El fiscal Pollicita pidió enviar a juicio oral al "Caballo" Suárez

En la causa hay otros 10 procesados por asociación ilícita y coacción. El sindicalista está con prisión domiciliaria.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy enviar a juicio oral al detenido ex secretario general del SOMU Omar "Caballo" Suárez y a otros diez procesados por asociación ilícita y coacción, en la causa que llevó a prisión al sindicalista en septiembre de 2016.

Suárez, de 67 años, está bajo arresto domiciliario en la casa de su hija en la localidad bonaerense de Olivos por decisión del juez Luis Rodríguez, quien firmó el beneficio el 29 de diciembre pasado por la noche, cuando subrogaba al magistrado que lleva la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

Pollicita apeló esta decisión y, mientras se espera un fallo al respecto de la Cámara Federal porteña, el fiscal presentó su requerimiento de elevación a juicio en plena feria judicial de enero, ya que el trámite de la causa no se interrumpe por tener un acusado detenido.

Para el fiscal, el ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos "organizó una maniobra delictiva consistente en exigirle ilegítimamente a distintas empresas del sector naviero en concepto de donaciones o liberalidades, sumas dinerarias presuntamente destinadas a capacitar a los marineros afiliados al SOMU". 

Sin embargo, la investigación judicial pudo determinar que, en realidad, esos fondos eran desviados luego a través de una empresa de la que era titular y terminaban en el patrimonio personal de los acusados, según el requerimiento al que accedió Télam.

"Los imputados actuaron con la doble finalidad de dañar las economías del SOMU y la OSPM (la obra social del gremio) obteniendo, a través de ello, indebidas ventajas patrimoniales para la asociación ilícita encabezada por Suárez y, principalmente, para el patrimonio particular del nombrado", afirmó la fiscalía.

El escrito se presentó en el juzgado de Canicoba Corral, quien a fin de año dio por cerrada la investigación y pidió opinión a la fiscalía para el envío a juicio. Ahora, el juez deberá hacer lo mismo con la defensa de los acusados.

Suárez, de 67 años, está procesado con prisión preventiva como supuesto jefe de una asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta.

Pollicita remarcó que pidió una elevación a juicio parcial para que siga la investigación sobre otros aspectos y responsables de las maniobras, y destacó que está pendiente una pericia contable a cargo del área de Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, que -una vez concluida- deberá enviarse al Tribunal Oral que resulte sorteado.

Las maniobras investigadas se remontan al 2008, cuando comenzaron las importaciones de gas licuado mediante buques metaneros y las empresas debían gestionar el llamado "waiver", permiso para obtener tratamiento de buque nacional siendo buques extranjeros, por un tiempo determinado.

Ante ello, los sindicalistas reclamaban el pago a las empresas para "capacitar a los marineros afiliados al SOMU en una escuela del sindicato" llamada "Omar Rupp" para que adquiriesen "las condiciones necesarias para embarcar tales buques extranjeros".

Eso debía pagarse "a cambio de no bloquear el ingreso de las embarcaciones a los puertos nacionales mediante negativa a remolque", y también a cambio de otorgar el "waiver", "arrogándose de este modo prerrogativas de autoridad pública", destacó el fiscal en la acusación.

Los fondos se desviaban a través de una empresa de Suárez, "San Jorge Marítima".

"Se encuentra acreditado que, entre 2010 y 2012, habrían ingresado a San Jorge Marítima S.A. cinco millones de dólares como capacitación por cursos", concluyó el fiscal, quien también los acusó por delitos cometidos en la obra social del gremio de los trabajadores marítimos. 

Suárez era de manera simultánea secretario general del SOMU, presidente de la obra social y vicepresidente de la empresa San Jorge Marítima y también presidente de la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre.

Sobre San Jorge Marítima, el fiscal dio por probado que "sobrefacturó" servicios que prestaba al SOMU y a la Fundación Azul, y que las ganancias no ingresaban al sindicato.

En lo referido a la obra social de los marítimos, el fiscal aludió a que, desde septiembre de 2015, el padrón de afiliados estuvo "sobredimensionado" con una diferencia de 2.300 afiliados que "eran informados como parte del padrón cuando no correspondía, representando ello un perjuicio económico para la Obra Social" de aproximadamente 1,8 millones de pesos.

Además, "se autorizaban irregularmente prestaciones médicas a personas que no revestían las condiciones necesarias para recibirlas".

Además del detenido Suárez, serán juzgados Rigoberto Suárez Cardozo, Jorge Vargas, Juan Manuel Medina, Carlos Ruiz, María del Carmen Cabrera Peña, Débora Medina, Julio Barrera, Jorge Villahoz, Juan Baneki y Carlos Tinant.

Este viernes, los camaristas de turno en la primera quincena del receso judicial de enero -Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah- escucharán en audiencia al abogado de Suárez, Carlos Broitman, y luego resolverán si confirman o revocan el arresto domiciliario que se le concedió el 29 de diciembre último y que cumple en la casa de su hija en Olivos.

Suárez enfrentará un primer juicio oral y público desde el 23 de febrero próximo en otra causa penal por supuesto "entorpecimiento de vías navegables", en la que está procesado, aunque sin prisión preventiva. 

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21 de mayo de 2018 | 06:35
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