Descartan que se impulse una pesificación

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, negó ayer que el Poder Ejecutivo haya introducido una pesificación encubierta en el proyecto de ley que unifica los códigos Civil y Comercial, al permitir la cancelación en pesos de los contratos pactados en moneda extranjera. "Esto no tiene nada que ver con la pesificación", afirmó Lorenzetti, quien desarmó así el principal cuestionamiento de la UCR al proyecto remitido por la Casa Rosada.

El juez de la Corte expuso ante la comisión bicameral que analiza la iniciativa junto al resto del grupo redactor del anteproyecto: su colega del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci.

A la hora de las preguntas fue Lorenzetti quien respondió los cuestionamientos de la UCR, en particular a los cambios introducidos en materia de responsabilidad civil del Estado y de las relaciones contractuales en moneda extranjera.

Sobre este punto, el magistrado aseguró que la visión del Gobierno "no es una cuestión censurable", ya que se trata de "modelos legislativos que hay que analizar".

En ese sentido, definió la postura del Poder Ejecutivo como "una incitación clara a contratar en moneda nacional", y aclaró que el proyecto "no prohíbe la contratación en moneda extranjera y, si se contrata, el deudor tiene la opción de pagar en moneda nacional". Como contrapartida, destacó que se mantuvo el artículo que respeta la moneda en la que se realicen los depósitos bancarios. "Hemos puesto esta norma porque es cara a los argentinos y porque es una manera de dar confianza y seguridad jurídica al sistema financiero", explicó.

En una exposición de más de cinco horas, los juristas realizaron un recuento de las innovaciones introducidas en el anteproyecto. "Si se aprueba, vamos a tener un código modelo, que va a ser citado en todo el mundo", aseguró Lorenzetti.

Highton de Nolasco remarcó que "se han incorporado 15 nuevos derechos reales", tras lo cual explicó las novedades en materia de derecho para los pueblos aborígenes, rechazadas por los senadores Gerardo Morales (UCR) y Sonia Escudero (PJ), y de propiedad horizontal.

Kemelmajer abundó sobre los derechos de familia, entre los que destacó la protección de la vivienda de las personas solas y la eliminación del deber de fidelidad en el matrimonio como forma de "pacificar los divorcios". También aclaró que el proyecto no aborda el aborto porque es una cuestión penal y dijo que la fertilización asistida debe ser motivo de "una legislación especial"..

Fuente: lanacion.com.ar
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26 de mayo de 2018 | 19:17
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