Colombia: nuevo acuerdo entre gobierno y FARC

Ambas partes firmaron el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas.

 El gobierno colombiano y las FARC firmaron el martes el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas, lo que abre la puerta a una reconciliación y crea una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de 50 años.

El sistema de justicia creado por los representantes del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, llamado Jurisdicción Especial para la Paz, estará constituido por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, administrar justicia e imponer sentencias.

Las condenas se dividen en tres categorías: a) hasta 20 años de cárcel para quienes resulten culpables y no confiesen su responsabilidad; b) hasta cinco años de cárcel para quienes reconozcan delitos tardíamente; y c) hasta 8 años de "restricción efectiva de libertad" para quienes colaboren en el esclarecimiento de la verdad.

Estas penas podrán ser cumplidas en trabajos ligados a la restitución de las víctimas, como por ejemplo trabajar en tareas de desminado o de desarrollo agrícola. El tribunal juzgará a combatientes y no combatientes como lo serían políticos, empresarios o financiadores de los grupos armados. No se impedirá la participación política a quien resulte culpable.

"No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad", dijo el jefe de la delegación oficial Humberto de La Calle.

El representante de la delegación rebelde, el comandante rebelde Iván Márquez, afirmó que a la guerrilla no le "interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra. No nos vamos a solazar viendo la puesta tras las rejas de un oficial del Ejército o de la policía o de un alto funcionario o de un financiador de la guerra surgido de la empresa privada, preferimos trabajar con ellos... reconstruyendo sociedad y patria",

De la Calle indicó que las penas máximas de cárcel podrían llegar a los 20 años para los implicados en el conflicto que no reconozcan los hechos ni colaboren para su esclarecimiento, sean rebeldes o militares, pero se aplicarán medidas de restricción de derechos sin prisión a quienes aporten elementos para los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz y al que podrán ir a parar los guerrilleros, militares, paramilitares y hasta empresarios que hayan financiado el conflicto.

Según el negociador oficial, también se prevé una amnistía para casos sólo del delito de rebeldía, pero que jamás se aplicará para crímenes de lesa humanidad u otros como toma de rehenes o reclutamiento de menores.

El acuerdo sobre de víctimas fue firmado en presencia de una decena de personas que sufrieron en carne propia el conflicto en una emotiva ceremonia en la cual también se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas blancas.

Las partes acordaron lo que llamaron "un sistema integral" de cinco aspectos principales: una Comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos; un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto.

"La justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general", dijo Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango.

Posteriormente a la ceremonia, en un encuentro con la prensa, De la Calle reconoció que muchos colombianos miran con desconfianza el acuerdo de paz, pero les pidió que evalúen la integralidad del sistema en todas sus partes que llevarán a la no repetición de la guerra.

"Hoy reivindicamos nuestra dignidad", dijo durante la ceremonia Jineth Bedoya, quien habló a nombre de las víctimas y expuso la descorazonadora realidad de que habían recibido amenazas aún sin investigación por haber venido a las conversaciones en La Habana.

"Al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliación estamos creyendo en ustedes y creemos que el país crea en el acuerdo de paz", agregó Bedoya mirando a la delegación de FARC y gobierno. "Pero si ustedes fallan no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia".

Cerrar el punto de las víctimas supone además agilizar el acuerdo que Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", sellaron el 23 de septiembre sobre la justicia y que ahora abre estos tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El Tribunal estará conformado por unos 40 jueces, 80% colombianos y 20% extranjeros. Tendrá cuatro secciones: reconocimiento y verdad, enjuiciamiento, apelación y revisión de sentencia; y tres salas de justicia: verdad y reconocimiento de responsabilidades, amnistía e indulto y definición de la situación jurídica.

De La Calle afirmó que se estudia el cese de fuego bilateral, hasta ahora la FARC mantienen uno unilateral como gesto de buena voluntad, y que para su delegación se mantiene la fecha del 23 de marzo como tope para la firma final del acuerdo definitivo, una fecha que fue desestimada por la guerrilla en días pasados.

Anteriormente las partes habían acordado otros tres puntos de la agenda prestablecida de trabajo en la cual se basa la mesa de diálogo: los problemas agrarios, la participación política y el combate al narcotráfico.

Las conversaciones comenzaron a finales de 2012 en Oslo, Noruega y luego se trasladaron a Cuba.

Durante el primer año y medio las partes llegaron a acuerdos sobre los tres primeros puntos mencionados, pero concretar el relacionado con las víctimas se demoró otro año y medio. 

Opiniones (0)
25 de junio de 2018 | 14:57
1
ERROR
25 de junio de 2018 | 14:57
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"