Rousseff pide ayuda para encarar “agenda bomba” en el Congreso

La presidenta de Brasil solicitó el apoyo de los gobernadores para que salga un paquete de medidas que ha propuesto para enfrentar la crisis política y económica en su país.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió hoy ayuda a los gobernadores de todo el país para enfrentar una serie de medidas contrarias a los intereses del Ejecutivo, que el Congreso se prepara para analizar en agosto y que se ha dado en llamar "agenda bomba".

Con la crisis económica y política como telón de fondo, la presidenta advirtió a los gobernadores que si el Congreso no acompaña la política de austeridad dictada por equipo económico, el impacto se hará sentir tanto a nivel del gobierno central como de las gobernaciones regionales.

"Sabemos que la estabilidad económica es muy importante. Es una responsabilidad de todos. La Unión (gobierno central) debe asumir ese proceso y asumir sus necesidades y condiciones. Y, al mismo tiempo, consideramos que, como algunas medidas afectan a los estados y al país, los gobernadores deben participar", dijo la presidenta, en declaraciones que reproduce la Presidencia en Internet.

"Tengo algunos proyectos legislativos de grave impacto. En algunas situaciones, asumí el impacto en el dinero público vetando (iniciativas contrarias a la política de austeridad). Todas esas medidas tendrán impacto para todos los estados, sin sombra de dudas", enfatizó.

La "agenda bomba" que tiene la Cámara de Diputados y el Senado arriba de la mesa comenzará a ser discutida en la primera semana de agosto, cuando termina el receso parlamentario. La mayoría de las iniciativas atenta, de una u otra forma, contra la urgente necesidad de recaudación que tiene el gobierno central.

Una es la restitución de gravámenes a los salarios que estaban suspendidos, cuya aprobación ha sido demorada y cuestionada por el Congreso.

Otra es la que permite la repatriación de dinero de brasileños en el exterior, que no haya sido declarado al fisco. La idea del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, es que el Estado cobre multas e impuestos junto a la recuperación del dinero. Este proyecto también ha sido cuestionado.

Por otra parte, es casi seguro que el Congreso apruebe un aumento salarial de hasta 78 por ciento para funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía). El incremento propuesto por los legisladores es igual al aprobado semanas atrás para funcionarios del Poder Judicial, que fue vetado por la presidenta.

El veto fue necesario, justificó el gobierno, porque el impacto en los cofres del Estado hubiera rondado los 25.000 millones de reales (unos 7.570 millones de dólares) hasta 2017. El problema es el desgaste que dicho veto le genera a una presidenta a la que solo respalda el 7,7 por ciento de la población, según un sondeo reciente.

Durante a reunión, la presidenta citó problemas económicos externos como causas de los desajustes en Brasil.

"Sabemos que a partir de la segunda mitad de 2014 hubo un hecho importante en el escenario internacional que fue el colapso del precio de las 'commodities'. Ese colapso fue acompañado de la desvalorización de nuestra moneda", afirmó.

Pese a las dificultades, la presidenta se mostró confiada en que el país saldrá de la crisis y retomará el crecimiento.

"No niego las dificultades, pero afirmo que el gobierno federal tiene todas las condiciones para enfrentar las dificultades, los desafíos y, en un plazo mucho más corto de lo que algunos piensan, ver la reanudación de la economía brasileña", aseveró.

En lo que se interpretó como un mensaje a los grupos opositores que defienden su destitución, Rousseff afirmó: "Yo, personalmente, sé soportar presión e incluso injusticias, y eso es algo que cualquier gobernante tiene que estar capacitado y saber que forma parte de su accionar".

Fuente: Dpa.

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21 de agosto de 2018 | 07:17
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