Cómo se licuó la deuda de Vila, con el aval de De Rosas y un gobernador

Por dos créditos los propietarios de Dalvian debían más de 6 millones de dólares. Pero la deuda se redujo a 1,7 millones de pesos. Antes de la compensación, el Fiscal de Estado y el Gobernador de turno ordenaron por decreto la suspensión de las medidas judiciales para cobrar la deuda y también levantar los embargos sobre los terrenos de Dalvian y sus propietarios. por Pablo Icardi

Todo el escenario administrativo para salvar las deudas que Dalvian y la familia Vila tenían con el Estado se preparó durante años. Y se ejecutó de un plumazo una vez que el fiscal de Estado Joaquín De Rosas le puso su firma a un convenio de compensación que ha generado juicios penales y ha dejado al borde de la destitución al Fiscal.

Pero De Rosas no fue el único que tomó alguna decisión para avanzar en ese sentido. Funcionarios de segunda línea, tasadores y hasta un gobernador que suspendió las causas judiciales y los embargos que pesaban sobre Dalvian, avalaron el acuerdo.

El resultado fue la reducción de una deuda de más de 6 millones de dólares por créditos impagos a 1,7 millones de pesos, que fue saldada con la expropiación sobrevaluada de terrenos incultos en el pedemonte. Incluso, como se sabe, la carga se revirtió y la Dalvian terminó quedando con un saldo a favor de 1,9 millones que fue destinado a los abogados.

Una deuda licuada y embargos suspendidos

La deuda se arrastraba desde principios de la década del '80 por un crédito impago ante el Banco Mendoza, que fue usado para urbanizar el barrio privado Dalvian. En 1997 la deuda era de U$S 3.570.642, a lo que se le sumaba otra deuda arrastrada a nombre de Estornell SA (la firma sanjuanina dueña de canal 7 que Vila compró y que tenía créditos impagos con los bancos de Mendoza). El Ente que administraba los pasivos de los ex bancos oficiales le otorgó beneficios por acogerse a un plan de pago y esa deuda se redujo un 30%.

El plan de pago era por 120 cuotas con lotes de Dalvian como garantía. La empresa no cumplió con el plan de pago y entró en mora con el EFOR, el ente encargado de administrar los activos de los ex bancos. Por eso se iniciaron una catarata de juicios civiles para ejecutar las garantías. La empresa Asset Recovery Trust(ART), que tenía a su cargo la gestión de cobranza de los créditos ejecutó las garantías y pidió el embargo de los terrenos de Dalvian y de los garantes: la familia Vila por completo.

Pero los salvaron y a través de una orden de alto nivel. El entonces gobernador Roberto Iglesias ordenó a través del Decreto 1241, de septiembre del 2002, suspender las acciones judiciales iniciadas por Asset Recovery Trust para cobrar la deuda de Dalvian y también se dispuso “el levantamiento de las medidas precautorias y/o embargos trabados en los juicios iniciados”. Iglesias argumentó que había “presuntas irregularidades las que con sus efectos ocasionarían daños y perjuicios irreparables en el patrimonio de la empresa y en el del Estado Provincial” por los procesos iniciados. El Decreto considera grave el hecho de haber inhibido a los empresarios porque según aseguraban habían comenzado a saldar sus deudas.

El Decreto del 2002 ordena no seguir con las medidas
para cobrar y salvó a la familia Vila de los embargos.

Pero había otro trasfondo. Para ese fecha el Fiscal de Estado subrrogante ya había iniciado el proceso de compensación de las deudas, es decir el canje entre lo que el Estado debía pagarle a Vila la expropiación de Divisadero por la deuda que esos empresarios tenían por el crédito impago. Ese proceso se inició a pesar de que en esa fecha no se sabía cuál era el valor de los terrenos en cuestión. Una de las consecuencias del perdón del cobro compulsivo fue que Asset Recovery Trust presentó varias demandas contra el Estado en las que reclama el pago de las comisiones que le hubieran correspondido si se seguía con el proceso.

El propio Decreto de Iglesias aclara que actúa bajo el amparo de Fiscalía de Estado, que había recomendado el canje. Ese trámite se inició en el 2001. Pero el camino no fue sencillo. En primera instancia desde el Efor se negaron rotundamente a realizar esa compensación por considerarlo improcedente. Pero fue De Rosas quien los obligó a aceptarlo.

“No es factible hacer lugar a su presentación de compensación por expropiación de terrenos, por lo tanto esta Comisión se encuentra obligada a rechazar su petición”, respondieron desde el EFOR al pedido de Dalvian en junio del 2001, y le recomiendan “el pago en dinero de la suma que resultara de la aplicación del régimen” y le dan como alternativa presentarse ante el empresa de cobranza (Asset Recovery Trust y CERECRED). Pero además lo intimaron a que si no cumplía en 10 días con alguno de los dos trámites, se procedería al reclamo del total de la deuda, es decir sin la quita del 30 por ciento.

Pero De Rosas actuó rápido e intimó a que en 48 horas al EFOR acate la orden y proceda a realizar el trámite para eliminar el proceso de ejecución de las deudas, a pesar de que no había marco de referencia. El Fiscal había aceptado ese mecanismo a través de una resolución dictada en marzo. "Procédase a iniciar la acción judicial por expropiación...Hágase saber a los presentantes y al EFOR que deberán concluir y fijar un monto con relación a la deuda que los presentantes mantienen con el citado ente...suma ésta necesaria para ser compensada", dice De Rosas en su resolución de marzo del 2001.

Como se dijo, hasta ese momento se sabía cuánto debía Dalvian, pero no cuánto salían los terrenos. Y el convenio se firma recién el 19 de diciembre del 2007, con la sentencia de expropiación en mano (avalada también por De Rosas) y allí vuelve a cambiar el monto de la deuda, que ya había sido pesificada y licuada. Así, el proceso abarcó y logró el aval judicial y político de varios gobiernos y de distintos partidos políticos, pero tuvo su epicentro entre el año 2001 y el 2007.

Las actuaciones administrativas y políticas en estos casos generaron dos compulsas penales para que se investigue si hubo irregularidades en la tasación, en el canje, el proceso de compensación y qué pasó con la deuda de Estornell SA. Una de las compulsas vino de parte de la justicia civil y otra de la Suprema Corte. Pero aún no hay consecuencias penales para nadie. Sí hubo una repercusión política: Joaquín de Rosas fue suspendido y será sometido a debate oral y público, donde puede decidirse su expulsión del cargo.

Fuente: MDZ

Opiniones (4)
27 de mayo de 2018 | 15:17
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27 de mayo de 2018 | 15:17
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  1. Al poder judicial hay que mandarlo a la carcel completito, es el principal causante de todos los males argentinos
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  2. ALGUIEN ME PUEDE INFORMAR DONDE VIVE EL EX-GOBERNADOR IGLESIAS?????
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  3. viej otema este, que ha ocupado bastante tinta......... De Rosas es deleznable, pero nadie quiere acusar para arriba.... son demasiados los implicados.....y debajo, está Mendoza
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  4. Para mandar a Almafuerte a semejante delincuente?????? Estos personajes son los que realmente le hacen más daño a la sociedad que el ratero común y de todos los días.
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