el interés público, ya que el costo de las evacuaciones siempre estuvo incorporado al valor de canon de ingreso al Parque Provincial Aconcagua y que asimismo el Estado nunca podrá recuperar el costo de dichas evacuaciones, a través del endoso de un seguro, puesto que el seguro exigido no existe en el país".

Al analizar la presentación, la Sala Primea de la Corte no juzgó los argumentos esgrimidos por las organizaciones andinistas, sino que se remite a determinar que "los antecedentes agregados a la causa no surgen acreditados los requisitos exigidos para la procedencia de la medida" cautelar. Por ende, concluyen que no corresponde conceder la medida solicitada por considerarla improcedente.

El decreto y la postura del Gobierno

En concreto, la presentación cuestiona el Artículo 9 del decreto 2246. El mismo establece : "Los andinistas que efectúen actividades de Ascenso o Trekking Largo, deberán contar con una póliza de seguro suficiente para cubrir los gastos que pudieren demandar una eventual búsqueda, rescate y evacuación en helicóptero, ya sea por razones médicas o por accidente. Dicha póliza deberá ser presentada por las empresas prestadoras de servicios, junto a la nómina de participantes de cada expedición ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables con veinte días de anticipación al inicio de la dicha expedición".

Legalmente, el Ejecutivo destaca que "el seguro de caución es un instrumento accesible, de objeto amplio y que entre los nuevos derechos reconocidos por la Convención Constituyente de 1994" y que "el servicio que presta el Estado para el rescate y asistencia es un deber de seguridad, que no le impide requerir su sostenimiento mediante la exigencia de garantías proporcionales".

Además, aduce que el Estado Provincial asume un rol tutelar respecto de los visitantes del Parque Aconcagua y con el objeto de no incurrir en la figura penal de abandono de persona, establece un sistema destinado a acudir en ayuda de aquellas personas extraviadas, accidentadas o enfermas, asegurando su asistencia inmediata, su rescate y su ulterior evacuación.

Por último, resalta que la prestación de nuevos servicios como la asistencia médica en la altura y la utilización de un helicóptero para la optimización de la búsqueda y evacuación de visitantes siniestrados son contratados por el gobierno y por montos millonarios. Según consta en el fallo, el costo aproximado en el caso del Servicio Médico es de $5.390.000 y $ 6.390.000 por el servicio de helicóptero para la temporada 2017/2018.

Por ejemplo, solo en la evacuación del material fecal de los clientes y el personal de las empresas demandantes, se pagaron 38.6 horas de vuelo con un costo de $ 1.542.800.

Lee el fallo completo:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA PRIMERA

PODER JUDICIAL MENDOZA

foja: 177

CUIJ: 13-04266850-2()

CAMARA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DEL PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA Y OTS C/ GBNO PROVINCIA DE MENDOZA P/ SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN

*104338605*

Mendoza, 26 de Febrero de 2018.

VISTOS:

El llamado al acuerdo de fs. 176, y

CONSIDERANDO:

I.- A fs. 25/39 vta. se presenta Arturo Erice Argumedo por la Cámara de Prestadores de Servicios del Parque Provincial Aconcagua, por la Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Uspallata y Alta Montaña, por la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña y por la Asociación Argentina de Guías de Montaña y solicita se suspenda la fuerza ejecutoria del art. 9° del Decreto Provincial N° 2246 del 14 de noviembre de 2017, que tiene por objeto exigir a los andinistas que efectúen actividades de ascenso o trekking largo, una póliza de seguro suficiente para cubrir los gastos que pudiera demandar una eventual búsqueda, rescate y evacuación por helicóptero, ya sea por razones médicas o por accidente.

Invoca que se encuentran acreditados los extremos fácticos definidos en el art. 23 de la Ley N° 3.918.

Especifica que la medida cautelar requerida se presenta como previa y vinculada a una acción de inconstitucionalidad que "planearán en los plazos y términos de ley contra el Decreto N° 2246/2017 y sus disposiciones reglamentarias".

Relata que en el año 1989 se crea el Parque Provincial Aconcagua, cuya misma ley dispuso también la creación de la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua, finalmente dispuesta por el Decreto N° 1034/1989, modificada por el Decreto N° 562/2014.

