Sistema jubilatorio requiere nuevos financiamientos

Una gran cantidad de personas sufren la injusticia de cobrar una jubilación que no se condice con el esfuerzo de aportes realizado durante su vida activa. Esto deriva en litigiosidad y en marginalidad social. A lo largo del tiempo, y siempre con el argumento de aportar paliativos a una situación de visible injusticia, se derivaron a favor de la Anses parte de la recaudación del IVA, 15% de la coparticipación bruta, parte de los impuestos a las Ganancias, Internos, a los combustibles y el monotributo.

Se trata de una profunda alteración al régimen de coparticipación tributaria; sustento básico del régimen federal. El caso más paradigmático se dio con la asignación del 15% de la coparticipación.

Originalmente esta medida fue adoptada como un esfuerzo solidario a cargo de las provincias para cubrir el desfinanciamiento transitorio que generó a la Anses la derivación de los aportes personales al régimen de capitalización.

Pero cuando en 2008 se elimina el régimen de capitalización no sólo que los fondos apropiados no fueron devueltos a las provincias, sino que a futuro se mantuvo la derivación del 15% de la masa coparticipable.

El caso de Córdoba resulta muy ilustrativo

Durante el 2011 la provincia mediterránea dejó de percibir, por derivaciones de tributos a favor de la Anses, aproximadamente $4.000 millones. ¿Cuánto de esos fondos fueron efectivamente utilizados para pagar las jubilaciones de los adultos mayores que viven en Córdoba? Apenas unos $1.500 millones.

Esto incluye las transferencias nacionales a favor de la caja provincial, más la parte de las jubilaciones que pagó la Anses en Córdoba que fue financiada con impuestos (es decir, la diferencia entre las erogaciones que demandó pagar los haberes a los jubilados nacionales que viven en Córdoba menos los aportes y contribuciones que generaron los trabajadores activos afiliados a la Anses que viven en Córdoba).

La diferencia -unos $2.500 millones- son impuestos que, de acuerdo al régimen de coparticipación deberían haber ingresado a la Provincia pero que, por el imperio de estas leyes especiales, fueron derivados a la Anses.

Lo cierto es que la Anses no los usó para mejorar las jubilaciones y pensiones -como lo prueban los magros haberes que paga a la mayoría de los beneficiarios- sino para otras finalidades, particularmente cubrir los desequilibrios del Tesoro Nacional.

Una quita de unos $2.500 millones tiene enormes impactos sobre las finanzas provinciales. Por ejemplo, si durante el año pasado la Provincia hubiera contado con esos recursos, se podría haber construido íntegramente la autovía Córdoba-Río Cuarto y la mayor parte de la que vincula Córdoba con San Francisco.

No se trata de cuestiones secundarias sino de obras de infraestructura cuya rentabilidad social y económica es muy obvia.

Usar las necesidades de los adultos mayores resulta un argumento muy convincente para justificar la apropiación de fondos que constitucionalmente pertenecen a las provincias. Sin embargo, es fácil demostrar que gran parte de estos fondos están siendo derivados a otras finalidades.

El resultado es que en las provincias se sufre un doble efecto negativo. Por un lado, una gran cantidad de jubilados condenados a la pobreza. Por el otro, la sistemática postergación de inversiones de fundamental importancia para el desarrollo regional.

Fuente: infobae.com
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21 de agosto de 2018 | 07:52
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