Protestas: mientras Capital aplica su código de convivencia, la Nación se vale de un protocolo no oficial

En 2016, la cartera de Patricia Bullrich instauró un nuevo reglamento para el accionar policial en las manifestaciones. Todavía no fue reglamentado. En Mendoza, lo más cercano a poner límites es la normativa de la Ciudad.

Octubre de 2014. Con los votos en contra del FIT y FPV, el oficialismo lograba los votos necesarios para aprobar el nuevo Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza. En Buenos Aires, y con el recuerdo aún fresco de los incidentes en los alrededores del Congreso de la Nación, actualmente se aplica un protocolo en manifestaciones públicas, pero la particularidad es que nunca fue oficializado.

Por entonces, la cartera de Patricia Bullrich presentó el nuevo reglamento ante el Consejo de Seguridad Interior, a la vez que instaba a las provincias a que incorporaran esos nuevos lineamientos a las fuerzas de seguridad locales.

Esa disposición nunca se oficializó ni se hizo pública. Hasta hoy no existe una resolución o acto administrativo del ministerio de Seguridad que establezca la puesta en vigencia del protocolo ni tampoco se dispuso la derogación del anterior, aprobado durante la gestión de la exministra Nilda Garré.

Entre los principales objetivos de la norma mendocina estaba -y está- el de darle racionalidad a las protestas en la vía pública que cortan el tránsito e impiden el paso de los transeúntes. Para ello, estableció que "las movilizaciones y/o manifestaciones deberán realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas".

Como alternativa, la comuna capitalina debe poner a disposición de los manifestantes el uso de la explanada del edificio municipal para realizar actos u otro tipo de expresiones públicas, además de proveer tarimas y sonido.

En Buenos Aires y Capital Federal, a principios del 2016 el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció un nuevo reglamento para definir el accionar policial en protestas y manifestaciones de todo tipo. Sin embargo, como detectó una investigación de Chequeado, no existe una resolución que certifique su puesta en vigencia.

En la reunión del Consejo de Seguridad, en febrero de 2016, Mendoza estuvo representada por Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales. Allí la principal objeción de las provincias fue que el protocolo en cuestión no prohibía expresamente el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad.

Visiones encontradas

Actualmente, la sanción administrativa por infringir el artículo 19 de la normativa (el que establece que las marchas deben realizarse circulando por las veredas, respetando pasos peatonales y señales semafóricas) es de 20.000 U.T.M ($46.000). Desde su puesta en vigencia, octubre de 2014, se labraron más de 40 multas por esta transgresión, pero son escasas las que se han pagado efectivamente, sobre todo por las organizaciones políticas y sociales que son las que más veces han sido sancionadas. 

Para el titular de ATE, Roberto Macho, la razón de no pagarlas es muy simple:
"(a las multas) Nosotros no las reconocemos porque entendemos que es cortar el derecho de libertad de expresión y de reclamo".

Raúl Levrino, secretario de seguridad ciudadana de Capital, refuta el argumento del líder sindical: "Las multas que se recurrieron judicialmente han sido declaradas constitucionales por un fallo de la Corte y de la Organización Internacional del Trabajo, ya que no se cercena ningún derecho. Todo lo que hace es regular para que se respete el tránsito y la situación de los vehículos y las personas que transitan por la ciudad".

Un cambio sustancial

En cuanto al protocolo nacional que hoy está vigente, presenta como principal modificación un punto por demás sensible, además de ser un pedido que plantearon algunos ministros de Seguridad de las provincias: está prohibido explícitamente el uso de armas de fuego con municiones de poder letal.

Así y todo, por ahora estas medidas involucran a las fuerzas federales, no así a las provinciales. En lo que respecta a Mendoza, la única regulación vigente y aprobada por un Concejo Deliberante para poner ciertos límites a protestas y/o manifestaciones es el de la comuna capitalina.

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22 de mayo de 2018 | 17:05
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