Señala que desde la implementación del cobro del permiso de acceso y ascenso al Cerro Aconcagua y durante las últimas décadas, se entendió pacíficamente que el canon del permiso incluía el costo de rescate y evacuación, asumiendo el propio montañista los riesgos implícitos y objetivos propios de la actividad, situación mantenida inalterada hasta la sanción del Decreto N° 2246/2017. Indica que en aquellos casos en que así se requiriese por las condiciones físicas o de salud de los montañistas, éstos podían optar por pagar a su exclusivo cargo una mula o viaje en helicóptero para su descenso y salida del PPA.

Manifiesta que el Decreto N° 2246/2017 se emitió desconociendo las recomendaciones, sugerencias y opiniones vertidas y comunicadas por la Comisión, especialmente respecto a la exigencia de un seguro que cubra la búsqueda, rescate y evacuación en helicóptero de los andinistas que ingresen en el Parque.

Precisa como irregularidades del art. 9° del Decreto N° 2246, que la exigencia del referido seguro obligatorio, desconoce dos hechos trascendentales: no existe en Argentina un seguro con las características exigidas y la Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua se opuso al mencionado seguro e informó a la administración sobre la inexistencia del seguro de referencia.

Destaca la importancia del rol y decisiones de dicha Comisión, sosteniendo que toda decisión adoptada por la administración respecto al Parque, en discordancia u oposición a las decisiones del Consejo Asesor Permanente, debe ser razonablemente fundado y que ello no acontece en el Decreto objetado.

Alega que en los Considerandos del Decreto, no existe una sola mención a las recomendaciones efectuadas por la Comisión ni a las razones por las cuales el Poder Ejecutivo se apartó de dichas recomendaciones, afectando al decreto de un vicio grave por falta de motivación, en los términos del art. 5° del Decreto N° 562/2014 y arts. 45, 62 y consecuentes de la Ley N° 9003.

Arguye que se verifica otro vicio en la emisión del acto cuestionado, dado que el Poder Ejecutivo no ha valorado razonablemente las circunstancias de hecho (inexistencia de seguro) y el derecho aplicable (opinión emitida por la CAPPPA, conf. art. 5° Decreto N° 562 y arts. 35 inc. b y 39 Ley N° 9.003) y además, la Comisión Asesora Permanente recomendó no innovar en cuanto a la locación de los campamentos, ni implementación de seguros obligatorios mediante nota del 8 de septiembre de 2017, reiterada el 13 y 25 de octubre de dicho año.

Expresa que la desidia, improvisación y falta de seriedad en la gestión del PPA, vinculada a la materia, se evidencian en la falta de comprensión sobre como se organiza y desarrolla una expedición al Aconcagua, destacando que la alteración sobre el inicio de temporada, modificando costos e introduciendo nuevos requisitos de cumplimiento imposible, denotan la falta de compromiso y seriedad para el cumplimiento de la gestión de bien público encomendada.

Sostiene la presencia de vicios groseros en el Decreto en crisis, que avalan la suspensión de su ejecución, resultando el art. 9° de mismo inexistente.

Entiende que el precepto vulnera sus derechos de trabajar y ejercer industria lícita y el principio de razonabilidad.

Fundamenta la procedencia formal de la pretensión, sosteniendo que la aplicación del art. 112 del C.P.C. resulta directa y no analógica en esta causa en la que se solicita la suspensión de la fuerza ejecutoria de un Decreto.

Sostiene la presencia de verosimilitud del derecho invocado, señalando que en particular el derecho lesionado es el de trabajar y ejercer toda industria lícita, el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad y la existencia de lesión surge del propio Decreto N° 2246.

Considera que la ilegitimidad e irrazonabilidad del Decreto N° 2246, surge por oposición a los arts. 31, 32, 38, 39, 45, 46, 51, 52, 60, 63, 68, 72, 75 y 76 de la Ley N° 3.909 y arts. 14, 16, 17, 28 y 33 de la C.N.

