Diputados españoles buscan que yihadistas tengan cadena perpetua

Han aprobado una reforma que plantea la máxima condena para los extremistas islámicos.

El Congreso de los Diputados español aprobó una reforma penal que tipifica como delitos el desplazamiento a zonas de conflicto o el reclutamiento de combatientes a través de internet y que introduce la cadena perpetua en España, entre otras medidas con las que se quiere combatir el "terrorismo yihadista".

La nueva reforma nació de un "pacto de Estado" firmado el pasado 2 de febrero entre el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, quienes se habían comprometido a reforzar la lucha contra la violencia yihadista tras los atentados ocurrido en París a principios de enero.

El resto de los partidos opositores se negó a apoyar la reforma por su carácter "bipartidista" y porque consideran que es innecesaria y responde a fines "electoralistas", según argumentaron durante la sesión que debatió la reforma, aprobada en solitario por conservadores y socialistas.

De hecho, el punto más controvertido del texto, la llamada "prisión permanente revisable", que el propio PSOE consideran una "cadena perpetua, ya figura en la reforma del Código Penal aprobada por el PP a fines del mes pasado y que aún no entró en vigor.

Sánchez firmó el pacto con Rajoy a pesar de que no estaba de acuerdo con la prisión permanente revisable, un punto que prometió derogar en caso de llegar al poder.

Los grupos opositores, que rechazan la reforma, argumentan que la prisión permanente revisable es "inconstitucional" porque impide la reinserción del preso.

Esta pena se aplicará a los homicidios "terroristas", los cometidos contra el Rey o el Príncipe, y contra jefes de Estado extranjeros. También en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La pena implica el cumplimiento íntegro de la condena durante un tiempo que se fija entre 25 y 35 años dependiendo de si la condena es por uno o más delitos; y la revisión sólo se hará transcurrido ese plazo. Anteriormente el máximo de cumplimiento efectivo eran 30 años, un límite que generalmente se veía reducido por la aplicación de beneficios penitenciarios.

En cuanto a la tipificación de delitos, la reforma introduce nuevos tipos penales para poder perseguir y condenar a los "lobos solitarios", como se denomina a los yihadistas que actúan sin estar directamente relacionados con una organización extremista.

También penaliza la captación y el reclutamiento a través de Internet y los "viajes de iniciación y entrenamiento a zonas de conflicto".

En general, con las nuevas medidas se busca dar otro enfoque al tratamiento penal del "terrorismo" que hasta ahora estaba orientado fundamentalmente a combatir a grupos organizados.

Uno de los puntos que también había sido cuestionado es la penalización del "reclutamiento y adoctrinamiento pasivo", es decir, los receptores de información a través de webs yihadistas. En este asunto, el texto lo limita a los casos en los que lo que se pretenda es unirse o colaborar con un grupo yihadista.

La nueva modificación del Código Penal fue impulsada por el Ejecutivo conservador de Rajoy después de los atentados de París contra la revista satírica Charlie Hebdo y un supermercado judío, que dejaron 17 muertos.

El 11 de marzo de 2004 España ya fue blanco de un ataque yihadista que dejó 191 muertos y más de 1.500 heridos al estallar varias bombas en los trenes de Madrid.

Desde aquellos ataques, las fuerzas de seguridad españolas desmantelaron decenas de células de reclutamiento y detuvieron a presuntos yihadistas que pretendían atentar en España o que captaban combatientes para luchar junto con Al Qaeda o, más recientemente, el Estado Islámico (EI), según datos del Ministerio del Interior español.

TELAM

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19 de agosto de 2018 | 22:12
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