Ganancias: en otra sentencia clave, la Corte Suprema permitió que una empresa pueda utilizar el ajuste por inflación

En medio del debate que genera el impuesto, un nuevo fallo suma un "granito de arena" más al debate entre compañías y el Gobierno, ya que el máximo tribunal permitió que una firma use este mecanismo para reducir el pago del tributo. ¿Cuáles fueron los argumentos? Claves del caso.

Es sabido: la inflación es un mal que no sólo afecta al bolsillo del ciudadano común, sino que también interviene en las finanzas de las compañías.
 
Esto es así dado que, a pesar de que existe un aumento de precios considerable, las empresas tienen vedada la posibilidad de utilizar el mecanismo de ajuste desde la Ley de Convertibilidad.

En aquella oportunidad, debido a la paridad cambiaria con el dólar, era innecesario "acomodar" las valuaciones de los activos y pasivos, ya que no existía proceso inflacionario alguno.

Sin embargo, con el fin del modelo pergeñado por Domingo Cavallo, la ley que le dio vida fue derogada sólo en partes. Esto es lo que genera que, pese a dejar de existir hace más de diez años, el efecto de ese proceso siga repercutiendo negativamente en la actualidad.

Ante esto, algunas firmas que se ven perjudicadas año a año con el pago de Ganancias sobre utilidades ficticias encontraron un aliado: la Corte Suprema de Justicia, que sigue sumando causas donde permite el uso del ajuste por inflación para evitar la confiscatoriedad del gravamen.

En este caso, un reciente fallo del máximo tribunal avaló el uso del método de indexación a un banco para evitar que pagara Ganancias de más. Así, se suma un nuevo "granito de arena" en la puja que existe entre los contribuyentes y el Gobierno.

Los especialistas consultados por iProfesional.com destacaron que la decisión es acertada, debido a que la entidad financiera involucrada pudo demostrar fehacientemente que existió una confiscatoriedad al momento de pagar el gravamen.

Además, hicieron un fuerte énfasis en la necesidad de que se realice una modificación importante en la normativa actual para que las compañías puedan utilizar el ajuste por inflación, en base al proceso de aumento de precios que está vigente hoy en día.

Por otra parte, explicaron que el caso hace lugar a otro tema que también es importante, como lo es la impugnación de las pruebas.

Las claves del caso
Todo comenzó cuando la AFIP no aceptó que el Banco Bradesco Argentina SA utilizara el ajuste por inflación en una de sus declaraciones juradas de Ganancias.

En una estricta aceptación del texto de la ley, desde el organismo de recaudación no consideraron las aclaraciones que antepusieron desde la entidad, respecto de que el gravamen se había convertido en confiscatorio.

En efecto, tal como consta en el fallo de la causa, desde el fisco se rechazó el pedido de la sociedad de utilizar el mecanismo de ajuste debido a que estaba "plenamente vigente la normativa que mantiene la no aplicabilidad del procedimiento".

Sin embargo, ante la insistente negación por parte de la AFIP, el contribuyente se presentó ante la Justicia que, tanto en la primera instancia como en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, avaló su postura.

El organismo a cargo de Ricardo Echegaray se encargó de apelar todas y cada una de las instancias, hasta que la causa llegó a la Corte Suprema.
 
El máximo tribunal, finalmente, confirmó las sentencias anteriores y le permitió al banco ajustar por inflación sus balances del período en cuestión.

Para decidir de esta manera, los altos magistrados resaltaron que "las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las consideraciones y resueltas por el Tribunal en el precedente 'Candy'".

En el mismo, la Corte Suprema tuvo por validado la postura de la compañía que había demostrado que el impuesto abonado había sido confiscatorio. Es decir, que la empresa no sólo había afrontado el pago con las rentas obtenidas, sino que también lo hizo con parte de su propio capital.

En efecto, en aquella ocasión, la firma había argumentado que había hecho frente a una alícuota efectiva del tributo que representaba "el 62% del resultado impositivo ajustado" correspondiente al ejercicio en cuestión, o "el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas durante el ejercicio de ese mismo año".

Asimismo, los jueces remarcaron que los instrumentos acompañados por el banco "llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad".

 Por todo esto, Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolaco y Juan Carlos Maqueda confirmaron la sentencia apelada y le permitieron a Bradesco utilizar el ajuste por inflación para el período fiscal en juego.

Voces
Iván Sasovsky, titular del estudio que lleva su nombre, destacó que "el fallo es un nuevo eslabón más en la conducente cadena de antecedentes jurisprudenciales que 'a gritos' piden por el reconocimiento del efecto inflacionario como mecanismo de neutralización de la distorsión sobre el impuesto a la renta".

Para el especialista, "el mayor aporte de la causa es que se confirma que -ante una contundente demostración de la desproporción causada por el tributo, cuyo efecto atenta contra la capacidad contributiva-, no hay razones para no reconocer el 'efecto distorsivo' de la inflación".

