Defensa exige juicio público para opositor López

La defensa exigió que las audiencias del caso sean públicas, tras denunciar que se prohibió el ingreso de periodistas y observadores internacionales.

La defensa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, encausado por instigar las protestas contra el gobierno que estallaron hace un año, exigió hoy que las audiencias del caso sean públicas, tras denunciar que se prohibió el ingreso de periodistas y observadores internacionales.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, del equipo defensor de López, afirmó que si el juicio no es público podría pedir su anulación.

Agregó que aún espera el pronunciamiento de un tribunal de apelaciones respecto a la recomendación del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que planteó la liberación de López, y que ha sido rechazada por la jueza a cargo.

En la audiencia de hoy estaba previsto que 13 agentes de la policía judicial y de la Guardia Nacional (policía militarizada) declararan sobre el juicio, pero sólo se presentaron cinco.

Gutiérrez dijo que la encargada del tribunal 28 de juicio, la jueza Susana Barreiros, prohibió el viernes pasado el ingreso de periodistas y observadores internacionales a la sala.

"Este es un juicio que debe ser público y no lo es porque hay impedimento de acceso a la prensa, a personas que ejercen la política, al padre de Leopoldo y ahora a observadores internacionales", declaró.

Agregó que desde el comienzo del juicio fue autorizado el ingreso de observadores y "gracias a ellos no ocurrieron más violaciones de derechos humanos contra de López".

"Estas personas son diplomáticos y tienen inmunidad en relación a su oficio. Esto lo único que demuestra es que el carácter público, que es un elemento esencial de todo juicio, no se está cumpliendo", señaló.

Afirmó que de no autorizarse el ingreso de la prensa, observadores y familiares de López "estamos ante un juicio totalmente inconstitucional".

Agregó que el juicio continuará el miércoles.

López intenta hacer valer en el tribunal de apelaciones la recomendación del comité de trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, que aconsejó su liberación, ante la falta de pruebas.

El gobierno lo responsabiliza de promover las protestas entre febrero y mayo pasados, que dejaron 43 muertos y cientos de heridos.

López enfrenta varios cargos por supuestamente instigar las protestas contra el gobierno. Los cargos prevén una pena de hasta 10 años de cárcel.

El dirigente impulsó la "salida", una exhortación pública a protestar en las calles contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno lo acusó después que una marcha opositora hasta la Fiscalía General el 12 de febrero derivó en violencia, que ese día dejó tres muertos.

López se entregó a las autoridades cuatro días después y desde entonces está encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, en la ciudad vecina de Los Teques.


Fuente: Dpa.

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25 de mayo de 2018 | 02:28
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