Respecto al peligro en la demora, invoca que en caso de no dictarse la medida solicitada, ni los andinistas argentinos ni extranjeros, podrán ingresar al Parque Nacional Aconcagua, afectando el derecho a trabajar, ejercer toda industria lícita y obtener una decisión razonada de la administración. Expresa que en la actualidad, ante los nuevos requerimientos, los andinistas están optando directamente por no ingresar al PPA y dirigirse a otras montañas.

Manifiesta que la situación es grave y urgente, puesto que se está ante el inicio de temporada, la cual concluye, conforme lo dispone el mismo decreto en su art. 8, el 15 de marzo de 2018, pero el ingreso al PPA para ascenso solo podrá efectuarse hasta el 21 de febrero de 2018.

Entiende que en el caso de autos existen diferentes niveles de perjuicios que requieren protección: los actores que revisten el carácter de prestadores de servicios del Parque, se ven supeditados a dos serios problemas: solicitarles y obtener de sus clientes una póliza de seguro con características inexistentes en el país y endosar dicha póliza con al menos 20 días de antelación a favor de la Provincia de Mendoza.

Consigna que ambas exigencias resultan de objeto y cumplimiento imposible.

Destaca que actualmente el Parque Provincial Aconcagua cuenta con 13 prestadores inscriptos habilitados, siendo los actores 8 de ellos.

Resalta también la afectación de los ingresos durante la temporada estival, por una disposición de objeto y cumplimiento imposible.

Plantea la no afectación al interés público con el otorgamiento de la medida, destacando que conforme las estadísticas del PPA, el total evacuado en helicóptero durante la temporada 2016/2017 ascendió a 131 personas, sobre un total de 6017 andinistas, agregando que suspender el art. 9 del Decreto no afectará el interés público, ya que el costo de las evacuaciones siempre estuvo incorporado al valor de canon de ingreso al PPA y que asimismo el Estado nunca podrá recuperar el costo de dichas evacuaciones, a través del endoso de un seguro, puesto que el seguro exigido no existe en el país.

Solicita que atento la jurisprudencia vigente en la materia, a la naturaleza de los intereses en juego en la acción y a que su parte goza del beneficio de litigar sin gastos, se la exima de contracautela y ofrece caución juratoria.

Posteriormente analiza los caracteres de presunción de legitimidad y ejecutoriedad de los actos administrativos y consigna los vicios que a su juicio afectan al acto: absurdidad o imposibilidad fáctica, prohibición del orden normativo, desviación de poder y arbitrariedad.

II.- Corrida la vista de ley, a fs. 146/154 contesta la Provincia de Mendoza, solicitando que se rechace la medida cautelar, con costas.

Alega que se trata de una pretensión cautelar innovativa, esto es, una medida precautoria excepcional tendiente a alterar el estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado, que no puede prosperar ante el estricto rigor con que deben apreciarse los requisitos para su procedencia.

Señala que la pretensión debe ser rechazada a poco que se advierta que el contenido de la misma coincide con el objeto de la acción de inconstitucionalidad a deducir por la actora, ya que con la no aplicación a su respecto de la norma censurada, la accionante obtendría exactamente el mismo resultado al que aspiran en la sentencia definitiva.

Sostiene que no concurren en la especie los presupuestos que ameritan el despacho de esta cautelar excepcional.

Destaca que el seguro de caución es un instrumento accesible, de objeto amplio y que entre los nuevos derechos reconocidos por la Convención Constituyente de 1994, art. 42, está el de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos y de modo correlativo está impuesto el deber de las autoridades de proveer a la protección de esos derechos y que el servicio que presta el Estado para el rescate y asistencia es un deber de seguridad, que no le impide requerir su sostenimiento mediante la exigencia de garantías proporcionales.

Plantea que la norma atacada goza de plena legitimidad toda vez que emerge de órganos competentes por la materia y con jurisdicción Provincial sobre el Parque Provincial Aconcagua, destacando diversos preceptos de la Ley N° 6.045 (arts. 27, 55/56) y Decreto N° 2819/90.

