Los abogados de Mendoza piden la emergencia judicial por ley

La Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza presentó la semana pasada un proyecto de ley que intenta aliviar la presión por los días de paro de los trabajadores judiciales.

Los abogados están preocupados por la dilación que provocan como efecto colateral los paros de los judiciales. Este sector estatal no ha cerrado la paritaria y por ahora parece que está lejos de lograrlo. Con el gremio dividido en por lo menos dos partes luego que el Ministerio de Trabajo de la Nación reconoció y otorgó la personería gremial a un sector opositor (de las categoría superiores, 1 a la 7) al que conduce Carlos Ordóñez las perspectivas no son alentadoras.

La Corte ya ha manifestado que descontará los días no trabajados a 500 trabajadores de los 4 mil que tiene.
Gustavo Delpozzi presidente del Colegio de abogados no se pregunta cómo es posible que sólo sean 500 cuando en San Rafael, estima que el acatamiento era entre el 80 y 90 por ciento.

El proyecto que ha ingresado a la legislatura provincial establece la declaración del “estado de emergencia judicial” en todo el territorio de la Provincia de Mendoza.
A partir de ella piden la “suspensión a partir del día 18 de mayo de 2012 y por un plazo
de noventa (90) días, la aplicación de las disposiciones contenidas en el Libro I, Título IV,
Capítulo VII, del Código Procesal Civil de Mendoza, a todos los procesos judiciales en trámite y que se iniciaren por ante cualesquier tribunal de la Provincia con independencia de la competencia que por ley se le haya asignado”.


Los abogados están elaborando una acción de amparo para que las guardias mínimas sean garantizadas, lo que serviría para aliviar un tanto la presión.
En los fundamentos del proyecto de ley, la Federación sostiene que “la realidad es que en la actualidad se encuentra afectado severamente el servicio de justicia en todo el territorio de la provincia” y que “las medidas de acción directa han menoscabado en forma sustancial las actividades judiciales de la Provincia, afectándose los recaudos mínimos exigidos para la eficaz prestación del servicio de justicia que permita proteger los derechos de quienes acuden para ello a tal función estatal”.

Los letrados pretenden que la ley  “tenga por finalidad legítima proteger los intereses generales de la sociedad” y que su “duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que motivaron la declaración de emergencia”.
También que “exista proporcionalidad, pues las medidas deben estar limitadas a las exigencias de la situación; temporalidad y no discriminación”.
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25 de mayo de 2018 | 18:20
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