El destino de más de 1.300 pases a la planta estatal se encuentra en las manos de la Suprema Corte de Mendoza. Sin embargo, han cambiado los nombres de los magistrados que deberán resolver la medida cautelar presentada por una ONG, que advierte que los acuerdos paritarios violaron las condiciones de idoneidad e igualdad para suplir los cargos vacantes. Mientras que los gremios recusaron la participación del juez Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez solicitó ser apartado de la causa por la presencia de su hijo político en el listado de personal.
Así consta en la foja 212 del expediente, en la que el magistrado explica que su familiar Cristian Nieva está incluido en el acuerdo paritario aprobado por el decreto 774/15. A raíz de ello, Gómez se ha excusado de tomar parte en la causa.
Mientras tanto, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recusaron sin expresión a Pérez Hualde, quien fue reemplazado por el presidente de la Sala Segunda de la Corte, Herman Salvini.

Pérez Hualde junto a Jorge Nanclares, el tercer juez del tribunal.
El pedido de los gremios no es casual. En casos análogos al que deberán resolver los magistrados, este juez se había mostrado a favor de los argumentos esgrimidos por la Fundación Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Según esta ONG, los acuerdos paritarios violan las condiciones de igualdad para los interesados y exigen que se concursen los cargos para que se contrate al personal por idoneidad.
Hace una semana, agrupaciones gremiales realizaron una conferencia para expresar su preocupación por la situación cargaron con dureza contra los letrados que presentaron la medida cautelar.
Incluso, los vincularon con el gobernador electo Alfredo Cornejo, a quien acusaron de estar operando para que se caigan los nombramientos de trabajadores. "Es curioso que inicien este tipo de medidas sobre acuerdos paritarios por el que pasaron a planta trabajadores y que no hagan lo mismo con pases a planta de cargos políticos por decretos reservados", señaló por entonces Raquel Blas.
Por su parte, integrantes del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos se manifestaron a través de una columna de opinión publicada en MDZ, en la cual esgrimieron que el sistema actual favorece el ingreso de personas con contactos en el poder y viola la igualdad de oportunidades.