Invoca que el Estado Provincial asume un rol tutelar respecto de los visitantes del Parque Aconcagua y con el objeto de no incurrir en la figura penal de abandono de persona, establece un sistema destinado a acudir en ayuda de aquellas personas extraviadas, accidentadas o enfermas, asegurando su asistencia inmediata, su rescate y su ulterior evacuación, precisando que esto diferencia al Parque Aconcagua de otros cerros y montañas del mundo en donde, en la mayoría de los casos, la asistencia médica y las tareas de búsqueda y evacuación debe ser contratada por los deportistas en forma privada y bajo su exclusivo coste.

Resalta la prestación de nuevos servicios, como la asistencia médica en la altura y la utilización de un helicóptero para la optimización de la búsqueda y evacuación de visitantes siniestrados. Consigna que ambos servicios son contratados por el Gobierno en sendas licitaciones públicas, siendo el costo aproximado de cada una $ 5.390.000 en el caso del Servicio Médico y $ 6.390.000 por el servicio de helicóptero para la temporada 2017/2018. Precisa que durante la temporada 2016/2017 el Estado Mendocino utilizó 62.5 horas de vuelo con un costo de $ 2.500.000 para las evacuaciones de 125 clientes y personal de las empresas prestadoras demandantes, además, destinó 38.6 horas de vuelo con un costo de $ 1.542.800 para la evacuación de la materia fecal de los clientes y personal de las empresas y en cuanto al servicio médico, invirtió $ 4.350.072 en la atención de los 2.847 clientes de las empresas que realizaron actividades de ascenso y 349 que realizaron trekking. Expresa que, en total, el Estado en la temporada 2016/2017 destinó $ 9.192.942 en la asistencia a las empresas demandantes y sus clientes.

Señala adjuntar planillas con la información discriminada por empresa, siendo dicha información presentada en la CAPPA el 26/09/2017, y del acta de CAPPA N° 51 donde queda asentada la respuesta.

Expresa que si bien es cierto que en la temporada 2000/2001 la tarifa se aumentó de 120 a 160 dólares para compensar los mayores costos, la diferencia de dichos costos eran compensado por el cobro de las tarifas de ingreso que cobra la Dirección de Recursos Naturales, prorrateándose así dichos costos entre todos los ingresantes al Parque, el estancamiento de dichas tarifas debido principalmente a la presión de los demandantes que aducen que aumentar las mismas provocaría una disminución de visitantes al Parque y el aumento en los costos de dichos servicios, ha devengado en una situación de desfinanciamiento del Parque Provincial Aconcagua, volviéndolo insustentable en el tiempo, toda vez que es la Provincia quien a través del Fondo Permanente de Áreas Naturales Protegidas creado por Ley N° 6.045, fondo que se nutre principalmente de las tarifas de ingreso al Parque, quien debe soportar los gastos millonarios que la contratación de dichos servicios implican, además de la presencia durante la temporada de alrededor de 48 Guardaparques y 16 miembros de la Patrulla de Rescate de la Policía, mientras que otros (principalmente los demandantes), se benefician económicamente con ello en mérito a los atractivos turísticos del Parque entre los cuales se destacan dichos servicios.

Consigna que teniendo en cuenta que la empresa aseguradora asumirá el "riesgo" de los siniestros, se evita tener que cargar con ello al erario público de la Provincia, a los demandantes o al visitante siniestrado a quien habría que intentar cobrar punitivamente los gastos de su salvamento.

Manifiesta que la norma atacada encuentra su fundamento en una ponderación económica sobre los gastos que implica el mantenimiento y operación de los servicios de emergencia del Parque y su viabilidad financiera para la Provincia.

Respecto a la "absurdidad o imposibilidad fáctica" a la que refieren los demandantes respecto al acceso a la caución, señala que además de su amplia disponibilidad y accesibilidad, que en el ámbito del montañismo es por todos conocida la existencia de compañías internacionales de seguro que proveen del "producto" exigido por la norma atacada, bastando ingresar en el buscador de internet para encontrar los servicios de reconocidas aseguradoras de nivel internacional que ofrecen el producto requerido. Adjunta dirección web de dos de las más reconocidas mundialmente páginas.

Niega la existencia de peligro en la demora e inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.

III.- El Director de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado contesta la vista a fs. 166/171.

