Nuevo debate por la falta de política de seguridad en Mendoza

Referente del sector civil salieron a responder las declaraciones dadas por el ministro Alfredo Cornejo luego de las manifestaciones vecinales por el homicidio de un repartidor en Guaymallén.

En Mendoza no se realiza una encuesta de victimización desde hace siete años. El dato no es menor si se tiene en cuenta el debate que se abrió en las últimas horas entre referentes civiles especialistas en seguridad y Alfredo Cornejo, responsable de la cartera que, junto con el MInisterio de Desarrollo Social, aparecen como el punto más débil y polémico de la gestión de Julio Cobos.
El homicidio de un repartidor en Guaymallén ocurrido el miércoles por la noches y el brutal asalto y abuso a una mujer en el barrio Parque Norte, de Las Heras, puso nuevamente en estado de ebullición a las organizaciones vecinales que salieron a la calle para reclamar seguridad y a cuestionar a los funcionarios de turno.
De acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales, la encuesta de victimización es la piedra fundamental para comenzar a redactar políticas criminales. “Es necesario decir ‘criminal’ en vez de ‘política de seguridad`, por estamos antes un problema complejo que afecta diferentes factores sociales”, sostuvo Mariano Ciafardini, director nacional de Política Criminal.
Este tipo de estudio brinda la posibilidad de cuantificar la denominada “sensación de inseguridad”, hacer comparaciones con cifras de ciudades similares a Mendoza, sacar conclusiones sobre los tipos de delitos que se registran en nuestra provincia y estudiar las diferentes alternativas que se pueden aplicar para trabajar en corto, mediano y largo plazo.
Cornejo, por su parte, enfrentó la situación con una serie de preguntas y respuestas que le sirvieron para graficar la situación actual, justificar su actuación a cargo de Seguridad y mostrar mayor cintura política que sus antecesores (ver nota relacionada): “¿Se va a solucionar integralmente?  No.  ¿Se va a mitigar el problema?  Con mayor inversión en tecnología y mayor capacitación del personal policial”.
El ministro reiteró el postulado que pronunció en abril, cuando anunció la detención de los sospechosos de haber asesinado a Laura Abonassar: “Esto no se soluciona sólo con más policías, sino con políticas de inclusión”.
Sin embargo, actualmente en Mendoza no existe ningún plan que contemple acciones coordinadas entre diferentes áreas gubernamentales. Entre el Ministerio de Seguridad, la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Desarrollo Social, que son los actores principales en esta historia, no existen ningún punto de contacto, salvo, en ocasiones especiales como los robos en los colegios. Las medidas tomadas durante el gobierno de Cobos respondieron a cuestiones espasmódicas: ante cada homicidio que generó conmoción en la opinión pública, la respuesta inmediata fue el cambio de ministro de Seguridad y la improvisación de mega operativos policiales, que respondieron más a recursos de marketing para mejor la imagen de la fuerza que a una planificación estratégica, aprehensiones por averiguación de antecedentes a personas consideras sospechosas sólo por su aspecto, y la inmediata detención y falsa acusación de crímenes a sujetos que luego fueron sobreseídos por la Justicia.
Por su parte, Alberto Montbrun, referente en tema de seguridad, acusó de corrupción a los funcionarios que “asumen un cargo sin estar capacitado. No es robar ni otra cosa. A partir de allí aparecen las fallas en la situación de compromiso de nuestro sistema de seguridad. Hay responsabilidades políticas muy claras”.

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25 de mayo de 2018 | 14:07
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