por Mariano Bustos9 opiniones
A raíz de la quema de expedientes en el Ministerio de Transporte, Fiscalía de Estado realizó una inspección ocular en el edificio donde funciona la cartera comandada por Pablo Rousseau. "El objeto de la investigación es determinar si se trataba de documentos importantes o papeles sin valor", explicó el Fiscal Adjunto de Investigaciones Administrativas, Javier Fernández.
Ayer, MDZ difundió imágenes en las que se podía ver a diferentes empleados incinerando documentación en el patio del ministerio, algo que fue denunciado por los propios trabajadores del Ministerio de Transporte.
Ante esta situación el fiscal de Estado, Fernando Simón, dispuso actuar con rapidez debido a las implicancias penales y administrativas que contempla este hecho. "Hemos entrevistado a las personas que dicen haber realizado la quema, sin saber de qué se trataba", subrayó Javier Fernández.
De todas maneras, aclaró que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, mientras que al mismo tiempo avanza un proceso administrativo iniciado por las autoridades del Ministerio.
Al llegar hasta la institución gubernamental emplazada en la calle Tiburcio Benegas, Fernández fue recibido por el delegado gremial de ATE, Jorge Chávez, quien dijo estar preocupado por la situación de los trabajadores que prendieron fuego los papeles.
Allí, el gremialista se constituyó como querellante y acusó formalmente al ministro Pablo Rousseau de haber dado la orden.
"Se trata de dos jóvenes de una empresa terciarizada de limpieza que solo obedecieron un pedido del Ministro", sostuvo Chávez.
Justamente, el gran ausente de la jornada fue el propio Rousseau, quien se encontraría de licencia por una lesión en el hombro.
"Como parte acusadora sugerimos las medidas que consideramos prudentes para investigar. Ahora la instructuora sumariante puede aceptarlas o rechazarlas", expresó a su vez Fernández en representación de Fiscalía de Estado.
Si bien no se sabe a ciencia cierta que información contenían los papeles que fueron quemados el martes, desde el interior de la cartera sostienen que se trataba de actas de infracción y documentos que complicaban a la gestión actual. "Si se trataba de infracciones a empresas de Transporte, la cifra podría superar el millón de pesos. ¿Quién nos garantiza que así como quemaron documentos no borraron el soporte digital?", denunció Chávez.
Paralelamente, también ha tomado cartas en el asunto el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, quien intervino a raíz de una denuncia penal presentada por una abogada que trabaja en el ministerio. "Me puse en contacto con el para que una investigación no se superponga con la otra", señaló Fernández.
Sin dudas, uno de los motivos por los cuales tanto Fiscalía de Estado como la Fiscalía de Delitos Complejos acudieron rápidamente a investigar esta situación, es la época en que se produjo. Es que sólo faltan días para que las actuales autoridades abandonen la gestión y le den paso al equipo de trabajo del gobernador electo, Alfredo Cornejo.