Precisa que nos encontramos frente a una cautelar innovativa, dado que constituye un acto administrativo que ya ha empezado a surtir efectos, siendo publicado en el B.O. El 16/11/2017.

Señala que no concurren en la especie los presupuestos que ameritan el despacho de esta cautelar excepcional. En particular, considera que no se advierte en forma notoria, palmaria, manifiesta ostensible y sin necesidad de examen o investigación de hecho, que el obrar de la administración adolezca de los vicios de ilegalidad o arbitrariedad y que la normativa impugnada se enmarca en la obligación del Estado de brindar seguridad y debida asistencia médica en caso de accidente, evacuación, rescate o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la seguridad de las personas que ingresen al Parque.

Sostiene que la exigencia prevista en el art. 9° del Decreto N° 2246, es para que la Provincia cuente con los instrumentos legales y poder obtener el reintegro de los recursos afectados a los operativos. Consigna que el desarrollo de las actividades dentro del Parque, están sujetas a una adecuada reglamentación, entre ellas, se prevé la obligación de contratar un seguro, con la sola finalidad de asegurar por parte de la Provincia el reintegro de los costos que asume en cada operativo.

Expresa que dicha exigencia no es novedosa y que ya en los Decretos N° 2071/14 y N° 1645/16, se previó la obligatoriedad de instrumentar un mecanismo destinado a asegurar el cobro de la evacuación por parte de la autoridad.

Plantea que no se advierte que el obrar de la Provincia luzca arbitrario o ilegítimo y que la disposición cuestionada se enmarca dentro de las facultades del Poder Ejecutivo como administrador general de la Provincia (art. 128 inc. 1 C.M.), adoptando medidas conducentes a ello.

Niega la presencia del presupuesto de irreparabilidad del daño. Destaca que la exigencia impuesta por el art. 9 del Decreto N° 2246 no impide la normal actividad de las empresas actoras, que continúan el desarrollo de su actividad y que no se advierte en el caso, cual es el daño o afectación que le pudiese ocasionar la norma cuestionada.

IV.- Criterios aplicables en la materia:

a.- El Tribunal ha admitido la procedencia de medidas precautorias en las acciones declarativas de inconstitucionalidad, dado que tienden a conseguir que éstas no pierdan virtualidad jurídica, no exigiéndose un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar que no es otra que atender a aquello que no exceda el marco de lo hipotético (L.A. 122-13; 139-51). Sin perjuicio de ello y de acuerdo a la doctrina fijada por la Corte Federal al respecto, también ha sostenido que -dada la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de los otros poderes del Estado-, la admisión de medidas cautelares que tengan por objeto suspender la aplicación de tales actos requiere de parte de los jueces una especial prudenciaen la apreciación de los recaudos que tornan viable su concesión (L.A. 152-273; 153-83, 163-447, 201-88).

Por su parte, en el tratamiento de medidas análogas a la aquí solicitada, ha tenido oportunidad de recordar la jurisprudencia prácticamente unánime en el país, que afirma que el análisis de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares que no persiguen mantener el statu quo existente sino alterar ese estado de hecho, debe efectuarse según un criterio detallado y particularmente estricto, en tanto se trata de una medida excepcional (L.A. 164-228; LL 2000-C-776; LL 2001-D-65; Doc. Jud. 2000-1-781, entre otros).

Asimismo, siguiendo la doctrina de la Corte Federal (Fallos 327:2490), este Tribunal deniega medidas cuando aceptarlas apareja los mismos efectos que si se hubiera hecho lugar a la demanda, pues la finalidad de dichas decisiones es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, más no lograr el fin perseguido anticipadamente (L.A. 174-123 y sus citas).

b.- También ha establecido en materia de medidas solicitadas con carácter previo a la interposición de la acción procesal administrativa, que se exige verificar la existencia de algún cuestionamiento administrativo que permita viabilizar la acción principal dada la accesoriedad de la medida intentada (L.A. 286-98).

