Podrían quedar libres 1.500 menores detenidos en todo el país

Menores acusados de distintos delitos, que van desde hurtos y robos hasta homicidios, podrían quedar en libertad si prospera un recurso de habeas corpus presentado por una entidad privada para que sean restituidos a sus familias de origen.

Unos 1.500 menores acusados de distintos delitos que van desde hurtos y robos hasta homicidios, podrían quedar en libertad si prospera un recurso de habeas corpus presentado por una entidad privada para que sean restituidos a sus familias de origen.

La resolución sobre el recurso está en manos de la sala III de la Cámara de Casación Penal, hasta donde llegó la causa luego de sucesivos pronunciamientos en contra de la concesión del habeas corpus producidos en primera y segunda instancia, según informa en su edición de hoy el Diario Popular.

La acción fue promovida por la Fundación Sur por entender que los menores de 16 años (unos 1.500 según datos extraoficiales),alojados en institutos especiales, están privados ilegalmente de su libertad.

"Los menores de 16 años no pueden ser perseguidos penalmente ni cumplir penas, por ser inimputables de delitos. Por eso pensamos que deben ser liberados", explicó a este diario Laura Rodríguez, de la Fundación Sur.

La especialista consideró que la libertad de los menores debe ser concedida dentro de un régimen especial de hogar abierto en el que la familia del menor cumpla el papel de resocialización del menor que no realizan los institutos donde se encuentran internados.

"Esas instituciones no cumplen las funciones para las que fueron creados y deben considerarse centros de detención como los de los adultos, lo que constituye una violación de los derechos de los menores. Corresponde sobreseerlos por no ser punibles", destacó Rodríguez.

La especialista, que evaluó en 1.500 el número de menores detenidos en estas condiciones en todo el país, señaló que por lo general están acusados de delitos leves como hurtos y robos y que son muy pocos a los que se les imputan delitos graves.

Rodríguez explicó que no hay datos precisos sobre la cantidad de menores alojados en estos centros de detención, pero que en el San Martín de Capital Federal (el otro es el Agote) hay 50 internados, uno de los cuales está acusado de homicidio.

Para analizar las consecuencias de la liberación de los menores detenidos, la sala III de Casación (integrada por los jueces Guillermo Tragant, Eduardo Riggi y Angela Ledesma) convocó a una mesa de diálogo que se reunió el martes pasado.

Fueron invitados la Fundación Sur, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados, la Defensoría General de la Nación, la Defensora Pública Oficial y el Fiscal General de la Cámara de Casación.

El hábeas corpus fue presentado en septiembre de 2006 por la Fundación Sur Argentina, junto a otras de derechos humanos, a favor de todas las personas menores de dieciséis años, privadas de su libertad en virtud de resoluciones judiciales "tutelares".

Se solicitó que se declare la ilegitimidad de las privaciones de libertad denunciadas y se requirió que se inste al Poder Ejecutivo para que incorpore a cada una de las personas liberadas al sistema de protección integral de derechos de la ley 26.061.

La jueza a cargo del Juzgado Nacional de Menores Nº 5 resolvió rechazar la acción, decisión que fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por lo que se resolvió recurrir a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Al ser consultada sobre la medida judicial que estaría a punto de ser tomada (en menos de 20 días el tribunal debe expedirse sobre la procedencia del habeas corpus), la ex jueza de menores Irma Lima consideró que "está bien inspirada, pero puede provocar un desastre".

Lima explicó que los menores de 16 años no son punibles y por lo tanto no se los puede condenar, por lo que si cometen un delito se los debe asistir dentro de uno de los programa de resocialización que fueron creados por la ley 26.061.

"En la provincia de Buenos Aires esos programas no están funcionando todavía", dijo la ex jueza, que consideró que "restituir esos menores a sus familias es positivo si la familia está en condiciones de recibirlos".

"Pero por lo general ocurre que esas familias no supieron contener a esos niños. Entonces hay que trabajar con ellas para crear las condiciones de una reinserción positiva. ¿Y mientras tanto qué...?, se preguntó.
Opiniones (1)
18 de febrero de 2018 | 22:24
2
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18 de febrero de 2018 | 22:24
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  1. Son menores para ser juzgados pero no para robar o asesinar. Deben ser tratados conforme a los delitos cometidos. La delincuncia será aun mas alta ya que estos "chicos" no estan corregidos
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