La "prueba piloto" que movilizó en enero a la Justicia Penal

A pesar de la feria, hubo más actividad. Esto se debió a un ministro de la Corte, José Valerio, encargó que se pusiera en práctica antes de tiempo la ley que crea los juzgados colegiados y hubo muchas audiencias. "Estamos moviendo el elefante", festejaron en el Gobierno.

Fue un enero un poco distinto para la Justicia mendocina. Por instrucción de uno de los ministros de la Corte, la inactividad típica de la feria judicial quedó alterada por una "prueba piloto" de la ley que crea los tribunales y juzgados colegiados en el ámbito penal. Se realizaron muchas audiencias y los resultados preliminares han puesto contentos a algunos jueces.

Jorge Nanclares, el presidente de la Corte, soltó el dato el martes, en medio de una recorrida por las obras que se están haciendo en tribunales para lanzar la reforma de la Justicia Civil. Con cara de haber hecho bien los deberes, le comunicó al subsecretario de Justicia, Marcelo D`Agostino, que la Justicia penal hizo unas 260 audiencias en enero. Serían más, incluso, porque faltaba computar los últimos días del mes.

Quien recopilaba los datos precisos ayer para armar un informe era el ministro José Valerio. El ministro más cercano al Gobierno dejó la instrucción de hacer la prueba piloto antes de tomarse unos días de vacaciones durante este mes. El resultado sorprendió a muchos: aunque naturalmente había pocos jueces trabajando, hubo bastante actividad.

La ley 9040 genera una nueva organización de los magistrados. En concreto, los obliga a atender no solamente las causas de su área específica. De ese modo, los jueces de garantía, flagrancia, ejecución penal y correccionales pasan a formar un mismo colegio que se ocupa de cualquier caso que ingresa, sea o no de la competencia de cada uno. Eso mejora la disponibilidad de jueces y evita que alguna causa se trabe por licencias o por algún problema derivado del sistema de subrogancia.

La ley crea además un órgano administrativo específico (la Oficina de Gestión Administrativa Penal), para que cada juez sólo se concentre en dictar fallos y abandone obligaciones vinculados a la organización de las audiencias y el manejo del personal, entre otras cosas. Sin embargo, todos estos cambios empezarán a realizarse a partir de marzo, en los juzgados del interior de la provincia, y tardará más aún en llegar a la Primera Circunscripción.

Por eso fue llamativa la prueba en enero de Valerio, quien está al frente de la comisión que aplicará la ley 9040. "Cada juez fue resolviendo lo que entraba porque los jueces que se quedaron hicieron una especie de juzgado colegiado", confirmaron en el Poder Judicial. 

La idea y los resultados sorprendieron incluso a algunos funcionarios del Ejecutivo, aunque durante enero también hubo quejas por uno de sus efectos: Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal, salió a denunciar el crecimiento del hacinamiento en las cárceles locales.

La otra prueba piloto

La Justicia también estuvo trabajando en otra experiencia piloto: la reforma de la Justicia Civil. De ese modo, las dos obsesiones del Gobierno (agilizar y "oralizar" los procesos, tanto en la Justicia Penal como en la Civil) se empezaron a hacer realidad antes de lo previsto.

En el caso del fuero civil, tal como informó ayer este diario, se puso a trabajar a 18 jueces a partir del 14 de agosto. Hasta el 30 de noviembre, estos magistrados habían hecho casi 300 audiencias.

La reforma de la Justicia Civil arranca formalmente hoy y el gobernador participará del acto en tribunales. Aunque el nuevo sistema de audiencias promueve resolver más rápido las causas, hay una montaña de expedientes para tratar: ingresaron el año pasado casi 20.000 causas en toda la provincia.

Dos ministros de la Corte son los encargados de ir para adelante con estos cambios, a pesar de los obstáculos, y entre ellos han dividido tareas. Las reformas que pide Cornejo están exclusivamente en manos de los ministros Nanclares y Valerio. El primero ha participado hasta de la redacción de la nueva ley para la Justicia Civil. El segundo tiene control total de la materia penal.

"Estamos empezando a mover el elefante", se ilusionan en el Gobierno, a pesar de que la Corte tiene siete miembros, no dos, y sigue dividida.

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22 de julio de 2018 | 02:13
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