También este Tribunal ha adherido a la posición de la Corte Federal, en el sentido que la viabilidad de las medidas precautorias contra la administración, aunque no exige prueba de certeza del derecho (CSN 22/12/1992, DJ 1993-2, p.195; 9/6/1994, JA 1995-IV, p.509; 15/2/1994, DJ 1994-2, p.97; 22/5/1997, DJ 1998-1-, p.831), se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora (ver, a vía de ej., CSJN, Fallos 306:2060; 24/8/1993, DJ 1994-1, p.904).

Finalmente, cabe destacar que nos encontramos frente a una medida específica propia del proceso administrativo, en la que a los recaudos típicos de toda medida de no innovar (peligro en la demora, verosimilitud del derecho e ilegitimidad manifiesta del acto), se le adicionan: 1) La irreparabilidad del daño para el particular interesado en la suspensión; 2) La inexistencia de una lesión grave para la Administración derivada del cumplimiento de la medida (L.A. 182-22; 300-194).

En lo que respecta a la entidad del daño y subsiguiente peligro en la demora que puede justificar la concesión de la cautelar, esta Sala ha analizado la "irreparabilidad" del perjuicio (conf. Art. 23, CPA), desde una perspectiva que también pondera la "irreversibilidad" del daño que la ejecución del acto aparejaría, es decir, no limitada exclusivamente al aspecto patrimonial de la cuestión, sino que también involucra otros aspectos, entre los cuales se debe evaluar si el transcurso del tiempo puede tornar inoperante los efectos aún de una sentencia favorable (L.A. 226-79 y 312-179), o si el mantenimiento de la ejecutividad del acto impugnado, además, podría generar un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad estatal (vid. L.A.: 312-194).

V.- Improcedencia de la medida:

Al amparo de las máximas referidas, se concluye que no corresponde conceder la medida solicitada.

a.- En la especie, los accionantes peticionan al Tribunal una medida que califican como de suspensión de la "fuerza ejecutoria" del art. 9° del Decreto N° 2246 (B.O. 16/11/2017), en cuanto dispuso que los andinistas que efectúen actividades de Ascenso o Trekking Largo, deberán contar con una póliza de seguro suficiente para cubrir los gastos que pudieren demandar una eventual búsqueda, rescate y evacuación en helicóptero, ya sea por razones médicas o por accidente, estableciendo que dicha póliza deberá ser presentada por las empresas prestadoras de servicios, junto a la nómina de participantes de cada expedición ante la Dirección de Recursos Naturales Renovables, con veinte días de anticipación al inicio de dicha expedición.

La medida fue solicitada en forma previa a la deducción de la acción de inconstitucionalidad contra dicho Decreto -tal como lo indican los actores en el acápite VII de su presentación-, acción finalmente interpuesta el día 22/12/2017, dando origen a los autos N° 13-04279430-3 en trámite ante esta Sala y en los cuales se dispuso la suspensión del proceso hasta tanto fuera resuelta la medida requerida en los presentes (fs. 28, autos de referencia).

Lo expuesto se consigna a efectos de especificar que si bien la parte actora desarrolla sus argumentos en punto a la suspensión de la ejecución de lo que califica como un acto administrativo (Decreto N° 2246), invocando los pretensos vicios que alcanzarían al mismo y otorgarían substancia al derecho cuya verosimilitud arguye, en puridad nos hallamos en presencia de una medida cautelar solicitada como accesoria de la acción de inconstitucionalidad planteada -si bien con posterioridad a la pretensión cautelar-, contra una norma, esto es, un acto de sustancia normativa productor de efectos jurídicos generales y objeto de impugnación directa a través de la referida acción.

En dicho marco, aquello que pretenden los accionantes es, en definitiva, una tutela de carácter innovativo, en tanto su concesión implicaría la suspensión a su respecto de una norma general ya vigente al tiempo de formulación de la pretensión.

b.- En este contexto y haciendo aplicación de los principios reseñados en el acápite IV, se impone la desestimación de la cautelar solicitada, dado que de los antecedentes agregados a la causa no surgen acreditados los requisitos exigidos para la procedencia de la medida.

