Vila podría zafar de pagar una multa millonaria a cambio de la promesa de inversión

La empresa Ketsal debe pagar una multa de casi 4 millones de pesos. Pero pidió no pagarla a cambio de invertir en exploración de otras áreas petroleras que en realidad ya opera YPF. La decisión está en manos del gobernador Francisco Pérez. El otro empresario K Cristóbal López está en una situación similar.

El grupo Vila Manzano está a punto de concretar otra hábil maniobra con Ketsal, una de sus empresas petroleras. Por la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas en una licitación de la que resultaron beneficiados, ese grupo debía pagar 860 mil dólares de multa, es decir casi 4 millones de pesos. Pero luego de intentar frenar la sanción por todos los medios, ahora ofrecieron un curioso trueque: no pagar y, en cambio, prometer inversiones para explorar las otras áreas petroleras de las que son titulares. Lo más curioso es que en realidad esa empresa ya no es operadora de las áreas petroleras y la responsabilidad de invertir recaería sobre la ahora estatal YPF.

La maniobra se da en el momento en que el fiscal de Estado de Chubut, donde el grupo económico también tiene concesiones petroleras, concretó una denuncia penal al encontrar resoluciones gubernamentales "mellizas" para favorecer el interés privados. Concretamente el funcionario extra poder denunció que el Gobierno chubutense condonó el pago de los derechos de exploración a una empresa perteneciente a los mismos empresarios.

Ahora bien, en el caso de Mendoza no se observa un ilícito pero sí de una movida donde el tándem de empresarios saldrá ganando. De todos modos la decisión política de aceptar o no el perdón a la deuda de Vila está en las manos del gobernador Francisco Pérez y el ministro Rolando Baldasso. En una situación similar está otro empresario con fuerte llegada al Gobierno nacional. Se trata de Cristóbal López, titular de Oil, empresa que también debe pagar 700 mil dólares.

El plan canje

La historia comienza en 2007, cuando se realizó el llamado a licitación de áreas revertidas. Ese proceso estuvo plagado de situaciones extrañas: aunque había un límite para adjudicar hasta 5 áreas a un mismo grupo empresario, Celso Jaque autorizó la adjudicación de siete áreas a la UTE Ketsal-Kilwer, del grupo Vila - Manzano. Fue el primer paso fuerte de esos empresarios en el mundo petrolero mendocino con una lógica inmobiliaria: nunca invirtieron un centavo en trabajos de campo, pero lograron grandes negocios en sociedad con otras petroleras, principalmente YPF.

En esa licitación, Ketsal también había quedado en primer lugar para quedarse con el área Río Atuel gracias a sus promesas de enormes inversiones: en ese caso se comprometió a invertir 17.262,4 unidades de trabajo (a un valor de U$S 5.000 cada una). Es decir dijo que invertiría U$S 86.312.000 para explorar. Pero la empresa decidió retirar su oferta. Para quien haga eso, se estipula una penalidad económica del 1% de la oferta que había realizado, como garantía. La multa a pagar era de U$S 863.120.

A través del Decreto 1174 el Gobierno aceptó el desistimiento y ordenó el pago de la garantía de mantenimiento de oferta. Los empresarios recurrieron administrativamente la sanción y el Gobierno rechazó la queja a través de otro decreto, el 2467. Fueron a la Corte y también perdieron. Intentaron con la Corte nacional y no hubo caso. Entonces ahora la apuesta es conseguir la venia política para no pagar.

Luego de que todas las instancias administrativas y judiciales les resultaran en contra, Vila se presentó con dos opciones para pagar, según explicaron en Fiscalía de Estado. Una con un seguro de caución para ejecutar la deuda. Pero allí apareció el plan “B” que avanzó: no pagar y en cambio “reinvertir” ese dinero en trabajos de prospección y exploración en alguna de las áreas petroleras que el Estado mendocino les otorgó. La propuesta fue recibida, pasó varios filtros y está a la firma del gobernador Francisco Pérez para ser autorizada.

 

Según explicaron desde Fiscalía de Estado, mientras tanto el expediente para ejecutar el cobro está frenado, a la espera de la decisión política. Antes, se presentaron algunos estudios sobre qué tipo de trabajos se podrían realizar.

De concretarse la operación propuesta, la inversión podría recaer sobre el mismo Estado o, mejor dicho, sobre la empresa estatal YPF. Es que Ketsal se asoció con YPF para que sea quien opere las áreas que ganó y es la empresa que lleva adelante las inversiones. “Nunca pusieron un centavo”, dijo un funcionario conocedor del tema. A nivel técnico, explican, lo máximo que se puede exigir en caso de avanzar con esa propuesta es que la empresa presente un plan puntual de inversiones y hacer un seguimiento de su cumplimiento.



En el medio hay otro tema clave: Vila y Manzano participan de la tercera ronda de licitaciones en sociedad con YPF y, por lo tanto, tienen grandes posibilidades de seguir creciendo en el negocio inmobiliario – petrolero de la mano del Estado. El antecedente con Ketsal es netamente negativo: la empresa ganó 7 áreas pero nunca concretó inversiones. Pero en la nueva licitación se presentan con otra empresa: Andes Energía. 

Para el negocio petrolero 860 mil dólares no es una cifra que pueda cambiar el rumbo de alguna inversión. Pero esos casi cuatro millones de pesos podrían servir, por ejemplo, para construir una escuela.

En la licitación que generó el conflicto quien quedó segunda en la calificación fue la empresa Oil. Pero también desistió, por lo que se hizo exigible el pago de la garantía de mantenimiento de la oferta. En ese caso el monto a reclamar es de alrededor de 700 mil dólares. Para Paco Pérez es otro dolor de cabeza, pues se trata de la petrolera presidida por Cristóbal López, uno de los empresarios del círculo íntimo del kirchnerismo.
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18 de junio de 2018 | 19:02
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