"Resulta más que interesante abordar el tema considerando para cada caso en particular a las distintas aristas que convierten la cuestión en algo dinámico, alejándose de la rigidez buscada en un porcentaje a partir del cual un tributo pasa a ser considerado confiscatorio", explicó el experto.

Asimismo, remarcó que "desde el punto de vista práctico, el fallo deja en evidencia una vez más que para cada caso en particular se deberán evaluar los elementos e indicios propios para comprobar si el gravamen atenta contra la propiedad privada o no, considerando para ello el principio de la capacidad contributiva como límite objetivo".

Y concluyó: "Resulta más que interesante resaltar que lo aquí determinado es concordante con lo expresado anteriormente por la Corte bajo la composición actual y por los distintos tribunales de los demás estratos judiciales, quizás consolidando un reclamo válido de una sociedad ávida de justicia".

En tanto, Gastón Vidal Quera, director del Departamento de Impuestos del Estudio J P O´Farrell Abogados, sostuvo que "la Corte Suprema ratificó la doctrina que estableció en el año 2009 en el conocido fallo Candy en materia de confiscatoriedad y el Impuesto a las Ganancias en particular (...) por la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación previsto en el título VI del citado tributo".
 
"En ese sentido, el alto tribunal recordó la necesidad que para que esta cualidad esté presente debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital; que el límite de la misma no es absoluto sino relativo y variable en el tiempo y que se exige una prueba concluyente a cargo del contribuyente", explicó el especialista.

"En el fallo comentado, la prueba pericial contable, no controvertida por la AFIP, llevó a la Corte a llegar a la conclusión que se demostró la existencia de un supuesto de confiscatoriedad y, por ende, una afectación al derecho de propiedad", destacó.

Y agregó: "Es más, la causa destaca que el fisco nacional rechazó la repetición iniciada en sede administrativa con el argumento de que el ajuste por inflación no se encontraba vigente, pero sin desconocer la existencia de errores de imputación o contables en los elementos presentados".

"En definitiva, la Corte confirmó la repetición iniciada y el hecho de la demostración en el caso concreto", concluyó Vidal Quera.

La impugnación de las pruebas
Por su parte, Juan Pablo Scalone, socio del estudio Enrique Scalone & Asociados, explicó que la causa deja entrever otro aspecto importante: la impugnación de las pruebas.

Al respecto, el especialista sostuvo que "más allá de la cuestión de fondo, que la Corte resuelve remitiéndose a la doctrina del precedente 'Candy', lo trascendente del fallo es que el Tribunal desecha el cuestionamiento a la prueba pericial por basarse en argumentos esgrimidos extemporáneamente".

"Puntualmente, las impugnaciones deben introducirse o bien al momento del dictado de la resolución administrativa o al producirse la prueba en la primera instancia judicial", sostuvo Scalone.

Y concluyó: "En este contexto, los cuestionamientos introducidos recién al interponerse el recurso ordinario fueron considerados el fruto de una reflexión tardía".

En tanto, la abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga destacó que "la finalidad del proceso administrativo de repetición, es darle al organismo la posibilidad de revisar todas aquellas cuestiones que podrían derivar en un pago sin causa y/o en exceso del contribuyente, o en su defecto desvirtuarlas en forma expresa".

"De allí que las normas lo obligan al contribuyente a ofrecer todos aquellos elementos de prueba tendientes a legitimar el pedido de repetición, siendo pues esta la primera oportunidad de control sobre la prueba, los hechos y el derecho invocado que posee la Administración, oportunidad que no puede desconocer, intentando ejercer este derecho en una etapa de revisión", explicó.

 "Resolver lo contrario implicaría cercenar, lisa y llanamente, el derecho de defensa del obligado al consentir la introducción de hechos y circunstancias no previstas en otras instancias, y que el fisco consintió con su accionar omisivo", concluyó Larrañaga.

Candy, el caso más importante
Consultada al respecto por este medio, Felicitas Argüello, abogada a cargo del departamento de derecho tributario del estudio Nicholson & Cano, explicó que uno de los fallos más importantes fue el de "Candy".
 
Esto es así, según la especialista, porque "fijó las pautas generales que deben existir para que pueda considerarse inaplicable (y no necesariamente inconstitucional -conforme la doctrina del fallo 'Dugan Trocello'-) la prohibición para practicar ajuste por inflación en el caso particular: básicamente la prueba de la absorción de una importante porción de la renta o capital, lo cual, constituye 'confiscatoriedad' bajo las normas constitucionales y la doctrina tributaria".
 
"En cualquier caso, respecto del ajuste por inflación, la jurisprudencia existente, por el momento, continúa refiriéndose a los períodos de mayor crisis económica argentina (2002 a 2004). Todavía no se ha planteado la situación respecto de posteriores períodos, en los que puedan existir contradicciones entre los datos oficiales y la inflación real soportada por los contribuyentes", concluyó la experta.

Fuente: iprofesional.com
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23 de junio de 2018 | 22:32
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