En primer lugar, no se advierte en esta etapa liminar, la patente inconstitucionalidad o ilegitimidad de la normativa cuestionada, cuya dilucidación exigirá de una indagación y análisis que exceden al marco de conocimiento provisorio del proceso cautelar, demandando una investigación y estudio detallado e integral de la normativa involucrada y de todos aquellos aspectos en que las partes han sustentado sus posturas en el marco de la pretensión cautelar. Se comprenden en dicho postulado, aquellas cuestiones que hacen a las argumentaciones desplegadas por los actores en punto a las transgresiones que el dictado de la norma habría importado en relación al rol e importancia que posee o debió poseer en el caso la Comisión Asesora Permanente del Parque Nacional Aconcagua creada por el Decreto N° 562/14, el eventual apartamiento a sus recomendaciones, así como la temática relativa a la denunciada situación de imposibilidad fáctica de cumplimiento de la normativa, al no existir en el país un seguro de las características del exigido.

Frente a dicho escenario, se observa que la comprobación de la verosimilitud y/o apariencia del derecho invocado ("preventivo cálculo de probabilidad", al decir de Calamandrei), importaría introducirse en el fondo de la cuestión principal a elucidar en la acción, implicando el riesgo de prejuzgar sobre su propia sustancia, proceder que -por principio- se descarta y, más aún, tratándose de medidas innovativas que requieren especial prudencia del juzgador para su concesión (Fallos 316:1833; 319:1069; entre otros).

A lo expuesto se añade que, como puede colegirse de la mera descripción del marco de situación que la cuestión plantea, la concesión de una medida en los términos requeridos, sería pasible de producir un importante impacto en aspectos que hacen a una materia de particular trascendencia, en tanto involucra cuestiones vinculadas a la seguridad y salud de quienes efectúen actividades en el Parque Nacional Aconcagua y a las responsabilidades existentes en cabeza de la administración a ese respecto, así como ingresar en la evaluación de aquellos aspectos de la medida adoptada que se vinculan a decisiones de índole presupuestaria y/o de costos para hacer frente a la implementación de tales actividades.

c.- Se valora asimismo que los accionantes no acreditan los perjuicios irreparables y/o irreversibles que les infundiría la aplicación de la normativa atacada.

Más aún, el perjuicio que invocan -en tanto asociaciones empresarias que aglutinan agentes dedicados a diversas actividades en el ámbito del referido Parque- además de exhibirse como conjetural -al no hallar acreditación suficiente y resultar controvertido en base a argumentos y constancias adjuntadas por la demandada-, se basa en una eventual afectación a los derechos de dicha parte de trabajar y de ejercer industria lícita y en una potencial reducción de andinistas en el Parque, postulados que no poseen la substancia y concreción suficiente para tener por acreditado el presupuesto en cuestión.

No es posible tener por justificada lesión concreta alguna que la aplicación de la normativa les ocasionaría a los accionantes, ni tampoco los consecuentes beneficios que la abstención de su aplicación les aparejará. No se trata por tanto de un peligro objetivamente valuable y/o comprobable, en los términos exigidos por medidas como la solicitada. Mucho menos se acredita que el transcurso del tiempo necesario para llegar a la sentencia pueda tornar inoperante sus efectos.

En virtud de todo lo expuesto, se concluye que la medida requerida debe ser desestimada.

Por todo lo anterior, esta Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia,

R E S U E L V E :

1.- Desestimar la medida cautelar solicitada a fs. 25/39 vta. por la Cámara de Prestadores de Servicios del Parque Provincial Aconcagua, por la Cámara de Turismo, Comercio e Industria de Uspallata y Alta Montaña, por la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña y por la Asociación Argentina de Guías de Montaña.

2.- Imponer las costas a la actora (arts. 36 del C.P.C.C.y T. y 76 del C.P.A.).

3.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

4.- Firme la presente, procédase a la acumulación de estos autos por cuerda separada a la causa N°13-04279430-3 caratulada "Cámara de Prestadores de Servicios del Parque Provincial Aconcagua y otrs. C/Gobierno de la Provincia de Mendoza s/Acc. Inc.".

REGÍSTRESE. NOTIFIQUESE.

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDEMinistro

DR. JULIO RAMON GOMEZMinistro

DR. PEDRO JORGE LLORENTEMinistro

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