La mediación judicial terminó con el conflicto en Vale

Luego de más de 20 días de conflicto en la minera Vale, ayer al mediodía se resolvió definitivamente. La mediación penal es el mecanismo que permitió llegar a este fin, sin violencia.

A partir de ahora se destraba definitivamente el conflicto por lo que la empresa comenzará a dar el alta a aquellos ciento cincuenta trabajadores que hacía referencia el convenio que firmaron el tres de Octubre.

Cuando los primeros días de Octubre los manifestantes que estaban apostados en Vale, tomaron conocimiento del contenido del acuerdo que habían firmado el gobierno, UOCRA y la empresa, se produjo un efecto inverso al esperado. El conflicto recrudeció, las posturas de un lado y otro se tornaron rígidas y comenzó una etapa más dura, (una de las acciones de los que reclamaban, fue la expulsión de los delegados) en la que intervino la Justicia.

Los hombres que reclamaban estaban divididos por los intereses que los motivaban, unos pedían ser incorporados, otros reincorporados (habían sido despedidos tiempo atrás y pedían volver); otros que cambien el régimen de trabajo (catorce días en la mina y siete de descanso) y algunos aumento salarial.

Unos se apostaron dentro del campamento en forma permanente y otros alternaban la vigilia con el trabajo. Había denuncias de que portaban armas y que tenían logística. Días atrás a un grupo que viajaba desde el Norte hacía la mina, le secuestraron armas (revolver 38), cadenas y fierros. 

En esta instancia intervino -luego que Vale y las contratistas  denunciaran a quienes permanecían dentro del campamento más importante- la fiscal María Eugenia Laigle, quien ordenó la intervención de la oficina de mediación penal.

El viernes de la semana pasada al mediodía, la mediadora, doctora Ana María Spagnolo, comenzó a realizar el trabajo que le demandó siete días de máximo esfuerzo.

Entrevistó a los manifestantes que aún permanecían en el interior de la mina, (24 o 25), a funcionarios de Malargüe, de la provincia, a dirigentes de la UOCRA y hasta a concejales.
Luego de esto y de poner en conocimiento de las partes que “esta era una excelente oportunidad de solución del conflicto porque no sigue el proceso penal” logró que “voluntariamente aceptaran salir” y dieciocho bajaron a Malargüe, luego dos, y hoy los cuatro restantes (que fueron trasladados al hospital público para estabilizarlos ya que los días de tensión habían deteriorado su estado de salud); ellos firmarán la documentación el lunes.

Del proceso han participado otros actores, el diputado José Muñoz que preside la comisión de derechos y garantías que también solicitó este procedimiento, y dos concejales, Patricia Cceconato y Paola Paleico que pidieron ver en qué estado se encontraban los trabajadores.

Spagnolo explica que a partir del mediodía del ayer cesó el delito, que quienes estaban reclamndo “con la solución del conflicto no tendrán persecución penal” y que los trabajadores deberán encarar sus reclamos por la vía gremial.
Valora la decisión que adoptó la fiscal Laigle que “siempre adopta esa vía” y también la del diputado Muñoz.

También explica que si no se resolvía la toma, el convenio tenía una cláusula por la cual quedaba sin efecto.

Los trabajadores fueron denunciados por la empresa y contatistas por distintos delitos, tipificados en el código penal: artículos 181, inciso 3, (turbar la posesión o tenencia de inmueble, el más grave de todos); 141, privación de la libertad; 158 (obrero que ejerce violencia sobre otro para compeler o tomar parte de una huelga).

Opiniones (0)
22 de junio de 2018 | 17:42
1
ERROR
22 de junio de 2018 | 17:42
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"