Rousseff no será investigada, pero la Fiscalía rondará su despacho

La presidenta de Brasil zafará del escándalo de Petrobras. No obstante, el impacto de la profusa investigación impactará de lleno en su gestión.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no será investigada junto a los 47 políticos sospechosos de nexos con el escándalo de corrupción en Petrobras, pero los fiscales rondarán la puerta de su despacho en Brasilia y husmearán en las finanzas de las campañas electorales que la llevaron a la presidencia en dos oportunidades.

Pese a no poder ser investigada en función del cargo que ocupa, la sospecha de que sus dos campañas políticas recibieron recursos desviados de la petrolera colocan a la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) en una incómoda situación para quien tiene por delante cuatro años de gobierno.

"Aún cuando no pueda ser formalmente investigada, la eventual comprobación de que los desvíos de Petrobras contribuyeron para su ascenso (a la Presidencia) tendrá un efecto equivalente a sentarla en el banquillo de los acusados", evaluó el analista del diario "Folha de Sao Paulo" Bernardo Mello.

Uno de los elementos que aproximan peligrosamente a los fiscales al séquito de la presidenta es el hecho de que dos de los tres jefes de gabinete que tuvo desde que asumió su primer mandato, en enero de 2011, integran la "lista negra" de políticos investigados.

Ellos son su primer ex "primer ministro", Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva; y Gleisi Hoffmann, quien lo sustituyó después de que abandonara el cargo a raíz de denuncias de corrupción.

Palocci entró en la nómina elaborada por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, por sospecharse que en 2010, cuando coordinaba la campaña electoral de Rousseff, solicitó dinero desviado de Petrobras para financiarla.

La acusación fue realizada por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, quien está preso y colabora con las investigaciones a cambio de que se le reduzca una eventual condena.

Según Costa, el cambista Alberto Youssef, quien al igual que él está detenido y suministra informaciones sobre los fraudes a cambio de beneficios en la pena, le solicitó en 2010, en nombre de Palocci, dos millones de reales (casi 700.000 dólares) para la campaña presidencial.

Palocci propuso que el dinero fuera "cedido" de la cuota de recursos desviados que le correspondía al derechista Partido Progresista (PP), aliado del gobierno y responsable por la designación de Costa para la división de Abastecimiento de la estatal. Costa dijo que la propuesta de Palocci fue aceptada.

Youssef desmintió a Costa y dijo que nunca realizó tal pedido, pero Janot evaluó que la investigación sobre las actividades de Palocci procedía y aguarda que el juez encargado del caso atienda el pedido e inicie el proceso.

A la eventual investigación sobre los presuntos vínculos entre los desvíos en Petrobras y las finanzas del comité de campaña de Rousseff, se suman las indagaciones sobre la supuesta relación entre la red de corrupción y el tesorero nacional del PT, Joao Vaccari.

El tesorero fue citado en el marco del acuerdo de delación premiada que firmó otro ex alto funcionario de Petrotras, el ex gerente Pedro Barusco, quien estima que el PT recibió entre 2003 y 2013, con la intermediación de Vaccari, entre 150 y 200 millones de dólares oriundos de los fraudes.

"Los 'petistas' están en el ojo del huracán. Las presencias del ex ministro Antonio Palocci y del tesorero Joao Vaccari ponen en la cuerda floja el financiamiento de la campaña de 2010 que llevó a la presidenta al poder", sintetiza Mello.

En el caso de la senadora Hoffmann, el fiscal solicitó que fuera investigada por "supuesta práctica de delitos de corrupción pasiva calificada y lavado de dinero".

La ex jefa de gabinete de Rousseff también fue mencionada por Youseff, quien la acusó de estar al tanto de la red de distribución de sobornos en Petrobras y dijo que la campaña de Hoffmann al Senado tuvo un apoyo financiero de un millón de reales desviados de la estatal.

Además de tener las finanzas de su campaña bajo la lupa de la Justicia, la propia presidenta y su antecesor Lula fueron acusados por Youssef, arrestado por lavado de dinero y evasión de divisas, de estar al tanto de los fraudes en la mayor empresa pública del país.

Según Youssef, además de Lula, Rousseff y Hoffman, sabían de los saqueos a la estatal los ex ministros de Rousseff Gilberto Carvalho, de la Secretaría General de la Presidencia; Ideli Salvatti, de la Secretaría de Relaciones Institucionales; y Edison Lobao, de Minas y Energía. También mencionó a José Dirceu, ex hombre fuerte de Lula, quien está preso por comandar la red de pago de sobornos a legisladores conocida como "mensalao".

Asimismo, la propia trayectoria de Rousseff la vinculan estrechamente con la estatal, que está en el epicentro del escándalo que se configura como el de mayor envergadura de la historia de Brasil.

La presidenta tuvo entre sus cargos públicos de destaque la titularidad del Ministerio de Minas y Energía, del cual depende Petrobras; y presidió el Consejo de Administración de la estatal durante la mayor parte del periodo en el que fueron perpetrados los fraudes.

Eso sin contar que la mayoría de los 47 políticos que serán investigados por el caso integran la coalición aliada del gobierno.


Fuente: Ana María Pomi, Dpa.

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19 de junio de 2018 | 05:51
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