Venezuela: Ministro defiende normas sobre uso de armas en protestas

Vladimir Padrino, avaló una polémica resolución que autoriza a los militares a usar fuerza "potencialmente mortal" en manifestaciones públicas.

 El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, avaló una polémica resolución que autoriza a los militares a usar fuerza "potencialmente mortal" en manifestaciones públicas.

Padrino señaló que los críticos de la medida, la mayoría grupos defensores de derechos humanos y opositores, están "descontextualizando" la esencia de las normas que regulan la actuación de la Fuerza Armada en el control de orden público.

Agregó que la resolución fue consultada con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General, pues tiene que ver con "la actuación de la Fuerza Armada en materia de orden interno y específicamente en orden público".

"Dados los hechos de violencia que se registraron a principios del año pasado y viendo al pasado, me dije que hay que revisar de una vez por todas y escribir sobre el papel de la Fuerza Armada", dijo en una presentación pública.

Agregó que algunos se han dedicado "a descontextualizar ese documento hermosísimo, de profundo respeto a los derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso".

"Esto es parte de una ofensiva que ha tratado de poner en zozobra al pueblo de Venezuela. Rechazamos eso, Venezuela tiene una Constitución de lujo, que dibuja un país decente y que obliga a sus hombres y mujeres a ser decentes", aseveró.

"Hay que leer bien el contenido de la resolución. Creo que la están descontextualizando, están extrayendo con pinzas expresiones. Todo lo que está ahí está ajustado a derecho", añadió.

Padrino dijo que con las normas se está haciendo una "doctrina" en relación a las Fuerzas Armadas y las protestas y recalcó que las manifestaciones del año pasado contra el gobierno no fueron pacíficas.

"Entendemos y sabemos por la Constitución qué es una protesta pacífica y sin armas. Pero no fue precisamente lo que ocurrió en febrero del año pasado. Pacífica y sin armas no fue lo que ocurrió, por eso es que tenemos que regular todo esto, tanto la actuación de la Fuerza Armada, específicamente de la Guardia Nacional (policía militarizada), que tiene la misión de cooperar en el mantenimiento del orden interno", aseveró.

Entre febrero y mayo del año pasado estallaron protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos, más de 800 heridos y cientos de detenidos.

Padrino dijo que también la resolución se hizo pensando en la actuación de los militares en los desórdenes y saqueos de febrero de 1989, los sucesos conocidos como el "Caracazo", cuando se decretó un Estado de sitio que dejó cientos de muertos.

"Es una deuda que tiene el Estado venezolano desde el 27 y 28 de febrero de 1989, cuando la Fuerza Armada salió a masacrar a un pueblo por la irresponsabilidad de la dirigencia política. Aquí estamos colocando todo en orden, haciendo una doctrina apegada a los derechos humanos y a la Constitución", aseveró.

Padrino dijo que algunos medios de prensa se han encargado de "descontextualizar" la resolución, publicada esta semana en la Gaceta Oficial, él órgano de decisiones gubernamentales.

"Al descontextualizar, ponen en relieve lo que está por completo fuera del espíritu de toda la estructura del documento", aseveró. "Esta es parte de una ofensiva que trata de crear zozobra en el pueblo de Venezuela", dijo.

Padrino admitió que el país está enfrentando problemas, por el desabastecimiento de los mercados, la alta inflación y la caída de los precios petroleros, pero llamó al país a "crecerse en las dificultades".

La oposición dijo que las normas son inconstitucionales y advirtió que intentan suspender el "derecho a la vida".

Asimismo, la organización no gubernamental Provea, defensora de los derechos humanos, dijo que la medida viola la Constitución y "abre las puertas a violaciones masiva de derechos humanos".

La resolución establece un nuevo modelo de control del orden público, define la actuación de la Fuerza Armada en manifestaciones y el uso de armas de fuego.

El documento destaca la actuación de los militares en el desarrollo de la democracia e insta a proteger los derechos humanos y garantías personales. También señala como lineamiento la protección de la vida de las personas y que el uso de la fuerza en manifestaciones será progresivo y diferenciado, respecto al nivel de amenaza.

Según el documento, los militares utilizarán primero la disuasión y en su reacción graduarán la fuerza a aplicar, desde la presencia de los funcionarios en la calle hasta el uso de arma de fuego.

Establece que, de existir un riesgo mortal, los agentes aplicarán el método de uso de la fuerza potencialmente mortal, con armas de fuego o con otra arma potencialmente mortal.

El gobierno bolivariano había sostenido la tesis de que el control de orden público corresponde a la policía y que las fuerzas militares sólo intervendrán en manifestaciones cuando aquella sea superada.

DPA

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16 de agosto de 2018 | 11:12
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