Brasil admite déficit fiscal y retracción económica en 2015

Los ministerios de Hacienda y Planificación revisaron la meta fiscal, que pasó de una previsión de superávit del 0,5% del Producto Interno Bruto a una de déficit cercano al 0,8%.

El gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff admitió hoy que el país cerrará 2015 con déficit fiscal y no con superávit, como estaba previsto, y aumentó la previsión de retracción económica para este año.

En el proyecto de ley que altera la meta fiscal para 2015, presentado hoy al Congreso, los ministerios de Hacienda y Planificación revisaron la meta fiscal, que pasó de una previsión de superávit primario equivalente al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a una de déficit cercano al 0,8 por ciento.

También fue corregida la perspectiva de contracción del PIB, que aumentó del 2,44 previsto hace un mes, a 2,8 por ciento del PIB para este año.

El monto del déficit previsto tras esta nueva revisión, la segunda desde que Rousseff asumió su segundo gobierno, en enero, es de 51.800 millones de reales (unos 13.280 millones de dólares).

El déficit primario (gastos menos ingresos, sin contabilizar el pago de los intereses de la deuda pública) previsto para este año puede ser mayor, advirtió hoy el relator del proyecto de ley presentado al Congreso, el diputado oficialista Hugo Leal.

Según explicó el legislador, la única fuente de ingresos con que cuenta el gobierno para este año, y que está dada como cierta en la nueva ley presupuestaria, es la subasta de 29 usinas hidroeléctricas, con las que se espera recaudar unos 11.000 millones de reales (unos 2.820 millones de dólares).

Existe otro elemento que puede hacer aumentar el déficit fiscal de este año, y que es reconocido en el documento presentado hoy: en los 51.800 millones de reales que estarían faltando para que las cuentas públicas estén equilibradas no está incluido el dinero que el gobierno le debe a los bancos públicos a raíz de las llamadas "ruedas fiscales".

Se trata de maniobras contables destinadas a maquillar resultados económicos que consisten, básicamente, en retenciones que hace el gobierno, de fondos que debe transferir a los bancos para pagar a los beneficiarios de programas sociales o pensiones, entre otros.

Los bancos públicos pagan a los beneficiarios en tiempo y forma, por lo que el Estado les queda debiendo esos valores. Ese tipo de práctica viola la Ley de Responsabilidad Fiscal y se ha configurado como uno de los argumentos más sólidos que blande la oposición para pedir la destitución de la presidenta.

A la hora de explicar el deterioro de la perspectiva económica para este año, el gobierno resalta una "disminución de la actividad económica", a la que califica como "fuera de lo común, aún considerando la repercusión directa de la caída de los precios de las materias primas y la expectativa de aumento de las tasas de interés americanas".

También se señala como otro factor que influye negativamente en la economía del país la dificultad que ha tenido el gobierno para llevar adelante una agenda que permita comenzar a revertir los indicadores negativos.

De hecho, el gobierno de Rousseff no ha logrado que el Congreso apruebe algunos puntos considerados vitales para aumentar los ingresos estatales, como son, entre otros, la reactivación de algunos impuestos. Y peor aún: el Ejecutivo enfrenta la posibilidad de aprobación de iniciativas que van en sentido contrario al ajuste fiscal.

Dichas iniciativas, de ser aprobadas, impactarían de tal manera en el presupuesto nacional que son denominadas en forma genérica como "agenda bomba".

Fuente: Dpa.

Opiniones (0)
27 de mayo de 2018 | 05:40
1
ERROR
27 de mayo de 2018 | 05:40
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"