La jueza de ejecución penal dice advirtió reiteradamente al gobierno

Ahora es una jueza de ejecucción penal, la magistrada María Inés Vargas Romero, que se suma a los dichos de los senadores Daniel Cassia y Carlos Aguinaga.

Dijo esta mañana que " la cárcel es tierra de nadie". Afirma que ordenó al gobierno tomar medidas urgentes

 La jueza de Ejecución sostiene que el penal es tierra de nadie. La magistrado Vargas Romero ordenó al Ministerio de Gobierno y al Subsecretario de Justicia tomar medidas urgentes y necesarias para resguardar la integrar psico-física de los internos del penal de Almafuerte.

La magistrada dice, en un escrito, que en reiteradas ocasiones ordenó medidas pero que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a sus resoluciones. Cree entender también en esto que no existe la capacidad o el profesionalismo necesario por parte del director, subdirector y oficiales a cargo para administrar un complejo de máxima seguridad como es el que está en Campo Cacheuta.

La jueza vargas romero tomó como caso testigo para dictar su resolución la amenaza y la puñalada que sufrió el interno Ariel Barrera. En el escrito dirigido al ministro Marinelli, que es hecho el 1 de agosto, dice que en Cacheuta se realizan recreos sectorizados pero que, según los mismos internos, hay presos que poseen ganzúas con las que abren los candados con gran facilidad sin que el personal penitenciario controle esta situación. De continuar las autoridades del complejo con la pasividad y adormecimiento, dice la magistrada, en el cumplimiento de sus funciones deberemos lamentar situaciones más graves aún.

Por otro lado, desde la Bicameral de Seguridad solicitaron una reunión urgente con la jueza esta tarde y le propondrán hacer a la magistada una visita conjunta al penal, entre el Poder Judicial y los legisladores, para verificar los antedecentes y la situación que denunció la jueza.

Carlos Ciurca, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, dijo: “En esta cárcel, Almafuerte, creo que no hay margen para este tipo de errores, para ponerle un calificativo benevolente y errores de administración. A partir de esto  la Comisión Bicameral tiene la obligación de tomar algunas medidas en función del cumplimiento inmediato por parte del Poder Ejecutivo.
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21 de mayo de 2018 | 10:23
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